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Economía y paro campesino:
el resultado obvio de la desidia gubernamental

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

Ha sido normal por estos días enfrentar las presiones de estudiantes, colegas e incluso de mi mamá sobre si yo creo que los campesinos tienen razón o si son manipulados e infiltrados por fuerzas extrañas. Las respuestas han sido disímiles, se han hecho discusiones entretenidas analizando distintos aspectos, pero estas han llegado a una razón: si los campesinos a lo largo y ancho del país estuvieran manipulados, estas “fuerzas extrañas” ya tendrían la capacidad suficiente para derrocar cualquier gobierno, o por lo menos ponerlo en jaque y sin disparar un solo tiro. Así que solo queda tener la sensatez suficiente para aceptar que el problema agrario en Colombia ha tocado el punto máximo de aguante de los campesinos, que han visto como su precaria calidad de vida se deteriora aun más y sus posibles fuentes de ingreso ya no son rentables.

Empecemos por lo más general, es decir por el modelo de desarrollo. Las economías campesinas han cumplido un papel importante en el logro de salarios bajos en las zonas urbanas e industriales. Un siglo de economía cafetera, guerras por la propiedad, una imposible reforma agraria y la producción de alimentos en pequeñas escalas y con baja productividad han caracterizado la historia de este país.

Desde hace más de dos décadas el país asumió el compromiso de instaurar la apertura económica, reformas estructurales necesarias para “montarse en la moda” del mal llamado Consenso de Washington. Con esto y bajo la ilusión de un mayor crecimiento económico gracias a las exportaciones, lo que se ha obtenido es abrir la economía a las importaciones, golpear con ello las estructuras productivas internas y posibilitar el control del mercado interno por las empresas transnacionales. Adicionalmente, el traslado de la crisis financiera de los Estados Unidos, a través de la apreciación del peso, ha dejado sin competitividad a los exportadores pero también alentando a los importadores, que logran entrar los productos a precios más bajos que los cosechados en el país.

A la par con esto y tras el desmonte de las políticas industriales y agropecuarias existentes (reemplazadas por unas vagas políticas de competitividad), la doctrina de libre mercado se ha convertido en la razón de ser de un Estado que se sumió en su papel de regulador, es más de facilitador de las grandes inversiones, a las que se les da, bajo el espíritu de la confianza inversionista, grandes beneficios tributarios y de accesos a los distintos mercados… incluso de monopolio.

No en vano, en el gobierno anterior se impulsó desde los acuerdos de estabilidad jurídica y con estrategias como Agro Ingreso Seguro, un apoyo directo al gran capital. El modelo Carimagua fue en definitiva el retrato exacto de las intencionalidades gubernamentales de anteponer los intereses de los grandes capitales sobre las propias necesidades de brindar protección y bienestar a la población.

Digamos, en aras de un justo debate, que esto de entrada no está mal. El país podrá sin duda alguna promover la productividad a través de respaldar las grandes empresas. El problema es que se dejó a los pequeños campesinos sin instrumentos para realizar su producción y a expensas de los precios de insumos y cosechas que estos capitales han querido imponerle.

Se trata entonces de un modelo perverso, a lo que se ha sumado la firma de tratados de libre comercio, donde los pequeños productores no tienen cabida, solo les queda apelar a condiciones de subsistencia, cada vez más apremiantes por las alzas de precios en insumos e incluso por elementos como la importación de productos, el contrabando o el lavado de activos que, de acuerdo con cifras oficiales, representan 5 billones de pesos de los 18 billones que se estiman son los que se “legalizan” en el país anualmente, dejando como consecuencia, unos altos costos de producción (materializados en compras “obligadas” de semillas, agroquímicos, fertilizantes) ante los bajos precios de las cosechas por razón de las importaciones y el contrabando

Pues bien, esto es el segundo punto del análisis. Los precios de mercado de los productos campesinos no alcanzan, por lo general, a cubrir los costos de producción. En este país, los campesinos difícilmente tienen como llegar directamente a los mercados, lo hacen a través de intermediarios o directamente entregan su producción a grandes compañías, como es el caso de los lecheros o los cafeteros. En el caso de los cafeteros la Federación, aun con todos los inconvenientes, ha servido para sustentar precios. Los lecheros tienen una importante experiencia cooperativa a través de Colanta, pero tiene límites para recibir la producción, además esta no es la única empresa, y en el mercado existen otras compañías con poder que se convierten en captadoras de la producción lechera o incluso aquellas que vienen trabajando con base en lactosueros y leches en polvo importadas, es decir, su terminan en una sobre oferta que necesariamente es ajustada vía precios… pero a la campesinos productores. Esta situación se repite en todos y cada uno de los productos agrícolas: los paperos y arroceros deben enfrentar la competencia que desde el Ecuador entra al país, habiendo obtenido ventajas por las políticas agrícolas del vecino país y por los menores costos en los insumos. Así se continuaría con productos como el maíz, el trigo, el frijol, la carne, las verduras y las frutas, solo por citar algunos. Paradójicamente, por ejemplo, la papa está llegando, en mayor proporción de Holanda, Ecuador y Estados Unidos.

Es una pena que esto suceda, y aquí los análisis de autoridades y productores deben mostrarle al país el por qué la papa o la leche que se trae del otro lado del mundo es más barata. ¿Se trata de un problema de productividad nuestra? Si es así las nuevas políticas deberían de estar dirigidas a potenciar la productividad sectorial, porque tampoco hay derecho que sean los consumidores los que paguen mayores precios por la falta de productividad del país. O será que estos productos traen en sus precios los efectos de las políticas agrarias de estos países… ¿O son las dos razones expuestas?

A estas alturas del análisis bien vale preguntarnos ¿por qué razones los campesinos de este país no se habían manifestado con la misma contundencia que expresan hoy? Las respuestas pueden ser disímiles y tal vez tiene poca importancia insistir en ellas. Lo cierto es que hoy el país ha comenzado a entender el desafuero económico con el que se ha marginado al sector agropecuario en las economías campesinas. Y este comprender ha estado de la mano del intento de la actual administración por atender los problemas desde la compilación de normas haciéndolas ver como políticas integrales de atención, y unos subsidios que han tenido más la función de calmar los ímpetus, de ser soluciones transitorias a lo que son hoy grandes problemas estructurales. 

Colombia ha cedido su autonomía en las decisiones de políticas públicas ante los organismos internacionales (recuerden que la señora Legarde directora del FMI, hace menos de un año nos estaba felicitando por hacer bien la tarea), también ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y eso para no hablar de la necesaria soberanía. Es claro que nunca un país de los llamados “desarrollados” expondría a sus campesinos y mucho menos a los alimentos a las vicisitudes del libre mercado o del apetito voraz de las empresas transnacionales, con sus manejos que no solo están en la producción, sino en semillas, fertilizantes, plaguicidas, entre otros.

Pero, la realidad es cruel en Colombia no sólo permitimos que estas cosas pasen sino que tras llevar a la angustia económica a los campesinos, al quitarles sus alternativas de ingresos y de vida, al tener que soportar una guerra que les ha arrebatado sus tierras y tranquilidad, las autoridades siguen tratando de hacernos ver como si “las extrañas y oscuras fuerzas” abusaran de la nobleza de la gente del campo y los utilizan para presionar al gobierno.

No en vano es necesario plantear la torpeza de quienes han pretendido hacer de las marchas y la protesta un espacio de confrontación violenta. Que error, cuando los campesinos resuelven tomarse las carreteras, cuando distintos sectores salen a apoyarlos, cuando el miedo se ha hecho a un lado y se busca la democracia en las calles, como debe de ser, la confrontación solo hace reversar lo ganado, temerle al uso de la fuerza y terminar abruptamente el proceso. El problema es que, sea de un extremo u otro, quienes han optado por esto le hacen un favor inverso al país, a la construcción de la democracia y al propio fortalecimiento y bienestar del movimiento campesino.

Es hora ya que nos dejemos de tantas tonterías. La indignación crece y necesitaremos de acuerdos serios, de estrategias que les permitan a los campesinos tener nuevas oportunidades desde lo que son y saben hacer. Un acto de justicia con quienes desde el campo,  con su trabajo, garantizan la vida de los colombianos.

Estas acciones deben pasar por los subsidios necesarios como medidas de corto plazo para evitar la “hecatombe” en el campo, pero también por decisiones y políticas de cambios estructurales que posibiliten reconfigurar la producción agrícola, haciendo viable para el país; por sistemas de financiamiento acordes con las posibilidades de los campesinos, por trazar derroteros claros de comercialización y sustentación de precios; por eliminar los intermediarios y las “mafias” que se han estructurado para hacer depender el funcionamiento del sector de los proveedores de insumos de las transnacionales e incluso de “capos” del comercio agrícola; por generar controles y hacer del comercio exterior una alternativa real de crecimiento del sector.

No puede seguir el Gobierno del presidente Santos, el mismo que pregona que debemos “tener tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario”, a la saga de las políticas neoliberales de sus ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio y Minas. Los mismos que hacen acuerdos con los campesinos pero que se los incumplen, y a las espaldas del señor Presidente. Un cambio en estos ministerios así como la coherencia de las políticas debe ser también parte de las soluciones que este paro campesino demanda.

Edición N° 00366 – Semana del 30 de Agosto al 5 de Setiembre de 2013
 
 
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