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Posible… pero…

  Víctor Negrete Barrera
  Centro de Estudios Sociales y Políticos – Universidad del Sinú
   
 

Restitución de tierras en Córdoba

No resultará fácil el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas y restitución de tierras. Muchos lo saben: gobierno, autoridades, defensores, opositores y personas y grupos medianamente informados. Sobre todo en el departamento de Córdoba donde las tierras despojadas y  abandonadas de manera forzosa tienen una larga tradición que todavía no termina, además de una serie de hechos incumplidos y cuestionados que hacen más complicado su ejecución. Veamos algunos ejemplos:

Casos emblemáticos cuestionados

El departamento está lleno de casos emblemáticos de despojos no resueltos, reubicaciones en difíciles condiciones económicas y de seguridad, predios incautados que no se sabe con exactitud qué va a pasar con ellos y las miles de familias que durante largos años no han podido acceder a los programas de tierra del Incoder o de cualquier otra institución. El conocimiento de estos casos ha hecho que un alto número de personas no crea que sea posible la restitución tal y como está planteada en la ley y le restan credibilidad al actual proceso. Para corroborar sus apreciaciones mencionan casos  ampliamente conocidos: el de la errante y sacrificada familia Salabarría que después de más de veinte años no han podido volver a sus predios en Mundo Nuevo, Montería, a pesar de tener las escrituras en la mano; los parceleros de Costa de Oro en Montería y los de El Porro en Tierralta, en un vaivén de  desalojos y retornos por los hombres de Castaño, Mancuso y sucesores que  no los dejan tener el bienestar y seguridad que merecen; la ciénaga de Martinica, desde el año 1981 las instituciones correspondientes todavía no terminan de adelantar los trámites para la recuperación de este bien público, hoy día gran parte de ella desecada y la totalidad de sus playones convertidos en pasto para reses y búfalos; las reubicaciones en los predios La Duda los Llantos, La Duda El Tomate (llamado ahora Nuevo Horizonte y Valle Encantado) y El Quindío son ejemplos de ineficiencia e improvisación gubernamental, unidos a la inseguridad de los grupos armados ilegales y la creciente deuda económica con la extinta Caja Agraria; los predios provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes Las Catas y La Jagua, también son ejemplo de incumplimiento, provisionalidad, sin plan integral de atención y presencia de grupos armados.

A pesar de todos estos problemas e incertidumbres el grupo de solicitantes de restitución va en aumento. Poco a poco toman confianza y con un dejo en la voz y el espíritu, mezcla de pesimismo, esperanza y temor, te explican que “la necesidad es muy grande, tal vez esta sea la oportunidad de recobrar lo mío… sé que no va hacer fácil, pero ¿qué es fácil para nosotros los pobres del campo?”

El incumplimiento de sentencias y resoluciones defensoriales

La sentencia de la Corte Constitucional número T-194 de 1999 o protección de los humedales no se ha cumplido en ningún municipio. Mediante ella “ordenó a los Personeros, Alcaldes y Concejales de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, Lorica, San Bernardo del Viento, Purísima, Chimá, San Pelayo, Ciénaga de Oro, San Carlos, Momil, San Antero y Moñitos que procedan de inmediato a suspender toda obra de relleno y desecación de pantanos, lagunas, charcas, ciénagas y humedales en el territorio de sus municipios, salvedad hecha de las que sean indispensables para el saneamiento”. Para ello debían “Adelantar las actuaciones administrativas de su competencia, instaurar las acciones procedentes para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares”. Los escasos intentos que se hicieron fracasaron estruendosamente ante el poder de los grandes ocupantes.

La Resolución Defensorial número 38 del 2005 de la Defensoría del Pueblo se ha cumplido mínimamente. Trata sobre las consecuencias de la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, las intervenciones en las ciénagas y demás cuerpos de agua y el desarrollo de las camaroneras en el delta del río Sinú. La Resolución Defensorial número 58 de 2010 se ha cumplido mínimamente. Trata sobre la problemática de acceso a tierras en el departamento de Córdoba basada en casos de despojo, desplazamiento forzado y abandono de tierras, falta de legalizar tierras a beneficiarios de reforma agraria, procesos ejecutivos por cobro de cartera de tierras, indivisión de predios titulados en forma colectiva, ocupación de baldíos nacionales inadjudicables, daños a los recursos naturales y al medio ambiente, cultivos ilícitos, inseguridad a líderes y miembros de las comunidades. Una lástima que la Defensoría del Pueblo no tenga capacidad de sanción porque sus propuestas quedan como buenas intenciones.

La ocupación o tenencia de tierras por medios ilícitos o violentos

La historia de lo que hoy es Córdoba registra innumerables casos utilizados por hacendados, políticos, comerciantes, funcionarios y grupos armados ilegales, entre otros, para hacerse a tierras de campesinos, colonos y del mismo Estado por medios ilegales o violentos. Entre estos casos están: cuentas falsas, agregando ceros a las deudas para aumentarlas, montando tiendas de compra y venta obligatoria con precios excesivos, marcando ganado ajeno, robando escrituras, sobornando autoridades, emborrachando, jugando a los gallos y cartas, amenazando, matando por tercera mano, clausurando caminos y puentes, ofreciéndose de compadres o abogados defensores para al final quedarse con las tierras, rodando cercas, desecando o cambiando cauces de agua, canalizando fuentes, echando ganado a los cultivos, acusando de robos o invasiones de tierras, haciendo correr rumores de poseer poderes malignos y pactos con el diablo, quemando casas, haciendo préstamos o avances, envenenando aguas, robando o matando animales domésticos o de carga, quitándoles las crías a las vacas paridas de los campesinos y poniéndoles terneros de ellos, haciéndole insinuaciones a las mujeres, amenazando o advirtiendo con las autoridades o grupos particulares que cumplen las funciones de ellas, manteniendo grupos armados privados, impidiendo la recolección o venta de los productos, controlando el transporte, ocupando baldíos o bienes públicos, alambrando ciénagas o humedales. Muchas veces no intervenían directamente sino a través de mozos, capataces, administradores, cuidanderos, escoltas, abogados o las mismas autoridades.

El poder e influencia de los despojadores y grandes ocupantes de baldíos

De hecho son personas que cuentan con los recursos, apoyos y medios suficientes, propios o de otros, para hacerlo. Generalmente pertenecen a familias pudientes, con influencia social, económica y política, hacen parte de la institucionalidad pública o privada, son propietarios o representantes de empresas. Un número apreciable de ellos están vinculados con grupos armados ilegales, narcotráfico, contrabando, corrupción o a cualquier cartel o mafia de las que existen en el país. Hacen parte del grupo de opositores de la restitución.

Faltan modelos de desarrollo rural con enfoque territorial y diferencial

La mayoría de los proyectos productivos que han empleado los llamados beneficiarios del Incora-Incoder siguen siendo los tradicionales: pequeños cultivos básicos para la alimentación familiar, dejando una parte para el intercambio o el comercio, con dificultades para acceder a una mayor y mejor producción, sin recursos económicos suficientes, a merced de los intermediarios, grandes propietarios, inversionistas y grupos armados ilegales, con malas vías y costoso transporte, en fin, el panorama ampliamente conocido por todos.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 Colombia rural. Razones para la Esperanza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Modelo de desarrollo rural con enfoque territorial del bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba 2013, entre otros trabajos, ofrecen interesantes aportes a tener en cuenta en la elaboración de estos modelos de desarrollo rural.

Las barreras al acceso a la justicia

A la población rural del departamento, sobre todo a la más vulnerable (adolescentes, mujeres, indígenas, negros) no le es fácil acceder a la justicia ordinaria local por varias razones: faltan juzgados, las decisiones son lentas, el costo y las dificultades de la movilidad, el confinamiento y control de los grupos armados ilegales especialmente en zonas de conflicto alto (municipios del sur) y medio (zonas costanera y Sinú medio). En algunos lugares los resguardos indígenas, las acciones comunales, autoridades afros, sacerdotes y pastores desempeñan el papel de orientadores o conciliadores.

Las contribuciones de la memoria histórica

Sobre la historia y desarrollo del conflicto en Córdoba existe una recopilación de información importante pero insuficiente. Faltan aportes de víctimas, desmovilizados, políticos, gremios económicos, comerciantes, hacendados, justicia, fuerza pública, iglesias y docentes, entre otros. La información oral abunda, no está recogida ni puede divulgarse; no hemos sistematizado las enseñanzas del conflicto ni las hemos difundido ni mucho menos aplicado, de tal forma que nos sea útil para disminuir los riesgos de su repetición. Archivos, museos, investigaciones y eventos son fundamentales para conocer amplia y profundamente  quiénes, cómo y por qué motivos propiciaron  las amenazas, desplazamientos y  despojos.

Debilidad y vulnerabilidad de los líderes y organizaciones de víctimas

La ley fija los derechos de las víctimas y traza la ruta de cómo alcanzarlos. A pesar del corto tiempo de vigencia de la ley ya cuentan con organizaciones a nivel municipal, departamental y nacional. Son organizaciones débiles, vulnerables, en formación se puede decir. A varios de sus líderes los mataron, hay amenazados, otros tienen miedo y actúan con suma prudencia, sin llamar mucho la atención. Aunque la ley pone a disposición de ellos numerosas instituciones para la satisfacción de sus derechos, lo cierto es que gran parte de ellas no está cumpliendo.

En resumen

La restitución de tierras en Córdoba es posible por los casos conocidos que se presentan en el departamento y el país, sin embargo el gobierno debe tener en cuenta que el proceso es complejo, con muchos opositores e incrédulos. Las escrituras y la ocupación de los predios son los primeros pasos por un camino lleno de obstáculos. Reconocer que los distintos gobiernos han fallado en políticas y programas básicos, que están cuestionados, que este debe enmendar errores, apoyarse y darle participación a las organizaciones de víctimas y verificar a cada momento el avance o no de los objetivos propuestos. Debe ver el proceso de manera integral y no unilateral como es usual por parte de los funcionarios.

Edición N° 00374 – Semana del 25 al 31 de Octubre de 2013
 
 
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