El proceso de destitución de Petro: entre la superficialidad y la ideologización del debate público

  Álvaro F. Córdoba Caviedes
  Abogado, consultor, especialista en Derechos Humanos
   
 

Debo decir inicialmente que dudé en escribir sobre este tema de coyuntura, pues después de lo que exprese en este artículo seguramente conocidos y colegas, y aún amigos con quienes hemos compartido por años el trabajo y la lucha por la defensa de los derechos humanos, la garantía y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, la solución negociada al conflicto armado interno y un modelo de país y de sociedad más incluyente, justa e igualitaria, es posible que me retiren el saludo e incluso que automáticamente pueda ser clasificado dentro de las huestes de la extrema derecha, afines al pensamiento del uribismo recalcitrante, o como partidario del Procurador Ordoñez, y de esa manera defensor de sus posiciones fanáticas en contra de sectores poblaciones particulares o de especial protección - usando el lenguaje de la Corte Constitucional de Colombia - tales como los grupos étnicos, las mujeres, la población LGBTI, o respecto de temas como el aborto, el matrimonio igualitario, etc., frente a los cuales su actuación se ha basado en una distorsionada o sesgada concepción del cristianismo, fruto más de un catolicismo oscurantista heredado de la Colonia.

No obstante, y teniendo conciencia del riesgo que afronto, mis propias concepciones éticas, democráticas y pluralistas, así como el casi total silencio de una gran mayoría de este sector que para resumir podría denominar como progresista - obviamente no uso este término en alusión al Partido Progresista -, me veo casi obligado a expresarme para sentar sin más mi voto de protesta frente a la pobreza académica, política y jurídica que viene imponiéndose en torno al debate de esta problemática de la destitución de Petro, fruto más de la ideologización y la polarización reinante en nuestro país; y que personas como Gustavo Petro se han ensañado en profundizar tratando de llevar el debate a ámbitos de discusión que se creían superados como el de la denominada “teoría del proletariado”. Por fortuna, muchas personas con las cuales he hablado y que igualmente se identifican con ese amplio sector progresista, comparten mi opinión.

Tal como lo han sostenido algunos comentaristas políticos o periodistas de opinión, entre los cuales se destaca la columna de Daniel Coronel en la Revista Semana del 14 de enero del año en cuso, la discusión de fondo en torno al mal gobierno de Petro, al caos de su improvisada administración, ha pasado a un segundo lugar, pues hoy impera la simple postura de oposición a ultranza al Procurador Ordoñez, quien en mi opinión flaco favor le ha hecho con su intervención a la ciudad de Bogotá: ha logrado fortalecer a un alcalde que días antes ocupaba el penúltimo escalafón de los burgomaestres del país, y cuya muerte política por esa vía era inminente, para fortuna de quienes seguimos abogando por un proyecto político diferente, con propuestas de política pública y de modelo de ciudad que respondan a un programa de gobierno pensado y con un soporte técnico y teórico sólido, que superen las medidas populistas como cuando en su momento el M-19 repartía leche en el sur de Bogotá. Hoy ya no importa saber que en esta mala administración se han cambiado dos, tres y hasta cuatro veces los(as) titulares del gabinete de gobierno; algunos han renunciado porque literalmente no han logrado acomodarse al estilo improvisado, arrogante y totalitario de Petro, quien en estos días se ha reencauchado como el paladín de la democracia y la tolerancia.

Es tan contradictorio que Petro figure como un estandarte de los principios democráticos, como calificar al procurador Ordóñez como un justo vocero de los derechos de las víctimas del conflicto armado, tal como él lo viene pretendiendo dentro de su campaña deshonesta en contra del proceso de paz que se adelante actualmente por parte del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Resulta dudoso que sea un buen abanderado de los derechos de las víctimas quien a la fecha guarda total silencio frente a los crímenes de los paramilitares quienes se han burlado de las víctimas dentro de los Procesos que se adelantan en el marco de lo que quedó de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz; o respecto de los crímenes cometidos por agentes estatales, principalmente de las fuerzas militares, en donde al parecer a esta Procuraduría se le opacan sus exigencias de justicia y más bien aboga o abona condiciones para la impunidad.

Por otra parte, es lamentable y triste ver en las imágenes de los noticieros a reconocidas personas del ámbito de derechos humanos, a las cuales sin duda valoro, acompañando públicamente y con actitud de “importantes” a Gustavo Petro en sus periplos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o que reconocidos abogados de importantes organizaciones jurídicas de defensa de los derechos humanos sean parte del séquito de defensores del referido alcalde Petro, o que estén compartiendo tribuna nada menos que con el ex fiscal General Mario Iguarán - el mismo que fue el autor intelectual y material de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz cuando actuaba como Viceministro de Justicia, o quien como Fiscal General de la Nación, en compañía de Luis González – conocido de autos - materializaron la aplicación de ese texto legal, con los resultados deficientes y negativos como es de amplio conocimiento, los cuales con el tiempo favorecieron los intereses de los paramilitares, negándose la reparación integral de las víctimas que la misma ley estipulaba. A muchos nos consta que esas organizaciones de abogados en su momento estuvieron entre los más fuertes y calificados oponentes a dicha Ley de Justicia y Paz y a los procesos que se adelantaron y se adelantan en aplicación de la misma.

En este mismo sentido, cuestiono bajo qué argumentos muchos(as) representantes del llamado movimiento de Derechos Humanos o del movimiento social, hoy aplauden la providencia del Juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta, que decreta la suspensión de la destitución de Petro. Para quienes somos abogados, dicha providencia es una vergüenza y no merece un debate jurídico de fondo, su particular interpretación del artículo 277 de la Constitución es verdaderamente inconcebible y contradice sentencias recientes y contundentes de la Corte Constitucional. Es increíble que quienes han defendido en el pasado la honestidad académica, el principio de legalidad, el debido proceso, y que además se han opuesto a las denominadas sentencias “de hecho”, hoy aplaudan este panfleto de providencia por el sólo hecho que favorece a los intereses de turno de un Gustavo Petro, quien en referencia a dicha providencia se atrevió a decir que la misma demostraba que la justicia estaba de su parte, sabiendo -como sabe- que es el fruto de un funcionario judicial sobre quien existirían, según lo han manifestado varios medios de comunicación, dudosos antecedentes de corrupción en su contra, y además, está lejos de ser imparcial, por cuanto su esposa Cecilia Calderón, trabaja actualmente en la Empresa de Acueducto de Bogotá, en donde ocupa el cargo de Directora de Activos Fijos en el Almacén, tal como los medios de comunicación lo revelaron. Como es obvio, para muchos ya no es relevante exigir la obligación legal o el mínimo comportamiento ético de haberse declarado impedido para conocer de esa tutela ante tan protuberante razón.

Por lo que se observa, lo que aquí se impone es una evidente ideologización del debate en donde sin importar que Gustavo Petro contradiga los más elementales conceptos y principios de un buen gobierno, eficiente, eficaz, responsable y transparente, hay que defenderlo a toda costa únicamente porque quien lo destituyó es Alejandro Ordoñez. Estoy completamente seguro que si otros fueran los protagonistas serían muy diferentes las posturas. Este Procurador fue elegido igualmente por Petro, quien además escribió a su favor en un medio de amplia circulación, y se conoce que incluso disfrutó de las ofertas burocráticas de la misma Procuraduría.

Desde hace algún tiempo, un sector minoritario de lo que se denomina el movimiento de derechos humanos y de iniciativas por la paz en Colombia, venimos expresando que dicho movimiento requiere una profunda revisión y reformulación de sus postulados fundantes en razón de su estado de ideologización y su evidente carencia de objetividad, obviamente con valiosas excepciones. Como se conoce, muchas de las organizaciones que hoy se denominan de derechos humanos tuvieron su origen a partir o en respuesta a las políticas restrictivas en materia de libertades y garantías políticas y jurídicas impuestas por el llamado “Estatuto de Seguridad” del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), así como de los diferentes estatutos o leyes que a futuro lo desarrollaron e incluso lo profundizaron en sus efectos. Nadie negaría como valientes, justas y oportunas todas las acciones que este movimiento realizó en ese contexto y ha realizado positivamente en respuesta a las restricciones y las múltiples violaciones de derechos que desde esa época y en épocas anteriores han ocurrido en Colombia, realidad que desafortunadamente está muy lejos de haberse superado.

No obstante, es pertinente manifestar que pese a las dificultades que en materia de derechos humanos persisten en nuestro país, hoy son otras las condiciones y no se puede seguir trabajando en este campo como si estuviéramos en un régimen totalitario y despótico carente de todo tipo de garantías y recursos que promuevan y faciliten el ejercicio de las libertades y derechos consagrados en la misma Constitución de 1991 así como en los tratados internacionales, que hoy, a diferencia de la época del Gobierno de Turbay, han sido ratificados en su mayoría por el Estado colombiano. Creo que la rica y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y aún de la Corte Suprema de Justicia en materia de garantía efectiva de los derechos humanos y fundamentales es prueba suficiente para corroborar que los tiempos y las circunstancias son muy, pero muy diferentes.

Considero necesario reafirmar que la teoría y la práctica en favor de la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas no debe estar atada a un pensamiento político en particular y peor aún a una ideología determinada; lo que estamos llamados a defender es la libertad de opinión, de pensamiento o de conciencia, y no una opinión, un pensamiento político o una conciencia específica y previamente acordada como única, ya que de esa forma estaríamos actuando de manera idéntica a como se ha caracterizado la Procuraduría de Ordoñez. Es tan censurable exigir un credo religioso específico y único como rechazar a una persona por tener una creencia religiosa, y considerar, como muchas veces se hace, que ser un defensor o una defensora de derechos humanos implica ser ateo o de izquierda. Es y debe ser legítimo aceptar que se pueda ser defensor o defensora de derechos humanos, abogar por la justicia y por un modelo económico y social justo y equitativo, y hacer parte al mismo tiempo del partido conservador o del partido de la U. De lo contrario, y es lo que más me incomoda, seguiremos dándole razones para que personas como José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe sigan afirmando que quienes hemos abrazado la bandera de los derechos humanos, la paz y la justicia social, somos promotores y voceros, según lo afirman, de los “narcoterroristas de las FARC y el ELN.”

Llama la atención que el “debate” jurídico en torno a las facultades del Procurador se haga luego de 23 años de promulgada la Constitución de 1991 que le otorga esas facultades, y 12 años después del último Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). Aquí los principios de igualdad, justicia, debido proceso y los derechos fundamentales poco importan ya que prima el ubicarse a favor o en contra de quien se promueven o se alteran dichos principios, garantías o derechos. Lo mismo ocurría en la época de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, en donde muchos de los que se oponían a esa reelección defendían sin el más mínimo sonrojo la reelección indefinida de Hugo Chávez, como defenderían la aprobación de la reelección indefinida del régimen corrupto y totalitario de Daniel Ortega en Nicaragua. Es más, si este presidente se hiciera presente en la plaza de Bolívar por estos días, muy seguramente sería aclamado como paradigma de la revolución y la justicia, sin importar que encarna un gobierno totalitario, con insuperables índices de corrupción, abandono de las clases populares y el control total de los diferentes poderes, con lo cual se ha roto el necesario equilibrio de la institucionalidad y el principio sagrado de la división de poderes, tal como ocurre en la Venezuela de hoy, en donde una representante del poder judicial y alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de ese País, llamaba a Chávez “Mi Comandante”. Por si acaso, y aunque me sirva de poco, quiero aclarar que siempre me opuse a la reelección de Uribe Vélez por las mismas razones, y me sigo oponiendo a todo lo que ese régimen representa, al cual identifico como un régimen perverso.

Quiero ser enfático en el hecho de que personalmente desapruebo las acciones y posturas del procurador Ordóñez en varios aspectos, y aún frente a esta decisión, no porque ponga en duda si posee o no la facultad para hacerlo, sino porque me parece que en su decisión primaron sus propios intereses y el de que aquellos sectores que representa en lugar del bien común de la ciudad de Bogotá y de quienes residimos en ella. Como ya lo manifesté y como lo han reconocido otras personas que han opinado al respecto, con este acto irresponsable y apresurado ha permitido que un mal gobernante como Gustavo Petro se haya fortalecido políticamente y pase a la historia, no como un pésimo administrador y alcalde sino como una víctima de la “persecución de la oligarquía que le ha negado y le sigue negando al pueblo sus reivindicaciones” y bla, bla, bla. Por otra parte, personas como Alejandro Ordoñez no son prenda de garantía para la defensa de los intereses de la sociedad que constituye el mandato fundamental de ese organismo de control, ya que además de su tendenciosa manera de decidir en torno a los casos de su competencia, es una persona que promueve y acentúa la polarización, el odio y el rechazo al otro, en especial si es diferente, que curiosamente lo acerca a la forma de actuación de Gustavo Petro.

Así mismo quiero confesar que voté por Gustavo Petro, aunque como nos ocurrió a muchos, no voté por Petro sino en contra del uribismo encarnado en Peñaloza, lo cual reconozco que es un error pues seguimos votando no en favor de unos postulados y unas propuestas de gobierno determinadas sino que votamos bajo la lógica del “menos malo” o “en contra de”, lo que sin duda debilita la democracia. Pero aún sí, tengo igualmente el derecho de exigir que mi voto sea respetado, por lo tanto habría querido que a este señor se le revoque el mandato, voté por la revocatoria y la promoví, y no debemos pasar por alto que se haya logrado en Bogotá la posibilidad de aplicar por primera o segunda vez en Colombia la revocatoria del mandato de un alcalde elegido popularmente, siendo ese un mecanismo casi imposible de materializar por todas las trabas legales y administrativas que se impusieron. Sin duda es un hecho para pensar, y harían bien en tomarlo en cuenta muchos de quienes acríticamente defienden y promueven a toda costa su continuidad.

Es un hecho categórico que frente al señor Petro, una gran mayoría de los residentes en Bogotá, muchos de los cuales votamos por él, ha pedido que sea revocado su mandato. El mismo Petro se opuso con todo tipo de artimañas al proceso de revocatoria, algunas peligrosas y agresivas como es su costumbre, tal como la de permitir que se publiquen en la página Web de la Alcaldía los listados de quienes firmamos por la revocatoria con una evidente pretensión de intimidación. Ahora resulta que por el contrario, aboga para que surta su trámite ese procedimiento de revocatoria, pues ya Ordoñez le hizo el favor de revitalizarlo; estoy seguro que de no haber mediado este proceso de destitución de la Procuraduría, Petro habría sido revocado. Es claro que ya en este momento el proceso de revocatoria tiene otro interés, para quienes la promovimos se torna dudosa y se ha debilitado, pese a todo, sigo convencido que si la gran mayoría de los residentes de esta ciudad se animara a votar a conciencia y asumieran la responsabilidad cívica y democrática que las circunstancias exigen, se lograría la revocatoria del mandato que está en curso.

Para finalizar, es necesario expresar que quienes abogamos y seguimos trabajando por un proyecto político progresista, y muchos aún desde una concepción política de izquierda democrática o de centro izquierda, tenemos el legítimo derecho de seguirlo haciendo sin que necesariamente tengamos que cerrar filas, como credencial de partido, para respaldar a un Gustavo Petro o a los tantos Petros que en esa vertiente política siguen existiendo. Así mismo exigimos que nuestra reivindicación de oponernos a la improvisación y al populismo demagógico tenga también cabida, y sea reconocida como una postura válida y de ejercicio democrático.

Edición N° 00383 – Semana del 17 al 23 de Enero – 2014
 
 
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