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Emergencia, no sanitaria, sino social

  Mauricio Torres-Tovar
  Médico – Salubrista público
   
 

Del fallo del Procurador contra Petro

Lo que aquí hay señor Procurador, no es una emergencia sanitaria, sino una emergencia social, de los sectores con dignidad que no soportan más medidas arbitrarias de personalidades como la de usted. ¿Podrá usted destituir e inhabilitar políticamente a las multitudes?

El fallo emitido esta semana por la Procuraduría General de la Nación que destituye de la Alcaldía Mayor de Bogotá a Gustavo Petro y que lo inhabilita por 15 años para el ejercicio de cargos públicos, ha desatado cientos de protestas expresadas en concentraciones, marchas, pronunciamientos individuales y colectivos, y en una gran cantidad de columnas de opinión.

El malestar e indignación que ha producido el fallo, tiene que ver de un lado porque las razones sobre la que se basa no justifican una destitución, ni mucho menos una inhabilidad política, y de otro lado por la extralimitación de funciones del Procurador General.  

No es un asunto sólo de Ordóñez

No se puede caer en la ingenuidad de creer que este fallo de la Procuraduría es un asunto de Alejandro Ordóñez, de su arrogancia, de su poder. Es claro que Ordóñez es un puntal de lanza de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana, que han logrado ubicarlo en un sitio estratégico del Estado, desde donde impulsan una estrategia para contener los proyectos políticos de carácter democrático y progresista.

No son fortuitas las destituciones de Piedad Córdoba, Alonso Salazar o Guillermo Asprilla, o la que se cierne sobre Iván Cepeda, solo para mencionar algunas. Lo que hay detrás es claramente una estrategia de las clases dirigentes tradicionales de Colombia, para que el proyecto de dominio y expoliación que han ejercido sobre la sociedad se mantenga, dando continuidad a la historia de exclusión política a la que hemos estado sometidos.

El fallo de la Procuraduría revela dos hechos contundentes: de un lado que tenemos una clase política dirigente que representa los intereses de una elite oligárquica que no está dispuesta a conceder nada de carácter estructural; y de otro lado, una estrategia “jurídico-constitucional” como la que se ejerció en Honduras o Paraguay, para propiciar la muerte, ya no física, pero sí política, de aquellos que pueden tener una postura diferente, disidente en el país.

No hubo una emergencia sanitaria en Bogotá

El argumento de la Procuraduría que en diciembre del año pasado hubo una emergencia sanitaria en Bogotá producto de las decisiones tomadas por el Alcalde Petro, vinculada a la suspensión de los contratos con la empresas recolectoras de basura, no tienen un soporte real ni técnico.

Una emergencia sanitaria es una situación que se da producto de las condiciones de insalubridad, que reproduce plagas y vectores, con lo que se dan las condiciones para la aparición de epidemias o pandemias. Y que para el caso de Bogotá, precisa que la única autoridad que declara estas situaciones de emergencia, es exclusivamente el Alcalde Mayor1 y este nunca la declaró.

Entonces no es solo que las compañías privadas de aseo, dado que se veían profundamente afectados sus intereses económicos por la decisión de Petro, generaron premeditadamente un caos de basuras en la ciudad; sino que no existió nunca una situación de emergencia sanitaria que llevara a producir una epidemia, mucho menos una pandemia, y que se hubiesen presentado enfermos o muertos en la ciudad por esta situación.

Fueron tres días en donde se produjo una situación de falta de recolección de basura en algunas zonas de Bogotá, pero nunca se configuró una condición de emergencia sanitaria.

La recuperación de la conducción de lo público

Lo que realmente está detrás de la decisión del Procurador, es por una parte anular una apuesta de ciudad que ha planteado recuperar la conducción pública de sectores claves como el de basuras, educación, alimentación, vivienda y salud; y por otra eliminar políticamente a Petro, que puede ser un rival fuerte a las elecciones presidenciales en las cuales seguramente Ordoñez será candidato de los sectores ultraconservadores del país.

La apuesta de Petro ha sido por un modelo de ciudad centrado en lo social, que recupera el sentido de lo público para colocarlo en función de proyectos que permitan superar las exclusiones y segregaciones presentes en la ciudad2.

Acá esta el pecado. Atentar contra la “iniciativa de la empresa privada” que se traduce en afectar los intereses económicos de las clases que han controlado la ciudad y el país a su antojo, lucrándose de los recursos públicos, perpetuando las inequidades sociales.

En este sentido, para la clase oligárquica la democracia es válida, en tanto no altere el orden estructural social y no afecte sus interese económicos. Están dispuestos a mostrarse como demócratas, a conceder espacios a los sectores de izquierda, en tanto no se sobrepasen, porque de ocurrir esto se tiene a la mano leyes e instancias judiciales hechas a sus medidas.

Una oportunidad de oro para no desaprovechar

Se sabía que los riesgos acechaban por varias partes, o revocatoria o destitución. Intervino primero el Procurador con la destitución e inhabilidad.

Pero, tal vez con lo que no contaba el Procurador y los sectores que lo respaldan, es que la sociedad también iba a intervenir, producto de la indignación, en tanto no está dispuesta a soportar más este tipo de manejos y afrentas.

Fue totalmente emocionante ver esta semana a reventar la plaza de Bolívar, con gente de todos los sectores, especialmente jóvenes, y soñar con que sí podemos tener nuestra plaza Tahrir, nuestra primavera árabe, y que si es posible tumbar un Procurador y defender un Alcalde.

Y acá se vuelve a presentar una estupenda oportunidad, para profundizar la indignación y con esto profundizar la movilización, resistencia y lucha social, que haga el quiebre que esta sociedad requiere. Una oportunidad para salir del énfasis en los proyectos electorales para pasar a centrarse en los proyectos políticos con bases programáticas estructuradas y serias, que efectivamente conecten con las demandas populares y sociales.

Pero, para no perder esta rica oportunidad se requiere una madurez de los sectores democráticos y progresistas de la sociedad, para que de un lado al unisonó rechacen esta medida que atenta contra las posibilidades de construcción democrática y de salida negociada al conflicto armado, al no dar confianza que se contará con espacios reales de participación política para aquellos que dejarían las armas; y de otro lado, para darle una conducción política clara a la movilización social que permita configurar una fuerza social y política con capacidad de generar cambios de fondo en el país.

Tenemos nuevamente en esta coyuntura, la posibilidad de generar una confluencia amplia de todos los sectores indignados de la sociedad, que expresan un carácter democrático y progresista, que lleve a configurar un sujeto político con poder para generar reales cambios. Pero para esto hay que superar los cálculos políticos, los protagonismos, los enfrentamientos y fracturas inútiles.

No se puede dudar, hoy hay que alinearse por una sociedad realmente democrática para que se pueda construir un proyecto de paz y justicia social en el país.

Edición N° 00381 – Semana del 13 al 19 de Diciembre – 2013

1 El Decreto 332 del 2004 organiza el régimen y sistema para la prevención y atención de emergencias en Bogotá. En el artículo 3 precisa que la única autoridad para declarar situaciones de emergencia en el Distrito es el Alcalde Mayor.

2 Torres-Tovar M. Petro y lo público: ¿Revocatoria o destitución? Semanario Caja Virtual de Herramientas. Edición N° 351, Mayo de 2013.http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0351/articulo08.html

 
 
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