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Se hace camino al andar: las víctimas se organizan

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Después de dos años de promulgada la Ley de Víctimas que se hizo en el año 2011 con la participación del secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon, al fin se puso en funcionamiento el sistema de participación de las víctimas. En el año 2012 se había instalado un sistema transitorio con tres propósitos de los cuales apenas cumplió el primero: el de ser mecanismo de consulta del Protocolo de Participación. Los otros dos propósitos, el de ser el organismo que revisara el Plan de Acción Nacional y el Documento Conpes que define entre otros temas el presupuesto para el desarrollo y financiamiento de la Ley no fueron cumplidos. A este resultado se llega entre otros factores porque el Gobierno no ha definido aun lo que la Corte Constitucional ha llamado los incentivos para la participación que no es más que la garantía que se provean lugares adecuados para las reuniones, alimentación para los delegados de las víctimas, alojamiento, y un reconocimiento monetario por los días que los líderes y lideresas dedican a esta actividad. Esto ha conducido a un forcejeo que aún no se resuelve y que ha afectado el funcionamiento del sistema de participación.  Hay que tener en cuenta que según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado el 92% de la población en situación de desplazamiento, vive bajo la línea de pobreza y el tiempo que dedican a las mesas y comisiones los distraen de las actividades laborales que desarrollan para  sobrevivir.

El 10 de mayo de 2013, la Unidad para la Atención de las Víctimas promulgó finalmente el Protocolo de Participación ordenado por la ley 1448/11 y se inició el proceso de elección de las mesas municipales. En total y hasta la fecha se han elegido de manera democrática 865 mesas municipales, 32 mesas departamentales, la mesa Distrital de Bogotá y el día 3 de octubre se eligió la Mesa Nacional de Víctimas que finalmente quedó conformada por 52 delegados de los cuales la mitad son mujeres víctimas. Con la elección de la Mesa Nacional de Víctimas se termina el proceso y el sistema queda conformado. Esto es muy importante puesto que ahora las víctimas tienen los espacios institucionales para hacer el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo a la ley. Podríamos decir que ahora la ley tiene dolientes, actores de carne y hueso que presionarán para que la normatividad se cumpla. Se avanza así en la creación de un poderoso mecanismo que le ha faltado a la ley en estos dos años, la presión de las víctimas para que lo allí estipulado se cumpla.

El reto que tienen las mesas es muy importante y las acciones para incidir en la política pública son urgentes. La Mesa Nacional deberá dotarse de un Plan de Trabajo y entre las tareas más urgentes que tiene que enfrentar se encuentran: en primer término terciar en el debate sobre la asignación presupuestal disminuido en el proyecto que presentó el gobierno al Congreso de la República. La Contraloría General de la República  ha señalado que en los dos años de vigencia de la ley, si bien se nota un incremento significativo de los recursos con respecto a los años anteriores, estos son insuficientes y de acuerdo con los cálculos del Conpes están por debajo en unos 900 mil millones de pesos de lo que debería haberse presupuestado en los dos años anteriores. También la Contraloría ha señalado, con toda razón, que en esos presupuestos se incluyen los recursos aforados para educación y salud cuando estos son parte de las obligaciones del Estado para toda la población. No se entiende por qué se contabilizan como gastos para las víctimas cuando es una obligación constitucional. El Gobierno debe garantizar los derechos fundamentales y esta garantía debe ser universal, la población víctima es parte, mayoritariamente, de la población pobre del país. Pero, hay un hecho señalado por la Contraloría que es irrefutable. Los cálculos de los documentos Conpes de 2011 y 2012 se calcularon para una población víctima de 4 millones de víctimas cuando la cifra hoy, según el registro único de víctimas, se aproxima ya a los seis millones sin que aún se haya cerrado el registro. Es decir los cálculos deberían hacerse sobre un total de seis millones de víctimas que deben ser indemnizadas por el Estado. Esta operación no se ha efectuado y la Mesa Nacional deberá pronunciarse sobre ello. Precisamente una segunda tarea que esta mesa debe abocar es la revisión crítica de los documentos Conpes, así como del Plan de Acción Nacional que fueron adoptados sin su participación.

Un tercer aspecto que deberán tener en consideración tiene que ver con la inexistencia de políticas públicas en aspectos fundamentales. La Corte Constitucional señaló desde el año 2009 que las políticas de vivienda, generación de ingresos,  estabilización socioeconómica,  atención psicosocial y la política de protección de las víctimas eran inadecuadas y sus resultados mediocres, por lo cual ordenó la actualización y el rediseño de dichas políticas que deberían hacerse con la participación de las víctimas. Estas órdenes hasta el momento no han sido cumplidas.

Pero, también deberá afrontar el tema de la coordinación interinstitucional, que es deficiente o inexistente, de la coordinación entre el nivel nacional, los departamentos y los municipios, en fin es una agenda urgente. En los territorios las mesas deberán revisar los Planes de Acción municipales y departamentales de cara a los presupuestos para el año 2014. Esta última tarea es urgente pues durante los meses de octubre y noviembre se aprueban los presupuestos para el año 2014 y en muchos departamentos y municipios no se asignan recursos para atender las necesidades de las víctimas.

Una luz de esperanza es que la participación de las víctimas  ha comenzado a operar, que el sistema de participación finalmente se puso en marcha. También es alentador que se haya conformado un red interinstitucional de apoyo a las mesas con la participación de la Unidad de Atención a las Víctimas, de la Defensoría del Pueblo y el anuncio de la vinculación de la Contraloría General de la República con el apoyo de la Cooperación Internacional así como la conformación de una Plataforma de apoyo de la sociedad civil al sistema de participación. Como en el poema de Machado, se está haciendo camino al andar y las víctimas ahora cuentan con sus representantes en los espacios estatales para exigir para proponer y para monitorear  el avance de la ley.

Edición N° 00371 – Semana del 4 al 10 de Octubre de 2013
 
 
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