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Asesinatos, hostigamientos y amenazas
no riman con Democracia

  Luis Eduardo Celis
  Analista de conflicto y construcción de Paz
   
 

“Van 37 líderes comunitarios y activistas de Derechos Humanos asesinados este año por los actores armados. Los cuerpos de muchos fueron encontrados con signos de tortura, lo que indica que eran objetivo político”. Informe del Programa Somos Defensores.

En Colombia, hasta el día de hoy, ser líder social, político o de Derechos Humanos es una “profesión peligrosa”, en la cual se puede perder la vida o ser objeto de la más variada modalidad de hostigamientos y agresiones, así ha sido históricamente y es una realidad dura que hay que superar.

La violencia en la política colombiana es una práctica sistemática, agenciada desde múltiples actores: unos con presencia en el estado y vínculos con poderes económicos muy importantes, en lo que hemos conocido como varias generaciones de actuar paramilitar, agentes estatales igualmente han sido protagonistas activos y otros desde el alzamiento rebelde de las guerrillas, todos han estado involucrados en asesinatos, desplazamientos, torturas, desapariciones de líderes sociales y políticos, que ven como opositores y no se dejan imponer las lógicas e intereses de los armados, desde los defensores del orden y de quienes se oponen a este orden, con las armas en las armas, todos, han sido responsables de agresiones y violencia.

Hace pocas semanas, fue presentado el informe del Programa Somos Defensores, donde se presenta con detalle las situaciones de agresiones realizadas en el año 2013. Aquí se puede consultar el informe http://www.somosdefensores.org/

Según el completo informe de Somos Defensores, el liderazgo social fue más afectado en tres departamentos, pues fue en éstos Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, donde ocurrieron cerca de la mitad de los homicidios de todo el país.

El documento de Somos Defensores, expresa su preocupación por que sólo uno de los homicidios tiene una condena y aún no se tiene una investigación por parte de la Fiscalía donde se identifique totalmente al agresor en los demás casos. El estudio muestra que 26 de los autores de los graves delitos son desconocidos, le siguen como presuntos autores los paramilitares con 6, el Ejército (3), las Farc y un familiar-excombatiente (1).

En los últimos dos años, la Defensoría del Pueblo ha documentado al menos 1.400 reportes de amenazas sobre defensores de derechos humanos por lo que se ha decretado la alerta en 122 municipios, en 23 departamentos, según reveló Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo.

Los mayores responsables de estas agresiones son los grupos armados ilegales que emergieron después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que por sus vínculos con poderes locales y regionales poderosos bien vale la denominación de Neoparamilitares, lo cual es una nueva generación del viejo paramilitarismo, dedicada a defender el despojo de tierras de los últimos treinta años, mantener el control sobre territorios y poblaciones y por supuesto mantener su presencia y usufructo sobre muchas dinámicas económicas.

Existe una persistencia de agresiones contra el liderazgo social y político en por lo menos doscientos cincuenta municipios del país, donde están las ciudades de mayor tamaño e importancia económica y social es un desafío para esta precaria democracia.

Pese a contar con una política de protección liderada por la recientemente creada Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, es urgente lograr una acción y estado que castigue de manera ejemplar a quienes atentan o amenazan al liderazgo social y político colombiano, solo así esta precaria democracia podrá  ser respetada.

Las amenazas y agresiones son pan de cada día, nada bueno, en medio de un país que está tratando de cerrar el viejo conflicto armado de medio siglo, que tiene como una de sus raíces, la persecución a las posturas disidentes y tema que está en la agenda que en este momento discuten Gobierno Colombiano y FARC.

Sin garantías para ejercer el liderazgo social y la acción política, no hay posibilidades de que en Colombia se logre la convivencia.

Edición N° 00364 – Semana del 16 al 22 de Agosto de 2013
 
 
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