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Debate de la justicia, política e investigaciones
pendientes en Colombia

  Miguel Ángel Herrera Zgaib1
   
 

¿El cocido “greco-caldense”?

Hay un grupo caldense del que hacen parte tanto Oscar I. Zuluaga como Hoyos, quienes con asiento en Pensilvania tuvieron mucho éxito electoral en los años anteriores, e hicieron carrera en las filas de lo que se llamó el uribismo, cuando concurrieron varias vertientes ligadas con el paramilitarismo directa o indirectamente. Hoy no se desprenden del todo, según lo denuncian las investigaciones hechas por la fundación Nuevo Arcoiris, que, por ejemplo, señalan al barón electoral de Antioquia, Jorge Alfredo Ramos, y sus nexos non santos con la para-política.

Al respecto del caso Zuluaga intervino en la "W", el jefe del grupo de autodefensas, José Julián Osorio Alzate, “el Indio”, del Bloque Cacique Pipintá esta semana, para señalar, sin que a él le constara directamente, que nadie podía ganar elecciones en esos territorios hasta el día de hoy sin tener la complacencia de los grandes jefes paramilitares.

Unos y otros han tratado de descalificar lo dicho por un delincuente confeso, como se trató antes de utilizar al revés a Tasmania, otro paramilitar, para incriminar al magistrado Velásquez de la Corte Suprema de Justicia, hace unos años. Tarea para la cual trabajaron “peones” político del ex presidente Uribe.

¿La justicia, un as de burlas?

Ello es posible porque el testimonio es un "as de burlas", un "arma de doble filo", dirán otros, en una sociedad corrupta, en decadencia, sometida a la lógica del capitalismo salvaje, que ya tenía la condena estética de William Shakespeare, en su obra Timón de Atenas, y Miguel Ángel de Quevedo, en sus punzantes versos.

Y claro está, Marx y Engels, también lo expresaron en las líneas que le dedicaron al capitalismo en El Manifiesto, y que tan lúcidamente comentó el intelectual neoyorkino, Marshall Berman, recientemente fallecido, en su libro Todo lo sólido se disuelve en el aire.

Por supuesto, el propio Fiscal, que se autonombró para continuar en su cargo, Eduardo Montealegre, se dedicó en los últimos meses con espectacularidad mediática a descubrir lo que se llama "el cartel de los testigos", que perjudicó la vida de Sigifredo López, el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle, sin, por lo que sabemos a raíz de su enfrentamiento con la contralora Sandra Morelli, resolver la oscura situación de él, y de su esposa, Tania Hernández Guzmán.

Ella fue secretaria del Seguro Social y creadora de Multijurídicos para hacer recobros ante el Fosyga, con el desfalco legal a Saludcoop, que asciende a la suma de 3 billones de pesos, y el pago de servicios de asesoría intuito personae al doctor Montealegre, por un total de $1200 millones que estaban en ejecución para septiembre de 2012. Estos son elementos probatorios, dicen los periodistas Julito y Camila de  La W, que serán presentados por la Contralora en la sesión de la comisión de acusaciones de la Cámara el entrante miércoles 13 de noviembre.

Periodismo y denuncias de antes y ahora

Aquí y ahora, León Valencia, con valentía recuerda esos antecedentes y episodios que oscurecen la trayectoria de Oscar I. Zuluaga, quien a la postre resultó, sin tener imagen ni votos suficientes, por obra y gracia del ex Uribe, convertido en su candidato presidencial por encima de cualquier "pudor democrático".

Pero, Zuluaga exhibe un baldón inocultable, haber solicitado el retiró de José Obdulio Gaviria de la lista a Senado, y quien ha callado después al respecto. Y ese silencio lo mantiene hasta hoy, sin que tengamos públicamente sabido que ocurrió de antes a hoy.

Como él hay otras situaciones, entre ellas, el caso de la notable senadora cundinamarquesa Nancy Patricia Gutiérrez, asociada con el señalamiento y chuzadas a la entonces también senadora, Piedad Córdoba, a quien todavía se asocia con la enigmática Teodora, para hacerla figurar cuando menos como una "idiota útil" de las Farc-Ep.

Nancy Patricia es una política de confianza, de la entraña de Uribe Vélez, a quien se denunciaba como teniendo lazos con los paramilitares en Cundinamarca, y de quien recientemente hizo un panegírico, Plinio Apuleyo Mendoza. Él se convirtió en gacetillero de figuras nefandas como el coronel Plazas Vega, para mostrar apenas un botón.

Con todo, Plaza Vega aparece también acusado por uno de sus subordinados de haber ordenado el traslado de cuando menos una persona, en este caso, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien herido de bala en dos partes de su cuerpo, salió con vida y apareció torturado y muerto.

Su esposa, profesora de la Universidad Nacional, y quien vive ahora en la Florida, ratificó que la persona que aparecía en los videos es Carlos Urán, su esposo. La misma suerte la padeció Manuel Gaona Cruz, quien también fue asociado por los cuerpos de inteligencia con el M-19, y fue según testimonian, torturado y ejecutado sumariamente.

Estos casos polémicos y oscuros, el de Zuluaga, Nancy Patricia Gutiérrez, para solo mencionar dos, y los de dos jóvenes juristas, asesinados, muestran los dos extremos de una cadena de situaciones que conectan la acción política nacional con la violencia abierta o encubierta, con un fenómeno que creció y se multiplicó como cáncer en los años que se extienden entre 1997 y la fecha.

El horizonte de la paz y la crisis moral

Hoy, luego que el Gobierno de Santos e Iván Márquez anuncian que han llegado a un segundo acuerdo, a propósito de la participación política, quizás abran las ventanas para que el pronóstico de Valencia, un exguerrillero del Eln, que dejó las armas y el respaldo a esta forma de lucha, más temprano que tarde, ofrezcan claridad definitiva sobre estas cuatro situaciones.

A la vez, recordemos que hay una distancia entre la verdad "verdadera" y la judicial, que se debate en los estrados de una justicia como la colombiana, y de unos organismos de control como los que conocemos, donde la corrupción se practica con desenfado y descaro.

Lo cual no ha impedido que a la fecha haya habido sentencias "ejemplares" al lado de la impunidad más insultante, porque las pruebas, incluidos un rosario de testimonios, no se rinden, o se compran; o los grandes "capos" guardan silencio y hacen sus cálculos, para regresar tan campantes a la vida civil.

Estamos a la espera que la Universidad Pública, con la Nacional a la cabeza, no sólo contribuya a resolver en el término de la distancia el desastre de su infraestructura física, la llamada tramoya de la educación pública superior, sino que saque también tiempo para hacer oír su voz en materia de la justicia colombiana, fijando responsabilidades con el adecuado uso de los saberes y ciencias que se cultivan con provecho en sus claustros.

A detener el colapso ético y moral que consume la pizca de salud que resiste a tanto vejamen, truhanería e intimidación, que somete a la ciudadanía a la humillante lógica de miedo con su aciaga contrapartida, la impunidad que se sostiene con lápidas a diestra y siniestra.

Nos llaman, y no podemos hacernos los sordos, o sí, colombianos y colombianas.

1Profesor asociado, ex director Departamento de Ciencia Política, y de UNIJUS. Universidad Nacional de Colombia. Ex rector de intervención Universidad Libre de Colombia. Director Seminario Internacional Gramsci. Catedrático de la maestría de estudios políticos, U. Javeriana. Director Grupo Presidencialismo y participación, COLCIENCIAS/UNIJUS. Autor libros: Gramsci y la Crisis de Hegemonía. Refundación de la Ciencia Política (2013), La participación y representación política en Occidente (2000). Coautor: Educación pública superior, hegemonía cultural y crisis de representación política en Colombia, 1842-1984 (2009).

Edición N° 00376 – Semana del 8 al 14 de Noviembre de 2013
 
 
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