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La UP, la fuerza política de la paz

  Maureén Maya
  Periodista e investigadora social
   
 

“[…] no hay perdón sin memoria, pues nadie puede perdonar aquello que ha olvidado y nadie puede ser perdonado si no es capaz de reconocer que debe ser perdonado por un acto que ha cometido y del cual es responsable. Sólo hay perdón si hay memoria y reconocimiento”
Fragmento del Prólogo por Alexander Jiménez Matarrita
Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las comisiones de la verdad en América Latina. De Ignacio Dobles Oropeza. 2009

La Sentencia del Consejo de Estado mediante la cual se ordena restituir la personería jurídica del movimiento político Unión Patriótica, reversando la resolución  5659 del 30 de septiembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral (CNE), es sin duda un acontecimiento histórico que envía una buena señal para el proceso de paz; es un acto de coherencia política que profundiza la democracia del país y que simboliza el renacer de la esperanza, pero que aun así no logra materializar el pleno derecho a la justicia.

La justicia debe ser efectiva y oportuna tanto para garantizar los derechos vulnerados de las víctimas como para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del accionar criminal. En el caso de la Unión Patriótica, pese al significado simbólico y al reconocimiento que se desprende de la justa devolución de la personería jurídica, hecho que no puede ser interpretado como un acto de reparación, no se realiza plenamente el derecho a la justicia. Por un lado el genocidio político desatado durante casi tres décadas contra este movimiento político, y que cobró la vida de más de cinco mil militantes y llevó al exilio a varios de sus líderes sigue en la impunidad;  tampoco se ha garantizado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantías de no repetición a las víctimas de la UP, ni se ha revelado ni desarticulado la máquina de muerte que desde el Estado diseño y ejecutó este exterminio sistemático, ni se ha reconocido el derecho a la “reparación política colectiva de la Unión Patriótica mediante la restitución de los cargos de elección popular que le fueron arrebatados mediante el crimen como exigen algunos de sus sobrevivientes”1; y además, la decisión de regresarle la personería jurídica a la UP fue dilatada durante más de una década.

En la carta enviada por algunos de los exiliados políticos de la Unión Patriótica, titulada “UP: vigencia de un ideario por la paz con justicia social”, se reafirma la vigencia del ideario político de la Unión Patriótica por las transformaciones políticas, económicas y sociales, por la democracia efectiva, la solución política del conflicto interno y la paz con justicia social en Colombia y se hace un llamado para que el gobierno nacional y el conjunto de la sociedad colombiana asuman en conciencia la realidad del genocidio perpetrado contra la UP, y eviten que siga condenado a la impunidad.

El Consejo de Estado actúa en justicia y en derecho cuando afirma en su sentencia que la Resolución de la CNE “Por la cual se determinan los Partidos y Movimientos Políticos, que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 130 de 1994, pierden su personería jurídica”, se limitó a aplicar en forma literal el artículo 4° de la Ley 130 de 1994 para concluir que la UP no reunía los requisitos para conservar su personería, y lo ratificó en la Resolución 7477 del 20 de noviembre de 2002 cuando resolvió el recurso de reposición, no obstante que la impugnación estuvo expresamente sustentada en el clamor de un tratamiento legal especial, compadecido con la particular situación que afrontaba, la cual era de notoriedad pública”.

Tan ajeno fue el organismo público en evaluar la situación de atropello que padecía este Partido Político, verdadera causa de su desfase electoral, que se limitó a señalar en la Resolución 7477 del 20 de noviembre de 2002 por la cual resolvió el recurso de reposición presentado contra la número 5659 del 30 de septiembre de 2002, que: “(…) cuando quiera que la colectividad política reconocida no mantiene el número mínimo de votos -cincuenta mil- en la última contienda política y a su vez no logra reelegir a un candidato al Congreso de la República, la ley presupone que dicho partido o movimiento político no cuenta con el suficiente apoyo popular y por consiguiente no se constituye en un canal de representación eficiente de los intereses de la comunidad. De suerte que al no contarse con el apoyo popular requerido, el partido o movimiento político no reúne los méritos suficientes para gozar de los favores del Estado, siendo llamado a perder su personería jurídica” (fl. 11).2

El problema de la UP no era de apoyo popular, lo tenía todo, era de seguridad, de garantías democráticas, del miedo, la abstención y la crisis que se generó a partir de este sistemático exterminio, que contó con la acción directa de altos mandos de la cúpula militar y de dirigentes políticos regionales. “Ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos”3 precisó Alfonso Vargas Rincón, presidente del alto tribunal al explicar la decisión.

El magistrado indicó que como “consecuencia lógica en el lenguaje jurídico es que vuelven las cosas a su estado anterior como si nunca hubiesen perdido su personería jurídica y puede participar en una contienda electoral”.4 Sin embargo, ello es insuficiente por cuanto el partido debe ser objeto de una reparación integral y de una justicia restaurativa que reconozca no sólo el accionar criminal, las identidades de los responsables, el modus operandi sino que repare integralmente a todas las víctimas del país, considerando que el daño fue social, político y que laceró profundamente el sistema democrático colombiano.

En un aparte de la sentencia proferida por el Consejo de Estado se lee: “…los integrantes del partido Unión Patriótica fueron víctimas de persecución por razones políticas acaecidas en el país, cuando manos desconocidas decidieron exterminar a sus militantes y afiliados con el claro propósito de deshacer el partido a fin de impedirle su participación democrática en la gobernabilidad del país. Así, se trató entonces de un verdadero atentado contra el pluralismo y la democracia.”

Este fallo además de constituirse en un avance político importante, tiene un enorme valor simbólico, más aun si se considera que el ex concejal y ex alcalde Sumapaz Mario Upegui, cofundador de la UP fue uno de los líderes políticos y sociales que más batalló para lograr la restitución de la personería jurídica del movimiento político; en el 2003 interpuso una demanda que perdió siete años después “cuando la Sección Primera del Consejo de Estado, con una ponencia del magistrado uribista Marco Antonio Velilla, ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral.”5 Mario falleció en abril del 2012, sin poder ver cumplido su sueño.6

La invencible Unión Patriótica

Tras los pactos de cese al fuego y tregua firmados el 28 de marzo de 1984 entre el gobierno y las FARC, nació la Unión Patriótica, UP, como una propuesta política de unidad nacional masivamente respaldada por diversos sectores del país, entre ellos el Partido Comunista Colombiano (PCC), las centrales sindicales, gremios estudiantiles, colectivos de artistas, organizaciones de base, sociales, incluso sectores de los Partidos Liberal y Conservador, un tenebroso plan de exterminio se había desatado contra el naciente partido político con la complicidad del Estado y bajo la directa coordinación de las Fuerzas Armadas de Colombia. La confianza en el gobierno, punto de partida para cualquier proceso de reconciliación nacional, nuevamente se esfumaba, junto con la esperanza de paz del pueblo colombiano. No sólo era la sentencia de muerte que recaía sobre los militantes de la UP como una mano oscura sobre la cual nadie se responsabilizaba, sino fundamentalmente, se trataba de una acción criminal que se perpetuaba y se extendía por todo el territorio con la complicidad de un gobierno indulgente con los criminales e indiferente con las víctimas. Se trataba de la débil acción de una justicia atemorizada que se resistía a producir resultados y a señalar a los autores intelectuales de un genocidio que recién se estaba gestando;  era  también el pobre desempeño de los medios de comunicación y la evidente desinformación que recaía en buena parte de la sociedad colombiana.

Si alguna vez llegó a existir cierto grado de confianza entre las partes que pretendían negociar una salida política al conflicto armado, o algo de esperanza en las promesas de paz del presidente de la época, y en el desempeño de la Comisión de negociación que había logrado que las FARC aceptaran un “cese al fuego y demás operativos militares” en 1984, pronto fueron disipadas ante la demoledora realidad que, en pocos meses, daba cuenta de la muerte -a manos de sicarios- de por lo menos 1.000 ciudadanos de izquierda relacionados directa o indirectamente con el proceso de paz, y cuya  mayoría eran militantes de la Unión Patriótica, UP.

La traición fue evidente. El acuerdo de cese bilateral al fuego, suscrito por la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del Gobierno Nacional, las direcciones políticas y militares de las FARC-EP, la Autodefensa Obrera, ADO y los Destacamentos «Simón Bolívar» y «Antonio Nariño» del Ejército de Liberación Nacional, ELN, establecía en su parágrafo séptimo lo siguiente: “El gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan  desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden.

También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política…”

Letra muerta. Ni se otorgaron las debidas garantías para el ejercicio político de la UP (al contrario, fue desde sectores el mismo Estado que se ordenó su ejecución) ni se abrieron espacios para la participación de miembros de las FARC dispuestos a renunciar a la lucha armada. Tampoco el peso de la ley recayó sobre victimario alguno, pese a que los indicios y las denuncias de la época y posteriores investigaciones judiciales, demostraban la existencia de estrechos vínculos entre los sicarios (actores materiales), paramilitares y miembros de la inteligencia militar (actores materiales e intelectuales) en la ejecución de los magnicidios.

La Unión Patriótica, pese a las agresiones que furiosamente se desataron en su contra desde el mismo día de en el cual se lanzó oficialmente el partido en Pueblo Bello, César, cuando dos campesinos que prestaron su casa para que se hospedaran algunos delegados de la FARC que intentaban hacer tránsito a la vida civil del país, fueron asesinados, se mantuvo firme en su propósito de constituirse en una verdadera opción democrática para Colombia.

En el debate electoral de 1986 su éxito fue avasallador, y los costos de este triunfo, no se hicieron esperar. Para corporaciones públicas la UP logró elegir a 14 congresistas para el Senado y la Cámara, 18 diputados en 11 asambleas departamentales, 351 concejales en 187 concejos y 23 alcaldes municipales. Para las elecciones presidenciales obtuvo la mayor votación alcanzada por un partido de izquierda hasta ese entonces en la historia del país, con más de 350.000 votos. La UP, con propuestas como la reforma agraria integral para suplir las necesidades de los campesinos, reforma a la justicia, reforma urbana, democratización de los medios de comunicación, depuración de las Fuerzas Armadas y reforma política, logró un masivo respaldo popular, que con sangre, muerte y violencia le fue cobrado por sectores retardatarios de la extrema derecha colombiana.

La Unión Patriótica en aquellos años de esperanza cuando logró ser gobierno en más de 120 municipios del país, pudo ejercer un genuino mandato democrático en aquellas zonas de enorme relevancia para la producción nacional; en el Urabá, enclave de las transnacionales bananeras, en Arauca, zona petrolera y en el nordeste antioqueño, región de importante actividad minera, entre otros; y fue en estas regiones donde se cruzan los intereses mafiosos, de multinacionales y de políticos sin escrúpulos, donde la UP logró impulsar el desarrollo y la equidad que habían sido negados durante décadas. En el Urabá los dirigentes de la UP elegidos democráticamente se dieron a la tarea de recaudar los impuestos de las transnacionales, hecho que les significó enormes enemistades, pero que les permitió avanzar en el desarrollo de las comunidades construyendo nuevos puestos de salud, casas culturales y escuelas; en Apartadó por ejemplo, se pasó de 4 a 24 escuelas para niños, bajo la administración de la UP.

La Unión Patriótica fue una esperanza masacrada que dejó graves efectos sobre la sociedad colombiana. Su historia, es una historia acerca del heroísmo, de la entrega generosa y altruista de valientes hombres y mujeres que se entregaron con mística y compromiso al objetivo de construir una nación democrática y soberana; un país sin opresores ni oprimidos, sin prebendas, sin injusticias y sin sangre impunemente derramada. Cada hombre y mujer que luchó por sus sueños desde el proyecto político que encarnó el movimiento político Unión Patriótica, nombre inspirado en las gestas de El Libertador Simón Bolívar, es un encomiable ejemplo de resistencia y valor que siempre debe ser recordado y, en lo posible, emulado.

¿Qué sigue?

No se trata de que la restitución de la personería jurídica de la UP le quite el mango del sartén de la izquierda al Polo Democrático, como se afirma en el portal la silla vacía, sino de asumir el desafío de lograr una coalición de izquierda amplia, generosa, representativa de sus diferentes vertientes y que además, sea responsable y consecuente con su historia.  Una fuerza dispuesta a apoyar la realización de la paz en Colombia.

La UP hoy asume el desafío de reconstruir el tejido social roto por la violencia sistemática y el genocidio político para poder participar en el debate político electoral y construir una genuina fuerza deliberativa, capaz de romper con años de señalamientos y estigmatizaciones, de persecuciones, de negacionismo histórico y de justificación a la barbarie.

Iván Cepeda declaró en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, que resulta fundamental garantizar un proceso de memoria histórica sobre la UP, en el que se asuma la plena comprensión del concepto de genocidio político y se entienda como un proceso de aniquilamiento sistemático que excede toda comprensión humana. También sostuvo que es necesario evaluar el papel del Estado en la violencia política y emprender las acciones legales que sean necesarias contra aquellos que intentan desvirtuar los hechos del pasado y justificar lo que desde la ética, no admite justificación.  Los discursos guerreristas, de exclusión política, de incitación al odio y al crimen deben ser erradicados de la vida pública del país, ejerciendo el derecho a la justicia y actuando desde la dignidad, requisito indispensable para que haya democracia y civilización en el país, señaló Cepeda.

El fallo del Consejo de Estado que revive a la Unión Patriótica fue interpretado como una buena señal por parte del equipo negociador de las FARC en La Habana, Cuba.

“Como una acto de justicia, que, aunque tardío, es una buena señal y les dice a las élites que la intransigencia y el exterminio del opositor no conducen a la victoria definitiva sobre una alternativa política (...) ¿De qué sirvió descabezar a toda una generación de revolucionarios si hoy sus herederos están al frente de la inconformidad, de la movilización creciente de un pueblo al que no se le pueden conculcar sus derechos, en especial el de la opción política?”7

Sin embargo, Omer Calderón, presidente de la Unión Patriótica, afirma que el partido no servirá de pista de aterrizaje para las Farc, sino que aspira a buscar con otras fuerzas de la izquierda una verdadera transformación democrática que permita una verdadera participación política, incluyendo al movimiento que surja de los diálogos de la Habana”

“La noticia fue un reconocimiento importante del Estado de que el genocidio político de la Unión Patriótica efectivamente ocurrió y la decisión es en sí misma una reparación simbólica a sus víctimas y familiares. También es un mensaje alentador para el ejercicio de la oposición política en el país. Para el Gobierno, además, significa un peso menos en la negociación con las FARC. Revivir este partido era uno de los puntos que habían pedido las FARC en el marco de la negociación y era una petición que no era fácil de conceder. Porque requería una reforma constitucional y en todo caso, los sobrevivientes y directivos de la UP habían dicho explícitamente que no querían que nadie se apropiara de su vocería en la Habana.8

La Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, que representan fuerzas populares importantes y con enorme incidencia social, podrían sumarse a la naciente Unión Patriótica bajo una clara dosis de ética y de claridad programática, como señaló Jaime Caicedo en el acto “UP, reencuentro de esperanzas, sueños, memoria y perspectivas” que se realizó el pasado 18 de julio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. “La unidad es sin anticomunismos, sin exclusiones [...] no se trata de la unidad por la unidad, no nos inventemos enemigos a la izquierda, busquemos construir nuevas y mejores formas de confianza y del actuar en conjunto, con respeto, fraternidad y solidaridad”.

El representante a la Cámara por el Polo, Iván Cepeda Castro, quien en repetidas ocasiones había exigido la restitución de la personería jurídica de la Unión Patriótica como un acto de justicia con las víctimas del genocidio, también viene promoviendo desde hace meses atrás la creación de gran plataforma de la izquierda democrática para las elecciones del 2014, por lo cual él como heredero del legado de la UP y miembro del PDA, podría jugar un papel determinante en el propósito de lograr la unidad entre las fuerzas representativas de la izquierda nacional.

Por su parte el director del Semanario Voz, Carlos Lozano Guillen y uno de los líderes de Marcha Patriótica, quien también promueve la coalición de izquierda, reconoce la resurrección de la UP como un acto de justicia pero dice que "el problema de la izquierda no se reduce a una personería jurídica sino a un problema de unidad".9

Justicia Internacional

Otro tema que en cualquier momento tendrá que ser resuelto por la justicia internacional, se refiere al caso colectivo de las víctimas de la UP, radicado bajo el número 11.227 por la Corporación Reiniciar, admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y que hoy se encuentra en proceso de definición ante la Corte IDH.

En su informe de admisibilidad, la Comisión concluyó que los peticionarios presentaron hechos e información que tiende a caracterizar una pauta de persecución política contra la Unión Patriótica y  que su práctica, con el objetivo de exterminar el grupo, fue tolerada por el Estado de Colombia. El principal desafío de la justicia es evitar que todos estos crímenes queden condenados a la impunidad.

Hace algunos años atrás, la Defensoría Nacional del Pueblo, a petición de la Corte Constitucional, elaboró un informe sobre los casos de homicidio perpetrados contra los miembros de la Unión Patriótica entre 1985 y 1992, el cual reflejó un altísimo grado de impunidad. De los 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” forzadas que verificó, más del 40% de los casos estuvieron bajo investigación durante cuatro años en promedio y sólo diez fueron resueltos en juzgados penales, de los cuales seis recibieron sentencias absolutorias. El Defensor del Pueblo afirmó: “Existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos. […] No se ha otorgado a esta fuerza política [Unión Patriótica] y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para desarrollar la acción proselitista en idéntica forma a las demás agrupaciones políticas. […] Es evidente que el peso de la Ley no ha caído sobre los ciudadanos o autoridades que han conculcado sus derechos fundamentales y desconocido sus garantías.”

La gran mayoría de los asesinatos, desapariciones, amenazas y hostigamientos contra miembros de la UP continúan en la impunidad, sin embargo, en días pasados se registró un importante avance que no puede ser desconocido.

La Corte Suprema, 25 años después de los hechos, condenó a 30 años de prisión al ex congresista César Pérez  como “determinador” de la matanza de Segovia, Antioquia, municipio minero del nordeste antioqueño. Este fallo es un avance de enorme significado que no sólo confirma la existencia de alianzas criminales entre paramilitares (en este caso del Magdalena Medio y del Urabá) con caciques políticos y fuerzas militares, sino que por primera vez revela el nombre de uno de los autores intelectuales del genocidio desatado contra la Unión Patriótica.

“La Corte comprobó que la masacre fue el castigo impuesto por Pérez por el triunfo de la UP en las primeras elecciones populares de Alcalde en Segovia, donde había mandado por años y donde, tras el crimen, siguió siendo barón electoral”10

Durante los días aciagos del genocidio, cuando los gobiernos de turno pretendían mirar para otro lado y la sociedad ignoraba o no quería entrarse de lo que sucedía, apareció en los medios de comunicación una campaña publicitaria lanzada por el Ministerio de Salud alertando sobre los riesgos del tabaquismo. Sobre esta campaña circulaba un chiste  negro en la calle. La pregunta del mensaje institucional “¿usted fuma?” era reemplazada por otra: “¿Quiere ser de la UP?” y la respuesta era la misma de la campaña: “No gracias, prefiero vivir”.

El Estado debe ofrecer plenas garantías para que el horror del pasado no se repita, para que la UP no sea revictimizada, para que cuente con todos los garantes políticos en la contienda electoral  y para que los grupos armados que se desmovilicen cuenten con todas las garantías para su participación política, de acuerdo con los estándares internacionales y el soberano derecho que tienen todos los pueblos a vivir en paz. Nunca más el crimen y la impunidad.

Edición N° 00360 – Semana del 19 al 25 de Julio de 2013

1 El Nuevo Siglo; “Exiliados de UP piden restitución de cargos”. Bogotá, julio 11 de 2013

2 Vieira, Constanza; “La Unión Patriótica puede volver a vivir”. Bogotá, julio de 2013. Ver en: http://www.ips.org/blog/cvieira/documento-la-union-patriotica-puede-volver-a-vivir/

3 El Espectador; “Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP”. Bogotá, julio 9 de 2013.

4Ídem.

5 La Silla Vacía; “La resurrección de la UP le quita al Polo el mango del sartén de la izquierda”. Bogotá, julio 10 de 2013. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/la-resurreccion-de-la-le-quita-al-polo-el-mango-del-sarten-de-la-izquierda-45175

6 En El Tiempo; “Murió Mario Upegui, el defensor de las causas populares”. Bogotá, abril 4 de 2012.

7 El Tiempo; “El fallo sobre la Unión Patriótica es buena señal: 'Iván Márquez'”. Sección Política, Bogotá, julio 12 de 2013.

8 La Silla Vacía; “La resurrección de la UP le quita al Polo el mango del sartén de la izquierda”. Bogotá, julio 10 de 2013. Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/la-resurreccion-de-la-le-quita-al-polo-el-mango-del-sarten-de-la-izquierda-45175

9 Ídem.

10 El Tiempo (2013); “Condena a César Pérez por masacre de Segovia tardó 25 años”. Sección Justicia, Bogotá, mayo 15 de 2013

 
 
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