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Corte Constitucional: justicia transicional pero condicionada
a evitar impunidad frente a graves violaciones

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

La aprobación por la Corte Constitucional del llamado marco jurídico para la paz paradójicamente luego del intenso debate suscitado ha recibido apoyo y reconocimiento desde distintos sectores, incluidas posturas contrapuestas. Resulta explicable por cuanto si bien aceptó como constitucional el Acto Legislativo que incorpora elementos de la justicia transicional, a la vez lo hizo de forma condicionada a los fuertes reclamos internos e internacionales para evitar habilitar circunstancias de impunidad frente a graves violaciones e incorporar demandas claras a favor de los derechos de las víctimas. De tal forma, permite al gobierno adelantar iniciativas ante el Congreso y a éste definir la ley estatutaria prevista, junto con otras iniciativas de ley, pero limitadas posibilidades de beneficios penales, lo cual se relaciona con las negociaciones actuales con las FARC y las previsibles con el ELN, pero también a iniciativas que se pretendan frente a otros actores del conflicto armado.

En términos políticos es preciso rescatar el aporte que entregan las fórmulas de adecuación de la aplicación de la justicia en contextos de transición, de una dictadura a un régimen democrático o de resolución de una guerra civil, por cuanto habilita que en medio de circunstancias de crisis institucional y masivas situaciones de violaciones a los derechos humanos, se puedan reconocer limitaciones en la aplicación de la justicia penal en lo relativo a su elemento punitivo, para de alguna forma condicionarlo o compensarlo sobre la base de criterios como los compromisos con la verdad, la recuperación de la justicia, la atención a la reparación de las víctimas causadas y al garantía de medidas efectivas para conseguir garantías de no repetición.

Los procesos de paz de las décadas recientes con las guerrillas, las formas de sometimiento ofrecidas en ocasiones a los paramilitares y el proceso de paz actual, están cruzadas antes en alguna medida, pero ahora en gran medida por elementos relacionados con la justicia transicional, pero también de forma creciente y al presente muy exigente, de evitar la impunidad en lo referido a las más graves violaciones sucedidas. A diferencia de lo ocurrido en los años cincuenta cuando se ofrecieron amnistías generales e incondicionales para aplicar “perdones recíprocos” en condiciones de plena impunidad, en la amnistía de la Ley 35 de 1982, en el contexto de procesos de paz con varias guerrillas, se excluyó tal beneficio para los guerrilleros comprometidos con graves crímenes. Igual sucedió en los procesos de paz de inicios de los años 90, con el M19, el EPL y otras agrupaciones insurgentes menores, por cuanto la Ley 77 y sus consiguientes decretos reglamentarios, fueron expresos en excluir del mismo beneficios a determinados crímenes de connotación grave, hecho que no sólo se repite sino que acentúa las exclusiones luego frente a otros delitos como el secuestro.

El proceso con los paramilitares agrupados en las AUC y otras estructuras si bien al inicio contó con iniciativas legales del presidente Uribe de plena impunidad, luego tras amplios debates incluyó consideraciones a favor de los derechos de las víctimas, y gracias a las rectificaciones exigidas por la Sentencia 370 de 2006, la Ley 975 tuvo que ser revisada en varios aspectos, lo que permitió que no obstante el alto beneficio penal considerado se incluyeran exigencias para con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En tal situación la desmovilización parcial de estructuras paramilitares llevó a algunos esfuerzos por la verdad no desestimables: revelaciones de algunos desmovilizados en las versiones libres y el importante trabajo del Grupo de Memoria Histórica creado por la CNRR. En lo referido al resultado en justicia los procesos han sido de un gran margen de ineficacia mínimos fallos conseguidos y un casi total fracaso de los compromisos para la reparación de las víctimas, salvo precisamente lo derivado de las pocas sentencias falladas. En consecuencia, la nueva versión de la ley 975, intenta en la actualidad conseguir un margen mayor de resultados frente con los paramilitares y el pequeño margen de ex guerrilleros acogidos y procesados. Y de conjunto, puede decirse que no se consiguieron garantías de repetición por cuanto el fenómeno paramilitar no se desintegró en su integralidad y persistieron estructuras armadas o pronto se rearmaron y emergieron nuevas expresiones con nuevas denominaciones.

En la realidad política el marco jurídico a definir responde en lo inmediato y ante todo a los procesos de paz con las FARC y posiblemente a iniciar pronto con el ELN. Si bien en el derecho interno e internacional tienen vigencia las amnistías, su aplicación ahora no admite que se otorguen para responsables directos de graves violaciones al derecho humanitario y cobran fuerza exigencias de condicionarlas al compromiso con medidas de reparación de las víctimas, revelaciones a favor del derecho a la verdad y garantías efectivas de desestructurar las estructuras armadas y las formas de actuación violenta y arbitraria que facilitaron la ocurrencia de tales violaciones. En tal contexto, apareció la iniciativa gubernamental y de sus bancadas en el Congreso para promover y conseguir la aprobación del Acto Legislativo conocido como marco jurídico para la paz.

El debate nacional en torno a esta reforma constitucional tuvo como fuertes opositores a sectores de la extrema derecha que pretenden mantener el esquema de los mandatos del gobierno Uribe, en términos de equiparar las guerrillas a los paramilitares y de trasladar el marco legal de éstos para el tratamiento con las FARC y el ELN. Pero si bien su política partió del presupuesto básico de impunidad frente a los paramilitares en su proceso parcial de integración a la vida legal, reclaman ahora un marco de sometimiento y reinserción para las guerrillas, pero de forma que exigen con vehemencia que no haya impunidad. Coinciden con el Procurador General en negar el carácter político de la insurgencia y de la posibilidad necesaria en el proceso de paz de facilitar su inserción política y garantías para la participación en la legalidad de sus proyectos políticos. Desde otra perspectiva, varias organizaciones de derechos humanos internas e internacionales, a partir de altas exigencias en torno a la aplicación efectiva de la justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, han pugnado por limitar las posibilidades del marco jurídico para la paz, de forma que de manera general no haya lugar a condiciones de impunidad.

En resumen, la Corte Constitucional, en una línea de continuidad en sus sentencias de revisión de leyes de tratamiento de actores armados ilegales, al ponderar la tensión existente entra la aplicación de medidas a favor de la recuperación de la paz y la aplicación de la justicia frente a sus actuaciones, entrega de nuevo en este caso la aprobación del Acto Legislativo –marco jurídico para la paz-, pero condicionado a que no puede cesar la investigación y la sanción frente al conjunto de las graves violaciones, a pesar de que se apliquen mecanismos de priorización y selección y que se ofrezcan beneficios penales, y a que se atiendan compromisos efectivos con la verdad, la recuperación de la justicia, la reparación de las víctimas y con la desmovilización y el desarme para que se consoliden garantías de no repetición. Su actitud fue favorable a la aplicación con esta reforma constitucional de los criterios que se introducen desde la justicia transicional, pero a la vez en una perspectiva restringida de sus posibilidades, en respuesta a las fuertes demandas exigidas desde sectores de las víctimas, de los defensores de los derechos humanos y de forma especial también ante las consideraciones que le entregadas a propósito del fallo en preparación por la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Las FARC se han pronunciado en rechazo al Acto Legislativo y reclaman un tratamiento concertado del marco legal para su proceso de paz, lo cual en principio es razonable y habrá de darse en el desarrollo previsto de la agenda de negociación. Sin embargo, su alegato sobre la no injerencia de la CPI y de entes intergubernamentales así como su resistencia frente a condicionamientos y exigencias provenientes desde demandas relativas a los derechos referidos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición, en el fondo y en el contexto interno e internacional actual no tienen asidero. La insurgencia debe comprender que precisamente fue la lucha democrática desde los pueblos victimizados, el movimiento de derechos humanos en una gran colación y las demandas contra la impunidad, que dieron lugar a logros ya reconocidos por instrumentos convencionales, entre ellos la Corte Penal Internacional. Precisamente, ex dictadores, regímenes totalitarios o autoritarios y potencias agresoras, han sido los opositores típicos y explicables, a la existencia de este recurso complementario y subsidiario, para que en caso de fehacientes condiciones de impunidad interna, exista un mecanismo de respaldo para con las víctimas de graves violaciones en el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

En la realidad del proceso de paz, no obstante las diversidad de posturas, debates y opciones en juego, en lo relativo a este tema, puede ser previsible que los anhelados pactos de paz con las insurgencias de las FARC y el ELN cuenten con un marco legal que les posibilite su tránsito a la vida legal, garantías de participación política, garantías efectivas para la protección de las expresiones políticas, sociales, comunitarias y los contextos regionales ligados a su presencia histórica y actual, pero de forma que a la vez los beneficios jurídicos de amnistía e indulto se apliquen en conformidad con sus posibilidades y también sus restricciones y condicionantes actuales en los ámbitos interno e internacional. Esto indica que se harán realidad quizás la gran mayoría de sus integrantes, en calidad de ex combatientes, los beneficios jurídicos del caso, pero también habrá un margen de personas que por estar comprometidos con la realización directa de graves infracciones al derecho humanitario no podrán ser beneficiados y tendrán que responder ante la justicia, pero sin perder opciones de beneficios penales en el margen correspondiente y proporcional a su situación. Así mismo, es previsible que a tono con los compromisos de la justicia transicional, tales beneficios penales se correspondan con efectivos y sinceros compromisos con la verdad, con el rescate de la memoria histórica y con las formas posibles de reparación de las víctimas ocasionadas.

Edición N° 00366 – Semana del 30 de Agosto al 5 de Setiembre de 2013
 
 
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