Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Tres años de política laboral: mucho tilín tilín y nada de paletas

  Agencia de Información Laboral
  Escuela Nacional Sindical
   
 

1. Subsiste el déficit de Trabajo Decente

Afirmaba el presidente Santos el pasado 2 de agosto, que “Colombia ha sido el país que más empleo ha creado de toda América Latina en estos últimos tres años”1. Esto puede ser cierto sólo en relación con algunos de los indicadores del mercado de trabajo, como la tasa de ocupación y la tasa de desempleo, que efectivamente registraron avances. Sin embargo, habría que preguntarse, qué tanto estos avances son el resultado de políticas activas implementadas desde el Gobierno con el objetivo de generar nuevos empleos, y cuál es la calidad del empleo que se ha generado en estos tres años.

Respecto de la primera pregunta, podemos encontrar respuestas en los datos acerca de la evolución del empleo en algunas de las “locomotoras” que el gobierno seleccionó para impulsar el desarrollo económico. En la agricultura por ejemplo, en estos tres años se perdieron 149 mil empleos, (datos correspondientes al trimestre móvil abril/junio de cada año); la minería apenas generó 5 mil empleos, con respecto a 2010, pero perdió 42 mil en el último año; y la construcción, que responde tanto a las inversiones del sector privado, como a las del gobierno, (infraestructura y vivienda gratis), incrementó la población ocupada en 176 mil personas con respecto a 2010, pero perdió 75 empleos en el último año.

En el crecimiento de la población ocupada, el sector que mayor número de empleos aportó en estos tres años fue el de comercio, hoteles y restaurantes, con el 35.8% del total, un sector con una tasa de informalidad altísima, 78%, sector que para muchas personas desempleadas se convierte en la única alternativa cuando se agotan las de encontrar un empleo en condiciones de trabajo decente. Este resultado lo confirma el dato sobre el crecimiento que presentó en estos tres años el empleo por cuenta propia, 35.7%, esta última categoría con una tasa de informalidad superior al 80%, y en la que las actividades del rebusque, sin ingresos fijos y sin protección social, son las características dominantes.

Sobre la calidad del empleo que se ha generado en estos tres años, los mejores indicadores tienen relación con el trabajo en la economía formal y con la protección social.

Respecto del trabajo informal, el último informe del DANE (marzo/mayo de 2013)2, indicaba que el 49.5% del total de la población ocupada en las 13 áreas se encontraba en estas condición, con variaciones que no son significativas con respecto a los años anteriores: 51.4% en 2010, 50.8% en el 2011, y 50.6% en 2012.

El DANE mide la informalidad en establecimientos de hasta de 5 trabajadores, incluyendo los trabajadores por cuenta propia y excluyendo a los profesionales. Esta metodología, aunque aceptada internacionalmente, tiene varios problemas: se refiere sólo a la población trabajadora de 13 ciudades, en las que se haya menos de la mitad, el 47.2%, de la población ocupada; deja de lado las condiciones de trabajo informal que puedan haber en unidades de trabajo con más de 5 trabajadores, en las que también hay trabajo informal; y excluye medir el trabajo informal en actividades como la agricultura y la minería, actividades que son marginales en cada una de las 13 ciudades donde el DANE aplica su encuesta.

Tabla 1. Población ocupada por ramas y niveles de trabajo informal

Rama de actividad

Tasa de informalidad IV trimestre 2012%

13 áreas

Total nacional

Ocupados total nacional 

51.2

68,0 %

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

54.0

91.0

Construcción 

58.9

73.4

Explotación de minas y canteras 

10.0

59.4

Suministro de electricidad Gas y Agua  

1.7

15.1

Industria manufacturera  

41.5

62.3

Comercio, hoteles, restaurantes 

68.1

78.4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

61.2

66.3

Intermediación financiera 

12.2

15.8

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

37.2

47.5

Servicios comunales, sociales y personales

40.6

46.8

Fuente: DANE. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo Ramas de actividad: CIIU Revisión 3

Recientemente, el Ministerio del Trabajo realizó un seminario sobre trabajo informal3, en el que informó que el nivel promedio de informalidad en Colombia es del 68%. Este dato se refiere a la protección social, (salud, riesgos y pensiones), un componente esencial de la calidad del empleo y del trabajo decente, para lo cual el Ministerio del Trabajo dispone de la información consignada en la Planilla única de Liquidación de Aportes (PILA), que registra el pago de las cotizaciones patronales a la seguridad social.

Como se puede deducir del cuadro anterior, las condiciones laborales de la población trabajadora no son para nada las mejores, y en estos tres años del gobierno de la “prosperidad democrática”, prácticamente no ha habido ninguna mejora sustancial, menos como consecuencia de política activas del gobierno.

Este resultado lo ratifica el dato de la evolución de los afiliados cotizantes al sistema pensional, que mostramos en el cuadro 2:

Cuadro 2. Población ocupada y afiliados cotizantes sistema pensional

Año

Población ocupada

Cotizantes pensiones*

%

Mayo 2010

19.014.000

5.825.862

30,6

Mayo 2011

19.839.000

6.085.156

30,7

Mayo 2012

20.807.000

6.209.845

29,8

Mayo 2013

21.284.000

6.182.023

29,0

*Régimen de prima media y Fondos privados de pensiones
Fuente: DANE, SUPERFINANCIERA

Como se aprecia en el cuadro 2, antes que avanzar en protección social, estamos retrocediendo, al menos en relación con uno de sus componentes fundamentales, aquel que nos asegure que vamos a contar con un ingreso que nos asegure una vejez digna. En los años del actual gobierno, si bien la población ocupada se incrementó en un millón, 859 mil personas,  los afiliados cotizantes a pensiones a penas lo hicieron en 356 mil, 161, o lo que es lo mismo, por cada 5 nuevos ocupados, apenas 1.2 lo hicieron en condiciones de trabajo decente.

2. En materia de ingresos laborales tampoco hay progresos

En materia de ingresos la situación tampoco ha mejorado. El DANE publica todos los años los datos sobre ingresos de la población trabajadora colombiana, los que aparecen en el cuadro que sigue:

Cuadro 3. Ingresos laborales población ocupada (%)

 

Total

DE 0 A MENOS DE
1 S.M.

DE 1 A MENOS
DE 2 SM

DE 2 A MENOS DE 4SM

2010

100

50,5

34,8

9,9

2011

100

49,2

35,3

10,5

2012

100

 

Entre 1 y menos 1.5 SM

1.5 SM y en adelante

55.1

22.7

22.2

Fuente: DANE, Encuesta Integrada de hogares.

Como lo indican los datos del cuadro 3, en el último año, la población trabajadora que debe sobrevivir con un ingreso inferior al salario mínimo legal, antes que disminuir, aumentó 4.6 pp, lo que es muy grave, pues un resultado como éste, en un contexto de crecimiento de la economía del 4.8% promedio en estos tres años, lo que indica es que no se pusieron en práctica políticas públicas que permitieran una mejor distribución del ingreso, y que, al contrario, este mayor crecimiento favoreció a pocos.

Este resultado es consecuencia, entre otros, del poco sindicalismo que tenemos en el país. Como está demostrado por la experiencia internacional, las sociedades que tienen una fuerte implantación del sindicalismo y de la negociación colectiva, son sociedades en las que el Estado social es una realidad, y no una promesa como en el caso colombiano; son sociedades además con un coeficiente de GINI que expresa una mejor distribución del ingreso y una mayor democracia social y económica (cuadro 4).

Cuadro 4. Cobertura de negociación colectiva de países selectos de la OCDE 1990 y 2009

País

GINI

1990 (%)

2009 (%)

Nivel principal de negociación

Colombia

0.56

6.5

5.3

Empresa

Finlandia        

0.26

95

90

Industria (Nacional)

Alemania        

0.20

90

63

Industria

Francia           

0.28

92

95

Industria (Empresa)

Japón              

0.25

23

16

Empresa

Holanda          

0.31

72

82

Industria

Noruega          

0.28

76

72

Industria (Nacional)

España            

0.34

68

80

Industria (Nacional)

Suiza              

0.32

53

48

Industria (Empresa)

Gran Bretaña  

0.34

47

35

Empresa

EEUU             

0.35

18

13

Empresa

Suecia             

0.23

83

87*

------------

Fuente:OCDE.

Al contrario, una política como la reciente reforma tributaria, adoptada por el gobierno y su mayoría en el congreso (incluyendo a los uribistas), lo que va a traer como consecuencia es una peor distribución del ingreso, pues ahora todos los colombianos y colombianas vamos a tener que financiar, a través del presupuesto nacional, los aportes que debían hacer los patronos al pago de la salud, del SENA y del ICBF, que correspondía al 13.5% del valor de la nómina mensual, con el agravante que ahora a este sector de la población le rebajaron 8 pp en el impuesto de renta.

3. La libertad sindical en Colombia: algunos progresos, varias tareas pendientes

El gobierno difundió este año en la Conferencia de la OIT un informe titulado: “Progresos de Colombia en aplicación del convenio 87”, donde señala 10 puntos de avances, con los cuales de manera general estamos de acuerdo, sin embargo, dicho informe  no refleja de manera completa la realidad de obstáculos y limitaciones con que se deben enfrentar los trabajadores colombianos al momento de ejercer su derecho humano fundamental a crear y afiliarse a una organización sindical. Y por ello señalamos que en materia del convenio 87, Colombia tiene más tareas pendientes que progresos, que el Estado Colombiano ha recibido múltiples observaciones y recomendaciones de parte de los órganos de control de la OIT, y que en su inmensa estas aún no se han superado.

Nuestros argumentos y datos para sustentar esta afirmación es la siguiente:

3.1 Violencia contra sindicalistas:

Desde el año de 1986 hasta el día de hoy, han sido asesinados 2942 sindicalistas. Si bien viene ocurriendo una disminución en las cifras de asesinatos, estos continúan ocurriendo, y no se puede afirmar que en Colombia la violencia antisindical sea un problema del pasado. En 2012 fueron asesinados 20 sindicalistas, y al menos 431 recibieron amenazas, 49 hechos de hostigamientos, 90 desplazamientos forzados, 20 detenciones arbitrarias, 7 atentados de muerte y 5 desapariciones forzadas entraron a engrosar la lista de violaciones contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas. Entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2013, se han presentado, por lo menos, 77 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas, entre ellos 4 asesinatos, 4 atentados y 60 amenazas.

3.2 Impunidad de los crímenes cometidos contra los sindicalistas

La impunidad no cede. Las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la capacidad de investigación, son muy recientes, y todavía no modifican de manera sustancial las cifras de impunidad. Nuevas metodologías de investigación y de relación con las víctimas aún no se han construido. De los 2942 asesinatos que hemos denunciado desde 1986, la Fiscalía General de la Nación reporta investigaciones en tan solo 769 casos de homicidios. Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 93,41%. Por su parte, el delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,96%. Los delitos de desaparición forzada, lesiones personales (atentados con o sin lesiones), desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 97,42%, 98%, 99,48%, 97%,72% y 97% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de sindicalistas es altísima, promediando el 97,57%.

3.3 Prácticas antisindicales generalizadas

Son muchos y frecuentes los casos en que los esfuerzos de los trabajadores para constituir una organización sindical se ven frustrados por la reacción de las empresas, que impiden, con el uso de diferentes métodos, que dichas organizaciones surjan y se consoliden. En particular, señalamos dos prácticas que vienen afectando de manera grave la creación y el crecimiento de los sindicatos en Colombia, el uso de pactos colectivos y planes de beneficios para debilitar y acabar con la existencia de organizaciones sindicales en empresas del sector privado; y la creación de “falsos sindicatos” para celebrar “contratos sindicales” mediante los cuales se suministra trabajadores a empresas privadas e instituciones públicas.

Destacamos con vehemencia que estos “falsos sindicatos” se están creando para  sustituir las Cooperativas de Trabajo Asociado, y que las cifras son alarmantes, en el año 2012 se firmaron 723 contratos sindicales y se crearon más de 400 falsos sindicatos para deslaboralizar y precarizar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores.

Pero, quizá lo más grave es que la mayoría de los casos de creación de falsos sindicatos y de firma de contratos sindicales, se realiza en entidades públicas del sector salud, sin que el Ministerio del Trabajo ejerza control y vigilancia sobre este uso fraudulento de la libertad sindical. Es el mismo Estado el que fomenta la deslaboralización, la precarización y la desnaturalización de la función de los sindicatos.

3.4 Normas contrarias al convenio 87

El Estado colombiano, en los últimos 10 años, ha sido llamado a evaluación por la comisión de normas en 6 ocasiones, ha recibido una Misión de Alto Nivel en el año 2011 por la grave situación sobre violaciones a libertades sindicales. Además la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han formulado al menos 55 solicitudes para que se tomen medidas legislativas en temas de derechos de asociación, huelga, negociación colectiva, discriminación y precariedad laboral, déficit y poco desarrollo institucional en inspección al trabajo, ausencia de consultas tripartitas y diálogo social, etc.

3.5 Debilidad en el control y sanción a las prácticas antisindicales

Los resultados del Ministerio del Trabajo en materia de protección de la libertad sindical son mínimos, en los últimos cuatro años (2009-2012), se emitieron 165 resoluciones sancionatorias en casos de violación a la libertad sindical, menos del 1% del total de actuaciones y multas que imponen los inspectores de trabajo.

Y en el caso de las investigaciones penales por violación al artículo 200 del Código Penal, la Fiscalía General de la Nación nos señaló en respuesta a un derecho de petición “En lo que se refiere a los casos en los cuales se estén investigando por violación del artículo 200, se indica que, en la actualidad contamos con un total de 74 casos activos y 144 inactivos, sin que se hayan producido sentencias absolutorias ni condenatorias por la violación de la citada norma penal”.

3.6 Empleo y negociación colectiva en el sector público

En Colombia logramos, después de 15 años de haberse ratificado los convenios 151 y 154, que el Estado colombiano regulara la negociación colectiva con la expedición del Decreto 1092/12, y en desarrollo de este, la CUT, la CTC y la CGT y sus federaciones de estatales: Fenaltrase, Fecode, Fenaser, Fecotraservipublicos, Unete y Utradec, presentamos un Pliego Nacional Unificado de Peticiones y llegamos a un acuerdo el pasado 14 de mayo.

La expedición del decreto 1092 y el acuerdo logrado a nivel nacional, son significativos, pero no permiten afirmar que en nuestro país la regulación y la práctica de la libertad sindical para los trabajadores del Estado esté exenta de limitaciones y dificultades.

La regulación establecida en el decreto 1092 de 2012 no establece una verdadera negociación colectiva, y no lo hace porque en última instancia la administración es quien define el conflicto de manera unilateral, y la mayoría de los temas se encuentran excluidos de la negociación. Adicionalmente persisten inmensas limitaciones para el ejercicio de la huelga, que en tantas ocasiones los expertos le han señalado al Estado Colombiano, la última ocasión en el informe de 2013 y que está a consideración de esta comisión.

La realidad del empleo público en nuestro país se caracteriza por el predominio de vinculaciones provisionales, contratos civiles de prestación de servicios, y el uso masivo de figuras de tercerización laboral, son muy pocos los servidores públicos que cuentan con una vinculación estable y con derechos laborales. Situación que impide en la práctica el ejercicio de la libertad sindical para estos trabajadores. Es paradójico que un Estado que pretende ser reconocido como un país en progreso, tenga como práctica generalizada la contratación precaria de sus servidores públicos, incumpliendo con ello sentencias de la Corte Constitucional (C-614 de 2009, y C-171 de 2012) y varias recomendaciones de los órganos de control de la OIT.

En la práctica la negociación colectiva en la inmensa mayoría de las entidades públicas no ha podido llevarse a cabo, cerca de 160 pliegos de peticiones presentados a diferentes entidades públicas, se encuentran atascados por la falta de voluntad política para desarrollar las conversaciones y llegar a acuerdos.

Edición N° 00363 – Semana del 9 al 15 de Agosto de 2013

1 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos al instalar la tercera jornada de rendición de cuentas del Gobierno Nacional 2010 – 2013 Bogotá, 2 agoto de 2013. www.presidencia.gov.co.

2 DANE. OLETÍN DE PRENSA Bogotá, D. C., 8 de febrero de 2013. MEDICIÓN DEL EMPLEO INFORMAL Y SEGURIDAD SOCIAL Trimestre octubre – diciembre de 2012

3 Ministerio del Trabajo. Formalización Laboral:  Avances, retos y experiencias NATALIA ARIZA RAMÍREZ .Directora de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar Bogotá D.C., 13 de marzo de 2013.

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus