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Procuradores judiciales: funcionarios inútiles o fortín politiquero

  Henrik López Sterup
  Profesor universitario
   
 

La suerte de los Procuradores Judiciales está echada: todos los desean, pero nadie los quiere. Por una parte, a las puertas de diversos procesos electorales, el Sr. Procurador General de la Nación sostiene que no puede cumplir con la sentencia C-101 de 2013, que declaró inconstitucional el carácter de funcionario de libre nombramiento de los Procurador Judiciales y ordenó realizar un concurso de méritos, que debe finalizar en un término máximo de dos años a partir de la sentencia. Según ha trascendido, el Sr. Procurador señala que la Procuraduría carece de recursos para atender el costo del concurso de méritos, ni existe un órgano que pueda administrar la carrera administrativa. Así, según aduce, el fallo generaría un daño en las finanzas del Ministerio Público, por lo que los efectos económicos deben ser moderados.

De otro lado, el profesor Uprimny, en columna del 29 de junio propuso la eliminación de los Procuradores Judiciales, pues, según afirma, cumplen funciones que otros intervinientes dentro de los procesos realizan (como acusar, representar a la sociedad, etc.) y que con una decena de ellos, se podría garantizar la función de intervención excepcional dentro de los procesos judiciales. Vamos por partes.

En primer lugar está el argumento del Sr. Procurador. Según éste hay dos dificultades: uno de carácter administrativo y otro económico. El primero consiste en la ausencia de medios (órganos) para administrar el concurso y la carrera. Frente a esta observación basta considerar la estructura de la Procuraduría para dar cuenta de la existencia de una “Oficina de selección y carrera”, con función, entre otras, de “ejecutar y coordinar los procesos de selección para el ingreso a la entidad y el ascenso de los servidores públicos” (Art. 12 Decreto 262 de 2000) y que el Decreto 262 de 2000 regula lo relativo a la carrera dentro de la Procuraduría, estableciendo los órganos internos que participan en su diseño, ejecución y control, la figura de la comisión de carrera, etcétera. En otras palabras, ya existe una estructura administrativa diseñada para enfrentar los asuntos de carrera administrativa. No se entiende, así las cosas, porqué el Sr. Procurador insiste en que no podrá atender, administrativamente, el concurso de Procuradores Judiciales.

El segundo es el económico. ¿De qué manera el concurso de Procuradores Judiciales podrá implicar un serio daño a las finanzas del Ministerio Público, al punto de que afecte la sostenibilidad fiscal y que demande un incidente de impacto fiscal? Los Procuradores Judiciales, al margen del tipo de vinculación (de carrera o de libre nombramiento) tienen un salario y prestaciones definidas por ley y que la sentencia de la Corte no ha alterado. Así, no se entiende cómo se afecta la sostenibilidad de la Procuraduría.

Podría ser que muchos cargos (los más de 200 creados desde que el Sr. Ordóñez se posesionó como Procurador, pues el diario El Tiempo informa que cuando asumió el cargo habían 515 Procuradores Judiciales y ahora hay alrededor de 750) no son necesarios y que realmente la Procuraduría no puede seguirlos costeando. Si ese es el caso, pues que el Sr. Procurador suprima tales cargos. Pero más: que explique cómo es posible que tenga tantos cargos inútiles dentro de la Procuraduría. ¿Sería eso una falta disciplinaria? ¿No constituye una forma de detrimento patrimonial? Que lo respondan “las autoridades competentes”.

¿Qué otra razón habría dado que ya está pagando esos salarios y prestaciones? ¿Será que al Sr. Procurador se le ocurra “cobrar” parte del sueldo de los procuradores judiciales de libre nombramiento, como lo hicieran en su momento algunos congresistas y que estando en carrera no tiene cómo presionarlos con “perder la chanfa”? Es poco creíble que este sea el caso, pero dado que no hay razones, ha de considerarse todas.

O, de manera más simple, que al perder el carácter de funcionarios de libre nombramiento también pierde el control sobre ellos y no podrá imponer su línea ideológica. Aunque el Sr. Procurador siempre ha manifestado que no ejerce presiones sobre sus funcionarios y que muchos de ellos hayan salido en su defensa, también es cierto que otros han denunciado persecuciones por razones ideológicas y religiosas. Esta posibilidad no se puede descartar, máxime cuando existen intereses partidistas ante las próximas elecciones. No olvidemos que las elecciones no se ganan simplemente con el voto, sino que requiere una “juiciosa” preparación previa a la “contienda electoral”.

Pero el asunto tiene otra dimensión. El Sr. Procurador tiene por función la protección no sólo vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sino proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. Tal función, como es bien sabida, incomoda profundamente al Sr. procurador Ordóñez, pues el pluralismo riñe con sus íntimas convicciones y ello se deja ver en su comportamiento como funcionario público. En este caso, su petición choca de manera directa con la Constitución que, en punto a la sostenibilidad fiscal, advierte que el incidente de impacto fiscal no puede afectar el núcleo esencia de los derechos fundamentales y que la interpretación del artículo sobre sostenibilidad fiscal no puede “menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Pues bien, el trabajo, en todas sus formas, incluidas aquellas relativas al trabajo en la administración pública, es un derecho fundamental. Se puede discutir si ciertas reglas propias de la carrera son o no integrantes del núcleo esencial del derecho al trabajo, pero es claro que el proceso de selección por mérito integra dicho núcleo. Así, como ya ha ocurrido con todo aquello que afecta su proyecto político, el Sr. Procurador intenta “hacerle el quite” a sus funciones constitucionales. Esto se comprende en una persona que, al parecer, tiene un pensamiento jurídico propio del siglo XVIII, donde los derechos individuales no se entendían más que como la expresión de ateos, liberales o utilitaristas. Definitivamente nada como el pensamiento corporativo, que autoriza proteger al grupo, al rebaño y guiarlos (dada su minoría de edad). De paso, los extremos terminan por acercarse, como bien lo puso de presente Rodolfo Arango en su columna de este 4 de julio en El Espectador.

Ahora vamos al otro lado. ¡Eliminen a los Procuradores Judiciales o redúzcanlos a su mínima expresión! Es probable que, como bien lo señala el profesor Uprimny, exista una falta de claridad sobre las funciones de los Procuradores Judiciales. En efecto ¿cuándo se justifica la intervención excepcional de la Procuraduría dentro de los procesos? ¿Cómo se defienden los intereses de la sociedad? Según el ejemplo dado por el profesor Uprimny, la Fiscalía General de la Nación defiende tales intereses y el juez garantiza el debido proceso.

Pues bien, ya hemos visto cómo en innumerables procesos a la Fiscalía se le “dificulta” realizar tal defensa, sea por ineptitud de algunos de sus funcionarios, por las presiones a las que se someten los fiscales o simplemente por la estructura del sistema acusatorio colombiano. Si a ello le sumamos la mediocridad y falta de ética de algunos abogados defensores, tenemos un panorama bastante sombrío.

Por un lado, acusaciones soportadas en babas, que no tienen controles previos, como el gran jurado del sistema estadounidense. Hace más de un siglo, en el país la procuraduría tenía la función de control inicial de las acusaciones, basta echarle un vistazo a los antiguos códigos de procedimiento. Por otro, cuando en el proceso desfilan innumerables fiscales, ¿qué garantías hay de una acusación seria o de una valoración suficiente y debida de la evidencia? ¿No tendrían nada que hacer los procuradores judiciales en esos casos? Y qué decir de las negociaciones o aceptaciones de imputación que se hacen sin una debida garantía de defensa y que escapa al juez.

Estoy plenamente de acuerdo con el profesor Uprimny en que es necesario regular la función y el tamaño de la figura del Procurador Judicial, pero reducirlo a una decena, sin más, carece de fundamento. Nuevamente, pese a las buenas intenciones, falta un debate sobre qué justicia queremos y cómo la entendemos. Así, se debe celebrar el que se inicie con ideas, como aquella expuesta en la columna del propio profesor Uprimny el día 22 de junio, en que explica su concepción de una independencia democrática y no corporativa de la justicia.

Edición N° 00358 – Semana del 5 al 11 de Julio de 2013
 
 
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