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El baile jurídico con un vecino
“distante”, tiempo para la otra diplomacia

  Miguel Ángel Herrera Zgaib
  Profesor asociado, ex director de Ciencia Política y Unijus, Unal. Ex rector de intervención U. Libre de Colombia. Autor: “Gramsci y la Crisis de Hegemonía” (2013)
   
 

El poder colonial español hizo estragos desde y hasta que su dominación terminó en lo que llamaron América, y en particular, lo que es hoy Centroamérica también. Nicaragua y Colombia son herederas de esos pleitos por límites.

Estos reflejan, además, no solo los disímiles procesos de independencia vividos, sino la presencia de nuevas potencias mundiales después de España, Inglaterra y Estados Unidos, que aun hoy no renuncia a ejercitar su tutelaje, en lo que considera su "traspatio".

A este terceto se añade hoy la China socialista que extiende su influencia a la costa Pacífica latinoamericana, y a todo el subcontinente con sus extendidas relaciones con Venezuela y Brasil. En particular, un empresario chino hoy ha celebrado un contrato para financiar un canal seco que a través del territorio nicaragüense conectará los dos océanos, habilitando la comunicación directa del gigante asiático con el Atlántico.

Picando pleitos entre vecinos

“Debe quedar claro que los procesos anteriores a la denuncia del Pacto seguirán” Ricardo Abello, internacionalista, U. del Rosario.

“El Presidente de la República, en persona, ha demandado ante la Corte Constitucional los dos artículos que incorporan el Pacto de Bogotá al ordenamiento jurídico.” La canciller de Colombia, ET, 28/11/13, p. 4.

Después de la firma del Tratado Esguerra-Bárcenas, la Ley 93 de 1928, a los inicios del siglo pasado, se pensaba por el país político colombiano, y sus elites conservadoras, que todo estaba consumado en materia de límites con Nicaragua. Pero con el correr de los años, y la resolución de conflictos internos, eso no fue más así.

En el debe histórico de Colombia, según cálculos de expertos se pasó de 2.583.000 km2 al tiempo de la Independencia al 1.141.748 km2, que incluyen la pérdida del antiguo estado de Panamá, hace 100 años, al final de la llamada “guerra de los mil días”, cuando el gobierno estadounidense aplicaba la doctrina Monroe, una patente de corso para intervenir en el continente americano del Río Grande hacia abajo.

En particular, con el triunfo sandinista, y el ascenso de los Ortega, la diplomacia nica reactivó sus reclamaciones y demandas, hasta que en los años 80, Colombia aceptó lleva el litigios a las instancias internacionales de la CIJ, y en aplicación del Pacto de Bogotá, que establecía las fórmulas para dirimir pacíficamente los diferendos y conflictos entre los estados signatarios.
Lo decidido en La Haya recientemente,  el 19 de noviembre de 2012 no tuvo efectos favorables para Colombia. Le concedió a Nicaragua, por la primera vez, el disfrute de derechos económicos sobre 75.000 kms en el Mar Caribe, que tienen vecindad con el Archipiélago de San Andrés y Providencia, y que Colombia asumía como de su propiedad.

Descontento y rechazo colombiano

Los políticos nacionales de una u otra adscripción banderiza, a cual más, protestan la decisión, y en un cierto modo, sugieren que la aplicación del derecho internacional por los juristas de La Haya, cuando menos ha sido equivocada.

El gobierno de Juan Manuel Santos puede hacer uso de dos recursos ante la CIJ, el recurso de aclaración o interpretación, de una parte; y de otra, la revisión que resulta de la presencia de un hecho nuevo, ignorado al momento de producirse el fallo, y para esto tiene diez años.  En tres oportunidades, ante la Corte, se ha interpuesto esta defensa, en dos no prosperó, sí en el caso de Guinea Bissau, pero a la postre este país desistió de su aplicación.

En el entretanto lo que siguió fue, en primer lugar, hoy hace un año, el 27 de noviembre, la denuncia del Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948, con el que se hace tránsito de la Unión Panamericana a la OEA, que se crea el 8 de mayo del mismo año. El Pacto permite resolver materias litigiosas por medios pacíficos, como en este caso entre Colombia y Nicaragua. Es una instancia que previene el acudir en últimas, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Un día antes del cumplimiento del año, el gobierno de Nicaragua, presenta una segunda demanda ante la CIJ, por incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, en virtud de la sentencia.

La segunda demanda, presentada ayer miércoles, recurre a la Corte, reclamando por esta vía que "juzgue y declare que Colombia está violando obligaciones" que le exigen "abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario". Esto es, para nada cita ahora, el Pacto de Bogotá, pero sí reclama, tomando en cuenta la competencia que este concede a la CIJ, al encontrarse la demanda nicaragüense presentada en tiempo.

La respuesta anticipada de la Cancillería

"Por ahora no hay nada más que decir. " Canciller María  Angela Holguín.

Pretendiendo precaver este tipo de litigios internacionales, la parte colombiana, con la vocería del presidente Santos mismo, contestó que el fallo de la CIJ no es aplicable, para lo cual se invocó a lo dispuesto por el propio ordenamiento nacional, esto es, la  Constitución de 1991, el capítulo IV. Del territorio, compuesto por los artículos 101 y 102. En particular se invoca, el siguiente párrafo:

“Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.”

La pretensión hasta ahora no aceptada por Nicaragua era la de propiciar un diálogo directo entre los dos países, para llegar a definir una modulación de lo dispuesto por la instancia internacional, y, por lo pronto, eludir su cumplimiento.

Hacerlo tendría apoyo en el artículo 9, de la misma Constitución, donde con fundamento en la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, conforme con los principios del derecho internacional, la política exterior de Colombia se “orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”

En los hechos, la diplomacia y los expertos contratados para la defensa a posteriori, ahora con la inclusión de la dupla Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, quienes no son internacionalistas, sino constitucionalistas  reconocidos, tendrán que lidiar con el reclamo nicaragüense que exige  "restablecer las consecuencias jurídicas y materiales de sus hechos ilícitos internacionales y pagarle plena reparación por el daño causado por estos actos."

El último acto de Colombia fue llamar a la embajadora colombiana, Luz Stella Jara para consultas en Bogotá, y así ocurre en el curso del pasado miércoles. La canciller sigue insistiendo que Colombia espera el pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, sobre la inconstitucionalidad del Tratado de 1928, que ya tuvo un primer pronunciamiento.

Con tal acción se busca, en cierto modo, blindar  la previa  advertencia  de la autoridad ejecutiva nacional que nuestro ordenamiento jurídico impide aplicar el fallo, invocando lo dispuesto en el artículo 101, que exige que el poder legislativo primero celebre un tratado para modificar los actuales límites de Colombia, lo cual, además, requerirá la ratificación del presidente.

Sin embargo, otros juristas opinan, que tal proceder, dictado por la defensa de los intereses nacionales, no tiene sostén, porque Colombia se ha comprometido en la observancia de los principios de Derecho Internacional. Cuando menos hay un conflicto en la aplicación de normas nacionales e internacionales.

Lecciones por aprender

“Ante la inminencia de un peligroso escalamiento, me parece que hoy más que nunca es indispensable abrir camino a la negociación diplomática.” Ernest Samper, expresidente de Colombia.

Por casi un siglo, Colombia y los países americanos han tenido y tienen que darle salida a los entuertos coloniales armados por españoles y europeos en su dominación y trato de habitantes y riquezas naturales de estos territorios de ultramar, según la expresión de aquellos conquistadores. El continente está plagado de estas cicatrices, y viviendo el sino, que sin éxito buscó precaver Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, sin intervinientes extraños, proclamando y viabilizando la independencia nacional e internacional, la autodeterminación de los pueblos americanos que por las arma obtuvieron su independencia.

Hoy, en el Caribe, concurren Rusia, Estados Unidos, Japón, para hablar de tres que vigilan y explotan cada que pueden las aguas internacionales, y hacen interceptaciones las dos primeras potencias militares, que justifican a su modo su presencia. Aún, la fuerza vinculante de la ley global mucho tiene que ver con quiénes la hacen cumplir, en primer lugar, los cinco miembros reconocidos del club atómico.

De ahí que Colombia y Nicaragua buscan padrinos "fortachones" para llevar adelante sus demandas. Estos aliados calculan sus movidas conforme a su conveniencia. Por ejemplo, Estados Unidos mismo coquetea con los dos rivales latinoamericanos.

Urge entonces la presencia de la diplomacia suramericana, una vuelta al antecedente honroso y útil del frustrado Congreso Anfictiónico que relanzó Unasur, de la que Colombia hace parte, después de la reconciliación entre los nuevos mejores amigos. Como antes lo fuera Contadora, para poner fin de las guerras civiles centroamericanas.

Unasur puede hacer un papel de amigable componedor que traduzca el conflicto binacional en sus justas dimensiones y con beneficio mutuo, para sus pobladores y los países mismos, en particular, para los pescadores de ambas naciones. A la vez que contribuyan al cuidado efectivo de la barrera coralina del Sea Flower, que en verdad se convierta en un santuario mundial, a cuya preservación contribuyan todos los países, y en particular, los que explotan voraz, predatoriamente recursos naturales renovables o no que albergan las aguas internacionales.

Que no sea este espacio marítimo y territorial más la zona libre para el tráfico de armas y estupefacientes, como lo es ahora. Evitando en lo posible, la injerencia manifiesta de Rusia y Estados Unidos entre otras cosas. Antes, cuando España pretendía ser la reina de los mares, en tiempos de Felipe II,  era, igualmente, lugar del contrabando y la ilegalidad animada por los corsarios holandeses, franceses e ingleses, que financiaban los reyes rivales por la puerta de atrás, y condecoraban con pompa y boato.

EMPIEZA EL BAILE JURÍDICO CON UN VECINO "DISTANTE", y puede convertirse en tragedia, cuando, por otra parte, se trata de forjar la paz al interior de Colombia. En particular, el  Uribe Centro Democrático insiste de manera obstinada que se desacate el fallo, y sus voceros refieren cómo en otras latitudes ello ha ocurrido y nada ha pasado hasta nuestros días. Es lo que, por ejemplo, proclama con vehemencia el economista Alfredo Rangel en una intervención radiada por RCN en la tarde noche del pasado miércoles.

Por lo que se requiere ahora que la ciudadanía activa, en ambos países, con la presencia de los habitantes de las zonas afectadas, en ambos países, estableciendo una comisión bilateral, transnacional que le enmiende la plana a sus gobernantes, incapaces de darle solución adecuada y viable a contiendas fronterizas como esta, que se convirtió en abierta cuestión litigiosa en el año 2001.

En últimas se trata de aprovechar en común las riquezas naturales, más allá de las lógicas que el capitalismo global impone, impulsar de verdad lo que Unasur y la Carta Democrática de la OEA consagran en el papel.

El poder colonial español hizo estragos desde y hasta que su dominación terminó en lo que llamaron América, y en particular, lo que es hoy Centroamérica también. Nicaragua y Colombia son herederas de esos pleitos por límites.

Estos reflejan, además, no solo los disímiles procesos de independencia vividos, sino la presencia de nuevas potencias mundiales después de España, Inglaterra y Estados Unidos, que aun hoy no renuncia a ejercitar su tutelaje, en lo que considera su "traspatio".

Picando Pleitos entre vecinos

Después de la firma del Tratado Herrera-Bárcenas, a los inicios del siglo pasado, se pensaba por el país político colombiano, y sus elites conservadoras, que todo estaba consumado. Pero con el correr de los años, y la resolución de conflictos internos, eso no fue más así.

En particular, con el triunfo sandinista, y el ascenso de los Ortega, la diplomacia nica reactivó sus reclamaciones y demandas, hasta que en los años 80, Colombia aceptó lleva el litigios a las instancias internacionales de la CIJ, y en aplicación del Pacto de Bogotá, que establecía las fórmulas para dirimir pacíficamente los diferendos y conflictos entre los estados signatarios.

Lo decidido en La Haya recientemente,  el 19 de noviembre de 2012 no tuvo efectos favorables para Colombia. Le concedió a Nicaragua, por la primera vez, el disfrute de derechos económicos sobre 75.000 kms en el Mar Caribe, que tienen vecindad con el Archipiélago de San Andrés y Providencia, y que Colombia asumía como de su propiedad.

Descontento y rechazo colombiano

Los políticos nacionales de una u otra adscripción banderiza, a cual más, protestan la decisión, y en un cierto modo, sugieren que la aplicación del derecho internacional por los juristas de La Haya, cuando menos equivocada.

Lo que siguió fue, en primer lugar, hoy hace un año, el 27 de noviembre, denunciar el Pacto de Bogotá, con el que se perfeccionó el cambio de la Unión Panamericana a la OEA, para resolver materias litigiosas entre Colombia y sus signatarios, como era el presente caso de Nicaragua.

Un día antes del cumplimiento del año, el gobierno de Nicaragua, presenta una segunda demanda ante la CIJ, por incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, en virtud de su sentencia.

La segunda demanda, presentada ayer miércoles, recurre a la Corte, reclamando por esta vía que "juzgue y declare que Colombia está violando obligaciones" que le exigen "abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario". Esto es, para nada cita ahora, el Pacto de Bogotá, pero sí reclama, tomando en cuenta la competencia que este concede a la CIJ, al encontrarse la demanda nicaragüense presentada en tiempo.

La respuesta anticipada de la Cancillería

"Por ahora no hay nada más que decir. " La canciller María Ángela Holguín.

Pretendiendo precaver este tipo de litigios, la parte colombiana, con la vocería del presidente Santos mismo, contestó que este fallo no es aplicable, para lo cual se invocó a lo dispuesto por el propio ordenamiento, esto es, la  Constitución vigente.

La pretensión hasta ahora no aceptada por Nicaragua era la de propiciar un diálogo directo entre los dos países, para llegar a definir una modulación de lo dispuesto por la instancia internacional, y, por lo pronto, eludir su cumplimiento.

En los hechos, la diplomacia y los expertos contratados para la defensa a posteriori, ahora con los doctores Arrieta y Cepeda, quienes no son internacionalistas, tendrán que lidiar con el reclamo nicaragüense que exige "restablecer las consecuencias jurídicas y materiales de sus hechos ilícitos internacionales y pagarle plena reparación por el daño causado por estos actos."

El último acto de Colombia fue llamar a la embajadora colombiana para consultas en Bogotá, y así ocurre en el curso de estas horas. Y la canciller sigue insistiendo que Colombia espera el pronunciamiento definitivo de la C. Constitucional, que ya tuvo un primer pronunciamiento, sobre la insistencia de la autoridad ejecutiva que nuestro ordenamiento jurídico impide aplicar el fallo.

Lecciones por aprender

Por casi un siglo, Colombia y los países americanos han tenido y tienen que darle salida a los entuertos coloniales españoles y europeos en su dominación y trato de habitantes y riquezas naturales. El continente está plagado de estas cicatrices, y viviendo el sino, que sin éxito buscó precaver Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, sin intervinientes extraños.

Hoy, en el Caribe, concurren Rusia, Estados Unidos, Japón, para hablar de tres que vigilan y explotan cada que pueden las aguas internacionales, y hacen interceptaciones, que justifican a su modo su presencia. La fuerza de la ley global mucho tiene que ver con quiénes la hacen cumplir. De ahí que Colombia y Nicaragua buscan padrinos "fortachones" para llevar adelante sus demandas.

Urge entonces la presencia de la diplomacia suramericana, y Unasur, como antes lo fuera Contadora, en tiempos de fin de las guerras civiles, puede hacer un papel de amigable componedor que traduzca el conflicto en sus justas dimensiones y con beneficio mutuo, para sus pobladores y los países mismos. Que no sea más la zona libre para el tráfico de armas y estupefacientes, como lo es ahora, entre otras cosas, como lo era en el tiempo de los corsarios holandeses e ingleses.

Edición N° 00379 – Semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre – 2013
 
 
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