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La militarización de Cali

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor asociado – Universidad del Valle
   
 

El alcalde de Cali Rodrigo Guerrero Velasco, parece que ha tomado la decisión de olvidar su estirpe democrática del pasado, al militarizar las comunas más deprimidas de esa ciudad. En una acción conjunta con el Ministerio de Defensa, Guerrero ha consentido y ordenado militarizar los barrios de los habitantes pobres y deprimidos del Distrito de Agua Blanca, de Siloe, Terrón Colorado y el sector de Nápoles y Meléndez. Se impuso en la actual administración de Cali, el concepto de Orden Público para el tratamiento de los conflictos sociales de los barrios deprimidos, de sectores que crecen a diario producto de la inmigración de miles de afrodescendientes que huyen de la pobreza y de la violencia armada de la Costa Pacífica colombiana.

Tuve la oportunidad de acompañar al Alcalde en su gestión  hace ya casi un veintena de años, cuando por primera vez fue Gobernante de la ciudad en compañía de un destacado grupo de profesores de la Universidad del Valle quienes diseñaron un exitoso programa de política pública de intervención y tratamiento de la violencia en la ciudad denominado: Desarrollo, Seguridad y Paz (DESEPAZ). En aquella ocasión se partió del concepto que gobernar por políticas significa gobernar con sentido público.

Los problemas públicos y sociales poseen su propia especificidad, se inscriben en circunstancias diferentes y en contextos singulares, por tanto, las políticas para su atención y tratamiento deben ser también específicas en sus objetivos, instrumentos, modos, procedimientos, agentes y tiempos. Gobernar de acuerdo a políticas públicas significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el ingreso y el cuidado de lo público con transparencia y apertura con miras a la inclusión y a la generación de oportunidades. Las políticas públicas garantizan su eficacia si van acompañadas en sus procesos con la participación organizada de los ciudadanos.

En ese gobierno, de los primeros años de la década del noventa del siglo pasado, en la administración local se tenía claridad de lo que era y significaba la seguridad, un concepto más relacionado con la percepción que tienen los ciudadanos en referencia al nivel de bienestar, de armonía y goce de las libertades públicas y democráticas. Es la sensación de seguridad la que le permite al individuo transitar libremente por las calles de su ciudad sin que se sienta amenazado, o ese sentimiento de tranquilidad que da el hecho de “poder vivir la noche urbana” o de acostarse con la certeza de un lugar en el mundo. La conclusión es obvia: en tanto el orden público es más de la esfera de lo jurídico- normativo, la seguridad ciudadana es más de la esfera de lo político- social. En este sentido, el concepto de seguridad ciudadana abre el dominio jurídico a una realidad social más amplia que es la convivencia segura, el alcance de la seguridad ciudadana, sería dar seguridad a los ciudadanos en el ejercicio público y privado de los derechos y deberes previstos en el orden constitucional.

Es urgente un replanteamiento de la política pública sobre convivencia y seguridad ciudadana en la ciudad. Es preciso el paso de las políticas de orden público (represión) en las que peligrosamente ha caído la administración municipal, a las políticas de prevención y de negociación para el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas; del uso, disfrute y goce de los espacios públicos y privados en donde se construye la vida social, la vida personal de los pobres de la ciudad; y donde el Estado debe otorgar las suficientes garantías para que los caleños podamos tener una convivencia democrática, donde los conflictos se trasmiten de manera pacífica y la vida sea digna y generosa.

El Alcalde, bien sabe, y así lo hicimos en el pasado, que para determinar y construir una acertada política pública de seguridad ciudadana es preciso trabajar en diseños desde la interdisciplinariedad y para garantizar la eficacia, la eficiencia en la ejecución de esas políticas es necesario trabajar en equipos interinstitucionales donde convergen agencias del Estado, ONG, sectores de la academia y organizaciones ciudadanas.

Se requiere una propuesta integral preventiva que apunte tanto a la resolución de los problemas que objetivan el sentimiento de inseguridad, así como a la reconstrucción del tejido social fragmentado y al diseño de estrategias de reconciliación que permitan cierto grado de catarsis por parte de los diversos actores insertos en el conflicto social.

Las Bandas Criminales se combaten con políticas de inteligencia, con mejor eficacia del aparato judicial e investigativo y con un correcto diseño de políticas del manejo del orden público, no se combaten sacando a los militares de la defensa de la soberanía nacional y de sus cuarteles para enviarlos a patrullar la pobreza de más de un millón de caleños que habitan esas zonas deprimidas.

Edición N° 00379 – Semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre – 2013
 
 
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