¿Corrige el rumbo la locomotora minera?

  Gustavo Wilches-Chaux
  Consultor independiente
   
 

Hace unos meses comencé un artículo para otro medio con la historia del hombre agobiado por deudas a punto de perder la vivienda por falta de recursos para pagar la hipoteca y obligado a sacar al hijo de la universidad por no tener cómo cubrir la matrícula. Y que, para colmo de males, descubre (o le descubren) que bajo su casa existe una mina de oro.

Es bien sabido, por datos oficiales, que los departamentos de Colombia que tradicionalmente han tenido la minería como una de sus principales fuentes de ingresos son los más pobres del país en términos de necesidades básicas insatisfechas. La semana que acaba de pasar vio la luz un estudio del economista Guillermo Rudas financiado por la Fundación Friedrich Ebert de Alemania en Colombia (Fescol), que analiza las razones por las cuales la bonanza carbonífera se ha reflejado positivamente en las cuentas nacionales y locales de la Guajira y el Cesar, pero no ha logrado mejorar integralmente la calidad de vida de las comunidades de esos dos departamentos.

Hoy no pasa un solo día sin que aparezca algún artículo, noticia o denuncia sobre el impacto negativo de la minería sobre los ecosistemas y la salud física, social, afectiva u cultural de alguna comunidad en donde esa actividad se lleva a cabo lo cual apunta a confirmar la percepción que tener bajo el suelo un yacimiento de cualquier mineral, incluido el petróleo, no constituye una bendición sino una desgracia. Lo que para el caso del oro, el sociólogo y profesor de la Universidad del Cauca, Guido Barona, denominó “La maldición de Midas” en un libro con ese mismo nombre.

Esa maldición también podría hacerse extensiva al agua, en la medida en que ese elemento esencial para la vida se va identificando cada vez más como un recurso de alto valor estratégico -y por ende económico- ante los efectos probables del cambio climático. Si llega a primar la condición del agua como mercancía por sobre su condición de derecho fundamental de los seres humanos y de requisito para la integridad y la diversidad de los ecosistemas, poseer riqueza hídrica también se convertiría en una desgracia.

Como muchas otras personas en Colombia, vuelvo y me pregunto si esa paradójica situación es inevitable o si existe alguna manera que la actividad minera y petrolera no constituya necesariamente una maldición para las comunidades en cuyos territorios existe esa riqueza. En otras palabras, si es posible que la locomotora minera se convierta en un medio de transporte masivo hacia un futuro con verdadera calidad de vida y mayor equidad y respeto a los Derechos Humanos para esas comunidades, en lugar de ser, como es hoy, en la mayoría de los casos, un híbrido temible de retroexcavadora con aplanadora.

A raíz de las medidas que por fin el Estado colombiano está tomando para frenar los abusos de la Drummond contra los ecosistemas, las comunidades y las leyes colombianas, no han faltado voces que afirman que esas decisiones son un obstáculo o una bomba contra los rieles de la locomotora minera. Algunos dicen incluso que violan los tratados internacionales de libre comercio mediante los cuales el Gobierno se ha comprometido a brindarle garantías a la inversión extranjera, como si fuera válido un tratado que obligara a un Estado a violar los derechos fundamentales de sus habitantes.

Dentro del mismo Gobierno, incluso, existen posiciones e incluso documentos de política pública que consideran que los requisitos ambientales y las consultas a las comunidades constituyen obstáculos a los llamados “Proyectos de Interés Nacional Estratégico”, que deben ser removidos para que esos proyectos sigan su marcha sin ser perturbados.

Personalmente pienso que, por el contrario, una posición firme del Gobierno y en general del Estado colombiano, frente a las empresas mineras y petroleras, puede ser la salvación de esa actividad como verdadero factor de desarrollo sostenible, equitativo y humano.

La “confianza inversionista” no puede seguir siendo oportunidad y pretexto para que los grandes inversionistas extranjeros, en particular los del campo minero-energético, se vuelvan cada vez más confianzudos y más atrevidos en el sentido acosador de la palabra. La confianza que genera el país en el exterior debe basarse en la confianza que generan la Constitución y el Estado entre sus propios habitantes.

El Estado y la sociedad colombiana deben transmitir hacia el interior y el exterior del país el mensaje sustentado con hechos que el principal factor de confianza para un inversionista es la garantía, que su inversión no se va a convertir en un factor de violación de Derechos Humanos, incluidos los derechos ambientales, económicos, sociales y culturales de las comunidades de los territorios en donde esa inversión va a realizarse.

El interés de Colombia de entrar a formar parte de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se justificaría plenamente si al entrar el país a formar parte de esa “liga” de países poderosos se consolidan efectivamente unas reglas de juego para las empresas nacionales y extranjeras; particularmente para las minero-energéticas.

No quiere decir que en los “países desarrollados” no se comentan a veces abusos contra las comunidades ni contra los ecosistemas, pero sí es difícil pensar que los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania o Inglaterra vayan a tolerar en sus territorios atracos como los que han venido cometiendo la Drummond y otras multinacionales en Colombia.

El mundo avanza cada vez más rápido hacia un escenario de crisis en muchas dimensiones concatenadas de las cuales la climática es posiblemente la más significativa y poderosa, pero no la única. Con o sin cambio climático, existe una crisis en la economía global que, como sucedió dos veces en el siglo pasado, podría intentarse “solucionar” a través de una guerra mundial que sacara de la recesión al aparato productivo y que, de paso, permitiría generar una nueva distribución del poder entre las potencias en el mundo.

En un escenario cada vez más agudo de cambio climático, el agua y los ecosistemas estratégicos tendrían una importancia que no tuvieron en las dos guerras mundiales anteriores, debido a lo cual países como Colombia, ricos en ambos factores, difícilmente podrían pasar de agache.

“Confianza inversionista” sí, pero basada en la confianza que debemos tener quienes formamos parte del territorio colombiano, eso que se llama “desarrollo” no significa empobrecimiento ambiental ni cultural ni afectivo, ni desplazamientos forzados ni ninguna otra violación a los Derechos Humanos.

La verdadera paz dependerá, entre otros muchos factores, que las comunidades y las autoridades regionales y locales tengan verdadera participación con voz y voto en las decisiones que la afectan, ya sea que estas se tomen sobre el suelo o para el subsuelo.

Recordemos que para que una actividad sea verdaderamente “legal”, no basta con que quien la ejerza actualice sus papeles con el Gobierno. No, debe ser legal también con las comunidades y con los ecosistemas, lo cual no depende de trámites puntuales sino de enfoques, procesos y controles acertados.

Ojalá las sanciones a la Drummond no se queden en un acto de gobierno aislado sino que reflejen la voluntad de corregir el rumbo de la locomotora minera, lo cual implicaría realizar una serie de cambios en varias políticas públicas. Como dije atrás, eso podría significar la salvación para una actividad que hoy es cada vez más conflictiva y está más cuestionada.

Edición N° 00383 – Semana del 17 al 23 de Enero – 2014
 
 
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