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A propósito del Catatumbo:
el diálogo y la negociación son el camino

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En los últimos meses se ha registrado un aumento en la movilización social sobre todo de sectores ligados con el agro en el país que son la respuesta al deterioro de sus condiciones de vida como producto, entre otras cosas, de la entrada en vigencia de innumerables tratados de libre comercio negociados alegremente por los últimos gobiernos sin mediar las consecuencias sobre renglones enteros de la economía. Uno de los sectores más afectados ha sido el sector agropecuario rezagado y debilitado en sus bases sociales entre otras por la ausencia de una política hacia la economía campesina y por el debilitamiento extremo de la institucionalidad dedicada al sector. Durante el gobierno de Uribe hubo una infiltración muy grande de los paramilitares en un organismo clave como el INCODER que debería ser precisamente un instrumento para la reivindicación dentro del Estado de la economía campesina. La política agraria está haciendo agua y los paros realizados por los cafeteros, los cacaoteros, los paperos y ahora el paro registrado en la región del Catatumbo que ya lleva más de un mes y que compromete a los siete municipios que conforman esta región así como a Ocaña que es la ciudad más importante y que funge como centro urbano más significativo de la región, han puesto de manifiesto que en esta región del oriente del país se vive una aguda crisis social que viene de mucho tiempo atrás.

Las reivindicaciones planteadas por los campesinos y los habitantes de los centros urbanos de dicha región no son un exabrupto ni constituyen un desafió al Estado de  Derecho. Son reivindicaciones que el gobierno desde el año 2009 había reconocido pero que la burocracia no ha enfrentado de manera adecuada. Los campesinos exigen un plan de desarrollo alternativo para la sustitución de los cultivos de uso ilícito calculados entre 4.500 y 8.000 hectáreas de coca de la cual derivan sus ingresos una buena parte de las familias que habitan en los siete municipios de la región. Precisamente el detonante del reciente paro se debió a la decisión del gobierno de emprender la erradicación de dichos cultivos sin ofrecer alternativas productivas ni económicas a los campesinos. Otra reivindicación tiene que ver con la inversión en infraestructura vial que conecte a esta economía con los centros urbanos y haga viable el cultivo de productos que tradicionalmente han sido producidos allí como el plátano, la cebolla, el café, el cacao y la palma aceitera. El colapso de la red vial hace que estos productos no puedan llegar a los mercados regionales y mucho menos al mercado nacional. Desde hace años los campesinos que tienen una fuerte organización han planteado además la posibilidad de organizar allí una Zona de Reserva Campesina para tratar de mantener la propiedad de sus parcelas asediadas por los palmicultores que quieren extender la producción a costa de comprar las tierras de los campesinos.

Precisamente otro de los componentes que hace más compleja la protesta y la realidad de la región, tiene que ver con la presencia de los actores armados ilegales. La guerrilla ha tenido presencia allí desde los años ochenta del siglo XX a través de frentes de las FARC, EPL y ELN. Estas guerrillas han tenido nexos con los cultivos de uso ilícito en una región que es además frontera con Venezuela. Los paramilitares llegaron allí en el año de 1998 bajo las órdenes de Salvatore Mancuso que si de verdad está arrepentido de sus fechorías, como lo ha hecho saber en reciente video desde la cárcel en donde se encuentra en los Estados Unidos, debería señalar quienes fueron sus auxiliadores tanto en el Ejército como en la Policía de esta región que le permitieron impunemente llegar con 280 hombres y emprender una acción que condujo al asesinato de 11.500 personas, perpetrar 60 masacres y desplazar 14.237 personas. Entre desplazados y asesinados fueron más de 25.000 personas sobre una población total de 119.000 personas. Una barbaridad. Es decir un poco más del 20% de toda la población fue víctima de estas organizaciones criminales  sin que el Estado acudiera en su defensa.

El gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, no solo no ha respondido con el cumplimiento de los acuerdos suscritos desde el año 2009 sino que inicialmente respondió con la represión con un resultado trágico de cuatro campesinos muertos lo que llevó a la radicalización de la protesta. Ha habido también uso de la violencia por parte de algunos núcleos de manifestantes, pero, no parece exagerada la afirmación de Todd Howland, coordinador de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien señaló que se habría presentado un uso excesivo de la fuerza por parte de los escuadrones del ESMAD de la Policía Nacional que fueron enviados allí para controlar la protesta. La Comisión de Alto Nivel del gobierno no logró en la mesa instalada para negociar con los campesinos un acuerdo satisfactorio y por tanto se levantó la negociación. El gobierno ha endurecido su posición y ha dado un manejo totalmente inadecuado a la protesta. Primero señaló que la protesta estaba infiltrada por las FARC y posteriormente ha tratado de comprometer a uno de los negociadores y líder del movimiento, Eduardo Jerez, con las FARC. Poco servicio le hace el gobierno a la negociación estigmatizando a la contraparte. Si existen indicios sobre infiltración se deberían investigar, pero, no se puede pretender la deslegitimación de la protesta con tales anuncios que siempre han sido esgrimidos como recurso fácil para desconocer la ausencia de políticas públicas que tengan como destinatarios a los sectores de la economía campesina que son precisamente el principal objetivo del primer punto de los acuerdos alcanzados en la Mesa de negociación de La Habana entre el gobierno y las FARC.

El malestar social en contra de las políticas y el modelo agropecuario puesto en marcha en Colombia se sigue incubando. Diversos sectores han anunciado la realización de un paro agrario para el 19 de agosto. Allí han confluido nuevamente los cafeteros que alegan incumplimientos en los acuerdos pactados para levantar el paro cafetero y lo propio han señalado los cacaoteros a lo que se han sumado ahora los productores de arroz y de otros sectores. Hace mal el gobierno en no reconocer que la política agraria del país es un fracaso y que se debe rediseñar con el concurso de gremios y sobre todo de las organizaciones campesinas. La única salida que todos sabemos que es limitada es la de distribuir subsidios a los productores. El problema es mucho más de fondo. El gobierno debería entenderlo y a la par que se logran acuerdos debería empeñarse a fondo en una restructuración y reformulación de políticas que llevan a la extensión de la pobreza a los 11 millones de colombianos que viven de las labores agrícolas. El problema es que quienes orientan las políticas agrarias están convencidos que van en la dirección correcta y no ven la tragedia que han sembrado con políticas equivocadas. Quizás este sea uno de los talones de Aquiles atravesado en el camino de la reelección.

Edición N° 00359 – Semana del 12 al 18 de Julio de 2013
 
 
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