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La minería le sacó la piedra a Piedras – Tolima

  Rafael Colmenares
  Miembro de Unión Libre Ambiental
   
 

El domingo pasado, 2971 ciudadanos y ciudadanas le dijeron NO a las “actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera en gran escala” y solo 24 estuvieron a favor de dichas actividades.

El hecho constituye la primera confrontación entre la locomotora minera que impulsa el gobierno Santos, heredada de su antecesor Uribe, y la voluntad popular. La decisión afecta los intereses de la Anglo Gold Ashanti, que pretende realizar la lixiviación o lavado del material extraído en la proyectada mina a cielo abierto de La Colosa, en el territorio de PIedras. Para ello transportaría desde Cajamarca, donde se ubica la mina, a predios de Piedras el material extraído. Esta operación implicaría el uso de ingentes cantidades de agua del río Opia que surte el acueducto de la cabecera municipal y los veredales, la generación de enormes volúmenes de lodos1 y la contaminación del agua utilizada en el proceso. La voz del pueblo ha sonado clara: NO quiere que su territorio sea sacrificado a las conveniencias de la transnacional.

El problema que surge ahora es qué prevalecerá: el querer ciudadano o una legislación hecha a medida de los grandes mineros.

El alto gobierno por boca del Ministro de Minas recordó que solo las autoridades nacionales pueden excluir territorios de la minería y que esta es una actividad de “interés público y social”. El Minambiente salió con una de sus típicas evasivas y la Procuraduría General de la Nación se precipitó a amenazar al Concejo Municipal y al Alcalde de Piedras con violación del Código Disciplinario si expiden un Acuerdo o cualquier otra medida que valide el resultado de la consulta popular. Llama la atención que el pronunciamiento de la Procuraduría fuera hecho como resultado de la solicitud de acompañamiento al proceso de consulta que le  formulara un alto funcionario de la Anglo Gold Ashanti.

Lo cierto es que la consulta fue realizada con el cumplimiento de todos los requisitos legales que se exigen en la Ley 134 de 1994, la cual reglamenta el ejercicio de los mecanismos de participación, incluido el aval del Tribunal Administrativo del Tolima. De acuerdo con la misma Ley el resultado de la consulta es obligatorio y debe ser formalizado a través de un Acuerdo del Concejo Municipal o en su defecto por Decreto expedido por el Alcalde. De ahí la trascendencia de la advertencia hecha por la Procuraduría.

De desestimarse, diluirse o anularse el inequívoco veredicto popular los mecanismos de participación quedarían una vez más burlados como ocurrió hace tres años con el referendo por el derecho humano al agua cuya convocatoria fue negada por las mayorías parlamentarias del uribismo. ¿Es posible construir paz y reconstruir la confianza en el Estado desconociendo de manera tan rampante el querer del pueblo?

En este sentido deben destacarse las voces que desde el Congreso de la República han llamado a respetarlo. Entre ellas las de la oposición pero también las de varios parlamentarios liberales.

Por otra parte el hecho pone de presente la gran resistencia que genera la locomotora minera y coincide con el paro de los pequeños y medianos mineros, cuya maquinaria es incinerada, sin fórmula de juicio, al tiempo que el Gobierno adecua la legislación a los intereses de las transnacionales. Un ejemplo de ello es el Decreto 934 de 2013, recientemente expedido, en el cual se prohíbe a los municipios regular la minería a través de los POT o EOT y por consiguiente les impide excluir total o parcialmente su territorio de esta actividad.

El complejo panorama de la locomotora minera y los efectos destructivos de la minería, particularmente de la que se realiza en gran escala, los abusos y el cinismo de las transnacionales que la ejercen, hacen válida la petición del Senador Guillermo Santos, presidente de la Comisión Séptima del Senado de realizar un gran debate nacional sobre el impacto de la minería en la calidad de vida de los colombianos. A partir de dicho debate se debería someter a la decisión de la ciudadanía una actividad que causa innegables estragos, que ningún ingreso por considerable que sea puede compensar, como lo ha puesto de presente el reciente estudio de la Contraloría General de la Nación2.

Entre tanto avanza la iniciativa de moratoria minera que impulsan varias organizaciones sociales y ambientales y que va llegando a las 15.000 firmas. Dicha iniciativa propone revisar a fondo la forma como son expedidos los títulos mineros y las licencias ambientales, dar participación real a la sociedad civil en dicha revisión, respetar la autonomía municipal y de los grupos étnicos y eliminar el carácter de utilidad pública y social otorgado inexplicablemente a la minería entre otras propuestas de indudable actualidad3.

Edición N° 00362 – Semana 2 al 8 de Agosto de 2013

1 Véase la entrevista a Luis Carlos Hernández de Ecoterra en El Tiempo.com de 29 de Julio pasado. Ecoterra fue una de las organizaciones sociales promotoras de la consulta popular.

2 El estudio del ente de control fue presentado hace tres meses y se denomina: “Minería en Colombia – Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Fue dirigido por Luis Jorge Garay con participación de varios expertos entre ellos el geólogo Julio Fierro y el economista Guillermo Rudas.

3 Los doce puntos de la iniciativa de moratoria minera se encuentran en www.moratoriaminera.org y allí mismo se puede firmar.

 
 
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