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Restitución de tierras y desarrollo rural

  Alfonso Cuellar Solano
  Filósofo, político ex Asesor ANUC
   
 

La Ley 1448 sobre restitución de tierras tal y como se viene desarrollando, vista en la lente del desarrollo agropecuario, suscita varios interrogantes: ¿Es necesario establecer una política pública agropecuaria, específica para los sujetos de restitución? Como la respuesta es obvia, entonces surge la inquietud acerca de cuáles serían las determinantes de esas nuevas políticas agropecuarias. Por el momento el Gobierno aparte de las generalidades de siempre reducidas a su programa asistencialista, habla de todo pero no ejecuta la restitución de la tierra o si lo hace es como buenos deseos y gratas intenciones. Pero, cualquiera sabe que si detrás de las honradas y justas peticiones de las personas a quienes se le arrebató por la vía de la fuerza y la coacción su tierra, lo mínimo que esperan es la restitución.

Si para agudizar el conflicto armado colombiano el gobierno incrementó paulatinamente el pie de fuerza militar hasta superar los 500 mil integrantes y los mantiene, porqué, no es posible que la justicia de restitución de tierras -orientada políticamente a recuperar la legitimidad perdida por el estado al no ser capaz de garantizar los derechos de propiedad y haber estimulado su violación- no pueda disponer de 10 o 20 mil jueces que le den celeridad al proceso. La carencia y disculpa de no contar con esa cantidad de jueces indica ya el rasgo de una democracia liberal autoritaria, esto es, que confía más en soluciones militares que en las legales a lo que en la tradición histórica se le ha denominado “pacificación”.

Políticas agropecuarias nacionales: prioridades y requerimientos

En realidad, el gobierno por el momento carece de políticas públicas eficaces respecto al desarrollo agropecuario, cuenta con una propuesta de Ley y en sus reglamentaciones de más y más enumeraciones generales. De todos es sabido que el Ministerio de Agricultura no cuenta, ni para el futuro de los restituidos con la tierra, ni para ningún otro sector que tenga que ver con el campo, de algo así como un plan indicativo que precise cuales son las prioridades y los requerimientos actuales en estas materias, entre otras cosas, porque, como rezan los estribillos neoliberales, la burocracia técnica mide como optima solo las políticas que cuantifican las exportaciones, ligado a la idea miope de que lo único que interesa son las utilidades y dejan de ver el bosque de la problemática política y social de los habitantes rurales, de la realidad rural y del país en su conjunto.

De esta manera las exportaciones se radican como la prioridad del país y del propio agro, lo cual es contradictorio si pensamos que un país supuestamente agrícola en la actualidad importa unos 10 millones de toneladas de alimentos y por tanto, debería de inmediato ser descalificado de tener tal título, en tanto que importador neto de alimentos y lo que indica la cifra, es más bien, hacia donde mover las prioridades de la producción agrícola en base a los requerimientos esenciales de toda la población y con mayor razón si se tiene en cuenta que el sector rural es el que presenta los mayores índices de desocupación laboral.

En el contexto que venimos de ver habría entonces que analizar de manera puntual a partir de una determinada canasta  de necesidades alimentarias, cuáles, cuanto, a que costo y con qué productividad estos alimentos se pueden producir en Colombia y en cuentas claras, cuanto y que sería necesario importar. No olvidemos que es archisabido, que una de las lavanderías más exitosas de la narco-para-política dominante ha sido la importación masiva de alimentos extranjeros en una magnitud tal que ni siquiera Venezuela nos supera. Si tomamos por ejemplo los cereales, es imperdonable que estemos importando frijol en un país que cuenta en el banco de germoplasma del CIAT con unas 50.000 variedades de frijol y además con las tecnologías apropiadas para producirlo. Recuérdese que siempre fuimos autosuficientes  en  este producto. Pero no hay una política que estimule en alguna forma la producción por parte de los habitantes rurales que son abatidos por las importaciones. Seguramente, se requerirá importar lentejas, garbanzos y arveja seca, pero eso sería resultado de un análisis preciso de los requerimientos versus las posibilidades de producción nacional. En cuanto al trigo parece no hay discusión: El país no cuenta con las suficientes tierras adecuadas para esta actividad, a condición de desplazar otros productos de clima frío esenciales de la dieta como lo son la leche y la papa, pero, en este caso, podría como política intervenir en el mercadeo y los precios, pues la diferencia entre el valor de este producto en los mercados externos y el precio en el país raya con la especulación.

En cuanto al maíz fuimos autosuficientes hasta los años setenta del siglo XX, pero en desarrollo de la reforma agraria de los Lleras, la puesta en práctica de la Ley de Arrendatarios y Aparceros provocó el desalojo por todos los medios (compra, violencia, o acuerdo) de más de 700 mil arrendatarios expulsados de la parcela ante el temor de los propietarios de tener que vender la tierra para la ampliación de la unidad agrícola familiar que ocupaban los arrendatarios y entonces, perder la mano de obra que tenían subyugada, de manera que el motivo central de oposición a la reforma agraria consistió en verse privados de la mano de obra cautiva que tenían en cabeza de los arrendatarios. Entonces, despojándolo de la parcela se lo condenaba a la indigencia y por tanto no tenían otro camino que el de proletarizarse, convertirse en trabajadores agrícolas de tiempo completo o emigrar a los cordones de miseria de las ciudades, volverse también consumidores netos de los productos que antes producía en la parcela y que ahora eran propiedad del dueño de la tierra, convertido en productor capitalista y claro está, eso constituyó un avance en el desarrollo del capitalismo en el campo, pero, una pérdida neta para los habitantes rurales al perder la base directa de alimentación de sus familias. Y da la casualidad que estos setecientos mil arrendatarios producían más de un millón de toneladas de maíz con que se abastecía el mercado nacional. La producción de maíz siempre estuvo acompañada de la siembra del frijol y de esta manera se abastecía con autosuficiencia el mercado nacional. Pero, a partir de la expulsión de los arrendatarios nos convertimos en importadores netos de maíz y frijol. En cuanto al arroz la política debería preocuparse por controlar la alta renta del suelo que los productores están pagando con arriendos que van de dos millones a cuatro millones por hectárea/año, o el deterioro de los suelos por el uso irracional del riego y los fertilizantes y mas aun, la especulación en cuanto a los precios de arroces importados que los triplican en precios con relación a sus fuentes de origen en perjuicio de los consumidores.

Estos ejemplos puntuales de hace 50 años en un país con preponderancia andina, plantean hoy una nueva realidad pues el proceso de urbanización y de incipiente industrialización han modificado los parámetros, los requerimientos y las necesidades y también se han modificado las tecnologías y sistemas de producción. Claro está que la solución de la alimentación de los colombianos no se resuelve sembrando palma africana con destino a la producción de combustibles, o sea, comida para los automotores y no para las personas. El trópico colombiano en sus zonas cálidas y planas tiene un enorme potencial para la producción agrícola (Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, centro y sur de Bolívar, Piedemonte Llanero, Magdalena, Cesar) hoy ocupadas fundamentalmente por una ganadería improductiva y atrasada que entorpece el progreso de todo Colombia. El aislamiento y atraso tecnológico del campesino andino ya paso de moda, hoy tiene que darle paso a nuevos usos de la tierra, a nuevas tecnologías y encima de todo a garantizar su producción mediante el uso del agua-riego.

Investigación agrotécnica: academia y ruralidad

Ya existen en diversas regiones del país avances de la nueva dinámica donde se emplea la racionalidad técnica en la producción y se están dando pasos en el  proceso de agregar valor a los productos primarios, pero es necesario que estos emprendimientos fructifiquen conformando regiones especializadas que permitan acceder por su escala a procesos de industrialización no monopólicos, en los cuales el valor agregado  pertenezca al productor agrícola o pecuario. La Universidad Nacional de Colombia tiene la propuesta para presentar al alto gobierno en el sentido de orientar la investigación agrotécnica, agroecológica y agroeconómica con toda su planta académica y estudiantil a la formulación de planes integrales de desarrollo productivo y social para apoyar estos avances regionales desde sus sedes de Bogotá, Palmira, Medellín, que además cuenta con la posibilidad de extenderlo con convenios a otras universidades públicas y privadas del país, así como el Sena. Este es un activo que no se puede desechar y el cual hay que concretar de inmediato para conformar paquetes tecnológicos que garanticen el éxito sostenible de la producción. Se sabe que el gobierno alemán en cabeza de su Presidente en reciente visita al país ofreció su cooperación con apoyo concreto de técnicos agropecuarios, pero hasta ahora no ha habido una respuesta positiva a esta iniciativa. Todo este conjunto de oportunidades no serán realidad mientras la acción de los habitantes rurales no se haga sentir en estas esferas prácticas del desarrollo que tienen que ver con una nueva ruralidad.

Programas de reforma agraria y adecuación de tierras, fomento y crédito

Del reciente trabajo del investigador Marco Palacios, Violencia pública en Colombia, 1958-2010, he tomado las siguiente cifras que denotan sin duda alguna la tendencia en la concentración de la tierra en Colombia que provoca una situación de inequidad que trabaja en contra del desarrollo del país al negar el acceso a un recurso que permitiría la inclusión de numerosas familias en igualdad de oportunidades y no como simples asalariados del campo. Los datos indican que los propietarios entre menos de una hectárea y menos de 500 hectáreas redujeron la extensión promedio de sus predios alrededor de un 50 %, mientras que el grupo de las fincas de más de 1. 000 hectáreas prácticamente duplicó su área promedio al pasar de 1.700 hectáreas a 3.365 hectáreas promedio en 45 años.

El sistema de crédito debería contemplar que los créditos para cultivadores rurales sujetos de la restitución de tierras no fueran más allá de las tasas de interés fijadas por el Banco de la República y con garantías del propio estado.

Producción, procesamiento y comercialización

El futuro de la vida campesina no es el de permanecer aislados en la parcela. Hay que romper de manera consciente el estrago que produce en sus vidas el “individualismo majadero” del que habla García Villegas para aprender a asociarse con otros productores no solo para producir o comercializar, pues más importante es sumar valor agregado a sus productos mediante la industrialización como tarea conjunta. Un solo ejemplo la leche: los precios actuales de compra fluctúan entre 400 y 800 pesos por litro. Si los productores unieran esfuerzos para pasteurizarla y venderla procesada en el primer caso quintuplicarían y en el otro, triplicando el precio con unos costos de procesamiento muy pequeños. Si atinaran a producir yogures o kumis pasarían a recibir entre 10 y 18 veces más de precio también con un procesamiento y comercialización que deja un margen de utilidad aun mas grande que la venta de leche cruda o procesada. Estos ejemplos, servirían para trabajar en la  conformación de mercados más allá del tradicional de los domingos, manejado por los productores, sin la intermediación que lo arruina y no le permite acceso a la técnica. Lo que el habitante y productor rural tiene que alcanzar es aprender a ser socio o empresario capacitado que le permita capitalizar el resultado de su actividad en un marco de reglas de juego favorables, explícitas y regulaciones con un estado que ofrezca la garantía y confianza de su cumplimiento. Otros temas que habría que abordar hacen referencia determinar de manera precisa lo referente al consumo interno y externo y la respectiva investigación de mercados, que establezcan un panorama cierto para establecer un plan productivo. Mientras tanto, el posconflicto en términos productivos será un caos y un uso de recursos de manera improductiva y una frustración más de donde los poderosos sacaran la “lección” de que es mejor y más eficiente la “gran producción”.

Edición N° 00360 – Semana del 19 al 25 de Julio de 2013
 
 
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