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El negocio de la salud, una obsesión que trasnocha al Gobierno

  Carlos Alberto Lerma
  Asesor – Estrategia de Desarrollo Económico y Social Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Las palabras del Ministro de Salud, publicadas el 30 de noviembre en el diario El Espectador1, donde afirma que “El asunto no es que la salud no es un negocio; la pregunta es cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar general.” Revelan de manera descarnada el trasfondo de la crisis de la salud en el país y es que desde 1993 cuando se expidió la ley 100, los gobiernos de turno vienen buscando responder la pregunta que el Ministro hace.

La ciudadanía y los movimientos que vienen luchando por el reconocimiento del derecho humano fundamental a la salud y su goce efectivo, han tenido una fuerte oposición desde los gobiernos y ello se debe a que existe una ortodoxia neoliberal anclada en el aparato estatal, cuya premisa fundamental son los negocios en manos de los privados. Para esta ortodoxia la cura de las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, la salud pública, entre otras, sólo son posibles si dejan buenas ganancias a los privados; el problema como lo menciona el Ministro es que para hacer compatible el negocio con el bienestar general habría que resolver la paradoja que subyace en el fondo que consiste que para tener un buen negocio con la salud hay que gastar lo menos posible, es decir sacrificar el bienestar, esta contradicción no tiene solución y lo sabe de lejos el ministro Gaviria y los sectores neoliberales que lo empujan y acompañan.

Desde esta perspectiva, se puede entender el accionar de los gobiernos de Uribe y el de Santos que han estado preocupados en resolver cómo mostrar que el negocio privado, sí genera bienestar y por ello el análisis que hacen sobre la crisis de la salud se centra en: aumento injustificado de acciones de tutela, el reclamo de los ciudadanos de transportes, pañales y otros que supuestamente no corresponden a la salud2 y la falta de recursos para atender la cantidad de demandas de la ciudadanía. Nunca se ha aceptado por parte de los gobiernos que la crisis es estructural y que tiene que ver con el modelo instaurado por la ley 100, esta negación es un principio del gobierno porque lo contrario sería acabar con el negocio de la salud.

Veamos algunas actuaciones de los gobiernos en las cuales se evidencia su obsesión por el negocio de la salud y una desidia por el derecho:

En el seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional ha emitido una serie de órdenes que tienen que ver  con la regulación y actualización de los planes de beneficio, la negación de servicios, identificación de entidades que con mayor frecuencia niegan servicios, la unificación de los planes de beneficios para niños y niñas del régimen contributivo y subsidiado, la unificación gradual de los planes de beneficios del régimen subsidiado y contributivo, la autorización de servicios y medicamentos no incluidos en el POS, asegurar el flujo oportuno y suficiente de recursos al sistema, adelantar un plan de contingencia para el trámite de recobros y su regulación, que se informe a los usuarios sobre sus derechos y el desempeño de las entidades, asegurar la cobertura universal, presentar informe en el que mida el número de acciones de tutela que resuelven los problemas jurídicos de la T-760. La mayor parte de las órdenes han tenido un cumplimiento parcial, lo que en otras palabras significa que el gobierno ha logrado evadir el alcance de las órdenes de la Corte, veamos un ejemplo:

La orden 30 ordena al Ministerio, presentar anualmente un informe en el que mida el número de acciones de tutela que resuelven los problemas jurídicos mencionados en la sentencia T-760. El 31 de enero de 2013, el Ministerio entregó el quinto informe y sobre éste la Corte consultó a diversos grupos de seguimiento, quienes en general encontraron que el informe no permitía establecer lo solicitado en la orden 30 y algunos señalaron problemas metodológicos3, es más se señala que los informes no permiten comparación y por la tanto no puede establecerse con claridad el comportamiento de las acciones de tutela. Podría pensarse que la Corte ha sido confusa en sus requerimientos, pero si se consultan los informes de la Defensoría del Pueblo sobre las tutelas en Colombia se observa que atienden los requerimientos de la Corte y que sus resultados difieren de los presentados por el Ministerio, queda entonces preguntarse si esta entidad no cuenta con la capacidad técnica para realizar un informe que responda a lo requerido por la Corte, o si acudimos a lo planteado por el Ministro que el problema estaría en la dificultad de hacer compatible los resultados con el negocio y mostrar que hay bienestar, algo muy difícil de hacer, seriamente, con la evidencia que existe.

Otro ejemplo, es la ley estatuaria que finalmente fue aprobada por el Congreso, y se encuentra en estudio de constitucionalidad, ésta limita  el derecho a la salud al acceso a servicios lo cual se traduce en un plan de beneficios que tiene unas limitaciones  razonables salvo por la controvertida “evidencia científica”. El centro de la crítica a esta ley, es que al reducir el derecho a un plan de beneficios niega como derecho factores determinantes de la salud como el acceso a agua limpia y potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente; acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva4. En la lógica del Ministro, la única manera de hacer negocio es limitando el acceso por que no hay negocio que aguante si se da de “todo”.

Y aquí vale la pena volver a mencionar la evidencia científica, estará excluido todo aquello que no tenga evidencia científica y las exclusiones las hará el Ministerio de Salud, esto plantea varios problemas: uno, la evidencia científica no es concluyente, varia en el tiempo y puede tener estudios con conclusiones diferentes, ¿quién define cuál es la evidencia adecuada o suficiente? Dos, ¿qué ocurre con la medicina tradicional y los derechos de las etnias?, ¿qué ocurre con tratamientos que no cuentan con la “suficiente evidencia científica”, pero que son la única esperanza de pacientes, especialmente de alto costo?

Podríamos dar más ejemplos donde se evidencia que el Gobierno, busca a toda costa mantener el negocio, pero el espacio es corto.

Una reflexión final, el Ministerio ha sacado una serie de comerciales mostrando las bondades del plan de beneficios y de la reforma que bien podrían catalogarse de publicidad engañosa, en primer lugar la reforma está apenas en trámite en el Congreso por lo cual las situaciones que muestran los comerciales no son aún una realidad, dos, no muestran con claridad el alcance de la reforma, tres, ejercen presión indebida en los ciudadanos que no están enterados de las discusiones y cuatro, debería darse un espacio igual para quienes estamos en desacuerdo con la reforma y mostrar a la ciudadanía su inconveniencia.

Edición N° 00380 – Semana del 6 al 12 de Diciembre – 2013

2          Negación de la visión integral de la salud

4          Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 22º período de sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000.

 
 
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