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A propósito de la Consulta popular
en el municipio de Piedras (Tolima)

  Carlos Rodríguez Mejía*
  Defensor de Derechos Humanos. Profesor de la Facultad
de Derechos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
   
 

¿Dónde queda la voluntad popular?

El Alcalde de Piedras, Municipio del Departamento del Tolima, mediante decreto 095 del 9 de julio de 20131 convocó al pueblo de su ciudad a una consulta popular para responder la siguiente pregunta:

“Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras Tolima que se realice en nuestra jurisdicción , actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/0 limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio”.

La Alcaldía siguió todos los pasos previstos en la ley 134 de 1994 y consultó al Concejo Municipal, sometió la pregunta a revisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tolima, de los cuales obtuvo respuestas positivas para continuar con el proceso y, finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que la consulta era viable y fijó la fecha del 28 de julio para realizarla, bajo su supervisión, en tanto máxima autoridad en materia electoral.

Con estos antecedentes se efectuó el ejerció y el resultado fue, según comunicado oficial de la Registraduría2, el siguiente:

Resultados del escrutinio de la consulta sobre exploración minera en el municipio de Piedras, Tolima
28 de julio de 2013

Concepto

Total votos

Censo Electoral

5.105

Votos por el “no”

2.971

Votos por el “si”

24

Total votos por respuesta

2.995

Votos nulos

2

Tarjetas no marcadas

10

Total votos

3.007

Y concluyó la Registraduría:

La decisión tomada por los habitantes del municipio de Piedras, Tolima, será obligatoria, de acuerdo con lo establecido por la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, que en el artículo 55 señala: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.

Frente a esta decisión se han levantado voces, especialmente provenientes de la empresa minera AngloGold Ashanti y de la directora de la Agencia Nacional de Minería.
La multinacional, cuyo proyecto de explotación minera en el municipio había sido avalado por la Agencia Nacional de minería, consideró que la pregunta era inválida porque inducía la respuesta3 y la Agencia Estatal expresó4:

La presidenta de la ANM, María Constanza García, señaló que se hará un estudio muy cuidadoso de la decisión, para verificar su pertinencia jurídica y preservar el ordenamiento constitucional y legal.

Recordó que una sentencia de la Corte Constitucional define de forma expresa que la decisión de establecer zonas excluidas de la minería les compete exclusivamente a las autoridades ambientales y minera.

El derecho a la participación:

El marco constitucional colombiano es amplio y generoso cuando reconoce el derecho a la participación, lo que ha inspirado a muchos analistas a hablar –en mi opinión con cierto grado de exageración si se examina el asunto a fondo-, de que en Colombia la Constitución estableció una democracia participativa.

El texto constitucional establece, de entrada, en el Art. 1, como característica del Estado social de derecho estar “organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” y en Art. 2 proclama que uno de los fines esenciales del Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. En normas posteriores desarrolla la autonomía de las entidades territoriales (Art. 287) y los mecanismos de participación ciudadana (Arts. 103 y s.s.).

Adicionalmente, la Carta Democrática Interamericana, adoptada por unanimidad de los Estados que participaron en la Asamblea extraordinaria de la OEA reunida en Lima (Perú), el 11 de septiembre de 2001, luego de establecer que los pueblos de América tenemos derecho a la democracia y los Estados el deber de respetarla y promoverla, dispone:

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional (Subrayado por fuera del original).

Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

De tal manera que el valor político y los efectos jurídicos de la voluntad popular, expresada en las urnas, no puede minimizarse y despacharse con un anuncio de que se va a estudiar su validez, porque la exclusión de zonas para la minería solo compete al Gobierno nacional, tal como lo afirmó la alta funcionaria cuyas declaraciones se han transcrito antes.

Adicionalmente, porque lo afirmado por la Sra. Funcionaria no es cierto, al menos por ahora.

La decisión de excluir a los entes territoriales (Municipios y departamentos, entre otros) de la facultad de prohibir, en ciertas zonas de sus territorios, las actividades mineras, está bajo examen constitucional.

En efecto, cursa en la Corte Constitucional una demanda5 contra el Art. 37 de la ley 685 de 2011 que prohibió a las autoridades regionales, seccionales o locales “establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, incluso dentro de los planes de ordenamiento territorial.

Y no es para menos, porque si hay algo que puede afectar a las personas es la actividad minera desarrollada a gran escala y su autorización para emprenderse en un territorio debe hacer parte de la autonomía prevista en la Constitución para los municipios. Organizar su hábitat, en función de sus necesidades e intereses, es el contenido esencial de ese derecho a la autonomía, componente fundamental de la descentralización que garantiza la participación democrática, o de lo contrario, quedaría aparcado en un rincón inútil, sin efecto real, la facultad de definir sus prioridades, dentro del marco constitucional.

Se trata de profundizar la democracia, no de restringirla y ponerla al servicio de las multinacionales y sus apetitos insaciables de ganancia. La consulta popular de la población de Piedras, es un ejemplo de dignidad. Frente a las tentadoras ofertas de la empresa minera y las amenazas de las autoridades nacionales, valedoras del negocio multinacional, se levantaron y dijeron no a condenar a las generaciones futuras a vivir con el agua contaminada y al progreso sin respeto de los seres humanos.

Esa conducta altiva y dignificante debe servirnos de aliciente para persistir en la defensa de los recursos naturales, de su explotación de forma amigable y respetuosa del medio ambiente y, en la lucha por preservar los elementos esenciales para la vida, comenzando por el agua.

Bien por las autoridades de Piedras y por su ejercicio democrático.

Edición N° 00363 – Semana del 9 al 15 de Agosto de 2013

* Las opiniones expresadas solo comprometen a su autor y no exponen el punto de vista de la Universidad.

5 Expediente No. D- 9700

 
 
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