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Constituyente y acuerdo político

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

Es un poco desconcertante que el tema de la refrendación de los acuerdos se haya  ido convirtiendo en el centro del debate del dialogo de la Habana con una gran resonancia a nivel nacional e internacional. Y lo digo con la convicción de que este tema de la legitimación de los acuerdos es un ineludible, que sin duda alguna, tendrá que ser debatido en su oportunidad dentro del proceso de las conversaciones en Cuba. Pareciera en principio, que lo anterior desviara la discusión del tema de la participación política hacia el tema de cuál sería el mejor camino para la refrendación de los acuerdos; pero no es así. Los dos temas son distintos; pero a la vez coincidentes, es decir, tienen un mismo hilo conductor, una misma línea, si se quiere, de continuidad política, que se explica por el hecho de que no es posible hablar de participación política sin discutir una clara reforma en la estructura del Estado en Colombia. Y por supuesto, cuando se habla de cambios fundamentales en la estructura del Estado es preciso hablar también de mecanismos democráticos que permitan la más amplia participación de la sociedad y sus comunidades en el diseño de esas nuevas instituciones, y lo mejor para ello, es el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente.

No hay que olvidar que temas como la democracia representativa, la democratización del acceso a la dirección de los órganos de control del estado y la democratización de las fuerzas armadas, fueron, entre otros temas, algunos de los que se quedaron en el tintero de la otrora Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ni la voluntad ni el tiempo político alcanzó en aquella ocasión para que los constituyentes de esa época abordaran a profundidad estos puntos de urgente tratamiento para la democratización actual de la vida política de la nación.  De allí, que este tema de la participación política y social tenga en la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente su posible solución democrática de fondo, lo que sin duda alguna, contribuiría a saldar la deuda histórica que tienen sobre este asunto el gobierno y las elites políticas, como quiera que son ambos  los culpables directos del ejercicio hegemónico paritario del poder desde el mismo nacimiento de la República.

De tal manera, que el único mecanismo expedito para llevar a cabo las grandes reformas en materia de democratización de la vida política del país es por la vía del derecho constitucional de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y hay una razón aún más de peso, y es el hecho, que está demostrado por la historia legislativa pos constituyente de 1991, que las elites políticas no han tenido voluntad, ni han permitido reformas de fondo en lo atinente a la democratización del régimen electoral, a la democratización de los partidos, a la financiación de las campañas electorales, al diseño de un estatuto de la oposición, y mucho menos, a tramitar a profundidad mecanismos de favorabilidad electoral para las minorías políticas.

Lo que el país ha percibido políticamente a partir de 1991 es todo lo contrario. Todos los días se afianzan más las campañas electorales con sus reglas de juego plutocráticas, con el incremento del umbral político en favor de los grandes partidos históricos, con los mismos  mecanismos amañados de las registradurías al servicio de los intereses de los gamonales políticos de turno, con el control monopólico bipartidista de los medios de comunicación, con la financiación mafiosa a manos llenas de algunas campañas, y con el auxilio económico de la burguesía nacional, industrial y comercial y de algunas transnacionales en favor de los grandes movimientos y partidos políticos tradicionales y sus disidencias políticas, amén de la patrimonializaciòn que del estado han hecho las clientelas políticas.

Todo ese régimen paritario y excluyente es lo que constituye hoy día la llamada Unidad Nacional, que  no es otra cosa, que lo que ayer se denominó el acuerdo político del Frente Nacional. Es decir, son los mismos regímenes oligárquicos paritarios,  excluyentes y hegemónicos que han gobernado la nación desde mediados del siglo XIX, quienes desde siempre se han negado a adelantar reformas políticas democráticas de fondo.

Si por algo se ha caracterizado el mayoritario legislador bipartidista después de la constitución de 1991 es por su incapacidad de abordar este tema de la democratización política, en particular, en lo que tiene que ver con la democracia representativa, pues así como está definida en la actual constitución, es más que ideal para el mantenimiento de sus intereses hegemónicos partidistas.

De tal manera, que el tema de una nueva constituyente no está solo en dirección a resolver el tema de la refrendación de los acuerdos logrados en el diálogo de la habana, sino también, está en función de poder concretar la gran reforma política que el país requiere, la cual no será posible alcanzar por vía del desarrollo legislativo del actual Congreso Nacional.

Ahora bien, debe quedar claro que todos los acuerdos logrados en la Habana no necesariamente requerirán ser abordados y debatidos en una constituyente. Algunos de ellos podrían ser objeto de una gran acuerdo político entre el gobierno, la insurgencia y los partidos políticos para que sean considerados en una posible legislatura en el próximo Congreso a ser elegido en el 2014; generando previamente una circunscripción especial electoral por única vez,  a fin de que voceros del acuerdo de la habana puedan estar representados en ese congreso que deberá tener como uno de sus propósitos fundamentales el traducir en leyes parte de los acuerdos que se han pactado en las negociaciones, y que no requieren cambios de fondo en la estructura del Estado.

Tramitar algunos acuerdos por vía del legislativo con presencia de voceros legítimos de los acuerdos de la Habana, permitiría dejar para la discusión y el debate en manos de una Asamblea Constituyente los  grandes temas de la reestructuración del Estado y el carácter de la democracia política representativa; que como se advirtió, algunos de estos temas fueron los grandes ausentes en la pasada constituyente de 1991.

Es de esperar que de allí, de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente, puedan salir también las nuevas reglas del juego de la participación política que se estrenarían en las elecciones para el poder local y regional del año 2015; elecciones que serán una gran oportunidad para la consolidación de las nuevas fuerzas políticas que surjan del proceso de paz.

De convocarse esa Constituyente con un temario definido, la gran apuesta de la guerrilla será sacar un número importante de constituyentes en igualdad de condiciones con las otras fuerzas políticas, que les permita junto a los constituyentes favorables al gobierno y al acuerdo de la habana tener una mayoría en esa Asamblea Constituyente. Asunto por demás de suma importancia que deberían estudiar con detenimiento los insurgentes; pues deben saber que por el solo hecho de convocar una constituyente para la paz de por sí no se garantiza que las gentes acudan a votar masivamente en favor de los ex guerrilleros y sus candidatos. Pues acá, en la civilidad política, son otras las percepciones que se tienen sobre las causas del actual conflicto político armado que no propiamente coinciden de manera mayoritaria con la visión que del conflicto político armado tienen las guerrillas.

Lo que de todas maneras es un imposible que debe ser descartado como mecanismo de refrendación es lo referente a un referendo aprobatorio como propone el gobierno, pues sería demasiado engorroso hacer una serie de preguntas para ver si se está o no de acuerdo con un texto de los acuerdos logrados en La Habana. Nadie garantiza que este texto no sea voluminoso y que se haga casi imposible su explicación, su difusión y por su puesto la forma de votarlo democráticamente en un referendo.

Edición N° 00358 – Semana del 5 al 11 de Julio de 2013
 
 
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