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Nueva reforma en salud ¿se puede esperar algo distinto?

  Mauricio Torres-Tovar
  Médico Salubrista Público y Laboral
   
 

La reciente presentación del informe de investigación sobre tutelas en salud que desde hace varios años realiza la Defensoría del Pueblo confirma la tendencia que se ha presentado en años anteriores, pero ahora evidencia con más contundencia que los y las colombianas reclamamos los servicios de salud que son pagos a las EPS a través del POS y que éstas niegan sistemáticamente.

Las conclusiones del séptimo informe sobre ‘La tutela y el derecho a la salud’, evidencia que durante el año 2012 se registraron 114.313 tutelas en salud, que constituye un incremento de cerca del 8% en relación con el 2011. El hallazgo más significativo es que se reclaman aspectos que hacen parte del POS: 94,47% demandan citas médicas especializadas, 92,07% exámenes paraclínicos, 87,82% imágenes diagnósticas, 85,3% tratamientos, 80,33% cirugías, 72,66% procedimientos, 35,41% medicamentos y 21,67% prótesis, ortesis e insumos médicos1.

¿La nueva reforma enfrentará esta realidad?

Frente a esta realidad de apuño, que sabemos evidencia la violación cotidiana y sistemática al derecho a la salud de la población colombiana, producto de una lógica de lucro que subordina las ganancias a las necesidades sanitarias y sufrimiento de la gente, la pregunta que vuelve a emerger es cómo podemos transformar esta situación éticamente intolerable.

Y vuelve la respuesta que se requiere una reforma al sistema de salud, que tiene diversas interpretaciones dependiendo del actor que la responda. De parte del gobierno nacional, de los sectores mayoritarios del Congreso de la Republica y de las EPS se entiende y promueve como un ajuste al modelo que existe; para la mayoría de sectores sociales, académicos y gremiales se entiende como un cambio de fondo, estructural, que remueva las bases que han estableció la salud como un negocio.

En estos momentos el Senado de la República cuenta con el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley ordinario 210 de 2013 “Por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposicionesy sus acumulados 051 de 2012 y 233 de 2013 que regula el Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, que fue presentado por el senador Luis Carlos Avellaneda, con el apoyo de ANSA2.

Este proyecto contempla 90 artículos, que en su esencia mantiene la estructura del aseguramiento privado de salud y la intermediación, que son las bases estructurales de la Ley 100 y que en gran medida son las responsables de la debacle de salud en el país. Tal como lo han expresado diversos sectores, entre ellos la Junta Médica Nacional, se considera que el contenido de la ley ordinaria a la salud que se tramita en el legislativo es en esencia contrario al logro de un cambio que colme la aspiración de las y los colombianos3.

El proyecto lo que propone es un maquillaje gramatical: Gestoras de Servicios de Salud en vez de EPS, Mi Plan en vez de POS, Salud Mía en vez de Fosyga, prestadores de servicios de salud en vez de IPS y órgano colegiado de gestores de servicios de salud en vez de Acemi. En los hechos mantienen los dos regímenes de aseguramiento sin enfrentar las inequidades características entre los afiliados al régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado4.

Más que desaparecer las EPS les cambian su denominación. En el fondo, aumentan su potestad en aspectos que son centrales en el sistema de salud como: i) crear y direccionar las redes prestadoras de servicios de salud, ii)  mantener la contratación, vigilancia y pago a las prestadoras de servicios de salud, iii) mantener el rol de autorizadores de servicios, iv) continuar con la potestad de realizar acciones de salud individuales y colectivas, v) mantener el negocio de la medicina prepaga. Entonces, ¿dónde y cuál es el cambio de las EPS?

Adicionalmente, el proyecto de ley busca una depuración de las EPS con el objeto de un descreme del negocio, que deje solo un conjunto de aseguradoras financieramente fuertes, en vía del oligopolio que han querido concretar desde hace años.

La iniciativa del gobierno con respecto al POS (Mi Salud) tendrá como base las exclusiones y no las inclusiones, el asunto son los criterios de qué y cómo se excluye.

No elimina la barrera que impide o dificulta el acceso económico a los servicios de salud, como son los copagos y las cuotas moderadoras, a pesar de experiencias como la de Bogotá, que es una demostración palpable de que pueden desmontarse.

Preocupa también el principio de inembargabilidad de los recursos de salud que establece, es decir si las Gestoras hacen manejo inadecuado de los recursos públicos de salud ¿no se les pueden quitar?

Un aspecto nuevo que aparece en este texto y que es muy grave, tiene que ver con la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- para Salud en tanto propone destinar solo el 10% para cofinanciar las acciones en Salud Pública; el 80% para el componente de Régimen Subsidiado y el 10% restante para la prestación de servicios de salud realizada por los prestadores públicos. Es decir que si estábamos mal en salud pública ahora vamos a estar peor, porque la mayoría de municipios del país que no cuentan con recursos  propios y van a tener un financiamiento exiguo para las ya reducidas acciones del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.

Y por último como hecho para destacar, es que las IPS podrán tener su hospital universitario, es decir que el negocio de la educación médica también se legitima. No se requieren escuelas de medicina, ni Universidades que den el respaldo y seriedad académica a la formación de los profesionales de salud que  las necesidades sanitarias del país demanda.

Se mantiene la pregunta, ¿qué hacer?

Es necesario decir una y otra vez que solo será posible construir un real sistema de salud garante del derecho a la salud en el país, si en efecto se da una confluencia política de los sectores sociales y políticos proclives a este derecho, que genere acciones de movilización social sostenidas y presión al Congreso para cerrar el camino a los sectores favorables a la mercantilización de la salud.

La reciente alza de la movilización social en el país y sus logros en confrontar las políticas erradas del gobierno nacional, nos muestran un camino posible. Requerimos gestar procesos simbólicos y comunicativos que permitan que la sociedad entienda y se movilice ampliamente por la salud como derecho humano, tal como lo ha hecho con el tema de la educación pública y recientemente con la defensa del agro y el campesinado. Hay que ponerle libro y ruana a la salud para ver si logramos conectar el malestar, la indignación y la injusticia con la movilización que lleve al cambio.

Edición N° 00369 – Semana del 20 al 26 de Septiembre de 2013

1 Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud. Bogotá, 2012.

2 Hay que recordar que recientemente fue aprobada una Ley Estatutaria en Salud y la Corte Constitucional la está estudiando para dar un concepto de constitucionalidad frente a ella.

4 Torres-Tovar M. Tercer round. Nueva reforma a la salud, lo que oculta y lo que demanda. Desde Abajo, Edición No. 190, 2013.

 
 
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