Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

No hay peor sordo que el que no quiere oír

  Alfonso Cuellar Solano
  Colaborador Semanario Virtual Caja de Herramientas
   
 

Una oleada de protestas, movilizaciones y clamores abarca todo el territorio nacional y a variadores sectores económicos y sociales del país. Las protestas son por la salud, el agua, las carreteras, la educación, la minería, los productores de papa, cacao, arroz y hasta uno de los mayores beneficiados de la política de enriquecimiento sin límites como lo es el ineficiente sector de la ganadería, como lo ha venido manifestando el candidato a Senador Lafaurie, se han unido al coro de las protestas y su mentor político el ex presidente Uribe en persona se hizo presente en el Catatumbo a buscar votos, porque de eso se trata, cuando ya arrancó la campaña para las elecciones próximas.

El presidente Santos ha reaccionado como es lo normal echando mano de la política, pues él también está en campaña, pero se ha lanzado a descalificar los justos movimientos de protesta de “tener connotaciones políticas”. Y si el Presidente y el ex presidente hacen política se pregunta un nada sospechoso miembro de la elite que nos gobierna, el ex ministro Caballero Argáez, “¿Por qué los diversos exponentes de las clases políticas regionales –los de la ‘parapolítica’, la ‘farcpolítica’, la narcopolítica, ‘la corruptopolítica’, etc.- no lo pueden hacer?” Olvidó claro está el ex ministro decirnos que esta clase política municipal o departamental es en la que esta aupada la Unidad Nacional.

Es propio de nuestra elites salir por el atajo para hacerle el quiebre y la muletilla a las protestas populares. Así lo ha sido por siempre. La respuesta violenta del gobierno por medio de sus fuerzas militares y de policía no es extraña, hace parte de sus métodos de exclusión y de clausura del sistema político democrático, negando la necesidad de dar entrada a las nuevas fuerzas políticas y sociales que hace por lo menos 100 años claman por que se les permita ser incluidas y no solo esto, sino de participar en iguales condiciones y con las mismas garantías que las fuerzas tradicionales Liberales y Conservadoras en la contienda política y el ejercicio del poder y en esta lucha prolongada no han sido los muertos que han dejado en el camino, los vejámenes padecidos, los atropellos y la negación de sus derechos más elementales sino que pese a los asesinatos, las masacres, los atropellos sin par, la gente continua rebelándose, porque como decía Gandhi: “La fuerza no proviene de la capacidad física. Surge de la voluntad indómita.” Las masas populares son como un cuero viejo, que las pisan por una punta y se levantan con más fuerza por la otra. Esto es el ABC de la acción colectiva de los pueblos. Es la asombrosa capacidad de los seres humanos para reconstruir sus vidas.

La credibilidad en entredicho

Hay una crisis de credibilidad motivada por el incumplimiento de parte del gobierno de los acuerdos alcanzados con sectores populares y la respuesta es la represión armada anunciada por el Presidente, que utilizando todas las formas de lucha también anunció procesos penales contra los promotores de los paros, a que se han unido el Ministro de Agricultura, el del Interior y uno que esta que se saborea de que le den la “orden de fuego” el de Defensa. Al momento sin dar esta última orden hay por lo menos cuatro muertos y centenares de heridos, en una especie de “sicariato de corbata” desde las altas esferas oficiales. La política no es tan solo oír el clamor de las gentes, dejarles participar en una comisión o mesa de trabajo sin capacidad de decisión y garantizar de palabra el derecho a la “protesta social”. No: hay que cumplir con los pactos y acuerdos alcanzados. Las gentes saben cuanta “mamadera de gallo” hay en estos de las comisiones, mesas, diálogos, para llegar al mismo final como es el incumplimiento de lo pactado.

El más claro ejemplo del incumplimiento del gobierno lo constituyen las sentencias referentes a las mejoras salariales de los trabajadores del sistema judicial que llevan décadas sin ser ejecutadas y que rebosaron la copa, sin que al gobierno le importe un pepino los perjuicios causados en la administración de justicia. Igual no ha cumplido con la educación y no se cuenta un sector o localidad de todos los rincones del país, donde se no haya incumplido con la carretera, la electricidad, la dotación de agua y otros servicios públicos, no se diga con la obligación constitucional y moral de la defensa de los derechos de propiedad y de la vida de los pobladores.

Farcartizacion del problema cafetero

El Gobierno cacaraquea todos los días de que respeta y garantiza la protesta social. En los años sesenta del siglo pasado, al calor de lo que se llamó la guerra fría, toda protesta popular era considerada “comunista”, consigna esta que venía como coletazo de lo que se llamó el “marcatismo” en los Estados Unidos de Norteamérica. Los etnógrafos y los antropólogos llaman a este tipo de cultura la “demonización”, una tendencia legendaria de la vida política colombiana que así está establecida por los parámetros introducidos por don Miguel Antonio Caro copiados de sus inspiradores españoles: Con esta muletilla pretenden sacarle el quite a las justas peticiones y demandas de los diversos sectores sociales que hoy reclaman soluciones equitativas a problemas que llevan años sin resolverse continuamente aplazados y burlados por las autoridades. No ceder ante el incumplimiento, la promesa aplazada le llama “infiltración guerrillera”, para estigmatizar a los sectores populares y a las fuerzas políticas que utilizando la legalidad política vigente los apoyan. En tal sentido causa verdadero estupor que el propio Presidente primero y luego el ministro Carrillo se hayan apresurado a calificar al senador Jorge Enrique Robledo como propiciador de la violencia o de actuar en maridaje con grupos armados ilegales, con los cuales está sentado el gobierno en La Habana.

El sistema que acordó el Gobierno con los caficultores de subsidiar la producción mediante una “ayuda” monetaria es apenas merecido luego de que por años el gobierno se ha desentendido de regular  una política cafetera acorde con las nuevas circunstancias que se van presentando en el mercado del grano. Claro está que dentro del concepto económico este tipo de acciones no pueden ser sostenibles porque, si bien es cierto dan alivio, son inversiones por completo ineficientes en el largo plazo, esto es, no son una solución a los problemas estructurales que afectan al caficultor. Y se prestan para que como sucedió con el pasado para cafetero por parte de agentes cafeteros que una vez saldaron sus cuentas con los subsidios y en la perspectiva de un mercado cafetero deprimido por los precios internacionales, el problema reapareciera y esta vez con el apetito de los productores más grande y como es obvio, no hay presupuesto, ni nación que lo resista. Pero, como ,lo han demostrado los cafeteros, el problema es que si bien es cierto se han presentado objeciones al pago por parte de la Federación pues esta ha detectado unas 36.000 facturas ilegales por unos 25 mil millones de pesos, que los avivatos se han apresurado a crear su propia modalidad de estafa. Seguramente no es pequeño caficultor, sino comerciantes inescrupulosos, pero ahora que se ha acordado el pago directo en los lugares de venta del café sin necesidad colocar de intermediario a la Federación o se arregla el problema o se legalizan los cobros fraudulentos en manos de los compradores del grano y sus asociados.

Las declaraciones de los propios dirigentes de Dignidad Cafetera han manifestado la intención de aspirar a cargos de elección popular, cosa apenas normal, legal y ejemplo de inclusión que el gobierno se ha apresurado a considerar ilegal, a farcartizarlo, para engañar a la opinión pública y demeritar las peticiones justas de los caficultores. De hecho, a las reuniones promovidas por los caficultores han contado con la presencia de congresistas liberales y más que todo conservadores y claro está, del senador Jorge Enrique Robledo que además cuenta con un aliado ocasional y creo que oportunista del Centro Democrático, que se han unido a Luis Guillermo Gaviria, Alonso Osorio, Oscar Gutiérrez, Orlando Beltrán cabezas visible de la Dignidad Cafetera.

La facartización de los movimientos sociales justos y políticos existentes y emergentes obedece a una política calculado del gobierno Santos de desmantelar todo viso progresista que no permita espacio sino para la tradición bipartidista Liberal-Conservadora, hoy camuflada en la Unidad Nacional. Con toda razón fuerzas como el Mira en cabeza del senador Carlos Alberto Baena consideran que ha sido lesionado el espíritu de la Constitución de 1991 al elevar el umbral electoral al 3 por ciento han demandado ante la Corte Constitucional el Acto Legislativo que introdujo la nueva figura del umbral, porque de imponerse es posible que desaparezcan varias de las fuerzas política minoritarias que como lo expresó el ex viceministro del Interior Juan Fernando Londoño, “resultaría un contrasentido histórico que el fin del conflicto, con el acuerdo de paz que se espera, coincidiera con el cierre del sistema político”. El Mira y otras fuerzas políticas de este talante lo que piden es “pluralismo, inclusión y democracia”.

La facartización de la vida política avanza. En el fondo la campaña adelantada contra el alcalde Petro tiene este tinte cuando a cada momento le enrostran su participación en el M-19, asunto saldo históricamente, pero que la derecha recalcitrante se resiste a aceptar. Y la persecución prosigue. En estos días fue condenada Patricia Obando dirigente de Fensuagro a 5 años y 8 meses de casa por cárcel, dizque por pertenecer a la “Comisión internacional de las Farc” aduciendo las pruebas de los “computadores” de los cabecillas abatidos y los “correos que la comprometen” Un personaje de la elite Carlos Caballero Argáez escribió hace una semana que Las “protestas sacan a relucir problemas existentes hace mucho tiempo, que no han tenido solución y que no se resuelven localmente por acción de las autoridades municipales y departamentales”, lo que pone de presente que estamos frente no a una crisis de la descentralización sino abocados a su completo fracaso.

Agotamiento del modelo descentralizador

El ex ministro Fernando Cepeda se refería al modelo imperante calificándolo de “crisis de la descentralización”, es cierto, pero aun va más allá lo que la situación social demuestra es no la crisis del sistema que sería remediable con ajustes, sino la bancarrota del sistema que ha sido cooptado por una turbia alianza de narco-para-política. Fuerzas ilegales del narco y la parapolítica y de otros grupos ilegales financian las campañas políticas de los candidatos locales, alcaldes y concejales y luego cobran con los contratos que ejecuta la administración municipal o departamental, cuyo resultado son obras inconclusas, postergadas, promesas incumplidas. El nuevo cambio en el destino de las regalías a alborotado a los “cazadores de presupuesto” en todos los municipios y departamentos y promueven, apoyan y financian movimientos en base a necesidades sentidas y justas de la población.

Esto es posible dada la inexistencia de una sólida democracia municipal en un sistema donde los terratenientes de provincia tipo Lafaurie que monopolizan el poder local a nivel departamental o municipal, aparecen como contradictores del centro, es decir de Bogotá, en la medida en que también aspiran a disponer del poder  central. Hace poco escribía de Santos que este es el “gobierno del Country Club”. La revista JetSet trae una radiografía de los hijos de la realeza,  de esta pseudo-aristocracia que según la periodista Yolanda Reyes no es la “La nueva generación”, sino la “Eterna segregación”. Efectivamente, Bogotá actúa desde el poder como una monarquía que delega en las autoridades locales y departamentales el ejercicio del poder, donde actúan como mejor les parezca de acuerdo con sus intereses parroquiales, por lo que no son cuestionados sino cuando desafían el poder central, proceso que los analistas sociales como Safford han denominado el de la “fragmentación local del poder”, caracterizado por un exceso de libertad del dejar hacer y de que todo el valido para hacerse oír, que crea un enorme caos y desorden en el manejo de lo público. Una segunda, es mejor ejemplificado en una acción colectiva que se lleva en un municipio del Tolima llamado Piedras, donde una decisión sobre explotación minera será sometida a elecciones, dando la impresión que las autoridades centrales oyen el clamor de las gentes de la provincia y les permiten resolver sus asunto por propia cuenta. Pero viene a la memoria el caso de la Unión Patriótica como movimiento político que amenazo de alguna manera la hegemonía del poder central y que de manera violencia por muerte y violencia fue exterminada. Una tercera característica es el principio de divide y reinarás, aplicado de manera sistemática con el mantenimiento del conflicto armado en las zonas rurales que troncha la voluntad de cooperación de las zonas periféricas sobretodo de colonización con el poder central.

Hay ejemplos de que la débil “democracia” local cuando es cuestionado, quienes la objetan corren todos los riesgos incluyendo el de su propia vida. Muchos periodistas que denuncian elementos de corrupción son amenazados o asesinados, porque el régimen clientelista local no puede ser puesto en cuestión. Orlando Sierra periodista de la Patria de Manizales es un ejemplo, cuando se atrevió a investigar las andanzas de la corruptela del senador Renán Barco en Caldas.

Los nuevos episodios hacia los que ha virado el problema cafetero, ya tienen muy poco que ver con reivindicaciones económicas –que ya fueron satisfechas- y se localiza en el terreno de la actividad de la campaña electoral que se avecina. Es muy curioso que al repasar la geografía actual de los conflictos sociales, por ejemplo, la zona del Catatumbo que tuve la o0portunidad de conocer hace 40 años, afronte hoy los mismos problemas que entonces conocí en la compañía del padre García Herreros, en esa época los colonos casi que apelaban a la beneficencia, en cambio hoy sostienen una lucha aguerrida en una zona cuyos municipios, tal vez con la excepción de Tibú son municipios netamente conservadores y del mas doctrinario del mundo. Tierra de Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez como Ocaña o Convención la tierra de Pabón Núñez, célebre personaje de la violencia de mitad del siglo pasado. Pero en las zonas cafeteras es sabido que las zonas rurales son predominantemente Conservadoras, sobre todo en los epicentros donde están actuando los movimientos de caficultores. La pregunta es ¿Qué intereses además del particular de mejorar su ingreso hay en estas acciones? Es indudable que el poder local se está expresando manifestando un aglutinante que mantiene la cohesión y es el enfrentamiento con el centro del poder. Lo nuevo de esta situación hoy en día es que haya una confluencia de estas fuerzas conservadoras con otras aparentemente opuestas como son las que encabeza el senador Robledo. Pero, bajo ninguna circunstancia es permisible que a cuenta de esta legítima alianza política el Presidente del centro del poder en Bogotá demuestre la verdadera cara de sus intenciones -que hay que derrotar-, como es la de cerrar el sistema político en Colombia, cuando en La Habana está hablando de abrirlo.

Edición N° 00361 – Semana del 26 de Julio al 1º de Agosto de 2013
 
 
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