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La decapitación de Petro:
una oportunidad para despertar ante la pesadilla

  Hernán Suárez
  Asesor editorial – suarez2007@yahoo.es
   
 

La personalización de los acontecimientos políticos ha sido una constante en la vida política colombiana. No estamos sólo ante una arbitraría y déspota decisión del procurador Ordóñez, más grave aún, estamos ante la evidencia que nuestro sistema político, nuestras instituciones, le temen a la democracia, conspiran contra ella. No se soportan ni admiten sus normas y reglas del juego elementales. Cada derecho consagrado tiene su trampa o interpretación amañada que lo hace nugatorio.

Un acontecimiento tan grave como la destitución del alcalde Petro, no puede simplemente atribuirse a un fanático religioso, a un cruzado de los Caballeros de la Virgen, a un perseguidor de marxistas y ateos o de la comunidad LGTBI, que inspirado en su tesis de grado o en su credo autoritario ha cometido una felonía, una decisión “desproporcionada”. Crasa equivocación. El desmán cometido por el procurador Ordóñez, hace parte de nuestro régimen político, está “amparado” en la Constitución del 91 y en las normas legales posteriores sobre la función y poderes otorgados a la Procuraduría. Ordóñez, fue reelecto este año, casi que por aclamación, por todos los partidos políticos que integran la Unidad Nacional del presidente Santos. Es una malformación estructural de nuestra aún lejana e imperfecta democracia.

Se necesitó que el “escándalo” Petro, le estallara en la cara al país, para darnos cuenta, por fin que llevamos veintitrés años conviviendo con el engendro que faculta al Procurador para destituir a funcionarios elegidos por voto popular, es legal y constitucional, pero profundamente antidemocrático. Una aberración democrática muy a la colombiana. Ilusamente los constituyentes del 91, creyeron que había que ponerle dientes a la lucha contra la corrupción en cabeza del Procurador y el resultado está ahí. La Procuraduría se abroga el derecho de utilizar sus atribuciones para perseguir y liquidar políticamente  a un hombre de izquierda como Gustavo Petro.

Y como siempre echamos mano del inveterado santanderismo para resolver tamaño entuerto. Ahora se quiere resolver el problema con un remiendo: una ley que limite las facultades y atribuciones del Procurador, no de Ordóñez, del próximo. Se requiere algo más que eso: ponernos de acuerdo en una democracia en la que todos podamos confiar, en la que las ideas y los partidos que ganen puedan gobernar, y no que tras los pliegues de lo legal y lo constitucional, se ejecuten tretas y atentados contra la democracia, como ocurre ahora. Los ejemplos saltan a la vista.

Aunque la Constitución consagra la prevalencia del interés de lo público sobre lo privado, Estado Social de Derecho es nuestra máxima democrática, cuando un gobierno, como el de Petro, decide poner énfasis en el fortalecimiento de lo público, es destituido porque según el procurador Ordóñez “se vulneraron los principios de libre empresa y competencia”, lo cual quiere decir que la nuestra, es una democracia al servicio privilegiado del interés privado y que nuestro régimen político tiene en los pliegues de la Constitución y en el poder de sus funcionarios la manera de eliminar de un plumazo a un opositor político, defensor de lo público.

El libre desarrollo de la personalidad es uno de los derechos más admirados de nuestro Constitución, pero quienes optan por el matrimonio entre parejas del mismo sexo debe enfrenar la cruzada inquisidora de un Procurador que se declara defensor del matrimonio católico, elevado a la condición de único admitido constitucionalmente. Una demostración que nuestra democracia no es una democracia entre guales, sino entre unos más iguales que otros. Así no es posible vivir en paz, aunque no haya violencia, mientras continúe la discriminación social, política, cultura al amparo de la ley.

La Carta del 91 consagra la tutela como un derecho de todos para reclamar derechos como la salud, la educación, el medio ambiente, entre otro muchos, pero cuando esas tutelas favorecen a los ciudadanos, su cumplimento está condicionado a otra norma constitucional, la llamada regla fiscal, que establece que sólo se cumplirá con las obligaciones del Estado, si hay recursos para tal fin. Todos sabemos cómo termina el asunto.

Los derechos de la oposición están consagrados constitucionalmente. Sin embargo, la oposición ha sido excluida de acuerdos nacionales esenciales como la participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la cual sigue siendo una comisión bipartidista, tampoco tiene presencia en los instancias nacionales electorales, la política de seguridad nacional no cuenta con la participación de la oposición ni siquiera a título informativo, en los llamados acuerdos nacionales contra la corrupción la oposición tampoco cuenta. Hoy seguimos sin un estatuto creíble de la oposición.

Capítulo aparte es la urgente necesidad de reestablecer el equilibrio de poderes de nuestro descuadernado ordenamiento político e institucional tras la implantación de la reelección presidencial, y que nos ha llevado a la consolidación de un perverso régimen releccionista.

La indignación social que ha provocado la destitución de Petro, ofrece la oportunidad de repensar nuestro precario sistema democrático y envía un mensaje a los negociadores de La Habana, en especial a quienes representan al gobierno y al establecimiento. El país reclama un ordenamiento político y social que nos permita vivir en paz y sin violencia en medio de las diferencias, de los intereses diversos y contradictorios. El derecho de todo partido a gobernar con las ideas y programas que reciban el apoyo mayoritario, el derecho a escoger otras maneras diversas de ejercer el gobierno. Qué tanto  la derecha, como la izquierda, lo puedan hacer en democracia, por extremas que ellas sean. Que unos y otros tenga como límites de su acción unas reglas y normas comúnmente adoptadas, aceptadas y respetadas. Es un asunto obligado de las negociaciones entre Gobierno y FARC. Es lo que todos esperamos. Es tomarnos en serio la democracia para el postconflicto.

Edición N° 00381 – Semana del 13 al 19 de Diciembre – 2013
 
 
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