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Ruido de fracturas en la CUT

  Álvaro Delgado
  Investigador del CINEP
   
 

Crisis del sindicalismo independiente (2)

El ambiente político que se respiraba en la segunda mitad de 1986, cuando se creó la Central Unitaria de Trabajadores, no era el más apropiado para las esperanzas de los trabajadores. El conflicto armado interno llegaba a su cúspide, faltaban todavía cinco años para que la nueva Constitución Nacional otorgara derechos políticos a las organizaciones sindicales, las filas laborales estaban diezmadas tras la disolución de hecho de la UTC –que había agrupado a la mayoría de los asalariados, y sobre todo al sector industrial–, la CTC era ya una sombra de su pasado y en el resto del escenario operaban fuertes sindicatos de trabajadores públicos, conducidos por grupos intolerantes de la izquierda anticomunista, además de una singular cuasi empresa gremial, apartada de todo bien y todo mal: la CGT. No era el mejor momento para hablar de unidad pero los comunistas, afianzados en una pequeña porción expulsada de la CTC en 1960 y muy activa, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), nunca cesaron en sus intentos de unificar las fuerzas laborales y pusieron en marcha una propuesta generosa: nosotros nos disolvemos y conjuntamente con el resto del movimiento creamos una central unitaria donde quepamos todos.

Solo unidades aisladas de las asociaciones respaldaron la iniciativa. Al líder sobreviviente de la UTC, Jorge Carrillo, le ofrecieron la presidencia de la nueva entidad y con eso bastó: se sumaron dispersas formaciones bajo su influencia y el resto lo compusieron los sindicatos vivos y actuantes de la Cstc. Así se construyó la formación sindical más importante que ha conocido nuestro país, y que pese a actuar solo en la mitad de los cincuenta años corridos entre 1961 y 2010, comandó el 40,4% de las huelgas y 47,9% de los huelguistas de ese periodo. Álvaro Delgado. Auge y declinación de la huelga. Cinep-Colciencias, 2013. Esa es la formación laboral que hoy está en serios problemas de confianza ante sus afiliados.

Sería injusto sostener que el declive de la central –la más duramente golpeada por el conflicto armado interno– descansa solo en las concepciones conformistas de su actual dirección nacional, compuesta en más del 60% por miembros de la federación de educadores, Fecode, la más grande del país. El conjunto del sindicalismo latinoamericano es presa de las concepciones reformistas y burocráticas que predica la Confederación Sindical Internacional (CSI) y, para “las Américas”, su filial CSA, a la cual adhirieron todas las formaciones sindicales colombianas. El lema de la CSI no es contribuir a la transformación del mundo de la esclavitud asalariada sino aprender a soportarlo con el menor dolor posible, mediante el “trabajo digno” y la defensa de la empresa capitalista que nos da de comer.

Como esa es una quimera ideológica mil veces derrotada por la historia, las cuentas del reformismo sindical no cuadran: los centenares de miles de asalariados colombianos organizados siguen descontentos con su suerte y con motivo de los dos convenios laborales suscritos este año con el gobierno nacional por la CUT, la CTC y la CGT, que reconocieron ridículas mejoras para sus afiliados, el descontento se desbordó y se hizo explícito en las elecciones para renovación de cuerpos nacionales de la CUT y Fecode, cumplidas el 6 de junio pasado.

El economista Alfonso Conde1 dijo de tal convenio: “Los medios califican de ‘histórico’ el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y los sindicatos estatales acompañados por las confederaciones sindicales. Un reajuste del 1% real (3,44% nominal) sobre el salario para 2013 y otro similar para el 2014 fue la decisión adoptada. ¡Y, aunque usted no lo crea, fue un acuerdo!”. Conde hace referencia a los avances logrados por los trabajadores del café, el cacao y el carbón en semanas anteriores y agrega: “La CUT y las otras organizaciones de los trabajadores requieren un cambio de dirección: es decir, se requiere un cambio de sus políticas y de sus dirigentes para lograr el objetivo de defender los derechos y los reales intereses de la clase trabajadora. Se requiere que los trabajadores, los explotados, cuenten con dirigentes que no se coman el cuento de la posibilidad de conciliar intereses contrapuestos; que estén seguros de aquello que parece evidente: entre sectores que se reparten la torta de la riqueza el beneficio de uno significa el perjuicio del otro”.

Conde, de todas maneras, depositó esperanzas de cambio: “Se trata de una confrontación de intereses colectivos y ello se define con la evidencia de la decisión, con la fuerza de la movilización. Se aproxima la elección de nueva dirección para la CUT y la Fecode; será un momento propicio para corregir”.

El PC, pues, que junto con la direcciones del PDA, de la CUT y de Fecode mantuvo silencio absoluto frente al “carrusel de la contratación” de la alcaldía bogotana, ha comenzado a zafarse de sus ominosos compromisos, así haya sido a destiempo.

Alfonso Velásquez, ex trabajador de la fenecida fábrica de calzado Croydon y miembro del ejecutivo nacional de la CUT y del comité central del PC, es uno de los dos únicos representantes de la rama industrial que quedaban en la dirección ejecutiva de la central y sus revelaciones sobre la elección del nuevo cuerpo son muy graves.2 “Al parecer –escribe en Voz–, llegaron 268.000 tarjetones marcados válidos, de los cuales 31.815 fueron en blanco, y por las 37 listas inscritas [llegaron] 236.191. Aún no se conoce con exactitud la actividad en las regiones y siguen llegando, a la fecha de escribir esta nota, informaciones que ya no toma en cuenta el tribunal nacional electoral por estar fuera del tiempo. El tribunal nacional hizo dos anotaciones muy importantes: 1. Que la llave del sitio donde se encontraba la documentación allegada fue pedida por el presidente saliente, Domingo Tovar, por un lapso de tiempo que ha incrementado la sospecha de los malos manejos dados al proceso. 2. Y que deja en manos del comité ejecutivo saliente la decisión de solicitar a la Registraduría un examen grafológico, pues su facultad es limitada y no tiene la capacitación para hacerlo. Solo esas dos notas ponen de presente que los integrantes del Tribunal Nacional y de varias regiones fueron objeto de múltiples presiones por parte de participantes y de fuerzas político-sindicales que se mueven al interior de la central”.

Velásquez sostiene que hubo suplantación de firmas y que la situación puede dar lugar a reclamaciones y demandas penales. “En una urna se encuentran más de mil tarjetones marcados por tres letras con firmas prácticamente iguales, y marcaron a un solo candidato a nivel regional y nacional (sic). Los presuntos votantes se ‘desplazaron’ desde todo el departamento, no obstante varias personas han manifestado por escrito no militar en ese sindicato ni conocer a persona alguna de los que apoyó. Es más, ni siquiera tenían información de que el 7 de junio había una elección […] De Antioquia enviaron la votación física después de varios días, pero dentro de los términos [previstos] enviaron vía correo los resultados que […] al estar ‘por fuera del tiempo’ el tribunal no los tabuló”.

En resumen, el dirigente hace este balance: “según aproximación de reciente ‘censo’, la CUT cuenta con 535.000 afiliados, de los cuales estaban habilitados para votar 466.000 […] y el total de [votos] válidos no es ni siquiera la mitad del total de afiliados. La votación en blanco y los anulados, cuyo dato hace falta, ponen de presente que existe una enorme insatisfacción por la conducción de la organización y un componente de corrupción e incredulidad impresionante”.

¿División antes de la unidad?

Lo más delicado del descontento es que Velásquez plantea la posibilidad de que, en caso de persistir esa situación, una parte del sindicalismo optaría por hacer cama aparte. Pero, ¿una nueva división de los trabajadores cuando está en marcha un proceso de unidad de las fuerzas progresistas afianzado en los resultados de la negociación final de la paz? La idea no parece convincente, así la mayoría que domina en la CUT haya aprobado la expulsión de los comunistas del Polo Democrático, sea ajena a las negociaciones que se adelantan en La Habana y crea que el apoyo político dado por la central a la UP fue el factor que provocó la victimización de la organización sindical.

La izquierda sindical debería mirar las cosas con menos rabia y más reconocimiento de su flaqueza política ante las ofertas burocráticas y la tolerancia de la corrupción. La verdad es que desde hace rato la CUT ha reducido su atención casi exclusivamente al sector público, el más extenso en sus filas pero no el más decisivo en la vida nacional. A diferencia de sus pares de la AFL-CIO, que apoyaron abiertamente a los jóvenes norteamericanos que en el otoño de 2011 condujeron los formidables acciones de “¡Ocupar Wall Street!”, nuestros ejecutivos criollos no aparecen en los conflictos laborales y sociales que soportan el campesinado y los asalariados del petróleo, el carbón, el oro, la palma, la caña de azúcar, la floricultura, los transportadores. La insatisfacción de los sectores más nítidamente clasistas que operan en el seno de la CUT –por ejemplo, en las organizaciones del petróleo, el carbón y el resto de la minería, así como en la salud pública y la agroindustria– viene expresándose desde hace años y el fin del conflicto armado fortalecerá todavía más esa tendencia, porque ella desarmará muchos dispositivos de represión latifundista y de gran empresa agraria creados al amparo de la violencia contra el campesinado.

Si cesa la guerra, las grandes empresas agroindustriales nacidas al amparo del despojo campesino y el fraude al Estado encararán a un movimiento campesino y un sindicalismo agrario notablemente politizados y educados en esta era de las comunicaciones instantáneas, desconocida en los años 70 y 80. Conocerá que en la provincia operan comunicadores sociales e intérpretes permanentes de la vida nacional e internacional que no han ido a la escuela, junto a otros que cursan en universidades. En condiciones de paz será más difícil entorpecer la acción sindical en el petróleo y la minería, que terminará por llegar a los socavones y a las plantaciones agrícolas que tienen trazado su camino para esquilmar las riquezas naturales del país en el curso de los próximos treinta o cincuenta años, y donde hoy los derechos laborales son desconocidos.

Ahora bien, lo más probable es que la actual situación política de la CUT persista por más tiempo, porque el amparo político y financiero que promueve el conformismo de las filas laborales, representado por la CSI y la CSA, no va a ceder.

Eric Hobswaum, el gran historiador marxista muerto el año pasado, había conceptuado que el conjunto de la izquierda europea estaba en crisis y que “Todas las variantes de la izquierda precisan del Estado”. Ese criterio, según los estudiosos modernos, se extiende al mundo latinoamericano y no solo a México, Argentina y Colombia. El sociólogo uruguayo Raúl Zibechi3 escribía en septiembre de 2012 que “En el caso de los movimientos, la situación es doblemente grave: no solo retroceden sino que se mimetizan con el Estado”, a tal punto que “surge un problema de identificación, quiénes pertenecen a los movimientos y quiénes al Estado”. En el nuevo escenario “se registra una desaparición casi completa de la formación política”. La formación que sobrevive es de carácter instrumental, “una formación para enseñar a moverse dentro de las burocracias públicas”.

Zibechi estima que la formación crítica de la izquierda desapareció, a tal punto, “que finalizó la era en que los movimientos eran fuerzas de contestación desde abajo, mientras sus dirigentes se convirtieron en cuadros técnicos […] El movimiento acaba profesionalizando a una persona en la política pública, y el Estado contrata mano de obra calificada por el movimiento”.

Las instrucciones que salen de la CSA son bien claras. En septiembre de 2010 la Escuela Nacional Sindical dio a conocer el texto de una “Autorreforma sindical de las Américas”, promovida por la Secretaría General de la CSA, y entre sus cláusulas aparecen estas perlas: “se requiere una revisión de las estructuras para que se adecuen a los principios y a los objetivos de la lucha, permitiendo mayor cobertura y expresión de la diversidad. Se considera que la negociación colectiva es la principal acción sindical y por ello elemento clave de la Autorreforma”. Nada, pues, de protestas públicas y huelgas, además de que en la organización sindical hay que “incluir a los trabajadores tercerizados”, y no precisamente luchar por acabar con esa forma insultante de esclavitud asalariada que reina hoy en el mundo.

Edición N° 00361 – Semana del 26 de Julio al 1º de Agosto de 2013

1 Voz, mayo 29, 2013, p. 5.

2 Voz, julio 10, 2013, 7.

3 “Brasil: El pragmatismo abrió las puertas a los pentecostales”, septiembre 24, 2012.

 
 
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