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La discusión de la paz: el proceso más importante de la década

  Nelson Camilo Sánchez
  Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia / @Ncamil0sanchez
   
 

“No exageró cuando digo que estamos frente al proceso de constitucionalidad más importante de la década”. Así inició el Presidente Juan Manuel Santos su presentación en la audiencia convocada hace unas semanas por la Corte Constitucional para discutir la constitucionalidad de la pieza más importante de la “estrategia integral de paz” del gobierno: el marco jurídico para la paz.

La relevancia del tema va más allá de las palabras del discurso. Santos mostró cuánto le importa esta decisión asistiendo él mismo a la audiencia (algo no muy común) y aprovechando la oportunidad para respaldar públicamente el Informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica (algo no menor) y para reconocer públicamente que las fuerzas del Estado han tenido responsabilidad en parte de esas violaciones (claro, muy a su modo, bajo la teoría de que fueron unas pocas manzanas podridas).

Una audiencia con muchas posiciones contradictorias, pero algunos consensos

La importancia que Santos le da al proceso en la Corte no es errada. En este proceso la Corte resolverá una de las preguntas jurídicas más difíciles de la negociación con las guerrillas: ¿Está Colombia obligada a investigar y sancionar judicialmente todas las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado y responsabilizar y sancionar a todas las personas que estuvieron involucradas en las mismas? Es decir, la pregunta es si puede o no declararse amnistía parcial y condicionada a determinados delitos o combatientes para asegurar la paz negociada.

Para la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – la organización que presentó la demanda – la respuesta es negativa. Por esto opina que el Marco para la Paz constituye una medida de amnistía prohibida pues permite al Congreso erigir una ley estatutaria que concentre la acción penal solamente en los “máximos responsables” de los crímenes graves cometidos de manera “sistemática”. A juicio de la CCJ, esto vulnera uno de los pilares más importantes de la Constitución de 1991 (los derechos de las víctimas y la lucha contra impunidad). En consecuencia,  en el Marco Legal para la Paz no solo reformó la Constitución, sino que la sustituyó en uno de sus principios fundamentales.

Para el gobierno, impulsor en el Congreso de la reforma constitucional que terminó constituyéndose en el Marco Jurídico para la Paz, la sociedad colombiana le debe apostar a una visión holística de la justicia transicional en donde se busque garantizar los derechos de todas las víctimas (mediante distintas medidas), pero a la vez tener en cuenta las enormes dificultades a las que se enfrenta un Estado a la terminación de un conflicto armado. Sobre todo cuando la posibilidad de cese de este conflicto se da por vía de negociación con grupos armados en donde la consecución de la paz puede tener fricciones con una idea robusta de justicia penal y castigo.

Por ello, la fórmula propuesta por el gobierno incluye: 1) Adoptar una serie de medidas de justicia transicional en donde la acción penal sea parte de una política más amplia que incluya reparaciones, y verdad por vías extrajudiciales; 2) Concentrar la investigación penal en los patrones de violencia e investigar estos para determinar responsabilidades por grupo y esclarecer así los factores comunes de las violaciones; 3) Responsabilizar y sancionar a quienes tuvieron mayor responsabilidad en la planeación o ejecución de estos patrones de violación, es decir, a quienes sean considerados como máximos responsables de las violaciones.

En la intervención que presentamos ante la Corte con algunos colegas de Dejusticia, coincidimos con algunos de los postulados de la demanda, pero nos separamos de otros. En primer lugar, estamos de acuerdo con la demanda en que existe un deber constitucional e internacional en cabeza del Estado colombiano de investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario. En segundo lugar, coincidimos en la demanda en que si el Congreso reforma la Constitución para suprimir ese principio estaría minando uno de los principios fundamentales de nuestro orden constitucional.

Sin embargo, disentimos en la aplicación concreta de este principio. Si bien el deber de investigación y sanción de graves violaciones es un valor constitucional importante, no es el único. Por tanto, si este principio entra en contradicción con otro valor constitucional debería ser ponderado. En este caso, es evidente que el deber de investigar y sancionar entra en contradicción con el valor de la paz negociada y, por tanto, la decisión debe tener en cuenta cada uno de estos dos importantes deberes del Estado.

Si de manera desproporcionada se diera primacía a la paz sobre los derechos de las víctimas podría considerarse que la Constitución ha sido sustituida, como sostiene la demanda. No obstante, como el marco para la paz no concreta aun las medidas, a nuestro juicio, es imposible hoy en día determinar si esto ocurrirá. Por ello consideramos que la Corte debería dar vía libre al marco para la paz y deberíamos concentrarnos en la discusión de la ley estatutaria que reglamentará de manera concreta los mecanismos a ser adoptados.

En la audiencia se escucharon voces defendiendo éstas y otras posiciones. En general fue una discusión de muy alto nivel, lo cual es importante para nuestra democracia. Y más importante aún fue el hecho de que a pesar de los disensos, al menos en dos puntos hubo aparente acuerdo: en la conveniencia de la búsqueda de una paz negociada, y en que la paz no puede alcanzarse a cualquier costo y que los derechos de las víctimas deben ser siempre tenidos en cuenta.

La discusión en la Corte

La audiencia de la semana pasada fue uno de los últimos pasos de la Corte antes de llegar a su decisión (al menos en este caso, pues hace unos días se hizo público de otra demanda, presentada por Rafael Guarín, que tendría que ser estudiada a parte por la Corte).  Desde esta semana, la sala plena de la Corte se ha reunido para concertar su posición y emitir la decisión final.

En lo que ya se convierte en una muy lamentable práctica de esta Corte, un supuesto borrador de la ponencia de la sentencia (es decir, la propuesta de sentencia que se encarga al magistrado encargado del caso para que la presente a sus colegas) ha sido circulado en los medios de comunicación. En esta propuesta se opta por una salida intermedia en donde se declara que las normas demandas por la CCJ no son violatorias de la Constitución si se leen con un sentido específico. Es decir, el borrador propone condicionar la interpretación de la norma de acuerdo con unos lineamientos que dará la propia Corte.

Este tipo de decisiones son comunes en la Corte, especialmente en temas complejos como este. De hecho, eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional en su decisión sobre la constitucionalidad general de la Ley de Justicia y Paz: mantuvo el grueso de la Ley, pero interpretó ciertas normas para garantizar que la implementación de la Ley no se desviara de los criterios constitucionales.

Sin embargo, la argumentación que hace el borrador para llegar a esta conclusión es muy confusa. La ponencia acoge la tesis de la justicia transicional holística y señala la importancia de que existan múltiples mecanismos para la satisfacción de los derechos de las víctimas y concuerda con los demandantes en que los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad es un principio cardinal de la Constitución que si se vulnera se atenta contra la propia Carta Política.

Pero, discrepa con ellos, pues sostiene que la concentración de la investigación y juzgamiento de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en los “máximos responsables” no vulnera los derechos de las víctimas. Por el contrario, opina que puede ser una forma más eficiente de investigar los procesos de macrocriminalidad que ocurrieron en el conflicto.

Por eso propone dar vía libre al marco jurídico, pero bajo el entendido de que se permitirá que la investigación se concentre en los máximos responsables, siempre y cuando la ley estatutaria obligue a que se seleccionen todos los casos de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio sistemáticos.

Esta propuesta que parece tomar todas las posiciones y darle a cada uno un poco de razón es, sin embargo, muy contradictoria. Para ponerlo en términos sencillos, los demandantes están en desacuerdo con la selección de casos; la ponencia dice que sí se pueden seleccionar casos, siempre y cuando todos los casos sean seleccionados. Pero eso, por principio, no es selección. Es dejar las cosas como estaban. De hecho, para hacer lo que la ponencia pide no era necesario modificar la Constitución. Es lo que actualmente está haciendo la Fiscalía con su proceso de priorización de casos, de los cuales ya anunció hace unos días que seguiría acciones penales contra algo más de 250 guerrilleros y paramilitares incluidos en el proceso de Justicia y Paz.

Sin lugar a dudas, el pleno de la Corte discutirá a fondo las consecuencias de una salida como esta. Todo parece indicar que la Corte avalará el marco para la paz. La pregunta es bajo qué condicionamientos. Ese parece haber sido la lectura del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien en su intervención le sugirió a la Corte que evitara condicionar la sentencia de manera tal que el Congreso no tuviera  marco de maniobra a la hora de concretar las medidas en la Ley Estatutaria.

Mientras se da a conocer la sentencia la polémica sigue encendida. Ya las Farc hicieron público un confuso comunicado en donde rechazan el marco para la paz por considerarlo una medida unilateral del Estado que no les fue consultada. El comunicado da muestras de lo poco que entienden las Farc el significado del concepto de la justicia transicional y de los límites jurídicos actuales a los procesos de paz.

“El proceso hubiera sido muy distinto si hubiera sido hecho en los años 90” señaló con razón Santos en su intervención. Y no solo porque los condicionamientos jurídicos a los que ahora están sometidos los procesos de paz. De haberse dado en los 90s de cuántas barbaries y heridas nos hubiéramos librado. Esperemos que la decisión de la Corte nos ayude a no perder una nueva oportunidad para dar fin a este conflicto.

Edición N° 00363 – Semana del 9 al 15 de Agosto de 2013
 
 
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