La paz, el asunto central en la agenda pública de 2014

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

La paz ya se destacó en el 2013 como el tema más importante de la agenda pública y lo será también en el 2014. En éste año se necesita elegir un gobierno y definir una política que sean coherentes con ella. El Congreso a elegir debe asumir con relación a ella iniciativas de apertura política, reforma social y el marco jurídico y crear una Comisión de la Verdad. La negociación con las FARC debe continuar con mayor diligencia su avance hacia un acuerdo general. Urge abrir la negociación pública con el ELN. Ojalá se alcance a definir el acuerdo sobre el mecanismo de refrendación ciudadana sobre estos pactos de paz. El creciente respaldo a la paz que demanda un consenso nacional le impone a la extrema derecha -opuesta al proceso de paz- utilizar ahora consignas y mensajes alusivas a la paz, aunque su vocero, el ex presidente Uribe, lo hace manteniendo la propuesta de suspender el avance exitoso de las negociaciones y retomar su política fracasada al respecto. Y el movimiento ciudadano que de forma contundente responde a la arbitraria destitución y la desproporcionada inhabilidad impuesta por el procurador Ordoñez contra el alcalde Petro en Bogotá, reviste particular simbolismo puesto que se trata de uno de los líderes de la población amnistiada en los anteriores pactos de paz, de forma que derrotar tan injustas medidas repercutirá en fortalecer la confianza en las garantías de una paz sostenible.

Ahora las condiciones históricas para la paz con las FARC y con el ELN están dadas. La guerra interna Estado-insurgencia completa en 2014 precisamente cincuenta años, de forma que en los últimos treinta se ha debatido en el dilema entre solución política negociada o solución militar. La primera opción lamentablemente no se logró de manera global y dio lugar a procesos de paz exitosos, pero sólo con el M19, el EPL y otras pequeñas agrupaciones armadas en el entorno de la Constituyente de 1991 y tras varios intentos fallidos ahora se retoma en nuevas circunstancias con las dos guerrillas que mantuvieron el alzamiento. Aunque no generalizada, la guerra de guerrillas ha tenido impacto permanente en muchos órdenes, en medio de la degradación que afecta a todos los actores del conflicto, aunque expresada en forma más masiva y sistemática en la actuación del paramilitarismo durante las décadas recientes. Entre tanto, cada década se ha registrado un encuentro entre el respectivo gobierno nacional y las guerrillas vigentes en búsqueda de la paz, siendo fallidos los intentos con las FARC y el ELN durante las últimas dos décadas, de forma que cobró fuerza una gran desconfianza en tal posibilidad, a la vez que puede decirse que una equivocación en la coyuntura actual nos condenaría por lo menos a otra década de confrontación con negativas consecuencias de todo orden.

Pero, en medio de estas circunstancias de paz parcial y guerra parcial, en la sociedad y en el Estado la tendencia predominante es a la afirmación de los pilares de la construcción de la paz, aunque tengan vigencia no desestimable los dispositivos y las dinámicas propias de la guerra. La Constitución Política de 1991 es piedra angular para consolidar la paz con la efectiva aplicación de sus avances democráticos, sobre los cuales ahora exigen compromisos los nuevos acuerdos de paz, lo que pone de presente la imperiosa necesidad de implementar con eficacia sus mandatos con toda consecuencia e incluso conseguir algunas revisiones o desarrollos en tal perspectiva.

En la década del noventa se gestó un importante movimiento ciudadano y social en demanda de la paz y hasta el presente se proyectan importantes dinámicas de movilización que demandan una agenda de transformaciones democráticas y derechos sociales, desde actores cada vez más autónomos y que rechazan la guerra, la violencia y el intento de ser instrumentalizados bien por el Estado como por los propios actores armados. En el año 2000 irrumpieron movimientos de víctimas y una creciente solidaridad con sus demandas que se relaciona en medio de fuertes pujas con logros institucionales y de avance hacia satisfacción de derechos al respecto.

En 2012 un renovado y civilista movimiento estudiantil universitario derrotó el proyecto de reforma educativa privatizadora y la movilización frecuente de la Minga indígena además de demandar viabilidad para sus planes de vida y respeto a la autonomía y territorio de los pueblos originarios, realizó un radical rechazo a todos los actores armados y a sus agresiones contra la población, de forma que exigió la propia desmilitarización de los resguardos, al punto de obligar al gobierno a emprender negociaciones del orden nacional. En 2013 el contundente movimiento campesino que sacudió al país y debilitó profundamente le credibilidad en la política social del gobierno rechazó los efectos lesivos de los TLC, exigió condiciones de viabilidad para la economía campesina y las posibilidades del agro y afirmó con autonomía la denuncia de la crisis en el sector y la demanda de revisar política e introducir reformas. De igual manera, la protesta ciudadana fue decisiva en el hundimiento de un proyecto regresivo de reforma a la justicia y un movimiento en defensa de la salud se movilizó de manera importante en rechazo de las limitaciones y las medidas lesivas contenidas en el proyecto gubernamental de reforma del sector, que mantienen el desprestigiado como oneroso sistema de las EPS.

Referir este panorama es importante en perspectiva del proceso de paz por cuanto el 2014 será decisivo tanto para posiblemente conseguir consolidar los acuerdos de paz con las FARC y el ELN como para conseguir las condiciones viables para una paz sostenible, más allá de las mesas de negociación con la insurgencia, en el paquete de reformas asociadas a las garantías políticas efectivas, la atención y reparación efectivas de los millones de víctimas ocasionadas, la adopción de las reformas sociales que superen la inequidad que está en la base del conflicto y que lleven a efecto una dinámica de compromisos con las paz que compromete en cada ámbito a todas las ramas del poder público, a todas las autoridades en distinto orden y por supuesto que responda a los anhelos, las demandas y el protagonismo social y ciudadano presente en distintos órdenes.

Si bien el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene el mérito de desarrollar las negociaciones de paz aún carece de una política y de unas propuestas coherentes con el período de transición anunciado para consolidar y hacer sostenibles unas condiciones para la paz. Un nuevo gobierno, próximo a elegirse, podrá ser coherente con este propósito, sobre la base de asumir un programa expreso de reformas progresistas en lo político y en lo social, que implica revisar la inviabilidad al respecto del modelo agro minero exportador, centrado en las posibilidades de los grandes propietarios, las concesiones sin limitaciones a las multinacionales, el grave deterioro del ambiente, la desterritorialización de amplios sectores, la inviabilidad de la economía campesina y la profundización de la grave afectación sucedida contra los pueblos indígenas y afros.

En el ámbito político la oposición abierta al proceso de paz representada principalmente por el proyecto derechista del ex presidente Uribe -Centro Democrático- tiende a perder apoyo ciudadano, pues mientras al menos un 65% de la población respalda el proceso de paz sólo el 30% lo rechaza, según varias encuestas. Su candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga declara que de llegar al gobierno suspendería la mesa de negociación y desconocería por tanto los acuerdos logrados, de forma que retomaría la política de guerra y la misma propuesta inviable hacia la insurgencia que fracasó en manos del presidente Uribe durante ocho años. Además, proclama que desconocería el fallo de La Haya, lo que indica que en contra del derecho internacional proclamaría una situación de hecho que podría dar lugar en el peor de los casos a una situación de fuerza, es decir a un posible conflicto internacional en la frontera marítima con la hermana república de Nicaragua, la cual al respecto reclama los derechos que legítimamente le restituyó la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que así como con el presidente Uribe tuvimos fue una prolongación del conflicto armado interno con altos costos de todo orden en su fracaso por derrotar definitivamente a la insurgencia por la vía militar y adicionalmente propiciamos hechos bélicos en el orden internacional como el fraguado con la agresión a territorio de Ecuador y la participación oficial en respaldo a la guerra de agresión contra Irak, podríamos repetir de forma dramática tal tipo de posibilidades.

De tal forma, iniciamos el año 2014 en un ambiente político electoral, el cual está en el centro el tema de la paz asociado a un debate público sobre la agenda de negociación con las dos guerrillas en medio de una intensa agenda política nacional de debate programático de cara al nuevo Gobierno y el nuevo Congreso a elegir, órganos de poder que serán decisivos para consolidar los compromisos del proceso de paz. A ellos se agrega la perspectiva de unas condiciones de amplia movilización y participación ciudadana como fundamento y garantía de fondo para el proceso de paz en su conjunto, como en particular en torno al ejercicio de convalidación ciudadana que se convenga, ojalá de forma concurrente para los dos procesos de paz en curso. Estas situaciones permiten tener esperanza en que el 2014 puede ser un año histórico para los anhelos de recuperar de manera definitiva unas condiciones de transición hacia la construcción de una paz sostenible y lograr el cierre definitivo del conflicto bélico con las insurgencias.

Edición N° 00383 – Semana del 17 al 23 de Enero – 2014
 
 
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