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El Alcalde de Bogotá, entre dos fuegos

  Miguel Ángel Herrera Zgaib
  Profesor asociado, C. Política, UNAL – Director Grupo Presidencialismo y Participación, UNIJUS/COLCIENCIAS, ex rector Universidad Libre de Colombia
   
 

Lo penúltimo en la revocatoria

“El manejo que se llevó por parte de la Registraduría invalida totalmente este proceso.” Guillermo Jaramillo, secretario de gobierno de Bogotá.

Esta semana se agita el rumbo de la revisión de las firmas para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Luego de dos semanas, tanto el Secretario de Gobierno, como el abogado Luis Fontalvo al frente del equipo de grafólogos dispuestos por el alcalde para verificar las firmas que soportan la revocatoria, 375.000, señalan que hay un conjunto de irregularidades de procedimiento y de recolección que invalidan más del 80 por ciento de las mismas.

Al respecto, como conclusión, Guillermo A. Jaramillo anuncia que se impugnará el proceso, “porque no se siguió la cadena de custodia…los documentos revisados están totalmente contaminados, no ha habido un manejo técnico y archivístico…” En suma, según su decir, “todo el proceso está viciado.”

De otra parte se ha sabido, que luego de fallar el Tribunal la tutela a favor de Petro, su equipo jurídico no dispuso interponer ni reposición ante la instancia distrital, tampoco apelación ante el superior jerárquico, la Registraduría nacional del estado civil. En cambio, la vía jurídica dispuesta es, de acuerdo a lo dicho por el secretario de gobierno, la impugnación ante la sección respectiva del Consejo de Estado, a cargo de  los contenciosos electorales.

De ser esto corroborado, al hacerse la impugnación la pregunta que sigue es cuánto durará dicho trámite, y cuáles sus efectos inmediatos; es decir, si habría el trámite de la  revocatoria o no, haciendo que el alcalde saliera del cargo en caso de resultar derrotado en las urnas.

Ahora conviene recordar, que antes de conocer de la Tutela, Gustavo Petro, en uno de sus arrestos retóricos “intempestivos” anunció, y luego se retractó, diciendo que renunciaba al uso de los recursos, y que fueran a la revocatoria misma sin dilaciones, sometiéndose a la decisión ciudadana.

Abundando en más detalles

“Todas las bolsas las han entregado a los grafólogos abiertas.” Luis Fontalvo, abogado del equipo de defensa del alcalde Petro.

En el periódico El Espectador aparece la declaración del abogado Fontalvo, quien acompaña la revisión de los grafólogos que han estado revisando 162 tomos (que contienen 200 planillas cada uno, en bolsas plásticas).

Todas estas bolsas le fueron entregadas abiertas al equipo, lo cual implica que la cadena de custodia no ha existido, después de haber revisado en estos 15 días el 45 por ciento de los tomos. Los tomos devueltos, advierte el abogado, “hemos dejado constancia de que las están entregando abiertas y las hemos devuelto cerradas…”

Adicionalmente, Fontalvo afirma que la gran mayoría de las firmas revisadas están contaminadas, pues “tienen subrayados, correcciones, repintados, rasgos de corrector…” En resumen, se lanza el aserto que el 90 por ciento de las aprobadas serían chimbas, o inválidas, pues tienen nombres incompletos. Algunas planillas están llenas con la misma letra o las firmas corresponden a nombres que no son los que aparecen en los datos del ciudadano.”

Ante estos hechos, y su respectiva documentación el representante Miguel Gómez y el registrador distrital se han rehusado a hacer algún comentario para la prensa escrita. De ser cierto lo indicado por la defensa del alcalde la revocatoria no prospera por no ajustarse a lo dispuesto en la Ley 134, y la circular 174 de 19 de diciembre de 2012 emanada de la Registraduría, que advierte que los datos tienen que estar “diligenciados de puño y letra del firmante y los nombres y apellidos completos.”

¿Patadas de ahogado?

Este miércoles y jueves, el Alcalde polemista ha abierto fuego contra la procuraduría, luego de asistir a las diligencias del proceso disciplinario en su contra, acerca del cual el procurador delegado señala que hay varias faltas graves atribuidas al alcalde de Bogotá, en relación con el procedimiento de cambio del tratamiento de basuras, cuyo momento crítico se vivió el 18 de diciembre del año 2012.

La propuesta del candidato Alcalde fue el programa “Basura O”, lo cual significaba, entre otras, cambiar de manos privadas a públicas el manejo de las basuras y residuos en la ciudad capital, que se encontraba en poder del oligopolio de cuatro empresas, que a la vez fungían como “electores” de peso de concejales y congresistas por la circunscripción de Bogotá. El otro asunto era incorporar efectivamente a los recicladores en el “jugoso y maloliente” negocio de las basuras, que ya había sido ordenado por la Corte Constitucional sin que se diera cumplimiento a lo dispuesto, con esquinces de poca significación.

El Alcalde y su equipo de gobierno, que incluía a Guillermo Asprilla, otrora demandante del Distrito en razón de los daños causados por el relleno de Doña Juana, y al frente de la UESP, no preparó eficazmente la transición. Y según los descargos del alcalde, ante la inminencia del cambio, los administradores privados de las basuras se negaron a transportar más de 7.000 tons, produciendo el colapso del sistema. Pero está situación de boicoteo, saboteo de la medida de la autoridad municipal, no le mereció consideración alguna al procurador delegado. Tampoco le importó a esta la circunstancia de la incorporación efectiva de los recicladores al negocio de las basuras, que esta autoridad sí se dispuso a cumplir sin dilaciones.

Como si fuera poco, la improvisación condujo a la contratación de transporte y mano de obra provisional para atender a la emergencia de los primeros 3 días; y paralelamente a la compra de equipo usado y nuevo, en el estado de la Florida. Las nuevas unidades, en número de 60, se encuentran sin utilización parqueadas, y produciendo lucro y daño, sin que nadie manifieste interés en adquirirlas o arrendarlas.

El Alcalde justifica esta medida extrema, porque los cuatro consorcios privados, obligados a regresar los equipos automotores utilizados en las tareas de recolección, se negaron a hacerlo hasta hoy, alegando que los contratos firmados y prorrogados con anterioridad no implicaban la entrega de los mismos a la alcaldía al final de la operación. Este lío jurídico no está resuelto a la fecha, lo cual ahonda el detrimento patrimonial sufrido por el  erario distrital.

El alcalde añade que la procuraduría ya prejuzgó sobre su caso, lo cual hace ilegal e inconstitucional el trámite y el veredicto que se profiera en su contra, que él piensa como lo de más probable ocurrencia. Y sabido es que la apelación se dará ante la misma procuraduría, que preside el ex magistrado Ordóñez.

Petro, quien participó en su elección, lo señala ahora como primer interesado en revocarle el mandato, e inhabilitarlo para la política por una buena cantidad de años, como ya lo hizo con la exsenadora Piedad Córdoba. Ella como el alcalde, si la apelación es en su contra, acude/acudirá a las instancias del Consejo de Estado, lo cual no impedirá el inmediato cumplimiento de la sentencia.

No pocos de sus detractores, dicen que éstas “son patadas de ahogado”. Y explicarían en parte, por qué Petro estaba interesado en ir de una vez a la votación de la revocatoria. De resultar triunfador en esta, una posterior o concomitante decisión de la procuraduría se enfrentaría con la legitimidad de un trámite político que tiene a la ciudadanía como el sujeto soberano, constituyente, y a la procuraduría, en el mejor de los casos, como un organismo público con un poder derivado del constituyente primario, puesto que su elección popular no existe.

Por último: lo privado es político

Las luchas de las más connotadas feministas del siglo pasado, entre ellas Betty Friedman, y no de modo exclusivo, señalaron que lo privado es político, y asunto público.

Lo anterior para decir, que el propio alcalde Petro ha pasado a ser comentado en la farándula criolla, y en los chismes y rumores, de los que aparecen como protagonista, él y su esposa, “la celosa” primera dama, en el episodio de la comunicadora Leszly Kalli, de otro lado.

Sabido es que el alcalde estuvo enfermo por un buen tiempo, y muchas conjeturas se cruzaron de las causas de su enfermedad. La más descabellada de todas era, que su esposa en un altercado familiar lo había golpeado en su cabeza con un pesado sartén, en respuesta a líos de faldas del burgomaestre.

Ahora no menos lo asocian con la perturbadora presencia de la comunicadora Lezsly Kalli, en el equipo de comunicaciones del alcalde, desde el 26 de febrero de 2012. Su jefe era Daniel Winograd, que es el principal asesor de comunicaciones del alcalde Petro, quien según Kalli misma, sin embargo, nunca firma nada de lo que allí se produce.

El punto de conflicto, según el relato de Lezsly, parte de la celebración del día de la mujer, a cargo de la “primera dama”, Verónica Alcocer, cuyos preparativos estaban en cabeza de Moira Garcés, una persona de su confianza. Lezsly cuestionó la propuesta hecha, y el resultado fue que “le quitaron el proyecto y quedo en mis manos”. En lugar de una celebración frívola, acorde con el talante conservador de Verónica, se trataba de una experiencia centrada en Bogotá Humana y la defensa de los derechos humanos a favor de la mujer.

La infidencia de Lezsly Kalli vino ahora, después de su renuncia al cargo en la alcaldía, luego del bloqueo, persecución e intimidación de que fuera víctima. Ella recuerdo que luego del episodio del día de la mujer, “Moira bajó con Verónica a la oficina y me saludó…” Antes su jefe Winograd la llamó un sábado a las 8 de la mañana, haciéndole esta pregunta: ¿No ha estado sola con Petro en su despacho? No, las dos  veces que he ido, he ido con usted.”

Después, Daniel le dijo que “no quería volver a verme en la oficina de Petro.” Ella le preguntó qué hago de ahora en adelante, y la respuesta: “por ahora no vuelva a la alcaldía…Es que a ella (Verónica) le llegaron con el rumor de que usted y el alcalde tenían algo.”

Corría entonces el chisme que Lezsly era la moza del alcalde, y hasta llamaron a su madre para contárselo. Luego dice Kalli, que recibió una extraña llamada a la una de la mañana: “Me entró una llamada al celular: ¿Lezly? Oiga hijueputa…va a ir a decirle a papá Petro?”

Ella continúa el relato en la entrevista de El Espectador: “Por la mañana me fui para el Gaula Bogotá…ellos marcaron el número y contestó Christian Puentes, un funcionario de la alcaldía que yo había  visto.” Y lo hicieron comparecer, y él reconoció verbalmente y por escrito a Kalli lo que había hecho y dicho. Después ella llamó a Rodrigo Silva, jefe de la oficina de prensa para enterarlo, y él rehusó a aceptarlo, hasta que ella le dijo que tenía el escrito de Puentes reconociendo su actuación. Sin embargo, Puentes no ha salido de la administración distrital.

Lezsly Kalli trabaja ahora en las oficinas de la Presidencia. Y no hay detalles al respecto. Pero, lo que sí queda claro es que no hay una conducta adecuada y pertinente por parte de la alcaldía frente a este bochornoso episodio. Y ningún pronunciamiento claro y efectivo de parte del alcalde Petro, comoquiera que su esposa aparece orbitando en este episodio de la vida privada.

Lo cual enseña, de inmediato, que las “supuestas” primeras damas no tienen que inmiscuirse en los actos públicos o estatales, de una parte; y de otro, y que los funcionarios electos no tienen que hacer nombramientos o selecciones donde amiguismos, simpatías o favoritismos permeen los nombramientos.

Aquel cuento que uno debe gobernar con sus amigos, o los de su familia, no tiene recibo ni aceptación. Aunque esta conducta sea una prueba de clientelismo, de persistencia de una política premoderna en las prácticas de derecha y de izquierda, aquí y en otros lugares de la tierra. Es un cáncer que es urgente extirpar, y que el pervertido cuerpo político nacional se resiste a que le sea extirpado de raíz.

Si el Alcalde, no resulta destituido ni tampoco removido, en el entretanto tiene que resolver este problema que siendo de orígenes privados, tiene implicaciones políticas y públicas. No puede ignorarlo. Gustavo Petro tiene que dejar clara su probidad moral, que no es mojigatería ni cosa que se le parezca, sino lo propio de un funcionario público probo que tiene que dar cuenta de sus actos y de sus allegados, cuando estos afectan el curso de la acción pública, sin miramientos.

Otro tanto tendrá que hacer la Presidencia de la República donde encontró cobijo la funcionaria defenestrada de la alcaldía, de su oficina de comunicaciones, que se preocupa del cuidado de la “imagen” de la primera autoridad de la ciudad. Y que ahora resultó empañada por punta y punta.

Como dice la famosa “cueca chilena”: dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda.” Ese alguien es la ciudadanía consciente y activa en pública, que en buena parte hizo posible que la alcaldía de Bogotá haya estado hasta hoy bajo el gobierno de la izquierda, harta de todo tipo de desmanes perpetrados por el bipartidismo en los años anteriores. Los “progres”, críticos de sus compañeros de viaje, no pueden, en ningún caso, borrar con el codo lo que escribieron con la mano. ¿O será que sí? La interpelación es directa con el actual alcalde de Bogotá.

Edición N° 00360 – Semana del 19 al 25 de Julio de 2013
 
 
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