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La negociación Gobierno-FARC: positivos avances en medio de obstáculos, opositores, resistencia social y el riesgo de ser un proceso parcial si no se inicia la negociación Gobierno-ELN

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

Los acuerdos Gobierno-FARC van por buen camino pero es un proceso difícil, a mitad de camino, con oposiciones abiertas y aún tendrá que sortear muchos riesgos para concluir con éxito. Afortunadamente se resolvió positivamente a favor de la continuidad de la negociación ante las vacilaciones y ambigüedades presidenciales y las equivocadas propuestas de suspensión que afloraron.

La versión sobre atentados de esta guerrilla en preparación contra altos funcionarios estatales resultó ser una manipulación de información desactualizada por los opositores al proceso pero con lamentable eco en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, en las últimas semanas asistimos a dinámicas positivas para este proceso: decisión gubernamental de avanzar con más decisión, expresión de las FARC sobre contribuir a agilizar las negociaciones, entrega por las partes del segundo acuerdo sobre la agenda y decisión del presidente Santos de priorizar la paz en lo que resta de su mandato y en asumirla como divisa en el curso de su campaña por la reelección.

En tal contexto, resulta conveniente la propuesta esgrimida por numerosas organizaciones sociales e iniciativas de paz sobre construir de forma expresa y clara un gran consenso nacional por la paz, tanto para garantizar el necesario respaldo y movilización de la sociedad, neutralizar las oposiciones y actos de sabotaje al proceso de paz e incluso evitar su instrumentalización en beneficio de un interés electoral específico –incluida por supuesto la campaña electoral del presidente Santos- y convertirlo en propósito nacional, lo cual no clausura sino que alienta el debate democrático en torno a las propuestas y dinámicas que lo alimentan.

Es importante registrar que todas las encuestas, sondeos y debates evidencian que la gran mayoría de la población, las vertientes políticas, las organizaciones sociales y sectores de opinión están a favor de la negociación Gobierno-FARC, lo cual evidencia positivas condiciones para el proceso. Pero así mismo, tales ejercicios evidencian notables obstáculos: oposición abierta al proceso de negociación y propuesta de suspenderlo si retorna al gobierno el proyecto político uribista; incredulidad de la población en que las partes logren convenir acuerdos definitivos; mayoritaria resistencia a la inclusión de las FARC en la vida política institucional; ausencia de una política de paz coherente que implique la necesaria revisión de políticas públicas y la adopción de propuestas decididas de reformas y de implementar los compromisos propios del pacto de paz esperado; riesgos ante la parcialidad que debilitaría notablemente el alcance y posibilidades del proceso de paz si sólo se suscribe con las FARC y no tiene convergencia con el ELN así como los propios que se generarían si los acuerdos no llegaran a ser acogidos por la totalidad de las propias FARC, entre otros posibles de referir.

El protagonismo de la sociedad civil aún no es el necesario. Si bien existen contribuciones que trascienden en el proceso producto del acumulado de propuestas, acciones de incidencia y aportes recientes emanados de dinámicas como los foros de consulta realizados por sugerencia de la mesa de negociación Gobierno-FARC con apoyo de la ONU-PNUD y la Universidad Nacional, las mesas de consulta ciudadana promovidas en las regiones por las comisiones de paz del Congreso así como otros ejercicios diversos realizados, la posibilidad de participación, incidencia y contribución efectiva al proceso de paz desde todos los ámbitos de la sociedad civil aún es débil y fragmentaria. Tal es la situación al respecto, que incluso ni siquiera el gobierno cumple con la obligación legal de convocar el Consejo Nacional de Paz, el organismo institucional conformado legalmente para recibir tal tipo de contribución y armonizar la actuación estatal, gubernamental y de la sociedad en torno a las exigencias de la paz, sin que exista el necesario nivel de exigencia y movilización de sus integrantes para demandarlo. Ello a pesar del esfuerzo reciente hecho al respecto por parte de un grupo de organizaciones y sectores sociales junto con la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.

El camino recorrido por la dinámica de los acuerdos logrados, a pesar de que no se conozcan en su integridad y real alcance todo lo convenido y de que persistan algunos desacuerdos que se difieren para la consolidación del conjunto de los acuerdos finales, pone de presente un trabajo serio, ponderado, acertado y de positivas decisiones para las posibilidades de la expresamente referida apertura democrática que tendrán que representar. Los voceros de las partes coinciden en reconocer los avances y la ganancia en disposición y la positiva dinámica de propuestas y discusiones en curso. Si bien el gobierno tiene razón en afirmar que es el avance más notable conseguido en negociaciones con las FARC, ello es posible entenderlo sobre todo por la convergencia efectiva en cada paso en un horizonte de compromisos específicos en la perspectiva de culminación definitiva de la guerra. Resultan dicientes las declaraciones recientes de los negociadores de las FARC que de hecho revelan que esta guerrilla reconoce en términos del acuerdo en construcción la actualidad y vigencia de postulados constitucionales y de determinados instrumentos legales existentes, al punto que varios de los acuerdos se refieren expresamente a ellos, de tal forma que insisten con validez en que se trata es de conseguir reales garantías para su implementación y la disposición efectiva de sectores de poder para hacer posible las reformas sociales y en parte políticas que los acuerdos demandan.

Surgen versiones, por lo regular mal intencionadas o parte de los intentos de descrédito o sabotaje de las negociaciones en curso, sobre supuesta oposición de varios bloques y frentes de las FARC a la negociación, lo cual ha sido un asunto reiterado en el curso de este tipo de procesos de paz. Asunto distinto es entender que para las partes, por tanto para las guerrillas también en particular, las decisiones y consecuencias de este tipo de proceso son de tal calado e importancia que tienen que cuestionar y transformar una dinámica de guerra de décadas. De mentalidad, política, estrategias, compromisos, inercias y acostumbramientos. Es un cambio radical, profundo y que cuestiona el carácter y el programa mismo de la organización insurgente. Esto demanda un intenso proceso político interno de debate, cambios y nuevos consensos, definiciones y medidas, en correspondencia con el avance del proceso de paz. Por tanto, es una inmensa movilización política para tales redefiniciones y con consecuencias prácticas y de forma de actuación y de vida que interpela a fondo al colectivo y a cada uno de sus integrantes. La experiencia de los anteriores procesos, el M19 que tuvo la disidencia del JBC y el EPL que tuvo varios pequeños grupos disidentes, de los cuales aún subsiste uno en el Catatumbo que ha sido cercano a las dos organizaciones guerrilleras vigentes pero según versiones también ligado a negocios de narcotráfico con sectores provenientes del paramilitarismo, indica que las organizaciones insurgentes en proceso de paz tienen el riesgo de de este tipo de disidencias. Así sean muy pocos sus efectivos y sin posibilidad de dar continuidad ni de reconstruir los proyectos insurgentes anteriores, como efectivamente sucedió con las experiencias de los anteriores procesos de paz referidas.

Por tanto, existe tal riesgo en el actual proceso de paz con las FARC y posible el ELN. Más aún, es preciso reconocer que el apoyo en la economía del narcotráfico y la existencia de rezagos paramilitares y rearmes en luego de la desmovilización parcial de las AUC, configura un innegable contexto de riesgo, máxime cuando se han producido acercamientos, negocios y entendimientos entre estructuras guerrilleras y tales expresiones residuales o vigentes desde el paramilitarismo.

Pero, así mismo, hay que advertir que de forma general en el país lamentablemente no se produjo una negociación de paz global con el conjunto de la insurgencia, pero ello no obsta para que no se hagan todos los esfuerzos por integrar en lo posible las negociaciones pendientes con las FARC y el ELN. De tal forma, inicialmente se pactó la paz con el M19 y el EPL, a la cual concurrieron otras agrupaciones o fracciones milicianas del orden regional, en el contexto de reforma política constitucional de 1991, la más importante en el país en la historia reciente y cuyas contribuciones al actual proceso de paz se hacen innegables.

Pero, ahora se aborda la negociación con las FARC y no se inicia con el ELN, lo cual resulta a todas luces equivocado, cuando debía lograrse la sinergia entre las agendas, los acuerdos y las dinámicas de participación y movilización social y ciudadana hacia la refrendación de los nuevos pactos de paz y el cierre definitivo del conflicto armado. Gobierno y ELN han reiterado disposición para iniciar, las liberaciones de secuestrados en poder de esta guerrilla despeja entendibles resistencias, los temores presidenciales ante el costo político y su vacilación al respecto pueden despejarse ante la actual coyuntura favorable para avanzar en el proceso de paz. Su inicio podrá reforzar la certeza de avanzar en firme hacia la culminación efectiva de la prolongada guerra irregular entre el Estado y las guerrillas y de no ser así sería un tanto absurdo pretender unas negociaciones diferidas para tratar en esencia una misma problemática y un marco de soluciones necesariamente coincidente y complementario.

Edición N° 00378 – Semana del 22 al 28 de Noviembre de 2013
 
 
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