Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

La deuda de las ciudades

  Francisco Alberto Galán Sarmiento
  Colaborador Semanario Virtual Caja de Herramientas
   
 

Las ciudades son viables por la provisión de bienes y servicios desde las zonas rurales. La economía colombiana y en general la mundial, están lejos de asegurar que ese abastecimiento suceda retribuyendo con justicia a las poblaciones que lo hacen posible y propiciando una conservación adecuada de las bases naturales que deben preservarse.

Muchas circunstancias reflejan está falta de reconocimiento. Los bosques se vienen degradando o destruyendo sin una planificación y un control que aseguren la preservación de la vida en ellos y con una racionalidad económica que distribuya de manera equitativa sus beneficios. Los bancos de peces se sobreexplotan, sin asegurar sus condiciones de renovación.  Las áreas de donde obtenemos el agua siguen recibiendo presiones de actividades económicas mal concebidas en sus arreglos productivos. Los suelos son utilizados sin garantizar su renovabilidad o la continuidad de su calidad. Todo esto sin incorporar la totalidad de los verdaderos costos en la economía y tampoco creando condiciones para el buen manejo del territorio.

En Colombia se ha legislado, y se han tratado de desarrollar instrumentos económicos y financieros con los cuales compensar las llamadas imperfecciones de los mercados, que en realidad son los comportamientos propios de mercados que sin un control social tienden a subvalorar las exigencias  de un manejo previsivo de la naturaleza. Son mercados en los que prima la búsqueda de la máxima rentabilidad de corto plazo, con los consecuentes controles de costos, que llevan a generar una estructura de toma de decisiones públicas y privadas donde lo público propio de la preservación de la naturaleza, pasa a un plano secundario y a menudo marginal. Esas tendencias dominantes se han tratado de corregir o compensar en el país mediante impuestos o tasas, por el uso del agua y de los suelos, o para financiar su manejo. Los esfuerzos no han dado resultados consecuentes con la magnitud de las carencias de los mercados y con las necesidades de inversión para preservar la naturaleza y procurar una vida digna de quienes en las zonas rurales deben tener prácticas productivas armónicas con los objetivos de conservación. Esto a pesar de las retóricas de sostenibilidad o del desgastado concepto de desarrollo sostenible.

Ejemplo evidente de ese abismo entre la provisión de bienes de la naturaleza y la retribución para preservar el medio natural o para compensar su degradación, es lo sucedido con la minería que hace posible el crecimiento urbano. En los últimos años se debate la minería en general y en particular la del oro. Eso es necesario, porque los riesgos y los abusos son grandes, así como las deficiencias de la institucionalidad requerida para saber aprovechar nuestra riqueza minera, sin colocar en serio peligro recursos naturales vitales, como el agua, los suelos y los bosques. Sin embargo, el debate minero poco ha aludido a esa minería con la cual desde hace décadas construimos nuestros edificios, nuestras casas, y la infraestructura necesaria para hacer vivible el crecimiento urbano e incluso esa pretendida meta de las ciudades sostenibles. Los propietario de canteras nunca han pagado regalías adecuadas y tampoco lo han hecho quienes sacan de los ríos material de construcción. Por lo mismo, los habitantes urbanos no hemos pagado los costos reales de vivienda, oficinas, bodegas y sitios de comercio.

Mientras la regalía petrolera está en el nivel del 20%, la de la sal en el 12%, la del carbón en el 10% y la de minerales como el oro es el 4%, la que se paga por la explotación de materiales para construcción proveniente de canteras es tan sólo el 1%.

Con solo recorrer los alrededores de ciudades como Bogotá resulta evidente en el paisaje las consecuencias de una legislación poco consecuente con la belleza de las montañas y con el costo real de ese tipo de aprovechamiento. Las huellas dejadas por las canteras perfilan un triste paisaje que describe el desprecio por la integridad de las montañas.

Estamos en mora de recuperar el tiempo perdido en el cobro por el uso del subsuelo con estos fines y de lograr que las ciudades paguen en éste como en otros frentes el verdadero costo de la intensa explotación de los recursos naturales.

Lo primero es subir el porcentaje de la regalía cobrada a las industrias de explotación de materiales para construcción, en particular las canteras. Lo mínimo es colocarlo en el nivel actual de la regalía pagada por el oro (4%), la que de hecho por su parte debería llegar a los niveles de la pagada por la sal, como mínimo.

La compensación de décadas sin cobrar una regalía adecuada se podría hacer mediante un impuesto por el área construida de las ciudades, tanto edificaciones como la infraestructura que las sustenta –vías, alcantarillado y otros. La forma más manejable para hacerlo en las edificaciones sería a través de un impuesto al valor catastral de los bienes inmobiliarios por una sola vez y luego con un impuesto a las construcciones. En el caso de la infraestructura se podría contemplar una sobretasa al impuesto de rodamiento y mediante un cobro al sistema de alcantarillado.

En la actualidad se cobra una sobretasa al impuesto predial. Ese cobro ante todo interpreta el uso del suelo urbano, si bien a través de las Corporaciones vecinas a las ciudades se hace posible el trabajo ambiental en las áreas que las rodean.

En el caso de Bogotá el valor catastral es de $400 billones (400 seguido de 12 ceros). El cobro por una vez de una sobretasa al predial, que podría ser del orden del 0.5% de ese valor catastral, representaría $2 billones. Esa suma podría resolver la totalidad del problema de ocupación de los Parques Nacionales, una de cuyas consecuencias es la deforestación de 18.000 hectáreas al año de Parques Naturales. O podría hacer en verdad operante la estructura ecológica principal de una ciudad como Bogotá, o financiar un sistema de Jardines Botánicos que, por esta vía, acerquen a las poblaciones urbanas a los objetivos de conservación de todo el país, para que se de la apropiación adecuada de los colombianos de su sistema de áreas protegidas, y en general de su riqueza natural.

Ese fondo podría fortalecerse año a año, colocando un impuesto permanente a los materiales de construcción de ese origen (canteras y ríos) que entren a la ciudad. Según cifras del gremio de los gravilleros y otros productores de material de construcción, Bogotá consume 30 millones de toneladas al año de este tipo de materiales. Con el cobro de $1.800 por tonelada se tendría un ingreso anual para el fondo, equivalente al actual presupuesto anual de Parques Nacionales proveniente del presupuesto general de la Nación ($54.000 millones). A esta fuente se podría sumar cobros semejantes a los otros materiales requeridos para mantener infraestructuras como los 16.000 kilómetros-carril de la red vial de la ciudad. Fuentes semejantes se pueden contemplar en las demás ciudades capitales.

Los habitantes urbanos tenemos la responsabilidad de ayudar a crear ciudades en verdad viables en el tiempo, sin consecuencias devastadoras para las zonas rurales. Lo empezaremos a hacer en forma significativa, cuando nos movilicemos a favor de una legislación que nos haga asumir los costos reales –ambientales, sociales y económicos- de la construcción y el desarrollo de nuestras ciudades.

Edición N° 00360 – Semana del 19 al 25 de Julio de 2013
 
 
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