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De nuevo sobre la rama judicial

  Henrik López Sterup
  Profesor universitario
   
 

La reciente detención de varios funcionarios judiciales y empleados de la rama judicial, al parecer dedicados a favorecer en el reparto de asuntos de materia penal y facilitar la libertad de procesados de toda índole, se suma a una serie de problemas que aquejan a la administración de justicia en el país. Este episodio es de una gravedad enorme, pero no es la única dificultad a la que se enfrenta el país en esta materia.

Al parecer, las fallas son de toda índole, desde la congestión judicial, pasando por la corrupción en la administración del personal de la justicia, hasta el amañamiento de jueces y fiscales en diversos asuntos. El caso Colmenares, por ejemplo, donde regularmente se descubre que hay presiones, compras, ofrecimientos y toda clase de actos corruptos en el proceso, no difiere de otras tantas marrullas que se ven en otros procesos, y con consecuencias perversas, como descubrir que no todas las víctimas de una masacre realmente lo eran y que terminó con una condena internacional, o que los testigos de diversos procesos modifican permanentemente sus testimonios o son comprados por las partes involucradas.

Dudo que todos los jueces, fiscales y empleados de la rama judicial sean corruptos. También que lo sean todos los abogados. Pero, lastimosamente, con unos cuantos basta para que todo el sistema se vaya al traste y deslegitime al Estado colombiano. De ahí que, entre otras razones, cuando se enfrentan grupos poderosos, sea preferible acudir a la tercera vía del arbitraje.

Sorprendentemente, con ocasión de las detenciones de las últimas semanas, se han alzado voces desde diversos sectores, usualmente enfrentados, que demandan que se aplique mano dura contra estos funcionarios. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que debe ser así, pero es sorprendente. Lo es, por que frente a todos los males de la justicia, únicamente se arma un escándalo por este caso. Frente a las otras situaciones que se han vivido y que persisten, la sociedad simplemente se hace de la vista gorda.

Por ejemplo, ¿por qué no se escandaliza el país ante las condiciones de trabajo de los funcionarios y empleados de la rama judicial? ¿Acaso no es una vergüenza que los jueces tengan que resolver, en cuestión de días, cientos de casos? ¿No preocupa al país la calidad de las decisiones adoptadas en estas condiciones? Seguramente no todas con la calidad jurídica esperada. ¿Cómo esperar justicia de calidad cuando la idoneidad no es siempre el criterio para la selección de funcionarios judiciales, sino el oportunismo político o los intereses regionales o comerciales de sus nominadores? ¿Qué esperar de procesos judiciales en materia penal montados sobre la base de testimonios débiles, en lugar de apoyarse en sólida evidencia objetiva? ¿Cómo esperar dicha evidencia objetiva cuando los cuerpos de investigación no cuentan con medios? También, ¿cómo esperar decisiones judiciales basadas en sólida evidencia y en razones jurídicas sostenibles y admisibles, cuando la formación jurídica sigue enfocada a la memoria y a la forma, de manera que enredar el proceso judicial se convierte en la enseñanza básica para muchos juristas? ¿Qué otra cosa esperar que enredar la pita no sea la mejor opción, cuando la sociedad misma no solo no demanda otra cosa de la justicia, sino que asume como medio de defensa la negación de sus propias responsabilidades? Ante ello, ¿cómo no va a fungir el apoderado como real portavoz de tales aspiraciones, dejando de lado, si es que fue formado en ella, la ética profesional? ¿Cómo es posible que a estas alturas el país no cuente con colegios de abogados que fijen criterios de ética profesional a sus miembros? ¿Cómo podría ser de otra manera cuando la aspiración de muchos abogados es el paso a la judicatura para proteger sus intereses futuros? ¿Qué puede esperar la sociedad cuando la actuación de la rama judicial no es transparente? ¿Cómo puede ser transparente si las decisiones basadas en derecho son cuestionadas por los intereses políticos?

Las preguntas podrían seguir y al final no tendríamos más que una radiografía de la problemática de la sociedad colombiana. Tomarse los derechos en serio significa, en primera medida, tomarse a la justicia en serio. Ello es costoso, no sólo por el gasto público que supone –esto es, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y empleados; mejorar las condiciones físicas de atención a los demandantes de justicia, etc.-, sino también por el costo de intereses económicos, políticos, ideológicos y personales que ello supondría. Tomemos algunos ejemplos, ¿apoyaría un abogado mediocre o de bajo nivel jurídico que se simplificaran los procedimientos judiciales o que se fijaran pautas –por ejemplo, por vía del precedente- precisas frente a procesos inútiles? Seguramente no, porque perdería aquello que le da el pan. ¿Apoyarían los poderosos que el reparto judicial y el trámite procesal fuese más transparente? Seguramente no, porque correrían el riesgo de que sus causas fueran juzgadas debidamente. ¿Apoyarían todas las facultades de derecho que se mejorara el nivel de sus egresados? Seguramente no, porque los mismos profesores quedarían en entredicho.

En su columna del día de 24 de octubre en El Espectador, Rodolfo Arango proponía que los candidatos a jueces debieran cursar dos años en la escuela judicial, antes de poder aspirar a un cargo en la rama judicial. Es una idea maravillosa, pero insuficiente. Un paso es garantizar la autonomía de la escuela judicial. Que opere como un centro educativo de educación superior para jueces. El trasfondo no es simplemente generar más entes en el país, sino fortalecer la autonomía de la rama judicial. Autonomía que debe trasladarse hacia diversos puntos.

Otro paso es hacer más transparentes los procesos de selección y evaluación de empleados y funcionarios.  De una parte, la selección a partir de procesos educativos, permiten identificar a los más aptos para la rama, pero también se necesita que la evaluación sea razonable y no simplemente basada en criterios de eficiencia y de gusto de los superiores. Decidir cientos de casos de manera irrazonable y mal sustentado no se compadece con la función pública de administrar justicia. Se requiere que se evalúe la calidad de las decisiones, lo que no es lo mismo que el superior jerárquico las valore según su parecer jurídico, sino conforme a parámetros racionales y de lo razonable. En cuanto a las altas Cortes, resulta un despropósito que los aspirantes a magistrados hagan lobby para lograr su elección. Los electores deberían motivar o de alguna manera justificar sus decisiones, fijar criterios claros para poder seleccionar.

Claramente, es necesario hacer transparente el sistema de reparto de procesos, por ejemplo utilizando sistemas aleatorios que, de paso, permitan determinar la carga real del trabajo en los distintos despachos.

Pero, en últimas, poco o nada se avanza si todas estas medidas no están acompañadas de otros elementos. De un lado, el reconocimiento de la labor judicial. Mientras el juez sea visto como el fracasado, que la judicatura esté reservada para lo que muchos consideran facultades de segundo nivel o que la actividad judicial se entienda como extensión de la burocracia administrativa (es decir, mientras se haga énfasis en la administración antes que en la justicia, al hablar de administración de justicia), el juez siempre estará expuesto a presiones. ¿Decide el juez de manera autónoma cuando un ministro, un expresidente, un periodista, un comerciante poderoso o un presunto criminal no tienen reparo alguno en criticar, las más de las veces sin siquiera comprender, sus decisiones? ¿Puede un juez garantizar los derechos si la orden, de libertad o la de su privación, será sometida al escrutinio, ojalá jurídico, basado simplemente en intereses de conveniencia y oportunidad? Mientras el trabajo del juez no se dignifique y se coloque en el alto lugar que la sociedad demanda, la independencia judicial llegará tan lejos como los intereses en juego lo permitan. No se diga nada, por ejemplo, frente a quienes insisten en, sea con base en argumentos religiosos o en dudosas concepciones sobre la supremacía parlamentaria, juzgar la competencia de la Corte Constitucional en la definición de los derechos fundamentales de los colombianos. Ante tales presiones sobre jueces y magistrados, no es posible una petición de heroísmo y, retomando lo que la Corte Constitucional dijera alguna vez frente al impotente, el juez termina por “sucumbir ante su propia impotencia”.

Por otro lado, mientras la concepción del derecho y los consiguientes criterios de lo admisible sigan por el camino de la forma y los procedimientos, y en la falsa autonomía de la libre interpretación, la unidad  del derecho, a lo cual todos los ciudadanos tenemos derecho, no es más que una farsa. Por una parte, el ciudadano se ve sometido al albur del libre albedrío de la decisión judicial, que interpreta a su acomodo la ley (sin que quiera decir que sea contra legem), de manera que en cada juzgado no sólo hay un código de procedimiento propio, sino un orden jurídico propio. Así, no hay seguridad jurídica, pues no basta el texto legal. Por otro, los abogados insisten en causas y argumentos ya fallidos, congestionando el sistema. Así, por ejemplo, un sólido sistema de precedentes, que es siempre es posible revisar, garantiza que los casos que no sean más que reiteración del mismo conflicto ya fallado no se conviertan en razón de congestión y podrá el juez dedicarse al caso novedoso.

Finalmente, la carrera judicial debe culminar con la posibilidad de que los jueces puedan ser magistrados de las altas cortes. Está bien que entren nuevas voces a la judicatura, pero no puede ser que quienes llevan años en la actividad no tengan una garantía de que algunos de sus miembros serán parte de las altas cortes. De nuevo, se implementa la diferencia entre los fracasados, para quienes están reservados los juzgados de toda índole y los tribunales y los exitosos, que tendrán acceso a las altas cortes. Distinción odiosa y reflejo de la profunda inequidad de la sociedad colombiana.

El trabajo en la judicatura supone un fuerte sacrificio, pero también debería ser un honor. Así, llegar a la cúspide de la rama –a alguna de sus altas cortes- debería ser, no el comienzo de una exitosa carrera política, judicial o de litigio, sino la culminación de un proyecto de vida. Sólo así llegarán lo que tengan vocación y simplemente la ocasión.

Edición N° 00374 – Semana del 25 al 31 de Octubre de 2013
 
 
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