Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

¿Será mucho pedir?

  Henrik López Sterup
  Profesor Universitario
   
 

En el artículo que la revista Semana dedica al tema de la corrupción en la justicia (Corrupción en la Justicia Colombiana), la primera oración con que comienza, es definitiva: “La justicia tocó fondo”. Luego señala que “Los colombianos ya no se sorprenden al ver los distintos escándalos que involucran a los más conspicuos representantes de la rama judicial. Carruseles de pensiones millonarias en las altas cortes, cartel de jueces que negocian fallos, luchas a muerte para no jubilarse, clientelismo judicial, y cruce de favores componen el abanico de episodios con el que semanalmente se deleitan los medios”. El artículo dedica varios párrafos a detallar estos asuntos, a comentar el caso del Magistrado Villarraga y, sostiene que a la rama no se entra o no se asciende por mérito, sino por ser parte de la rosca, pero el foco de la atención está sobre el Consejo Superior de la Judicatura y, en particular, la Sala Disciplinaria.

Lo que se vive no es nuevo. Hace rato, desde distintas instancias se viene advirtiendo sobre la grave descomposición dentro de la rama judicial. Descomposición de diversa índole. La más destacada, claro está, es aquella relacionada con la corrupción, pues su impacto mediático y deslegitimador es enorme. Peor si incluimos dentro del concepto de corrupción, la politiquería dentro de la rama, el panorama es desolador.

Es posible que el diseño institucional que surgió de la Constitución de 1991 presente fallas. Muchas voces, entre ellas el gobierno, se han alzado para señalar que la fuente es el Consejo Superior de la Judicatura y que debe eliminarse. De hecho, al parecer, el Gobierno tiene listo un proyecto –seguramente desde hace rato- que será “socializado”, es decir, el país será informado, aunque no será partícipe. ¿En qué se basa dicha propuesta? ¿Podrá ser alterada? ¿Qué busca la reforma a la justicia? ¿Cuáles son los problemas centrales? ¿Se requiere, en todos los casos, de una reforma constitucional?

Quizás sea oportuno hacer una lectura de la Constitución, para luego sí entrar a considerar los cambios necesarios. Veamos un ejemplo. Uno de los problemas que se menciona, y con toda razón, es el poder que tiene la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la enorme politización que actualmente tiene. Pues bien, sobre ella hay varios puntos importantes a considerar.

En primer lugar su existencia como garantía de la independencia y autonomía de la Rama Judicial. La existencia de un organismo con la Sala Disciplinaria se explica, precisamente, por la necesidad de asegurar que los Jueces y Magistrados de la República sean disciplinados por un órgano que no represente una amenaza para la propia rama judicial. Con esto quiero decir, un órgano que no depende de los otros poderes y que, de esta manera, no incida en las decisiones de la rama judicial, que es en últimas, lo que hay que proteger: que los jueces y magistrados estén libres de presión a la hora de decidir.

Pues bien, las funciones específicas y la manera en que se ejerce la tarea disciplinaria se regulan por ley estatutaria ¿no es, entonces, posible modificar el sistema de control? ¿No sería deseable que se concentrara en dicha sala exclusivamente la función disciplinaria? ¿Acaso la Constitución exige algo distinto? No lo parece.

Podrían, en todo caso, desplegar su poder al fallar sobre tutelas o al fallar sobre los conflictos de competencia. Pero, este no es el problema de fondo. El que tengan dicha competencia, que podría ser discutible en lo que a la tutela respecta, no es causa de su enorme poder. Antes bien, lo es el que no se ha puesto orden sobre la tutela; esto es, que se admita de una vez por todas, el carácter de órgano de cierre de la justicia constitucional a la Corte Constitucional y que la revisión de tutela implica una función de unificación (con la implícita consagración de un sistema de precedentes vinculantes). En cuanto a los conflictos de competencia, en particular entre la justicia penal ordinaria y la penal militar, es cuestión de claridad normativa y dogmática (claro, para ello se requiere juristas bien preparados que puedan lograr dicha claridad).

Esto lleva, claramente, al problema de fondo. ¿Qué clase de juristas llegan a las altas Cortes? No es solamente un problema de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Respecto de las otras altas Cortes se escuchan voces de alarma frente a quienes son designados. ¿Se requiere una reforma constitucional para enfrentar el problema? Por un lado, la elección política no asegura que lleguen siempre los peores. Es claro que muchos magistrados de la Sala Disciplinaria o de la Corte Constitucional han sido ejemplos claros de excelentes funcionarios judiciales; ¿la cooptación asegura siempre que los mejores llegarán? No siempre ha sido así. Frente a algunos magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y o de la Sala Administrativa también se han presentado situaciones que comprometen su idoneidad, al menos moral, por no decir que profesional de alguno de sus miembros.

Es decir, ni lo uno ni lo otro es tan malo o tan bueno. Depende de los criterios de selección. ¿Quién propone y bajo cuales supuestos? ¿Cómo se revisa y se valoran las hojas de vida de los aspirantes? ¿Qué les depara el futuro al terminar su función? En otras palabras, es un problema de selección de personal. ¿Dónde están los Presidentes de la República para dar la cara por las ternas de magistrados a la Sala Disciplinaria que han presentado al Congreso? ¿Dónde están los honorables congresistas para dar explicaciones de sus elecciones? ¿Por qué no se piensa en desarrollar legalmente la función de selección de los magistrados? ¿Por qué no se regulan de manera distinta el proceso de selección de los magistrados por cooptación?

Para todos los magistrados de las Altas Cortes se exige que hayan ejercido la profesión de abogado con buen crédito o la de catedrático en una universidad reconocida oficialmente. Pues bien, ¿cuál es la dificultad para establecer criterios que permitan calificar de buen crédito el ejercicio de una profesión? ¿Basta que no tenga antecedentes disciplinarios? Lo mismo de la cátedra. ¿Basta que haya dictado clase por el tiempo señalado?

En esto hay que ser serios, y la seriedad comienza por demandar de quienes eligen magistrados y proponen candidatos, que expongan qué entienden por estos conceptos y que justifiquen sus propuestas y decisiones. Se requiere que se adopten criterios, tales como que sus actuaciones jurídicas –sean en demandas, conceptos, asesorías, etc.- sean de calidad. El buen crédito no es simplemente que sea famoso; tampoco que no sea señalado disciplinaria o penalmente. Es que su fama como jurista realmente exista dentro del gremio, no dentro de los clientes. La cátedra universitaria demanda una revisión adicional. ¿Es profesor de la planta de la universidad? ¿Sus investigaciones son merecedoras de crédito académico? ¿Su actividad docente es valorada? ¿La universidad a la que pertenece es reconocida por ser exigente con sus docentes o se trata la sociedad de los mutuos elogios?

Finalmente, es necesario que la llegada a la cúspide de la rama judicial sea el final de una exitosa carrera. No es posible, por el riesgo que entraña, que los magistrados puedan continuar con una vida profesional activa luego de su paso por la rama judicial. Nada más tentador que diseñar una jurisprudencia a la medida de los casos que le llegarán en un futuro.

Para esto, ¿se requiere una reforma constitucional? No. Basta una reforma legal profunda, eso sí. Una que sea producto de un debate abierto, tanto en su diseño, como en su trámite ante el Congreso. Un debate en que todas las partes expongan sus intereses y preferencias y las distintas voces sean escuchadas. ¿Será eso mucho pedir?

Edición N° 00376 – Semana del 8 al 14 de Noviembre de 2013
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus