¿Qué sigue a la suspensión de la destitución?

  Miguel Angel Herrera Zgaib1
   
 

Febrero de 1948 - Febrero de 2014

El alcalde Petro, desde el balcón del Palacio Liévano, que de ser un pasaje comercial, dicen los estudiosos, se convirtió en el edificio gemelo de la Casa del Florero, no solo alertó a Bogotá y a Colombia, de un golpe de Estado en curso, sino que emplazó a su vecino cotidiano, Juan Manuel Santos, quien habita la Casa de Nariño y quiere permanecer en ella, para que detenga el curso casi ineludible de la destitución e inhabilidad por 15 años que pende sobre la cabeza de un ex guerrillero carismático, declarado defensor de la Constitución de 1991.

Los asistentes de la noche del 10 de enero, en su mayoría jóvenes, que llenaron tres cuartos de la plaza de Bolívar, escucharon  que el propio alcalde reconoció que había cometido errores, pero, igualmente, que aquí lo que estaba en entredicho era la democracia, la voluntad popular de quienes lo eligieron con más de 700.000  votos.

El giro dado a la administración de la ciudad descansa en el lema "Bogotá Humana". Y si se llega a la votación de la revocatoria el 2 de marzo, que es lo que ansía el burgomaestre, cada ciudadano podrá evaluar y expresarse por el sí o por el no de la permanencia del alcalde y la concreción de más de la mitad de lo consignado en su programa de gobierno.

Después del 10 de enero

El pasado 10, junto a la aldea Bakatá, y a la estatua de Bolívar  envuelta con la bandera del Distrito observaban y comentaban el concejal Carlos Vicente de Roux, quien podría, eventualmente, ser encargado de la alcaldía sin Petro es destituido, y el presidente lo quiere, mientras se convoca a elecciones para escoger su reemplazo.

También se encontraba Angélica Lozano, antes progresistas, y ahora hacen son parte orgánica de la Alianza Verde. Ella aspira a ser representante por Bogotá. Con Guillermo Jaramillo y Jorge Rojas, son parte del equipo que se bate en la defensa de la obra del Alcalde. Enfrentados al oligopolio de las basuras, y a las fuerzas políticas de derecha y centro que quieren recuperar de una vez por todas, el segundo botín público más rico de Colombia. Y en esta pugna se juegan “los restos” con el representante conservador Miguel Gómez, promotor de la revocatoria de Petro, liderando esta confrontación política reglada por la Constitución.

A hoy, por decisión del magistrado José María Armenta del Tribunal administrativo de Cundinamarca, Petro cuenta con un respiro de 8 días; y según plazos perentorios en 10 días, la sala plena del Tribunal, anuncian, resolverá de fondo la tutela. Pero, por lo pronto Gustavo está resguardado, aunque según el mismo Procurador, lo dispuesto por el magistrado no interrumpe el curso del tiempo que tiene Petro para notificarse voluntariamente. De no hacerlo al vencimiento de los 8 días estipulados, el alcalde será notificado por edicto de la confirmación de la providencia que lo destituye e inhabilita políticamente.

El magistrado Armenta, él mismo ahora objeto de escrutinio disciplinario, junto con otra colega de la Sala administrativa, se encuentran bajo escrutinio del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de su comprobado parentesco con Cecilia Calderón Jiménez, directora actual de activos fijos del Acueducto de Bogotá. En circunstancia similar está una  segunda magistrada Carmen Alicia Rengifo, cuya hermana trabaja también en el Acueducto desde junio de 2012.

Mientras tanto, el próximo lunes, en sala plena, el mismo Tribunal resolverá sobre 36 tutelas sometidas al conocimiento de todos los magistrados, de acuerdo con la petición que le hizo el Procurador General para tratar de unificar los proveídos. Sin embargo, por lo pronto, uno de los magistrados, Luis Alberto Álvarez, se apartó de lo que dispuso provisionalmente por el José María Armenta. Para aquel “no se demostró una situación de extrema urgencia y gravedad que esté poniendo en riesgo los derechos fundamentales del accionante”, la ciudadana Leydi Camila Melo.

Lo nuevo

"… le tocaría al presidente de la República consultar al Consejo de Estado sobre si debe o no acatar esas medidas (de la CIDH). Carlos Patiño Villa, profesor de Relaciones internacionales, U. Nal.

Los cargos instruidos contra Petro, por un joven viceprocurador, quien es parte del Movimiento Reconstrucción Nacional, y miembro de la Asociación de juristas católicos, los elogió el expresidente Uribe, quien por estos días está ocupado en predicar la paz sin guerrilleros, o mejor aún, la paz con guerrilleros recluidos en las cárceles, cuando menos sus líderes, responsables del terrorismo.

De otro lado, también puede tocarle a Santos - en vísperas de las elecciones - acatar o contrariar lo que disponga la CIDH, que aún no responde a la solicitud que le hicieran abogados del alcalde de decretar medidas cautelares. Ahora, conforme a lo dispuesto por el magistrado Armenta, no pocos sostienen que la CIDH podría rechazar el conocimiento en torno a la vulneración de los derechos políticos del alcalde de Bogotá, señalando que hay instancias nacionales en capacidad de salvaguardar y resolver sobre el asunto.

El dilema que también enfrenta el Presidente se deriva de la circunstancia, que él mismo, después de notificado el alcalde Petro por edicto según lo anunció ya el Procurador podrá darle ejecutoria a lo decidido por la Procuraduría. O rehusarse a hacerlo de inmediato, a pesar de la cobertura que le brindó el actual Minjusticia, Alfonso Gómez Méndez para esperar a qué decide la institucionalidad internacional en cabeza de la Comisión Interamericana de D.H.

Por lo pronto, no es cierto, como afirma el profesor Patiño, que Santos tenga que consultar al Consejo de Estado, y si lo fuera, ninguna consulta así surtida obliga al primer mandatario a acatarla. Tampoco es cierto, lo que Ricardo Avello, docente de la U. del Rosario señala, que las medidas cautelares, si las decreta la CIDH, "no son obligatorias".

Porque para los signatarios del Pacto de San José, en el que se sustenta la instancia internacional de la CIDH las medidas cautelares son obligatorias, y sus sentencias. Otra cosa es que su cumplimiento se pueda imponer de manera coactiva, como, por ejemplo, sí ocurre en la justicia civil ordinaria. Pero sí podrá acudir a su superior jerárquico la Corte Interamericana.

No sobre recordar lo que pasó con el gobierno de Estados Unidos, cuando se falló en favor de Nicaragua, su responsabilidad e indemnización a raíz de la acción terrorista adelantada en sus costas, en los tiempos de Reagan. Al final, el gobierno estadounidense a regañadientes, tuvo que pactar y pagarle una indemnización al país centroamericano.

Soberanía, derecho y democracia

En el orden global, que Negri y Hardt califican de imperial, también el anterior derecho internacional no solo se ha reforzado, sino que ha mutado en la medida en que emergieron desde la segunda mitad del siglo XX instituciones de justicia con alcances globales.

Uno y otro constriñen voluntaria u obligatoriamente la soberanía de los Estados nación, que arranca como absoluta en los inicios del orden jurídico político burgués, que tiene los ilustres apoyos de Maquiavelo, Bodino y Hobbes, para solo citar a tres de los más famosos.

Entre las instituciones internacionales están la CIDH, con radio de acción en el continente americano, y la Corte de la Haya, y globales como el Tribunal de Roma. Ahora bien, el art.9, de la Constitución de Colombia recuerda en su texto, que:
"Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia."

En resumen, la soberanía estatal está limitada, hoy más que nunca. Claro que se pueden protagonizar golpes de Estado también. Así calificaron Hardt y Negri, lo que el gobierno de Estados Unidos hizo en Iraq, pretextando una amenaza, contrariando los dictados del Consejo de Seguridad, y del orden imperial global. O lo que Colombia, guardadas diferencias hizo agrediendo la soberanía ecuatoriana, para dar de baja a Raúl Reyes, contradictor político insurgente del Estado y el gobierno nacionales.

Otro tanto podría ocurrir ahora, negándose las autoridades de Colombia, a acatar, si la CIDH declarara oportunamente, las medidas cautelares pedidas por la defensa de Gustavo Petro, en cabeza de los abogados Julio César Ortiz, y Rafael Barrios. En todo caso, se trata de defender la Carta Democrática de la OEA, ya no solamente en causas colectivas contra un país, sino a funcionarios políticos en concreto. Aunque sabido es que esto no ocurrió cuando el presidente Zelaya en Honduras fue destituido de facto.

En todo caso, durante la entrante semana tendrán que pronunciarse, por una parte, el Tribunal administrativo de Cundinamarca, en relación con las tutelas a favor de Gustavo Petro; y de igual manera deberá hacerlo la Contraloría Distrital que tiene una causa en materia de responsabilidad fiscal contra el alcalde Petro. Y, por sobre todo, subsiste la expectativa que igual ocurra con la Comisión Interamericana de D.H. Por lo pronto, la tensión en la ecuación que tiene por extremos democracia y guerra, vuelve a ser el escenario de disputa.

Un colofón en el marco de la paz

En el entretanto, conviene insistir en que lo normado en materia de competencias actuales del Procurador es inconstitucional, al unir  los poderes de destitución disciplinaria e inhabilidades de autoridades políticas elegidas por voto universal y directo.

Tales poderes contrarían los valores supremos y principios fundamentales de la Constitución vigente. Conviene, igualmente, recordar que la actual constitución sancionada y promulgada en 1991, no fue refrendada democráticamente. Pero, cualquier ciudadano goza de la acción de inconstitucionalidad, y cualquier autoridad está obligada a declarar de oficio la inconstitucionalidad advertida en cualquiera de las normas que contraríen la norma de normas.

Con todo lo dicho, sin embargo, es el poder constituyente ciudadano quien dice, dicta la última palabra en una democracia, porque no está atado a los poderes constituidos por encumbrados que parezcan. La potencia constituyente puede ejercerse libremente, en defensa de la democracia amenazada o mancillada, sin cortapisas constitucionales. Aunque parezca derivarse lo contrario, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3o., que señala que la soberanía popular queda constreñida "en los términos que la Constitución establece".

De acuerdo con la última ocurrencia del Procurador, tal parece que Colombia hubiera regresado, con descaro, a la anti-democracia dispuesta en el Plebiscito de 1957, que borró de un plumazo los derechos políticos de la oposición al bipartidismo, y lo mantuvo prácticamente hasta el año 1991. En la nueva Constitución se establece en el capítulo III, Título IV. Del Estatuto de la Oposición, pero hasta el día de hoy esta se encuentra huérfana, porque no ha sido posible hasta la fecha expedir la ley estatutaria que regule íntegramente la materia.

Dicho lo cual queda bien claro, lo dicho en una de sus últimas intervenciones por el alcalde Petro, indicando que buena parte de la Constitución vigente, en materia política, quedó circunscrita a mero discurso, cuyo poder “performativo” no es suficiente. Es requisito que tenga dientes.

Por lo pronto, en el remedo de democracia que tenemos, la nuestra luce mueca, y no sin dolor, ante propio s y extraños. Porque no puede masticar sin dolor, la institucionalidad dispuesta  los desafueros autoritarios que se perpetran a diario contra la comunidad política republicana. Y de los cuales, la institución de la procuraduría  es un instrumento que los favorece con relativa impunidad, sin que haya aparecido ningún correctivo.

Recordando en presente

La ciudadanía está atenta, sin embargo, a los anuncios de la Fiscalía General, de poner en cintura el fanatismo y prejuicios políticos del actual procurador Alejandro Ordóñez, si estos afectan en materia grave lo que dispuso contra el destituido e inhabilitado alcalde de Bogotá.

En últimas, será la ciudadanía la que resuelva el rumbo de la guerra contra la democracia, que por medios legales se libra hasta hoy en la confrontación ente Procuraduría y Alcaldía. Para no desentonar con los propósitos manifiestos en La Habana, de adelantar negociaciones de paz, con otro actor, la insurgente guerrilla de las Farc-EP, y el ELN que está en turno expectante. Esta ciudadanía se ha movilizado, y desde el miércoles pasado ha recibido el llamado de Gustavo Petro a movilizarse organizadamente.

A convertir a la Plaza de Bolívar en su lugar de coordinación para disponer a miles de miles de bogotanos, reunidos a través de 17 nodos, para que hagan explícitas las reivindicaciones no satisfechas en Colombia desde los tiempos coloniales. Las multitudes han sido convocadas para que obren como poder constituyente, y este viernes les tocó el turno a las mujeres, luego que lo han hecho, los jóvenes estudiantes, y los usuarios de la salud.

La semana entrante se prepara y se desarrollará la movilización general que ponga de presente qué tanto se ha aprendido e incorporado la lección democrática en el curso de las semanas que la han antecedido, sin acudir a desmanes, por medios pacíficos, en una desobediencia civil multitudinaria, cuyo precedente más ejemplarizante es la marcha por la paz, que animó Jorge E. Gaitán en febrero de 1948. Aquella no logró impedir el desastroso desenlace del 9 de abril, que cambió el rumbo de Colombia en una orgía de sangre, y exclusión que dura 50 años. Ahora necesitamos más que esa heroica jornada.

1 Profesor asociado, ex director de Ciencia Política e Instituto Unijus, Universidad Nacional de Colombia. Catedrático Maestría Estudios Políticos, U. Javeriana. Director Grupo Investigación Presidencialismo y participación. Autor libro: Antonio Gramsci y la Crisis de Hegemonía. La refundación de la Ciencia Política. Unijus. Facultad de Derecho y CP, Unal, Bogotá, 2013.

Edición N° 00383 – Semana del 17 al 23 de Enero – 2014
 
 
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