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Muerte de Luis Andrés Colmenares plantea una
opción ética a la sociedad y al poder judicial

  Maureén Maya
  Periodista e investigadora social
   
 

Han transcurrido 2 años y 9 meses desde que se produjo la extraña muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el Parque El Virrey al norte de la capital colombiana, y aún la justicia no ha podido revelar las causas precisas de su muerte ni los nombres de los responsables del presunto crimen, pues de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, el joven fue brutalmente asesinado.

Es preocupante que la misma celeridad y responsabilidad con las cuales se investigó e identificó a los autores del lamentable asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, sucedido en Bogotá el pasado 20 de junio a pocas cuadras del sitio donde presuntamente fue asesinado Luis Andrés Colmenares, no se apliquen para esclarecer este caso, pese a la enorme visibilidad que ha tenido y al protagonismo que los medios de comunicación le han asignado al proceso judicial. Lejos de observarse una acción eficaz por parte de la justicia, la sociedad colombiana está siendo testigo de un proceso viciado, manipulado y poco transparente, en el que se busca generar confusión, dilatar el juicio, evitar que se conozca la verdad y que los responsables del hecho sean ejemplarmente sancionados.

Desde la noche en la que fue encontrado el cadáver de Luis Andrés Colmenares, en un sitio que horas antes había sido inspeccionado por los bomberos sin resultados y a 125 metros de distancia del punto donde según Laura Moreno, el joven se habría caído, se han presentado toda clase de irregularidades tendientes a complicar el proceso y a obstruir la acción de la justicia. El incompleto informe del Instituto de Medicina Legal sobre las causas de la muerte, la desaparición de la primera declaración rendida por la implicadas en el CAI del sector, el apresurado comunicado de la alcaldía de Chapinero afirmando que se trató de un suicidio, la falta de diligencia por parte de la policía y de Medicina Legal para preservar material probatorio clave en la investigación, las acusaciones infundadas contra las víctimas y las dilaciones injustificadas al proceso judicial, más otras anomalías presentadas y conocidas por la opinión pública, indican que fuerzas oscuras y poderosas se mueven tras este sonado caso para garantizar impunidad, y con ella la destrucción moral de quienes desafían el poder corruptor del Estado colombiano.

Casi tres años después de la muerte violenta del estudiante y de una inusual exposición mediática del caso, resulta inquietante que las cabezas del Estado y de los poderes civiles legalmente constituidos, hayan guardado silencio ante un caso que ha producido además de un colosal enfrentamiento jurídico, la indignación colectiva de buena parte de la sociedad colombiana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el poder legislativo, incluso las organizaciones sociales que promueven la defensa de los Derechos Humanos en el país no han acompañado a las víctimas ni han respondido al clamor de una familia colombiana -doblemente golpeada por la muerte de un ser querido y por la ineficiencia de la justicia- y de una nación que exige y merece conocer la verdad sobre lo ocurrido con Luis Andrés Colmenares.

Muchos interrogante planteados a lo largo de este proceso, siguen sin ser respondidos.

¿Qué pasó con el registro de las 18 cámaras de seguridad instaladas en el sector donde se presume caminó Luis Andrés Colmenares la noche de su deceso? ¿Por qué no hubo celeridad por parte de las autoridades competentes para buscar las pruebas y por qué no se emprendieran exhaustivos interrogatorios a los vecinos del parque a fin de aclarar lo sucedido? ¿Por qué no se obtuvieron las grabaciones previas que se realizaron al interior del bar Pent-House?

¿Por qué en la necropsia realizada por la forense Lesly del Pilar Rodríguez, medica legista del Instituto de Medicina Legal, no se practicó una valoración completa del cuerpo para determinar si la víctima había ingerido un perro caliente, como aseguraron las principales testigos, omitiendo un procedimiento natural como es el uso de una sonda nasogástrica, detalle que adquiere especial relevancia para llegar a la verdad de lo sucedido? La necropsia no da cuenta de la existencia de siete fracturas y dos roturas en el cuerpo de Luis Andrés Colmenares (en paladar, en las dos órbitas oculares, en la nariz, en los dos maxilares –izquierdo y derecho-, en la segunda y cuarta vertebras y en la región frontoparietal derecha. ¿Por qué sólo se refiere a esta última fractura pero no explica que en ella hay una herida patrón causada por objeto contundente? La necropsia menciona escoriación en punta nasal, en labio inferior, en mejilla derecha, herida en la región ciliar (ceja) derecha y dos heridas en la región infraciliar izquierda pero no indica que estas heridas tienen bordes regulares, indicativo de que fueron producidas con arma blanca o corto punzante. La sangre coagulada hallada en las dos heridas demuestra que se produjeron antes de caer al agua. ¿Por qué esto no fue revelado en la primera necropsia? Tampoco se especifica que las livideces encontradas en espalda y glúteos de la víctima así como la rigidez cadavérica indican que el cuerpo permaneció varias horas en una posición contraria a la que fue hallado, ni concluye que las escoriaciones identificadas en ambas rodillas con bordes hemorrágicos son indicativos de que el cuerpo fue arrastrado estando vivo. ¿Por qué entonces la ropa que usaba Luis Andrés la noche de su muerte, en la que se encontró césped en sus tejidos, desapareció misteriosamente? hecho que viola las normas tendientes a evitar que el material probatorio sea contaminado, destruido o suplantado como establece la cadena de custodia? La muestra de sangre realizada en Medicina Legal afirma que se encontró una alcoholemia de 206 mg de etanol/100 ml de sangre total, pero no indica que se trata de un nivel tres de embriaguez, con lo cual se produce una deficiencia motora grave que impide correr. Según testigos presenciales, la noche de los hechos Luis Andrés había ingerido licor pero podía caminar con equilibrio y hablar con fluidez y coherencia. ¿Por qué las pruebas técnicas que demuestran que le inyectaron alcohol después de muerto en el paladar, como lo afirma el abogado de las víctimas, Jaime Lombana, no fueron realizadas en el primer examen médico?

¿Por qué el Fiscal 298, Edgar Saavedra, quién asumió la fase inicial de la investigación del caso no exigió una búsqueda más exhaustiva y estricta del material probatorio y se comprometió de lleno con la versión del accidente? ¿Por qué no presentó de manera oportuna el estudio sobre nivel de agua del caño a través del cual se demostraba la imposibilidad de arrastre de un cuerpo de 1.75 cm de altura y 77 kilos de peso? ¿Por qué al Fiscal 11, Antonio Luis González, no se le permitió recurrir al estudio técnico de expresiones faciales y lenguaje no verbal que realiza la analista de declaración Rita Karanauskas, siendo éste un método desarrollado, aceptado y aplicado en el inicio de las investigaciones criminales por las centrales de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA?

Hace un año, fuentes de la Fiscalía informaron a través de los medios de comunicación que había sido emitida una orden de captura contra el padre de Laura Moreno, Jorge Moreno y que se preparaban nuevas capturas.1 ¿Por qué no se hicieron efectivas y ningún medio volvió a hablar del tema? ¿Qué resultados arrojaron las investigaciones sobre el mencionado plan para atentar contra el juez Juan Carlos Merchán, quién emitió orden de captura contra Carlos Cárdenas? ¿Fueron investigadas las amenazas que recibió el Fiscal 11, Antonio Luis González? ¿El fiscal auxiliar Napoleón Botache está siendo investigado por falsedad e injuria? ¿En qué estado se encuentra el proceso contra la abogada Aidé Acevedo y María del Pilar Gómez de Cárdenas por obstrucción a la justicia y por tratar de cambiar al fiscal que llevaba la investigación?

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre afirmó que en el caso Colmenares "hay interesados en obstaculizar esta investigación e impedir que se conozca la verdad"2 y que se está investigando si existe una labor tendiente a deformar pruebas e intimidar testigos. Sin embargo, el país ignora cuál es la labor que el organismo adelanta para revelar los nombres de quienes han promovido estás acciones y si han contado con el apoyo de funcionarios públicos.

El testigo Jesús Alberto Martínez, quien recientemente se retractó de sus declaraciones ante un juez pero que aún  insiste en la veracidad de su primera versión en los medios de comunicación, declaró que tres personas fueron asesinadas en un bar en la zona de Patio Bonito, y que uno de ellos portaba las fotografías de la camioneta que supuestamente transportó a Luis Andrés Colmenares en estado agónico. ¿Qué pasó con esa investigación?

¿Por qué Jonathan Andrés Martínez y José Wilmer Ayola, declarados “falsos testigos” y privados de la libertad sin derecho a una defensa justa, son excluidos de los juicios en contra de Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas cuando aún no hay ninguna sentencia en su contra y se debe presumir su inocencia? Si los testigos son falsos y su presencia hace parte de esa estrategia que suelen emplear algunos abogados penalistas conocida como pruebas venenosas, la justicia tendrá que demostrar quién y a cambió de qué los vinculó al proceso. Ahora, ¿Por qué razón el fiscal auxiliar Napoleón Botache será escuchado en juicio para que explique las razones de la vinculación de Cárdenas al proceso y cómo llegaron los testigos excluidos a la Fiscalía, siendo que quien debería responder a estos cuestionamientos es el Fiscal 11?

Este largo proceso, convertido en un reality para medios y ciudadanos, supone un enorme desafío para la justicia colombiana, pues no solamente está en juego su eficacia y decoro, sino también la oportunidad de recuperar su dignidad, de actuar con ejemplaridad e independencia garantizando el respeto y los derechos de las víctimas a conocer toda la verdad acerca de lo sucedido. La paulatina transformación de una tragedia familiar en un evento mediático a través del cual se desvirtúa el dolor de las víctimas, ha llevado a la degradación de la justicia, a que las redes sociales se conviertan en plataforma impune para que se exprese la abyecta condición humana de quienes amparados bajo el anonimato recurren a la intimidación, los insultos, la vulgaridad, e incluso a las amenazas de muerte. El Caso Colmenares, más allá del acto criminal que lo origina -tenga éste un móvil pasional o racial o sea expresión del preocupante matoneo juvenil o bullying (en su expresión inglesa)- refleja la realidad de un país excluyente, violento y precario moralmente que sin el menor reparo reproduce las prácticas corruptas de su dirigencia política que nos enseñan que todo es susceptible de ser comprado o vendido -desde la conciencia hasta la justicia-, y que quién ostenta el poder político y/o económico impone la ley y fabrica la verdad. El dinero y las influencias otorgan el derecho a presumir, aplastar, corromper, incluso puede deformar la esencia moral de un pueblo y someter al poder judicial.

Esta desesperanzadora degradación social que hoy presenciamos -y de la que seguramente también hacemos parte- hace posible que la muerte violenta de un joven estudiante de provincia, al parecer por acción directa o complicidad de sus mismos compañeros de estudios (jovencitos permeados por el consumismo irracional y el desamparo moral), sea banalizada y que la valiente lucha de una familia por encontrar la verdad y lograr justicia sea menospreciada. Contrario a la masiva solidaridad que deberían recibir las víctimas -pese a que buena parte del país apoya la tesis del homicidio y espera que la justicia lo demuestre- los Colmenares se han convertido en blanco de sucios cuestionamientos, de calumnias, de burlas y demandas sin fundamento. Oneida Escobar fue denunciada por presuntamente haber amenazado de muerte al Fiscal auxiliar Botache3, y su esposo, Luis Alonso Colmenares fue denunciado por haber golpeado con un sobre de manila al investigador del CTI, Manuel José Rodríguez Mora y haber lanzado temerarias advertencias.4 Ahora tanto Botache como Rodríguez afirman temer por su seguridad y solicitan protección, como si los Colmenares fueran criminales y contaran con el poder económico para liderar una red criminal.

Algunos sectores y periodistas pretenden olvidar que ellos son las víctimas,  que además de la pérdida dolorosa de un ser querido, han tenido que enfrentar un proceso judicial viciado, un sistema corrupto y proclive al soborno, la estigmatización y el escarnio público por atreverse a exigir lo que como ciudadanos les corresponde: justicia.

El caso Colmenares debe llamar la atención nacional, no como evento sensacionalista sino como paradigma de nuestro tiempo, como un hecho que pone evidencia una aterradora realidad, y es que los ciudadanos nos encontramos indefensos ante los abusos del poder; incluso en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra asesinado por agentes de la policía, hecho que se ha convertido en  un escándalo para la institución por cuenta de las turbias maniobras de encubrimiento que adelantaron los oficiales implicados y sus superiores, los familiares han sido objeto de amenazas y persecuciones. Una justicia que más allá de ineficiente opera como instrumento del poder político y económico, que se subyuga a sus mandatos, repudia sus principios sagrados y olvida el valor que representa para una sociedad, contribuye a la ruina moral de un pueblo, degrada la democracia, premia el crimen e induce a su repetición. Ningún país podrá alcanzar jamás una paz cierta, estable y duradera mientras su poder judicial se postre ante el crimen y reniegue de su propia dignidad.

La dolorosa muerte de Luis Andrés Colmenares contiene un profundo mensaje que no podemos ni debemos ignorar si de verdad anhelamos construir un país más humano, justo y en paz. Su martirio y el de toda su familia nos plantean una opción ética a la sociedad y al poder judicial. El resultado final de este caso emblemático ante los estrados judiciales será indicativo de lo que en adelante podremos esperar del sistema judicial colombiano; si no se llega a la verdad de lo sucedido y no se actúa con responsabilidad y decencia, las demás víctimas en casos menos sonados sabrán que poca o ninguna posibilidad tienen de materializar sus derechos a verdad, justicia y reparación integral.

La Justicia es una virtud social que debe propender por el respeto a los Derechos Humanos, dando cabal cumplimiento a sus postulados de imparcialidad, igualdad y orden, orientando las conductas humanas y asumiendo una frontal lucha contra la corrupción. El trato igualitario entre los hombres satisface una necesidad básica, tan esencial como el derecho que tenemos todos a recibir respeto y conquistar la plenitud y la felicidad.  Las nociones que tenemos sobre igualdad y justicia pueden ser instintivas, por tanto ir contra ellas es ir contra la naturaleza social, y quien va contra la naturaleza se destruye así mismo.

Con el apoyo de la Red de Solidaridad y Justicia por Colombia.

Edición N° 00358 – Semana del 5 al 11 de Julio de 2013

1 Caso Colmenares - Orden de captura contra Jorge Moreno anunciada en City TV y Canal El Tiempo ¿Por qué finalmente no se llevó a cabo esta captura?
http://www.youtube.com/watch?v=1IpE1O0uBGw&feature=share&list=PLkBam1MfGG8r_mnhDXl1l-PbPpKxkITR7
Cuestionamientos al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre por anuncio anticipado de orden captura a los medios.

2 Radio Santa Fe; “Develan plan para asesinar a juez a cargo del crimen de Luis Andrés Colmenares”. Bogotá, junio 20 de 2012

3 El 18 de noviembre de 2012 el fiscal auxiliar Napoleón Botache recibió un primer mensaje de texto en su teléfono celular por parte del supuesto abonado de Oneida Escobar: "Fiscal de apoyo, lo único que quiero decirle es que mi Dios me lo siga bendiciendo". Luego, Según la denuncia, la situación [..] se complicó cuando, al término de una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, (Botache) fue abordado por la madre de Colmenares.  “Me dijo que yo había dicho que los testigos eran falsos, que me iba ir muy mal, pero que eso no se quedaba así”. Botache manifestó en el escrito que se encuentra atemorizado y amenazado con el comportamiento de Oneida. El fiscal fue más allá y aseguró que “sus alcances (los de Oneida) no tienen límites y que no le importa dañar a los demás”. En Revista Semana; “Fiscal denuncia a la madre de Luis Andrés Colmenares”, Bogotá, abril 7 de 2013.

4 Caracol Radio; “Investigador del CTI denuncia amenazas del padre Luis Andrés Colmenares” Bogotá, junio 27 de 2013

 
 
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