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Dos décadas perdidas de salud en Colombia

  Mauricio Torres-Tovar
  Médico Salubrista Público
   
 

2013 deja para el sector de salud de Colombia una nueva Ley Estatutaria que establece una mirada restricta del contenido del derecho a la salud pegada a la concepción de un paquete básico de servicios para la atención de la enfermedad y un proyecto de ley de reforma a la Ley 100 aplazado, que ha tenido una enorme oposición social dado que es una propuesta de reforma que no reforma.

Entonces 2013 cierra con dos hechos en materia de salud. De un lado, se cumplen 20 años de haberse sancionado la Ley 100 con la cual se reformó el sistema de seguridad social de Colombia; y de otro, con una nueva frustración acumulada, al no haberse concretado el cambio demandado por la ciudadanía para superar la profunda crisis de salud que vive el país y configurar un nuevo sistema de salud, que supere el profundamente deslegitimado sistema que tenemos.

20 años de una Ley que configuró una política de Estado en Salud con un enfoque de mercado, que ha implicado enormes cambios, tanto en el tipo de conducción, como en la implementación de programas y planes y en los resultados de salud.

Durante estas dos décadas el rol del Estado colombiano fue desperfilándose, al perder capacidad de fiscalización y regulación, pasando a ser un actor débil de regulación del mercado, y donde quienes ganaron capacidad de orientación y conducción fueron los actores privados, especialmente las aseguradoras (EPS) y la industria farmacéutica. Los entes territoriales de salud, que antes de la ley 100 jugaban un papel clave en el proceso de inspección, vigilancia y control en salud, fueron debilitados, perdiéndose un enorme y valioso acumulado en materia de salud pública en el país. El papel de los y las trabajadoras del sector salud, de las comunidades y de los y las usuarias de los servicios de salud fue totalmente marginal, sin recursos ni capacidad para incidir en las decisiones políticas claves en salud.

La implementación del modelo tuvo foco en la atención individual a la enfermedad, establecida como una mercancía para lo cual se debe demostrar capacidad de pago, bien porque se está asegurado o bien porque se poseen recursos para pagarla, debilitando todo el componente de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Este énfasis mercantil en la enfermedad, originó un conjunto profundo de barreras para el acceso real a los servicios de atención (que es muy distinto a los altos porcentajes de aseguramiento logrados), de orden administrativo y económico, junto a las barreras geográficas al configurarse un sistema de salud desterritorializado y culturales, al ser un sistema homogéneo que no atiende las diversidades de género y orientación sexual, étnicas, de discapacidad, de condición socio-económicas, presentes en el país.

En cuanto a los resultados en salud, sin lugar a dudas se marcó un retroceso en materia de salud individual y colectiva. Aunque se puede hablar de que globalmente se redujo la mortalidad materna o la infantil, al desagregarlas por regiones se continúa con regiones en Colombia comparables a países africanos, es decir se profundizaron las inequidades sanitarias. El desmonte de las estrategias de salud públicas, ligado al debilitamiento y liquidación sistemática de las institucionalidad de la seguridad social y hospitalaria públicas, sin clara responsabilidad en esta materia de los actores privados del aseguramiento y la prestación de servicios, hizo que en el país reemergieran enfermedades controladas como malaria, tuberculosis, dengue; que se incrementaran casos como los de sífilis congénita o que resurgieran casos como los de rabia humana, que desde hace varias décadas no se reportaba en el país.

El profundo malestar por la deshumanización y pérdida de la calidad de la atención en salud, se revela en las multitudinarias acciones de tutela que para las dos décadas suman más de 1 millón1.

Y ni que decir de los rezagos en materia de formación del talento humano en salud, también convertido en negocio, o en la falta de avances en aspectos científicos y tecnológicos en materia de salud, que nos mantienen en la dependencia, sin posibilidades de estructurar una soberanía en salud. Así mismo, el profundo deterioro de las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la salud y la pérdida de autonomía profesional subordinada a las lógicas de costo-beneficio de las aseguradoras y prestadoras de servicios de salud.

Pero también hay que reconocer que al final de estas dos décadas queda configurado un importante proceso de lucha y movilización social por el derecho a la salud, que pasó por un conjunto de fases durante estos veinte años, desde una reivindicativa sectorial a una de configuración de una identidad colectiva alrededor de la salud como derecho humano y de maduración de una propuesta política alternativa en salud2. Igualmente, experiencias desde gobiernos locales, que como en el caso de Bogotá, mostraron que es posible diseñar e implementar políticas públicas desde un enfoque de derecho a la salud e ir en una dirección distinta al negocio de la atención individual a la enfermedad.

Completamos entonces dos décadas perdidas en el campo sanitario en Colombia, producto de una política impuesta que no obedece ni a las necesidades ni a las realidades sanitarias de Colombia. Son muchas vidas perdidas y deterioradas en estos 20 años, esto no se puede olvidar y requiere procesos de verdad, justicia y reparación en el marco de un posible proceso de paz en el país.

Lo que nos queda a los sectores progresistas y democráticos de la sociedad colombiana, es continuar articulándonos, superando la fragmentación, fortaleciendo nuestros niveles de identidad, que permitan canalizar toda la indignación e inconformismo social en salud, que lleve a configurar un sujeto político con capacidad de arrebatarle los designios a los mercaderes de la salud y hacer realidad para la sociedad colombiana la garantía de un derecho tan fundamental para la vida. En gran medida, de nosotros y nosotras dependerá no perder las próximas dos décadas.

Edición N° 00382 – Semana del 20 al 26 de Diciembre – 2013

1 Defensoría del Pueblo. Delegada para la Salud y la Seguridad Social. La tutela y el derecho a la salud 2012. Bogotá: Ediciones Defensoría del Pueblo, 2013.

2 Torres-Tovar M. Lucha social contra la privatización de salud. Bogotá: Ediciones CINEP, 2013.

 
 
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