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Inzá: ataque desproporcionado de las FARC que afectó a población civil y debilitó el positivo mensaje de tregua unilateral

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente Fundación Cultura Democrática
   
 

El ataque desproporcionado de las FARC contra una instalación militar y policial de la Fuerza Pública en Inzá que ocasionó varias bajas en las tropas oficiales, algunas víctimas civiles y destrucción de bienes civiles, pone de presente varias situaciones delicadas y urgentes de tratar: En medio de las hostilidades las partes siguen infringiendo el derecho humanitario; en autoridades y sectores de opinión existe confusión y equivocaciones sobre la calificación de tales infracciones; los hechos de guerra y aún más las violaciones contra los civiles menoscaban la legitimidad y respaldo al proceso de paz. De forma paralela las mismas FARC declararon un cese unilateral y temporal en las ofensivas militares, lo cual es una positiva noticia que sin embargo resultó opacada por tal tipo de ataque y que deja dudas sobre su real efecto ante el anuncio gubernamental de persistir en la ofensiva contra las guerrillas.

El ataque fue realizado con un dispositivo artesanal, al parecer de cilindros cargados de explosivos, que logró destruir la instalación protegida por personal armado donde se concentraban efectivos militares y policiales. De hecho, a la luz del derecho humanitario un objetivo militar, para el caso de tropas oficiales, atacado por un operativo guerrillero. Sin embargo, la forma del ataque resultó violatoria del principio de proporcionalidad, por cuanto no se limitó a quebrar la ventaja militar contraria sino que afectó, según las informaciones de prensa, por lo menos la vida de un civil y la destrucción de numerosas casas, negocios e instalaciones de carácter civil. Por supuesto, son lamentables las pérdidas de vidas en la guerra, militares o guerrilleros, para el caso los cinco integrantes del Ejército, incluido un mayor con mando en la zona, dos tenientes y un integrante de la Policía. La desproporción también se evidenció en la amplia estela de personas heridas, pues junto de la veintena de integrantes de la fuerza pública, también se registró otra veintena entre los pobladores civiles.

De forma evidente corresponde rechazar a las FARC por efectuar ataques desproporcionados y exigirles de manera imperiosa el acatamiento de la normatividad humanitaria que exige limitar los ataques a los objetivos militares y hacerlo de  forma proporcionada, precisamente para evitar la ocurrencia de víctimas civiles y de daños y víctimas innecesarias incluso de la contraparte militar. Sin embargo, es preciso adoptar una postura seria y coherente frente a las partes para advertir otras problemáticas humanitarias inscritas en el hecho y para discutir con posiciones equivocadas que de inmediato se hicieron públicas.

Al respecto, el derecho humanitario exige a los contrincantes militares no poner en riesgo a la población civil, lo cual hace referencia necesaria a sus instalaciones, fortificaciones y posiciones defendidas, en zonas de conflicto armado. En tal sentido, como reiteradamente lo han denunciado las comunidades indígenas y los habitantes de poblaciones del Cauca, la fuerza pública mantiene instalaciones militares y policiales con dispositivos, defensas y personal militar o que utiliza métodos y armas de carácter bélico, en medio de las viviendas civiles y las calles donde normalmente transitan y se concentran los pobladores civiles, hecho fuertemente discutido y materia de debate público y de propuesta levantadas ante el gobierno nacional por los afectados. En consecuencia, la fuerza pública en este y en casos similares, no se atiene a las prescripciones humanitarias y coloca en riesgo permanente a la población civil, siendo en tal sentido también responsable de lo sucedido en este ataque.

En medio de un proceso de paz necesario de respaldar y cuando en la agenda a tratar está el tema humanitario, el debate y la reprobación de las conductas violatorias del derecho humanitario adquiere particular importancia. Las guerrillas no deben realizar ataques desproporcionados y está obligada a prevenir las consecuencias que puedan afectar a personas y bienes civiles y obrar en absoluta consecuencia al respecto. La fuerza pública y de forma general el gobierno nacional, no deben seguir exponiendo a la población civil frente a efectos de las hostilidades, manteniendo instalaciones con dispositivos militares en medio de las viviendas y la circulación y presencia de la población civil y sus sitios de trabajo y movilidad habitual, sino tomar las medidas preventivas e instalarse en condiciones y en lugares que eviten tales riesgos.

Pero en el debate suscitado resulta equivocada la tendencia a calificar los hechos de guerra de por sí como “terroristas” cuando en realidad no lo son, como reiteradamente lo hace el Ministro de Defensa y muchas veces sin fundamento técnico para poder afirmarlo; o de señalar para el caso que se trató de un “ataque indiscriminado contra la población civil” por parte de la guerrilla, cuando en realidad no lo fue, como lo señalaron en su información el periódico El Tiempo (edición del 9 de diciembre de 2013), entre otros medios y sectores de opinión. Aunque por supuesto, esta discusión en manera alguna puede justificar lo sucedido en lo referido a las infracciones cometidas por esta guerrilla, como lo pretendieron sus voceros, al señalar algunos aspectos válidos como el que se trató de un ataque contra una instalación con protección militar, pero sin reconocer que la actuación desbordó tal propósito y afectó gravemente a la población civil, su vida, integridad y bienes.

Preocupa en el debate la opinión expresada por el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, dada su autoridad, comprometida con inexactitudes en el tratamiento del caso, que por tal razón pierden solidez y debilitan su necesaria contribución en el tratamiento público y en apoyo al entendimiento que se surte, en el contexto del diálogo y los acuerdos de paz. Esto porque el justificado rechazo al ataque de las FARC por su afectación a vidas y bienes civiles se acompaña de varios argumentos equivocados. Las protecciones humanitarias contenidas en instrumentos convencionales y en el amplio desarrollo consuetudinario existente no se limitan a la protección de los centros educativos y los territorios indígenas, no resulta afortunado que desconozca que también obliga frente a lo sucedido con las estaciones policiales, defendidas con dispositivos y efectivos militares, en las zonas de conflicto, ubicadas en medio de las viviendas y el tránsito habitual de la población civil, en muchos lugares de distintos departamentos del país, es importante llamar al defensor nacional a comprender y hacerse parte de esta justa causa de demanda de protección exigida por los afectados y elevar ante el gobierno nacional, el ministerio de defensa y la fuerza pública soluciones al respecto.

Tampoco resulta acertado de parte del defensor nacional afirmar que se trató de “un ataque indiscriminado”, pues estaba dirigido contra un dispositivo que constituye ventaja militar concreta, al punto que causó sensible afectación ante todo a dispositivos y efectivos militares, pero insistimos en que por supuesto se hizo bajo condiciones de desproporción, con consecuencias de afectación a la población civil. Por supuesto, que esta discusión se aborda con respeto y reconocimiento especial por lo que la Defensoría del Pueblo representa positivamente con el conjunto de su labor a favor de la causa de los derechos humanos y del derecho humanitario y en aras de estimular la elevación de sus posibilidades de actuación, incidencia y del ejercicio de su autoridad en este campo, como en general lo ha logrado en la historia reciente.

Por supuesto, un margen de discusión más amplio se registra en el entorno político y social. Los sectores opuestos al proceso de paz y al entendimiento en aras de conseguir incluso soluciones humanitarias con las guerrillas, siguen empeñados en negar la guerra y asumen posturas totalmente erróneas con referencia a los asuntos aludidos. Basta recordar la declaración del candidato del partido Uribe Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, afirmando de manera realmente falsa para justificar su posición, al afirmar que “no ha existido la primera muestra de paz por parte de las FARC”. Hecho contraevidente, cuando se han logrado importantes acuerdos parciales y se proyecta una dinámica hacia conseguir un acuerdo de paz concertado con el gobierno nacional y que será puesto en consulta con el conjunto de la ciudadanía. En igual sentido, también desde la extrema derecha, se puede leer del ex ministro Fernando Londoño con referencia a este ataque, afirmar que no existe la guerra interna, que no fue un acto militar y que se trataría de una “masacre” contra personas inermes.

Edición N° 00381 – Semana del 13 al 19 de Diciembre – 2013
 
 
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