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Ahora, Avianca es inversionista agrícola

  Alfonso Cuellar
  Colaborador Semanario Virtual Caja de Herramientas
   
 

Tanta es la confianza inversionista que un buen día despertamos con la noticia que Avianca está ubicada en un negocio que nada que ver con la producción agrícola, como quiera que no esté dentro del objeto de sus negocios. Su dueño el señor Efromovich ahora resultó experto en negocios agrícolas tal vez por aquello del “Sertao”. No contento con haberse hecho a una de las principales líneas áreas de América Latina, la principal de Colombia, y de estar echándole mano a cuanta empresita aérea hay en centro y sur América, de haberse extendido a una red de turismo y hoteles amarrados a los pasajes aéreos, de ser el principal productor de petróleo en campo Rubiales, ahora seguramente para completar la cadena de valor estará pensando en producir sus propios alimentos que utiliza en sus hoteles, aviones y campos petroleros y que debe ser una cantidad apreciable. Algo torcido debe haber en el negocio desde que eligió hacerlo con la familia Marulanda que además de haber sido condenados por sus pasos non santos gozan de la fama  y no es fama, sino la pura de verdad, de haberse especializado en vender a personajes de alcurnia tierras mal habidas.

Traigo a cuento esto por mi experiencia en el Incora, donde conocí de primera mano el “affaire Marulanda” una copiosa documentación1, donde entre montones de copias de escrituras expedidas por notarios venales, certificados de tradición chimbos, el grueso de esta la ocupan las demandas y alegatos de los campesinos y colonos a quienes le arrebataron sus tierras en un proceso que había comenzado en 1934, cuando Alberto Marulanda Grillo y su esposa Cecilia Ramírez se hicieron a la propiedad de la hacienda Bellacruz, limitada por el occidente, por el Rio Magdalena y al oriente, las estribaciones de la Serranía de Perijá, en jurisdicción del municipio de La Gloria y los corregimientos de Costillas, Simaña, Puerto Sago, Ayacucho hasta el municipio de Pailitas, ubicado al sur del Departamento del Cesar, en ese entonces Departamento del Magdalena.

Tan enorme concentración de tierras de acuerdo con los documentos consultados por Lujan Zapata corresponden a compras sucesivas de predios contiguos a la primitiva Bellacruz, a la adjudicación de“4.932 hectáreas de los baldíos El Bajo y Santa Ana, de la apropiación de algunas fajas vecinas de sabanas comunales, y de la expulsión de colonos y ocupantes de diversa naturaleza sin fórmula juicio, ni pago de las prestaciones mutuas previstas en el Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Civil.” (Lujan Zapata, 3. El subrayado es mío en todo el texto)

El conflicto entre Marulanda Grillo y los campesinos es historia patria. Los campesinos se encontraban agrupados en la Junta Prodamificados Agricultores del Sur del Magdalena, también en el Sindicato de Colonos de Ayacucho y sus alegatos fueron noticia en el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y otros medios. Por el oficio # 10473 de octubre de 1953, “la Sección de Control y Aprovechamientos de Aguas del Ministerio de Agricultura procedió contra Marulanda Grillo, acusado de haber  “cercado los abrevadores denominados San Lorenzo y Madrevieja”, con perjuicio para los ganados de varios vecinos… en 1955 el Ministerio interviene de nuevo y dicta la resolución de folios 91 por el cual se ordena un Statu Quo de una zona de dicha hacienda correspondiente al Corregimiento de Ayacucho. Allí se dice que la explotación económica existente dentro de los cercamientos ha sido establecida  casi en su totalidad por los colonos y también que los trabajos de la hacienda “BELLACRUZ” en la región de Ayacucho, consistentes en cercamientos de grandes extensiones de tierra y en la soltura de ganado en los terrenos encerrados son causa del desasosiego público existente, por cuanto los colonos establecidos con mejoras desde hace muchos años están quedando incluidos en el encierro y todos manifiestan la necesidad en que están de abandonar sus posesiones por cuanto así los ha notificado la hacienda.” (Lujan Zapata, 3)

El estudio mencionado continua en estos términos: “Los dichos colonos sindican a Marulanda de despojos, de negociados hechos mediante la intimidación de los dueños de las tierras y plantíos… de soborno permanente  a las autoridades municipales de los distritos de Tamalameque y  La Gloria, uno de cuyos inspectores de Policía confesó recibir una especie de sobresueldo del latifundista (folios 234 y 93) y en fin, de cercenar áreas de uso público de las cabeceras de los corregimientos de Pelaya, San Bernardo, Simaña y Ayacucho. En este último el capitán Leudo –dicen- ordenó abrir unas zanjas a la entrada y salida de la vía principal de acceso. Marulanda por su parte trata a los colonos de invasores y usurpadores de sus tierras… No obstante las muchas intervenciones de los Ministerios de Justicia, de Agricultura y de Trabajo, de la Procuraduría General de la Nación, de jueces penales y civiles, alcaldes, personeros e inspectores de Policía, así como de eminentes y juristas no se ha llegado aún en la fecha a una solución definitiva del caso. Verdad es que de 1956 a 1962, mediante la firma de acuerdos de 15 de agosto de 1957 y de 18 de diciembre de 1960, se ha evitado la agravación de la situación.” (Lujan Zapata, 4)

Acuerdos para violarlos

Según la lógica de los terratenientes los acuerdos se hacen es para violarlos. Tal se desprende del informe del Jefe de la División de Tierras del Ministerio de Agricultura que da cuenta que el pacto no se efectuó: “a causa del incumplimiento de sus cláusulas por parte de Marulanda”… el segundo “tropezó con discrepancias entre Marulanda y la representante de los colonos de San Bernardo y Guitarrilla por razón de los linderos de 600 de las hectáreas cedidas… los colonos de Ayacucho parece que aún no se sienten satisfechos y han arrancado las cercas de un sector que limita con la hacienda “BELLACRUZ” y en realidad no se ha podido delimitar lo que pertenece a ellos y a los propietarios de la denominada hacienda.”

Los abogados del diablo

El doctor Urrutia de la época era el abogado Eduardo Zuleta Ángel, tal vez el más prestigioso por cuanto su sabiduría se soportaba en sus nexos y conexiones con la elite política del poder (era compadre de Alfonso López Pumarejo2 entre otros) y también con las altas cortes a las cuales trataba de tú a tú. Como abogado de Marulanda Grillo en los memoriales presentados por Zuleta ante el Incora, minimizaba el problema y los reducía “sólo a 12 individuos invasores a quienes sus clientes están dispuestos a pagar sus cultivos por el precio fijado por INCORA y a darles tierra en cabida idéntica a la cultivada, en otro lugar de “BELLACRUZ”, donde no sean fuente de conflictos.” (Lujan Zapata, 7)

Con respecto de los baldíos que se hicieron adjudicar los Marulanda, “un visitador de la Procuraduría, un abogado de la División de Control de Uso de la Tierra hacen algunas consideraciones acerca de la Resolución que adjudicó en 1953 el baldío de nombres El Bajo y Santa Ana, a la señora Ramírez de Marulanda… sostiene que “es concepto general” el que el Ministerio de Agricultura expidió tal providencia asaltado en su buena fe, pues cuando se practicó la correspondiente inspección ocular, no existía ninguna explotación agrícola y ganadera, por lo cual se estima debe estudiarse bien la situación para los efectos de la Ley 34 de 1936… para una posible “Reversión” del dominio.” (Lujan Zapata, 7) El respectivo estudio jurídico indicó que “las divergencias sobre posesión, dominio y explotación de tierras” entre Marulanda y los colonos se circunscriben a Jabonal, Santa Ana y Taguaje.”

La Junta “PRODAMNIFICADOS AGRICULTORES DE SUR DEL MAGDALENA” y un grupo de 78 vecinos de La Gloria en sus memoriales a las autoridades “ponen de presente su situación de campesinos y colonos sin tierra por obra de Marulanda… se queja de la denegación de justicia que se ha presentado en su caso que de tiempo atrás se toleran los abusos de Marulanda, quien habilidosamente ha logrado vulnerar sus derechos de poseedores inscritos y de explotantes, con su influencia ante las más altas esferas del gobierno.” El diario Vanguardia Liberal conoció de estos hechos y su corresponsal en La Gloria “previene que actualmente Marulanda trata de venderles terrenos baldíos.”  No logró hacerlo a los campesinos y colonos, pero consiguió que el INCORA se interesara en comprarle parte de la hacienda para realizar lo que se llamaba una “concentración parcelaria” con colonos y campesinos. Este fue un sistema muy utilizado por los terratenientes en la época. Creaban el conflicto y le ofrecían tierras cuya tenencia no estaba saneada y para ello echaban mano de testaferros de “influencia e importancia”, fue así como vendieron la parte de Bellacruz, llamada Taguaje a dos personas de gran poder, Virgilio Barco y Alberto Lleras Camargo, quienes a su vez la vendieron a INCORA y este la parceló a campesinos. Pero, resulta que dicha hacienda tenía innumerables problemas con colonos y además no era apta para la explotación agrícola. Allí una misión francesa de técnicos expertos en cultivo del marañón pensó desarrollar el proyecto de producir aceite de marañón (utilizado en relojería) en base a un cultivo de 700 hectáreas de esta fruta, pero al poco tiempo de la siembra se dieron cuenta que su crecimiento era precario y el desarrollo de las plantas nada de lo esperado y con estudios pormenorizados de suelos descubrieron que la existencia de una gran roca a todo lo largo y ancho de la hacienda y a muy poca profundidad –unos 15-20 centímetros- que la hacía inviable para la producción y por esta razón el cultivo fue abandonado. La respectiva documentación de este caso se encuentra en los archivos del INCORA traspasados a INCODER.3

Enredar el ovillo

La metodología que han utilizado los terratenientes para apropiarse de más tierras, parte de un hecho: compran un predio saneado o aparentemente saneado, comienzan a agregarle fundos colindantes y a tergiversar los linderos de manera que enredando el ovillo, luego, no hay manera de desatarlo o por lo menos encontrarle la punta. La historia de la hacienda Bellacruz viene al caso, pues su propietario Marulanda Grillo comenzó a expandirse y según el estudio de marras, cuando la esposa de este compró la mitad del predio, lo hizo proindiviso, esto es sin linderos especificados, los fundos La Aguardientera y El Provenir, los hacen aparecer como parte del proindiviso, pero en el Certificado de Propiedad no se mencionan estas dos propiedades, que presentan de un lado, como “unas mejoras” y de otro, “extensiones nuevas” de las que “se anota han venido a aumentar las cultivadas llegando a formar la hacienda Bellacruz” (Lujan Zapata, 13) La otra mitad del fundo La Aguardientera la compró Marulanda sin especificar en la escritura la cabida del mismo. Y tampoco presentó el Certificado de Tradición y Libertad. En 1943, los cónyuges Marulanda- Ramírez adquirieron el predio Las Peñitas y los Fogones, pero Marulanda no adjuntó la copia de la escritura correspondiente y en 1942 habían adquirido una acción de un predio de la Comunidad San Bernardo denominado Las Tapias y Pajaral, también sin hacer conocer la escritura y sin determinar la alícuota que representa la acción de la Comunidad. Además, entre 1934 y 1943 había comprado según diversas escrituras las fincas Barranquilla, Porvenir, La Honda, todas sin cabida conocida. Una de esas, Barranquillita el vendedor no disponía de ningún título sobre la mitad y la otra mitad la había comprado a sucesores que basaban su dominio en haber conectado la energía a esos terrenos y carecía de la hijuela de adjudicación. Sobre otro fundo comprado denominado por los Marulanda, San Bernardo y Alonso, presentaron como constancia de propiedad un papel común y una escritura donde no se expresa el nombre del vendedor. Falta pues, el título de adquisición y es “extraña forma como aparece certificada la propiedad del fundo Alonso comprendido dentro de otro y con distintos linderos con una cabida de 60 hectáreas. (Lujan Zapata, 15) Carecen del dato de la cabida los predios San Simón, El Rhin y la hacienda Venecia. A este respecto el informe aclara que “Los lotes mencionados… con algunas pequeñas mejoras compradas a ocupantes y en terrenos de la nación, los exponentes han hecho un solo globo denominado Hacienda Venecia.”

En cuanto a los predios Berlín y El Guaimito se dice que fueron adquiridos en 1946 según un certificado en papel común –que por supuesto no tiene ninguna validez legal- expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos; los fundos Santa Helena, San Jacinto, Los Bajos y San Juan, de los que aclara el informe, “fueron terrenos baldíos”. Uno de los títulos no tiene el nombre del vendedor y una vendedora en representación de una sucesión no disponía de ningún documento “que pruebe la calidad legal”. En este caso, “se precisa allegar copia de las Resoluciones del Ministerio de Economía Nacional respecto de las fincas Santa Elena, San Jacinto y San Juan a fin de completar la historia de dichas propiedad en un lapso de 20 años y conocer su extensión. Falta el certificado de propiedad y libertad.” La lista de “compras” de tierras no termina, vienen Monte Líbano, Caño Ciego, La Esperanza, San Ignacio, La Derrota, La Islita, María Isidra y La Ceiba, San Miguel y tres acciones de la Comunidad San Bernardo, adquiridas en 1948, cuatro de las cuales en la tradición figuran como “compra de mejoras y ocupación de tierras baldías, con excepción de San Miguel y las tres acciones de la Comunidad el resto se calculaba en una extensión de 2.000 hectáreas. Del predio La Esperanza y del correspondiente a la Comunidad, “se echa de menos el título que les dio vida” Otras fincas San Ignacio (400 hectáreas) La Derrota (50 hectáreas) El Palmar (20 hectáreas) y María Isidra (400 hectáreas) fueron “vendidas como baldíos nacionales” que los vendedores “afirman haber hecho propios por el modo de adquirir propiedad de la ocupación”. (Lujan Zapata, 19)

En cuanto a los terrenos de la Comunidad de San Bernardo, llamados Tapias y Pajaral, solo “aparece un certificado en papel común que la acción está representada por el fundo de los nombres del rubro… se habla de otro fundo, cuyos linderos se anotan y del cual se dice que Marulanda solamente es dueño de “mejoras consistentes en siembra de pastos artificiales”. En 1952 siguiendo la práctica de la geofagia, adquirió los predios Caño Negro y El Clavo, pero Marulanda –reza el informe- “no ha llegado el certificado de propiedad y libertad. Siguiendo con la feria de los baldíos públicos le “fueron adjudicados a la señora Ramírez de Marulanda en 1953 los predios El Bajo y Santa Ana con una área de 4.932 hectáreas y anota el expediente: “para que la historia del origen del dominio de estas propiedades sea completa se requiere. a) Allegar al expediente el título por el cual Rafael Rodríguez adquirió la mitad de los fundos Bucheta y Boquerones y b) Contrato de compra-venta celebrado entre Marulanda y señora de un lado, y los sucesores del causante Giraldo Rodríguez.

El resumen de toda esta historia son más de 30 predios “cuyos títulos o certificaciones de dominio no han sido arrimados a los expedientes”; hay “oscuridad en 8 de los títulos revisados y 9 fincas no tienen titulación” (Lujan Zapata, 23-24)el informe concluye de manera tajante: “Los únicos títulos que hoy señalan a los cónyuges Marulanda –Ramírez como propietarios inscritos se refieren a la hacienda Bellacruz, es decir la primitiva finca raíz del mismo nombre, comprada por su cabida de 7.106 hectáreas y El Bajo y Santa Ana. Inmuebles estos adjudicados a la señora Cecilia Ramírez de Marulanda, cuya extensión se estimó por el Ministerio de –Agricultura en 4.932 has.”

Las leyes son para los de ruana

Aunque resulte tedioso transcribir un largo párrafo del estudio de Lujan Zapata, es un magnífico resumen de la tragedia de los baldíos que en Colombia se siguen manejando como si no fueran un bien público y que es la causante de la desigualdad no tanto en el ingreso, que de hecho lo es, sino, la desigualdad de la propiedad común y pública que debería utilizarse a favor del desarrollo del país y no de la apropiación privada de los que ya tienen y de sobra.  Dice (Lujan Zapata, 25 y ss.):

Especial comentario merecen los instrumentos referentes a las haciendas del acápite III. De aquellos aparece que se trata de tierras baldías que los vendedores Marulanda y su señora, o estos, o los tradentes de los primeros han querido hacer suyas en virtud del modo de adquirir el dominio conocido en nuestro Código Civil con el nombre de “Ocupación”. Y en realidad que a la luz de la Ley 200 de 1936, la verdadera propiedad sobre fundos rurales la otorga la explotación económica de ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que,  “derecho a llegar a ser dueño” sea en nuestra legislación cosa idéntica a “ser dueño”. En otras palabras quien con arreglo a las leyes explota tierras baldías, adquiere derecho a que el Estado por los procedimientos legales reconozca ese derecho mediante la expedición del título o sea la Resolución de Adjudicación… Cuando se compran cultivos o “mejoras” plantados en terrenos baldíos, se entiende que lo que se transfiere es la propiedad sobre tales plantaciones, más queda por fuera la posesión del baldío que es un hecho jurídico y no un bien susceptible de transferir y comunicar por ende, el dominio, que sigue en cabeza del Estado con calidad de “eminente”, pues está dirigido solo a la administración y a la adjudicación de dichos terreno.4 Sobra para el caso advertir que conforme al artículo 61 del Código Fiscal, las tierras baldías no se adquieren por prescripción. Y el ibídem los saca de comercio, por lo que su venta es desde luego de nulidad absoluta”.

Años después el INCORA hechos los estudios jurídicos pertinentes declaró esas tierras como baldíos nacionales y en consecuencia las adjudicó a los campesinos que las había trabajado por años. Claro está que a base de componendas con jueces, alcaldes y autoridades policiales han burlado el cumplimiento total. Y como luego se presentó una nueva oleada de violencia, desalojos, persecuciones que no terminan para los de ruana, el proceso continua.

Hijo de tigre sale pintao

Alberto Marulanda Ramírez hijo del Marulanda Grillo tomó el mando esta vez bajo la égida del paramilitarismo. El personaje había sido nombrado por Álvaro Uribe Vélez como Embajador ante la Comunidad Europea, puesto al que renunció luego de las denuncias que lo comprometieron como instigador del paramilitarismo en el sur del Cesar de la mano de su compinche Trino Luna Morón cuyo hermano dirigía las Autodefensas Unidas de Colombia en el sur del Cesar y las que son responsables de innumerables muertes desapariciones y desplazamientos de los campesinos por el conflicto generado por los Marulanda con respecto a las tierras de Bellacruz.

Con base en la Ley 160 de 1994, hoy en trance de ser adaptada por el gobierno Santos a las necesidades y avaricia de la plutocracia que lo apoya y en contra de los intereses públicos y de la nación, el INCODER bajo la dirección de Mirian Villegas y Jhenifer Mojica, reconfirmaron por enésima vez que las tierras que Marulanda vendió al empresario Efromovich, son baldíos nacionales y en tal sentido declararon nulas negociaciones realizadas y revirtieron las tierras a la nación para repartirlas entre los campesinos carentes de esta. Sin embargo, hoy las dos funcionarias se les ha obligado a presentar renuncia a sus cargos y tal como lo expresa la subdirectora de esa entidad en reportaje al diario El Espectador (09/14, 2013)“Hoy, con las modificaciones que se proponen a la Ley 160, es casi obvio que se está dando un giro, en especial, frente a la definición de para qué y para quiénes son los baldíos, cómo se deben recuperar, en cuáles casos hay que hacerlo y cuál va a ser su destinación final.” Los periodistas inquieren sobre el caso concreto de “la Hacienda Bellacruz”:

“¿En qué consistió su decisión?” Su respuesta es muy clara: “Allí ha habido desplazamientos forzados masivos. Tras 20 años de problemas sin solución, el Incoder por fin logró determinar que dentro de los predios de Bellacruz había unas 1.200 hectáreas de baldíos que no podían ser de propiedad privada. Nuestra decisión fue objetada y finalmente se interpuso demanda ante el Consejo de Estado. Este confirmó nuestra determinación y ya están registrados a nombre de la Nación. Pero todavía hace falta la recuperación material porque hoy, todavía, están siendo explotados por la empresa La Dolce Vista Inc.

¿De quién o quiénes es esa empresa?

Aparentemente es de propiedad del señor Germán Efromovich, el mayor accionista de Avianca.

El problema surge cuando aparecen, para oponerse, quienes han conseguido títulos de manera fraudulenta. Esos son los que hablan de “inseguridad jurídica”.

Es muy curioso que el Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez funcionario nombrado por Álvaro Uribe Vélez y a quien una “exhaustiva investigación” absolvió de sus nexos con el paramilitarismo en Antioquia, estuvo en un principio apoyando lo sustancial de la Ley 160, pero muy seguramente, tras las presiones de palacio cambio ciento ochenta grados de posición, lo que le da poca credibilidad a sus actuaciones, y como lo dice Jhenifer Mojica: “Me consta que el superintendente de Notariado sufrió una trasformación radical en las últimas semanas, sobre todo, a partir del debate sobre la discusión de la concentración de tierras que usted menciona. Con el doctor Jorge Enrique Vélez trabajamos conjuntamente todos los temas de tierras en un grupo interinstitucional que se había conformado. De pronto, él hizo unas afirmaciones y citó unas cifras que nos tomaron a todos por sorpresa. Le pedimos que nos aclarara cuándo había hecho esos estudios y estadísticas. Claramente él tenía una versión sobre la ilegalidad de la acumulación de baldíos hasta junio del 2013. Y una, totalmente contraria, en agosto y septiembre.”

Los pájaros tirándole a las escopetas

El abogado Jaime Granados, defensor de los no pocos líos judiciales del expresidente Álvaro Uribe, y como un indicativo de por dónde va el agua al molino apareció como apoderado de Germán Efromovich, y trastornó los papeles, para resultar “los pájaros tirándole a las escopetas”, pues, “radicó denuncia penal en contra de la directora del Incoder, Miriam Villegas Villegas, por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento público abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto… El jurista aseguró que esta Hacienda (Bellacruz)fue declarada como un lote baldío por parte del Incoder, hecho por el cual se pide que se investiguen estas presuntas irregularidades ya que se habrían utilizado mapas falsos y documentos que no corresponden a la realidad.” ¿Intentará emular Efromovich al geófago de Marulanda? No hay sino una respuesta, dime con que abogado andas y te diré quién eres.

No hace mucho el diario El Espectador 13/09/2013) refrescó nuestra memoria con la siguiente noticia que es el mejor indicativo de cuál ha sido el presupuesto del desplazamiento de campesinos por el terrateniente Marulanda y su séquito.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas inaugurará en la vereda La Pola, del municipio de Chibolo (Magdalena), la Casa del Balcón, lugar donde Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las AUC citó a sus habitantes para dar la orden perentoria de dejar sus tierras. Según estadísticas de la Unidad para la Atención Reparación Integral a las Víctimas se estima que en Chibolo hay 2.753 víctimas del conflicto armado y que los tres hechos victimizantes más importantes corresponden al desplazamiento forzado (2.621 casos), homicidios o masacres (238 casos) y desaparición forzada (60 casos).

Edición N° 00371 – Semana del 4 al 10 de Octubre de 2013

1 Los mencionados papeles se deben encontrar en el archivo de Incoder que debió recibir del Incora y corresponden al Expediente # 918. Los datos aquí mencionados corresponden al Informe Jurídico sobre el caso Marulanda Grillo, La Gloria (Magdalena), elaborado por Hernán Luján Zapata para el Departamento de Estudios Técnicos del Incora, del cual para fortuna de la historia conservo una copia.

2 Zuleta Ángel, Eduardo (1968) El Presidente López, Medellín, Albon Interprint.

3 Para más precisión ver “Proyecto Magdalena No. 3”, Referencia 203-1

4 Para una mayor profundidad véase Josefina Amézquita de Almeida y Wenceslao Tovar Mozo, Régimen Legal de Baldíos en Colombia.

 
 
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