Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Caso Riopaila. A don Belisario le gusta le tierra

  José Hilario López Rincón
  Abogado Corporación por la Dignidad Humana
   
 

Se ha conocido en algunos medios de comunicación, a partir de entrevista que hiciera la periodista Cecilia Orozco Tascón a Rafael González Ulloa, accionista de Riopaila Castilla S.A., que los socios y por supuesto la Junta Directiva de esa empresa conocían las particulares y llamativas condiciones bajo las cuales adquirieron 42 mil hectáreas (420 km2) en Vichada. En 2011, a González Ulloa le pareció extraño que esa compra, denominada internamente “Proyecto Veracruz”, estaba conformada por una serie de “subproyectos” que excedían las atribuciones de la Junta Directiva, y sin embargo no fue llevado a la asamblea general de accionistas. En su condición de accionista decidió hacer uso del derecho de inspección que le concede el Código de Comercio.

Que un socio manifieste su inconformidad e impugne un acta de asamblea, no tiene nada de novedoso. Lo escandaloso es que desde mayo de 2011, el gobierno nacional, a través de diferentes instancias fue enterado de la extraña compra: con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia crearon 25 S.A.S. cuyo capital suscrito, de cada una, era de cien mil pesos; los gerentes y demás directivos registrados en documentos eran funcionarios de Riopaila Castilla S.A. Esta les prestó 37 mil millones a las S.A.S. para comprar las 42 mil hectáreas, que a su vez las S.A.S. arrendaron a Riopaila Castilla S.A. durante 30 años. No fue un negocio en el que todos ponen y todos ganan. Fue un negocio de yo con yo.

González Ulloa, puso en conocimiento del INCODER, en esa época bajo la gerencia de Juan Manuel Ospina y desde abril de 2012, de Myriam Villegas Villegas, lo que estaba ocurriendo con la pintoresca compra de tierras por parte de Riopaila Castillas S.A., pero ningún funcionario hizo nada, bajo el socorrido argumento de no ser “el organismo competente” y trasladó la queja a otras entidades del orden nacional, como las Superintendencias Financiera, de Sociedades, de Notariado y Registro, DIAN, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y oficina anticorrupción de la Presidencia. Por lo visto, al día de hoy, sin resultados.

Según el Decreto 1300 de 2003, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, tiene por “objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.

Dice la misma norma, que entre los objetivos del INCODER está “Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra y demás factores productivos, promoviendo diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y sostenible de los mismos”.

Sin embargo, para el INCODER, que una empresa se apropiara por medios truculentos, engañosamente legales, de una extensión que equivale al área de territorios como Curazao (444 km2) Barbados (430 km2), Grenada (344 km2) encuadra entre su objetivo de facilitar a pequeños y medianos productores rurales el acceso a la tierra. Para INCODER y en general para el gobierno nacional, las empresas que están acaparando las tierras ayudan a fortalecer las comunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales.

Para intentar comprender la parsimonia del Gobierno, tal vez ayude saber que la Junta Directiva de Riopaila Castilla S.A. (2013-2014) está compuesta por nueve miembros principales y nueve suplentes, liderada según Rafael González Ulloa, por Mauricio Botero Caicedo, Jorge Enrique González Ulloa (hermano de Rafael) y Belisario Caicedo Capurro.

Mauricio Botero Caicedo, hijo de Douglas Botero Boshell (ministro de Comunicaciones y de Gobierno de Lleras Restrepo; embajador en Estados Unidos de Pastrana Borrero, embajador en Venezuela de López Michelsen), estuvo casado con Carolina Barco Isakson. Según el siguiente vínculo, Botero Caicedo “Nació en Bogotá suficientemente cerca al 9 de abril de 1948 para mantener un respetuoso distanciamiento de las turbas, la pólvora y la guacherna. Descendiente directo de arrieros, empresarios, caucheros y juristas, logró atemperar un precoz afán mercantil con una pasión mal disimulada por el sexo opuesto, Balzac y el salmón ahumado Prueba viviente del fracaso de las instituciones educativas, pasó su cerebro virgen e incólume por nueve colegios y cinco universidades, habiendo renunciado a todos ellos de forma voluntaria, antes del fulminante despido. Columnista de Portafolio y La Nota, descresta a sus lectores no tanto por sus estrafalarias opiniones, sino por el hecho de que estos lectores se preguntan cómo hace para redactar más de una oración completa”. La suplente de Botero Caicedo en la Junta Directiva es su hija Alejandra Botero Barco, nieta del expresidente Virgilio Barco Vargas e hija de Carolina Barco Isakson, embajadora en los Estados Unidos durante el período de Uribe Vélez.

Las denuncias de González Ulloa lo llevaron a confrontar a su propio hermano, Jorge Enrique, al considerar que la “ambición los llevó a esta locura”.

De la Junta Directiva también hacen parte Orlando Cabrales Martínez, exministro de Desarrollo y expresidente de la Refinería de Cartagena, condecorado por la Alcaldía de Cartagena (Judith Pinedo) y quien según dijo Uribe Vélez en ese acto: “El exministro Orlando Cabrales. Lo conocimos como Ministro de Estado, dando pasos que aquí ha mencionado el Ministro (de Minas y Energía) Hernán Martínez, valerosos, como eliminar esos pulpos democráticos y de corrupción que eran las electrificadoras de la Costa. Creo que ha sido uno de los pasos más valerosos en el proceso de reformas administrativas de Colombia”.

Cabrales Martínez, es el padre de Orlando Cabrales Segovia, actual viceministro de Energía.

También hace parte de la Junta Directiva, Luis Fernando Ramírez Acuña, exministro de Trabajo (1992-1994) y de Defensa (1999-2001).

Así mismo, conforma la Junta Directiva, Belisario Caicedo Capurro, quien para 1999 era dueño del 2,2 por ciento de las acciones de Riopaila S.A. y del 2 por ciento de Central Castilla S.A.; para esos días lideró los socios minoritarios para oponerse al reparto de dividendos, circunstancia irrelevante.

Lo llamativo de don Belisario es que pareciera que le gusta la tierra. En 1996 el Juzgado 2º Civil del Circuito de Palmira dictó sentencia dentro del proceso posesorio que los Bancos Popular, Cafetero y Mercantil de Colombia, entablaron en su contra. Según el juzgado, los demandantes “no pueden ser despojados ni perturbados por el demandado en su posesión, e intimó a éste para que se abstenga de perturbarla”.

Los bancos alegaban que el demandado Caicedo Capurro pretendía despojarlos de la posesión que ejercen sobre tierras que se describen en la demanda y sobre “un partidor automático para caballos”. Esos bienes fueron adquiridos por los bancos de manos de Hipódromo del Valle S.A. quien advirtió que algunas áreas estaban bajo tenencia de algunas personas. Una vez finalizó la tenencia, los ocupantes restituyeron las áreas que ocupaban, a excepción de don Belisario, que le gusta la tierra.

Inconforme con el fallo, don Belisario apeló y luego acudió ante la propia Corte Suprema de Justicia, en recurso de revisión. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en junio de 1997 le dio nuevamente la razón a los bancos: el predio objeto del litigio, es el mismo en el cual funcionó hasta 1984 el Hipódromo del Valle, cuya extensión es de 80 hectáreas más 9 mil metros cuadrados.

Y mediante sentencia del 21 de julio de 2000, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Manuel Ardila Velásquez, Expediente 7718, resolvió ponerle fin al asunto al declarar infundado el recurso de revisión.

Por los anteriores hechos, don Belisario fue investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de usurpación de tierras, invasión de tierras y edificios y perturbación de la posesión; mediante resolución de febrero de 1999 precluyó la investigación.

Don Belisario quedó con el sinsabor de no haber podido despojar de las 80 hectáreas a los bancos, pero ahora, con malabares y contorsiones jurídicas, contribuyó como miembro de la Junta Directiva, para que Riopaila Castilla S.A., se alzara con 42 mil hectáreas en Vichada. Definitivamente es que a don Belisario le gusta la tierra.

Como reflexión final y de acuerdo con lo anterior, Riopaila Castilla S.A. es claro ejemplo de la estructura del capitalismo, de cómo el Estado es su expresión organizativa, fundamentada en la economía de mercado (sustentada en la propiedad privada). Estado y grupos económicos se funden en defensa de sus propios intereses; por eso es habitual que los “gobernantes” provengan de los grupos económicos y que las Juntas Directivas estén conformadas por ex gobernantes. Aunque a veces se confunden y se les olvida en dónde están sentados: en Junta Directiva o en Consejo de Ministros. Y en unas y otros, los cargos se transmiten por vía hereditaria, como en cualquier monarquía con ínfulas de democracia.

Edición N° 00363 – Semana del 9 al 15 de Agosto de 2013
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus