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Constitución de 1991 y proceso de paz

  María Teresa Garcés
  Abogada
   
 

Celebración de los 21 años de la Carta Política

Es imperativo que todos respaldamos el proceso de paz que se adelanta. Sólo si alcanzamos la paz, podremos construir una sociedad de confianza, donde todos los esfuerzos del Estado y de los miembros de esta comunidad cansada y enferma, por la violencia y la corrupción, se dirijan a la inclusión de las regiones, los sectores y los grupos sociales que se encuentran rezagados.

La paz significa no más plata en armas, ni en misiles, ni en carros blindados, ni en miles de escoltas, para que no haya más niños sin posibilidades de estudiar, que no haya más jóvenes sin alternativas que les permitan vincularse a un empleo, progresar y desarrollar sus potencialidades; que no haya más enfermos que se mueren por falta de atención, en la puerta de los hospitales.

La paz debe permitirle a Colombia construir una verdadera democracia donde quienes nos representan actúen como verdaderos servidores públicos que entienden que el poder es para ejercerlo en el interés general y que el mandato popular no es para constituir camarillas ni carteles a costa del erario público y de los impuestos que pagan los contribuyentes.

La Constitución de 1991 quiso ser y lo logró, un buen marco para la paz: su carta de derechos, las acciones judiciales para hacerlos efectivos, sus principios y valores afincados en la igualdad no sólo formal sino material, su pluralismo étnico y cultural, su apertura a todos los credos y pensamientos, sus nuevas instituciones como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Junta Directiva del Banco de la República, el freno a los excesos de los estados de excepción, la participación ciudadana y el control social.

Pese a las numerosas reformas a su texto, - por 37 actos legislativos a 59 artículos -, hechas en los últimos 22 años, la mayoría de ellas regresivas, e inconsultas, conserva su orientación filosófica y política fruto del consenso, al haber surgido de una Asamblea Constituyente que fue un importante foro pluralista. Y es innegable la apropiación que la ciudadanía ha hecho de su Carta Política, en especial a través de la acción de tutela.

Es cierto que son necesarias reformas en dos aspectos medulares, la justicia y la representación política. El Congreso le ha demostrado al País que no tiene ni el talante ni el interés de desarrollar los textos constitucionales. Así lo demostró con el resultado del trámite del proyecto de reforma a la justicia y con la expedición de cientos de leyes (desde 1991: 1632), muchas de ellas innecesarias, confusas y creadoras de privilegios para ellos mismos, o para otros. Sí, es necesario hacer reformas que le den operatividad y transparencia a la administración de la justicia, pero esas reformas no las va a hacer un Congreso como el actual.

La crisis del país, se origina en la crisis de la representación política, ya que esta actividad se ha convertido en un escenario al cual se accede con la financiación de carteles de contratistas, y toda suerte de mafias que sí están bien representadas, en detrimento de los grandes intereses nacionales y populares. No se trata de desconocer los esfuerzos y la valentía de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el juzgamiento de la parapolítica, pero por cada captura que se ordena, se multiplican los sucesores del condenado, rápidamente reemplazados en sus curules por esposas, sobrinos, hijos, amigos y tenientes de su cosecha, en una maraña de criminalidad y política que constituye la mayor vergüenza que hemos tenido que vivir en los últimos tiempos las y los colombianos.

La Constitución quiso una justicia pronta y cumplida, donde prevaleciera la sustancia a los formalismos. Otra cosa nos muestra la realidad: es imperativo reformar el Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido, en buena medida, fuente de corrupción y clientelismo, al igual que los órganos de control, para darle paso a procesos de selección basados en el mérito, como lo quiso la Constitución. Pero la filosofía del todo vale, herencia nefasta del narcotráfico a nuestra sociedad, ha hecho carrera en el Estado.

Es importante reflexionar en este momento sobre cómo salir de esta crisis de legitimidad en las instituciones, donde el ciudadano se siente agredido por la tramitología, el formalismo, el irrespeto a sus derechos; pero el problema no es constitucional, es que requerimos un cambio cultural que, obviamente, debe tener liderazgo político. Pero, la financiación privada de las campañas, dadas las altísimas sumas invertidas en los procesos electorales, la poca confiabilidad en el sistema electoral por la politiquería que lo caracteriza, la falta de representación de los partidos y grupos minoritarios, hace que esa democracia abierta y participativa que instauró la Constituyente, sea burlada en la práctica.

Señores de las FARC: se le haría un flaco servicio al País de convocar una asamblea constituyente que volviera a barajar los derechos, las garantías y las buenas instituciones de la Constitución de 1991, con el riesgo de un grave retroceso que no nos perdonaría la historia. En el remotísimo caso de que se pudiera expedir una Constitución perfecta, de nada vale un texto con valores, principios e ideales plasmados en instituciones, si éstos se traicionan por quienes llegan a los órganos de representación popular y a los cargos públicos, como en buena parte ha sucedido en estos veintidós años.

Más que enfrascarnos en discusiones teóricas sobre instituciones ideales, lo que necesitamos es que quienes nos gobiernan, quienes hacen las leyes, quienes aplican justicia, desarrollen y cumplan con esos valores y esos ideales, y eso se realiza por medio de políticas públicas, mediante leyes que interpreten las necesidades colectivas y no los intereses particulares y con sentencias sabias y justas. Esa será la única forma de poder construir una sociedad justa y en paz, una sociedad de confianza, donde todos y todas podamos trabajar, sacar nuestras familias adelante, sin temer las agresiones y las injusticias de nuestros mismos conciudadanos, tener una vejez tranquila y segura, formar todos  un solo equipo que es COLOMBIA.

Una vez firmada la paz, habrá un ambiente de concordia, donde los habitantes de este territorio privilegiado entendamos que en la medida en que los 46 millones de colombianos estemos en posibilidades de tener una buena calidad de vida, a todos nos irá mejor, podremos andar por todos nuestros caminos, admirar los paisajes, pescar en los lagos, estar en paz con la madre naturaleza, enriquecernos como seres humanos.

Es probable que los acuerdos de las conversaciones de La Habana no requieran una reforma constitucional. Una política seria, comprometida, a largo plazo, que garantice el desarrollo del sector rural y que haga justicia a los campesinos de todas las regiones, puede llevarse a cabo dentro del marco constitucional de la Carta de 1991. Con sólo este aporte a la Patria, el proceso de paz que se adelanta será recordado por todas las generaciones presentes y futuras, por cuanto se trata de un aspecto esencial para un País con una profunda vocación agrícola, que no ha hecho la tarea de poner en orden la propiedad y la producción de la tierra y de llevar la justicia social al campo.

Un referendo legislativo muy claro y conciso, que cuente con el respaldo de una ciudadanía organizada, consciente y dinámica, podrá ser el instrumento para dar respaldo jurídico a los acuerdos de esta negociación. Para que esa paz cristalice, es esencial reconocer los errores y desafueros que indudablemente ha traído esta guerra fratricida, es innegable el sufrimiento causado a miles de familias, el dolor de las madres, los huérfanos, los niños y las niñas que no pudieron tener infancia. Por ello, a partir de la verdad, del reconocimiento de los errores, del restablecimiento de los derechos de las víctimas, deben ambientarse el perdón y la reconciliación, para un respaldo general de toda la sociedad a lo que se acuerde en la negociación. Luego, ya en la actividad política, sin armas, habrá mucho trabajo por delante para lograr la real democracia participativa y la justicia social, que son mandato de la Constitución de 1991. La invitación es a construir ese camino de PAZ.

Edición N° 00359 – Semana del 12 al 18 de Julio de 2013
 
 
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