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Fetichismo jurídico, razonabilidad y diplomacia

 

Rubén Sánchez David

  Profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
   
 

La afirmación del Gobierno colombiano según la cual el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya no es aplicable, a menos que Colombia y Nicaragua negocien un tratado limítrofe, ha generado gran revuelo en la región Caribe donde Panamá, Costa Rica y Jamaica se han aliado a Colombia en la disputa con el país centroamericano en la medida en que la pretensión nicaragüense de extender su control en el área puede cambiar los límites con sus países vecinos.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia ratificó la soberanía colombiana en las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina así como la de los cayos de Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño Serranilla y Bajonuevo, pero también otorgó una amplia extensión oceánica a Nicaragua y determinó que ahora corresponden a este país extensas zonas de las aguas que rodean  a los cayos de Quitasueño y Serrana lo que ha parecido inaceptable al gobierno colombiano por cuanto dichos cayos quedarían en aguas nicaragüenses, otrora consideradas colombianas.

La decisión de la CIJ puso fin a más de una década de controversia jurídica que empezó en 1980 cuando Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra- Bárcenas de 1928 en virtud del cual se estableció que la frontera de Colombia con Nicaragua no se extendería más allá del paralelo 82 pero no fijaba límites claros entre ambos países. Lo que en un momento para Colombia era una frontera recta, ahora es una frontera compleja que incluye espacios intramarinos que pueden afectar el tráfico y la vigilancia en la zona. El fallo desencadenó el retiro de Colombia del  Pacto de Bogotá, que norma la solución pacífica de las controversias entre países y movilizó a su diplomacia.

La respuesta definitiva al fallo de la Corte, por parte del gobierno colombiano fue dada el pasado lunes 9 de septiembre. En la misma, junto con medidas destinadas a reafirmar la soberanía de Colombia en el archipiélago, el presidente de la República declaró la inaplicabilidad del fallo mientras no se celebre un tratado entre ambos países y agregó que “el artículo 101 de nuestra Carta plantea que los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”. Así mismo, mencionó la “consolidación del archipiélago a través de la declaración de una zona contigua integral”, afirmó que había que seguir protegiéndola reserva Seaflower y, por último, “contener el expansionismo de Nicaragua”. En suma, el gobierno no desconoce el fallo pero señala que no lo puede aplicar.

El tema planteado por Colombia no tiene ninguna base jurídica seria pero sí crea una nueva situación en el Caribe al politizar el asunto.

Es evidente que para convertir el fallo de la CIJ en una norma interna que permita aplicarlo hay que adelantar unos trámites legales, pero no es válido alegar un procedimiento interno para incumplir una obligación internacional adquirida sin imposición alguna sino como resultado de la aceptación de un tribunal al que se le presentó el litigio. No hacerlo es comportarse como el niño que va perdiendo el juego de parqués y patea el tablero para tumbar las fichas. Del mismo modo, la Corte reconoció mar territorial a todas las islas y cayos del archipiélago y siempre se podrá ejercer control en esas aguas; en cuanto a la protección de la reserva del Seaflower es asunto a tratar por la vía de la diplomacia y la cooperación en el marco de la defensa del medioambiente.

En cuanto a la posición de Nicaragua, Daniel Ortega aceptó sin dilación la propuesta de suscribir un tratado de fronteras y anunció que esperaba un diálogo con Colombia que conduzca  a convenios en materia de pesca, medioambiente y narcotráfico pero ha sido enfático en señalar que el hipotético tratado debe ceñirse a lo establecido por la CIJ. En el mismo sentido se expresó el general Julio César Avilés quien afirmó que su país  “no va a negociar ni una gota de agua”. Queda en suspenso la pretensión del gobierno sandinista de extender la plataforma continental que no solamente inquieta a Colombia sino a los países vecinos de Nicaragua, también inquietos por  las ambiciones “expansionistas” del país centroamericano.

Tanto Colombia como Nicaragua están interesadas en que prevalezca la paz y no llevar sus diferencias a una confrontación abierta, pero es innegable que se ha abierto una nueva etapa con ribetes todavía inciertos en el litigio que la CIJ no resolvió de manera definitiva. En ambos países los respectivos presidentes han recibido el respaldo de sus connacionales y de todos los sectores políticos y así como Colombia ha encontrado aliados en Panamá, Costa Rica y Jamaica, países también preocupados por las actitudes consideradas hostiles y expansionistas de Nicaragua, esta podría contar con el apoyo de los países del Alba. Recuérdese que Cuba y Venezuela colaboran con el gobierno colombiano en las negociaciones de paz con las FARC y que esta organización ha criticado el manejo que el gobierno colombiano al diferendo con Nicaragua.

En teoría los principios, las normas y la justicia encuentran su unidad en el derecho, pero así como las razones que aduce Colombia para no aplicar el fallo son un tanto traídas de los cabellos, los argumentos de Nicaragua para ampliar su control territorial son poco razonables pues el problema no se reduce a acatar un fallo jurídico ni a valerse de decisiones legales que por su carácter abstracto pueden no ser las más indicadas para encontrar soluciones legítimas. El problema es político y en política es reconocido el principio de oportunidad. Los fundamentalismos y las posiciones radicales pueden ser racionales pero rara vez son razonables. La solución a los problemas que se han creado en la región debe buscarse por la vía de la diplomacia y estar animada por una voluntad política de encontrar el sendero del entendimiento no de la imposición, así sea la imposición de la ley. Que sea esta, además, la oportunidad para que Colombia establezca sus fronteras marítimas con Costa Rica y Honduras que no se han definido.

Edición N° 00368 – Semana del 13 al 19 de Septiembre de 2013
 
 
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