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El próximo Congreso constituyente

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

Hace casi ya treinta años que el país no abordaba un proceso electoral en medio de conversaciones de paz con las FARC. Las últimas conversaciones datan de la época de la tregua de la Uribe en la cual el entonces presidente Belisario Betancourt hizo una gran apuesta de paz y las guerrillas participaron en elecciones.

El hecho de que Betancur no actuara a nombre del Partido Conservador sino de una coalición “Movimiento Nacional”, logró aglutinar en su propuesta electoral no sólo conservadores sino también a Anapistas de María Eugenia Rojas, liberales Lleristas y a grupos social cristianos e independientes. Tras esa táctica electoral y con la bandera de la paz y en medio de la más cruenta acción armada guerrillera, logró ganar las elecciones presidenciales para el período 1982-1986. La amnistía, el diálogo nacional y la apertura política, se constituyeron en los ejes del proyecto de construcción de paz que planteó Belisario Betancourt desde el mismo día de su posesión.

Las FARC le dieron una importancia vital a la amnistía decretada por el nuevo gobierno como escenario para la construcción de paz. Consideraron que era tan importante que la transformarían en un instrumento de movilización de opinión y movilización de amplias masas para la lucha por una verdadera, estable y duradera paz en Colombia, ya que según afirmaba en ese entonces el ideólogo guerrillero Jacobo Arenas (Arenas, 1985:114) “Los grandes problemas del pueblo colombiano no son los de si hay o no guerrillas, sino los del hambre, la desocupación, la miseria de las masas, la violencia y el terror institucionalizados por la oligarquía dominante”.

El ex presidente Betancourt, inició su gobierno en el marco de un período de violencia  incrementada por el auge y crecimiento de la lucha armada que junto a la herencia de la política represiva de Turbay Ayala y la criminalización de la protesta cívica  le permitió a la guerrilla cierto espacio de legitimidad. Las marchas campesinas  y  los paros cívicos regionales estaban al orden del día. Las ciudades pequeñas e intermedias también continuaron representando el espacio por excelencia para la realización de los paros. De 1982 a 1990 el 83% de ellos tuvieron lugar en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y el 55% en las que estaban por debajo de 20.000. Empero, hubo un aumento progresivo en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Entre 1982 y 1986 éstas fueron el escenario del 5.09% de los paros cívicos y entre 1986 y 1990 del 11.5%”. (Múnera, 1998:437)

Las FARC por su parte, habían logrado un alto grado de organización y crecimiento de sus efectivos con más de 27 frentes guerrilleros y se habían ya constituido como un Ejército Revolucionario a partir de su séptima conferencia guerrillera en 1983. “Por primera vez desde que surgió en Marquetalia nuestra guerrilla revolucionaria, la Séptima conferencia le dio al movimiento una clara concepción operacional y estratégica para un Ejército Revolucionario lo que marco un reajuste de todos sus mecanismos de dirección y mando. Además, la Séptima conferencia dijo “de hoy en adelante nos llamamos oficialmente FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJERCITO DEL PUEBLO” (FARC-EP)” (Arenas, 1985:95).

De ahí entonces que la propuesta de paz del expresidente Betancur haya tenido acogida en la medida en que ambienta la necesidad de parar la guerra, al tiempo que estimulaba la necesidad de trabajar por buscar un diálogo civilizado como parte de la voluntad por construir paz. La tregua y una amnistía en aquel entonces, contribuyeron a crear un espacio favorable para construir paz.

De los intentos por consolidar un proceso de paz en el período de Betancur quedaron establecidas las posibilidades ciertas de que en Colombia si es posible una salida política al conflicto armado. Los acuerdos de tregua firmados con las FARC el 28 de mayo de 1984 en la Uribe (Meta) crearon un ambiente de paz que estimularon la participación política electoral, y el tránsito de las armas a la política a través del movimiento político de la Unión Patriótica (UP). Posteriormente, otros acuerdos permitieron escenarios para la construcción de paz mediante treguas con el M–19, el EPL y el ADO en agosto del mismo año. De tal manera que casi el 80% de toda la fuerza guerrillera nacional se encontraba en tregua y conversaciones en los inicios del gobierno de Betancur. Cuando surge la UP en 1985, como producto del desarrollo del acuerdo de la Uribe entre las FARC y el gobierno, también entra en la escena otro movimiento político similar: el “Dialogo Nacional” emanado del acuerdo de Corinto con el Movimiento 19 de abril.

Si bien es cierto, ésta experiencia de construcción de paz  a partir de la tregua de la Uribe (Meta) duró poco, debido entre otras cosas, al proceso de sicarización y criminalización a que fue sometida; además por la poca credibilidad y confianza en el proceso de sectores del gobierno en especial de las Fuerzas Armadas, también es cierto que ésta tregua permitió evidenciar una vez más que en Colombia era posible mediante la negociación del conflicto político armado la transición de los grupos armados de la guerra a la política. Es decir, pasar de movimientos guerrilleros a formaciones políticas para disputar por la vía institucional de la civilidad electoral los espacios para la democracia en el marco de un proceso de paz. Claro está, rodeándolos de suficientes garantías en especial la garantía al derecho a la vida. Cosa que no ocurrió con la naciente UP, la cual fue prácticamente exterminada a bala por los enemigos de la paz provenientes de todos los sectores: legales e ilegales. Casi tres mil asesinatos así lo evidenciaron.

Hoy, después de treinta años, el país se aproxima a una nueva contienda electoral ya no sólo en medio de la guerra sino en el marco de unas nuevas conversaciones de paz que avanzan a paso lento, pero firme y en la necesidad de la reelección del presidente Santos a fin de culminar exitosamente estas conversaciones. Diálogos  de paz que el presidente Santos y las FARC deberán cuidar, hoy más que ayer, rodeados de un gran respaldo de la sociedad civil y en la cual la discreción; la prudencia de los negociadores de parte y parte vaticinan seguramente buenos resultados al futuro.

Los puntos hasta ahora acordados dan fe que por primera vez un diálogo con las FARC, ha avanzado de manera muy significativa. Los acuerdos recientes en materia de participación política y garantías de circunscripción especial de paz, abrirán seguramente las puertas para una participación electoral importante por parte de la insurgencia en las próximas contiendas electorales

Pero, al tiempo que avanzan los diálogos de paz también se hace presente un auge del movimiento de protesta cívica y popular. El país está viviendo un importante momento de la protesta cívica, popular y ciudadana. La movilización de grandes sectores de la población organizada, campesinos, comunidades indígenas y afro descendientes, así como también de organizaciones lideradas por camioneros, sectores provenientes de la agrominería y del sector de la salud, demuestra el nivel, la magnitud y la calidad de la protesta y ponen de manifiesto la crisis del régimen político del gobierno Santísta. Estas luchas reivindicativas marcan la urgente necesidad que tiene el país de adelantar grandes reformas económicas, sociales y políticas, particularmente en el agro colombiano, que durante tantos años ha estado represada.

Frente a esta realidad se impone la más diversa unidad de acción de todos los sectores democráticos y de la izquierda colombiana en defensa de las luchas de los oprimidos. Se requiere una coordinación de los esfuerzos a fin de lograr que el Gobierno Nacional de respuestas a las legítimas reivindicaciones de la protesta social.

En ese sentido, el escenario electoral venidero deberá servir para afianzar los sectores políticos a favor de respuestas al movimiento reivindicatorio, por una culminación exitosa y pronta del actual proceso de paz. Los sectores democráticos de los partidos tradicionales, de centro izquierda y de izquierda, deberán entender que el mejor apoyo a las movilizaciones sociales y al proceso de paz es la unidad de todas las fuerzas alrededor de un candidato único a la Presidencia de la República y una gran lista nacional al Congreso, ya que el posconflicto y las reformas se debatirán definitivamente en el escenario congresional que se elija para el próximo cuatrienio.

Lograr una correlación de fuerzas favorable en el próximo Congreso a favor de consolidar lo acordado en La Habana, será definitiva en el parlamento que salga electo en marzo de 2014. Es una obligación histórica y una gran responsabilidad política la propuesta de presentar una lista única nacional de todos los sectores políticos alternativos ante el próximo debate electoral. El carácter que impone el momento político de la época actual es el de superar las mezquindades de algunos sectores de izquierda y llenar el espacio político favorable de propósitos y gran optimismo, a fin de confrontar de manera unitaria a la derecha uribista en el próximo Congreso y contribuir así a consolidar la paz definitiva.

Edición N° 00378 – Semana del 22 al 28 de Noviembre de 2013
 
 
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