El futuro incierto de Gustavo Petro
y las consecuencias de un fallo arbitrario

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Tres salas del Tribunal Administrativo de Justicia de Cundinamarca reversaron por ahora el fallo de segunda instancia de destitución del Alcalde de Bogotá quién además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, medida que prácticamente saca del escenario político, al ciudadano Gustavo Petro.

La sección tercera del Tribunal conformada por los magistrados Juan Carlos Garzón, Bertha Ceballos y Alfonso Sarmiento, quien aclaró su voto, se pronunciaron de fondo y tutelaron los derechos del Alcalde. Dos fueron los argumentos centrales de este fallo de Tutela de la Sala, el primero que habiendo sido convocada la revocatoria del Alcalde para el próximo dos de marzo, tiene prelación la decisión de los ciudadanos sobre el fallo de destitución del Alcalde proferido por la Procuraduría General de la Nación. El segundo argumento es mucho más de fondo y tendrá que ser evaluado por el Consejo de Estado quien podría resolverlo por la trascendencia del mismo, en Sala Plena, en los próximos 20 días. Este argumento jurídicamente es más sólido y podría resumirse en que el cambio en el modelo de basuras fue prometido por Petro en la campaña electoral y se trata del cambio de una política pública, y como tal -como lo hemos sostenido en estas mismas páginas- hay siempre un margen de incertidumbre tratándose de una política pública y por tratarse de una política pública no es una falta y si la hubiese cometido Petro, con el decreto que expidió para el cambio de la política  de recolección de basuras, deberá ser el Consejo de Estado el que determine la legalidad del mismo y no la Procuraduría. No le corresponde a la Procuraduría hacer el control político de las políticas públicas. Son los ciudadanos dice el fallo quienes el 2 de marzo deberán definir o no la continuidad del Alcalde de Bogotá. Por ello tuteló los derechos de los ciudadanos que interpusieron la Tutela.

Un segundo fallo llega a las mismas conclusiones del anterior, en él los magistrados César Palomino, Carmelo Perdomo y José Rodrigo Romero (quien salvó voto) ratificaron los dos argumentos  de la otra sala del Tribunal, pero agregaron dos elementos adicionales. El primero que el cambio del modelo de recolección de basuras implementado por Petro fue hecho para responder a fallos de la Corte Constitucional que ordenaban al Distrito  incluir a los recicladores en el nuevo esquema, cuestión que no fue examinada en el fallo del Procurador, pero, además señalaron que se habrían violado los derechos del Alcalde al no investigar y practicar las pruebas sobre un presunto complot de los operadores privados en contra del cambio del modelo puesto en marcha por Petro.

Un tercer fallo en esta ocasión de la Sala a la que pertenece el magistrado José María Armenta quien había tutelado los derechos de Petro, mientras el Tribunal se pronunciaba de fondo sobre la Acción de Tutela interpuesta por el ciudadano José Gotardo Pérez Soto, también tuteló los derechos de éste ciudadano a elegir y ser elegido. Al mismo tiempo conmina a Petro a que en los cuatro meses subsiguientes entable ante el Consejo de Estado una Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho. Mientras esto sucede ha dicho esta sala su fallo tendrá una vigencia de cuatro meses.

Como han señalado destacados juristas lo más conveniente -mientras se resuelven los recursos jurídicos internos- sería que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procediera a resolver la solicitud de medidas cautelares que ha interpuesto ante este organismo el alcalde, Gustavo Petro Urrego. Lo que parece claro hoy es que los ciudadanos convocados por la Registraduría deberán decidir mediante su voto si el Alcalde continúa o si se le revoca el mandato, estas elecciones han sido convocadas para el domingo 2 de marzo.

Como hemos señalado el fallo arbitrario de Ordóñez no sólo ha sido condenado por los ciudadanos que se han movilizado legítimamente para defender sus derechos, cosa que a nosotros nos parece legítimo, así a muchos les cause desazón, también ha puesto en marcha a los organismos judiciales competentes y son también un llamado de atención al Procurador por su arbitrariedad. La democracia también son los ciudadanos en las calles exigiendo de manera pacífica sus derechos. No hay por qué alarmarse. Mientras sean ciudadanos que exigen sus derechos en el marco legal y constitucional, contrario a quiénes ven allí una desestabilización, nosotros vemos una democracia participativa pujante, que es capaz de oponerse a las arbitrariedades de autoridades enceguecidas por su poder. Como diría Rousseau es una demostración que la democracia está viva y vive en los ciudadanos.

Edición N° 00384 – Semana del 24 al 30 de Enero – 2014
 
 
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