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La Corte Constitucional merece respeto y acatamiento

  Alonso Ojeda Awad
  Ex embajador de Colombia
   
 

Si un país que se llama democrático y que en su Constitución Nacional habla del Estado Social de Derecho no acata ni respeta los fallos de la Honorable Corte Constitucional, si estamos en una situación muy preocupante.

Y esto es efectivamente lo que ha pasado a raíz del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el acto legislativo de 2012 que amplió el fuero militar.

Debemos entender todos los colombianos, sin ninguna excepción, que cuando la Honorable Corte produce un fallo de esta naturaleza ha puesto sobre el fiel de la balanza todos los argumentos en pro y en contra, ha valorado todas las situaciones y decide, después de largas y profundas reflexiones producir por mayoría el fallo que considera más ajustado a la realidad jurídica y democrática de la nación colombiana.

Y este fallo debe ser acatado y además respetado, porque es ella, la Corte Constitucional, la gran conductora de la sociedad colombiana que se debate en amplias y procelosas discusiones. Ella es la indicada para fijar el norte y todos, incluyendo los órganos Legislativo y Ejecutivo, deben respaldarla y ayudarla para que en su sabio entender pueda conducir jurídicamente a la nación hacia puerto seguro de su destino.

Por eso, no nos ha parecido una actitud correcta el que muchos funcionarios del Estado, civiles y militares, por el simple hecho que no les gustó el fallo hayan salido a la opinión pública a tratar de demeritar y restarle peso jurídico a tan sabia decisión. Así no se construye la justicia y la democracia que estamos reclamando. Es lo mismo que si en medio de un partido de fútbol y perdónenme el símil, los jugadores que no se sientan respaldados por el árbitro decidan entonces, a motu propio, cuestionar la autoridad del árbitro y durante todo el tiempo incriminarle su decisión.

A pesar que el presidente Santos defendió a capa y espada el fortalecimiento del fuero militar, la Corte en su real conocimiento y entendiendo que su poder es independiente del poder presidencial decidió declararlo inexequible. En esta forma, los duros cuestionamientos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, así como la ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch pudieron quedar un poco más tranquilos porque de no haber sido así, duras recusaciones contra el Estado colombiano se hubiesen visto y escuchado en la Corte Penal Internacional.

Y es que existía mucha preocupación por la posibilidad de que el fuero militar fuera ampliado y una serie de delitos ocurridos fuera de los combates se consideraran como cubiertos por el fuero militar y el caso más conocido como “falsos positivos” terminara siendo interpretado como  combate, considerándose esto una aberración jurídica.

Desde la universidad colombiana tenemos un concepto noble y sacrificado de los miembros honestos y éticos de las Fuerzas Armadas. Pero, no se puede desconocer que existe una gran cantidad de uniformados que no actúan con base a la Constitución y las leyes y han llegado a cometer delitos contra la población civil indefensa colombiana.

Por ejemplo, el diario El Tiempo en su edición del día viernes 25 de octubre de 2013 en la página segunda titulada “debes saber” informa que “más de 1.400 uniformados están tras las rejas. 44 en cárceles custodiadas por el INPEC, 91 recluidos en establecimientos de la Policía. 1.213 en establecimientos del ejército, 11 presos en establecimientos de la Fuerza Aérea, 65 en establecimientos de la Armada Nacional”. Por otro lado también informa que hay “4.000 uniformados investigados por la Fiscalía por “falsos positivos”, en casi 1.700 procesos”. Y termina diciendo que “15.000 es el número de uniformados investigados por la justicia penal militar por delitos como homicidio, lesiones personales, deserción, entre otros, a corte de 2011”.

Quizás estas sean algunas de las razones que llevaron a los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo, Guillermo Rivera, a los juristas Ramiro Bejarano, Santiago Medina, a la ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y a la Comisión Colombiana de Juristas que preside Gustavo Gallón a presentar la demanda del Fuero Penal Militar, radicada el 19 de febrero del presente año donde dijeron “esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

Así las cosas, esperamos y confiamos que todos los colombianos y colombianas brindemos a la Honorable Corte Constitucional el respeto y el acatamiento, de usanza, ante sus salomónicos fallos.

Edición N° 00375 – Semana del 1º al 7 de Noviembre de 2013
 
 
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