Colombia: balance de las luchas populares de 2013

  Fernando Dorado
  Activista social
   
 

El año 2013 en Colombia estuvo atravesado por grandes e importantes luchas populares. No hay duda de eso. Sin embargo, las luchas fueron sectoriales y la dispersión de fuerzas fue la constante. Ello le facilitó el trabajo al gobierno que persiguió, reprimió, dividió, desgastó y al final logró superar – parcial y temporalmente – la rebelión y alzamiento popular.

El paro cafetero (febrero-marzo), el paro del Catatumbo (junio-julio), el paro minero (julio), el paro nacional agrario (agosto-septiembre), la minga indígena (octubre), la movilización estudiantil y de la salud (noviembre), la movilización bogotana por el “caso Petro” (diciembre) y otra serie de protestas sectoriales, locales y regionales a lo largo del año, demuestran que el pueblo colombiano vive un auge de lucha social y política.

La dispersión de fuerzas obliga a quien quiera hacer un análisis de estas jornadas de protesta social a identificar por separado a los actores y sujetos de esas movilizaciones, y también, sus propuestas político-organizativas que influyen en su seno. Antes de avanzar sobre esos detalles se presenta una mirada lo más integral posible.

Los actores y sujetos de la protesta popular

Los principales actores fueron los sectores agrarios representados por tres tipos de población claramente diferenciables: 1. Los productores agropecuarios de cultivos permanentes y transitorios (café, papa, leche y ganadería, panela, arroz, cacao, frutales, cebolla y otros) situados en la región andina cercana a los centros de consumo; 2. Los campesinos colonos productores de coca, ganado y pan-coger ubicados en zonas de colonización y otras regiones marginadas; 3. Los indígenas de todo el país dispersos en el territorio.

Además se movilizaron los pequeños y medianos mineros artesanales y semi-tecnificados, los trabajadores de la salud, los estudiantes aunque sin alcanzar el nivel de 2011, los habitantes de zonas rurales y urbanas afectados por mega-proyectos (Ituango, Urrá II, El Quimbo, Santurbán, La Colosa, otros), los trabajadores del carbón y el níquel, los afectados por inundaciones y la mala prestación de servicios públicos, la población solidaria con el paro agrario (cacerolazos) y la juventud bogotana en defensa del gobierno de la “Bogotá Humana”.

A nivel nacional hicieron presencia cuatro tipos de agrupamientos socio-políticos: a) Las “Dignidades Agropecuarias”; b) la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA; c) el Coordinador Nacional Agrario CNA; y d) la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. También participaron en las movilizaciones algunas regionales de la ANUC, y diversos procesos de coordinación nacional en los que hace presencia la CUT, FECODE, la MANE y demás organizaciones nacionales.

Balance global

En general podemos afirmar que las movilizaciones y protestas populares durante el año 2013 – miradas en su conjunto – fueron masivas, beligerantes, sacrificadas, importantes pero no contundentes. Representan un destacado auge de las luchas populares en Colombia pero la división y dispersión del movimiento debilitaron su accionar y le mermaron la fuerza que hubiera podido tener si se combinara la unidad con la claridad política.

El momento culminante de la protesta social fue el 29 y 30 de agosto de 2013. La fuerza del movimiento popular desbordó la capacidad de las organizaciones que lo conducían. Los cacerolazos en las ciudades y la creciente fuerza de la movilización llevaron al régimen (más que al gobierno) a utilizar todas las herramientas políticas, mediáticas y represivas para contrarrestar el movimiento. Desencadenaron numerosos desmanes programados estratégicamente en algunas localidades y barrios de Bogotá para justificar – al otro día en cadena nacional de las 7 am –, la amenaza de intervención y represión a cargo de 50.000 miembros del ejército.

Allí se quebró el movimiento. No hubo capacidad unificada de respuesta. Los sectores papero y lechero de Boyacá y Cundinamarca que estaban en el ojo del huracán – poco experimentados en bloqueos de carreteras –, aflojaron en la mesa de Tunja. Los indígenas Pastos y Quillacingas decidieron negociar por separado en Ipiales mientras, la MIA y el CNA mantenían concentradas sus fuerzas en múltiples sitios pero sin lograr influir con una dinámica centralizada que contrarrestara la ofensiva del gobierno.

De allí que los resultados fueran mediocres. No se logró tocar la esencia de la política imperial de los TLC ni el latifundismo especulativo. La consigna de la “renegociación de los TLCs” estuvo por un tiempo en la mente de los colombianos pero una vez desmontado el paro no se impulsó una estrategia alternativa (referendo, consulta popular u otra) para darle continuidad a la lucha. La necesidad de apoyar la economía agropecuaria y campesina se posicionó en la opinión pública pero sin precisar la fórmula. El gobierno sobreaguó precariamente el paro en medio de una visible debilidad.

La estrategia utilizada por el movimiento indígena de irse a la Minga en forma independiente después de ocurrido el paro nacional agrario (aprovechando el desgaste del gobierno), le garantizó ciertos logros formales relacionados con la normatividad para ampliar y sanear los resguardos y fortalecer su autonomía. Sin embargo tales avances están en contradicción con la política real de la burguesía y el imperio que – de hecho, sin respetar normas – invaden y despojan violentamente los territorios indígenas, afrodescendientes y mestizos con sus proyectos extractivistas.

En relación a los métodos y formas de lucha hay serios cuestionamientos. Quienes movieron la solidaridad de la población de las ciudades – tocando su sensibilidad humana –, fueron los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, que con sus manos, ruanas y algunos “voladores de pólvora” (cuetones), se enfrentaban inermes a las fuerzas del ESMAD, que con herramientas de guerra atropellaron a cientos de familias y labriegos. Otras movilizaciones en donde los protestantes ocultaban su cara y en donde se notaba una beligerancia desmedida, no generaron ese tipo de solidaridad entre los pobladores citadinos.

Además, fue evidente que la fuerza de los paros y bloqueos tuvo mayor dimensión y una relativa contundencia en aquellos lugares en donde los movilizados son vecinos o viven muy cerca de las carreteras troncales. Los bloqueos protagonizados por campesinos y jornaleros de zonas de colonización (“raspachines”), que se trasladaban de sitios distantes, ocasionaron problemas a la población lugareña y en algunos casos terminaron enfrentados con la gente de las ciudades “cercadas”, que se solidaron inicialmente con la lucha pero que frente a lo extendido en el tiempo de los bloqueos así como a errados métodos de lucha, terminaron rechazando la protesta (caso de Tibú, Ocaña y otras ciudades).

Frente a nuevas movilizaciones y paros inmediatos que se podrían impulsar en el año 2014, existen serios interrogantes frente a cómo los protagonistas directos de la lucha asimilaron las diversas experiencias. En el balance por sectores podremos precisar esas inquietudes. Así mismo, la amplia participación de importantes dirigentes de estas luchas en las listas electorales de diferentes partidos políticos (incluidos partidos de la oligarquía), puede generar entre las bases sociales cierta confusión, alentar ilusiones institucionales y puede ayudar al régimen a impulsar su política de domesticación y cooptación del movimiento popular.

Veamos un breve análisis de los diferentes sectores.

El sector de las “dignidades agropecuarias”

Entre los meses de febrero y marzo se realizó el paro nacional cafetero. Fue una gesta importante desarrollada en una buena parte del país, la Colombia andina y cafetera. Desnudó el contubernio entre las cúpulas de la Federación Nacional de Cafeteros y las elites gubernamentales. A pesar de la fuerza del paro, del sacrificio de cientos de miles de caficultores, la negociación se quedó corta y el gobierno – como siempre – incumplió.

El gran aprendizaje de este paro cafetero es de tipo político. Mostró las limitaciones de lo que es un movimiento puramente reivindicativo y con orientación economista. Los grandes empresarios cafeteros participaron del movimiento por cuanto sabían que serían los principales beneficiarios al obtener un subsidio estatal al precio de compra de café (PIC). Por eso ayudaron apoyando económicamente las movilizaciones y bloqueos.

Pero más adelante cuando en agosto – en el paro agrario nacional – los productores agropecuarios aprueban un pliego en donde la “renegociación de los TLCs” se coloca como una de las principales reivindicaciones, esa “burguesía nacional” se echa para atrás y no apoya el paro. Ello se reflejó en la débil participación de los pequeños productores que por falta de organización dependían del apoyo económico de los grandes cafeteros para poder sostener el movimiento.

La gran lección es que los trabajadores y los campesinos pobres no pueden confiar en la “burguesía nacional”. La importante enseñanza es que la “burguesía nacional” no defiende la producción ni el trabajo nacional sino que lo que les interesa son sus ganancias. La evaluación de esa lucha nos debe indicar que no se puede confundir a los medianos empresarios – que si participaron en el paro nacional agrario – con los grandes productores, que tienen lazos estrechos e intrincados con la burguesía transnacionalizada y el imperio.

En el paro nacional agrario los sectores más dinámicos fueron los paperos y lecheros de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, aunque participaron parcialmente los caficultores del Huila y el Eje Cafetero, pero sin la contundencia del paro cafetero de febrero-marzo/2013. La falta de cohesión con el resto del movimiento campesino y aún – la ausencia de articulación entre Tunja e Ipiales –, le facilitaron al gobierno negociar por separado, negar las principales reivindicaciones y prometer “paños de agua tibia” que no resuelven los principales problemas.

El movimiento de las dignidades sale de estas movilizaciones seriamente lesionado desde el punto de vista organizativo. César Pachón principal dirigente de los paperos de Boyacá y Cundinamarca se lanza espontáneamente a una candidatura presidencial que no fue concertada con el conjunto de las “dignidades”, y diversos partidos políticos “echan mano” de los principales dirigentes regionales dando un espectáculo bochornoso de instrumentalización del movimiento social. A las bases de “dignidades” les falta cohesión organizativa y de seguro no están preparadas para asumir nuevas jornadas de lucha en el inmediato futuro, a lo sumo que la crisis económica empuje a los agricultores a nuevos levantamientos espontáneos.

La MIA y el CNA

Los campesinos colombianos ubicados en zonas de colonización y otras regiones tradicionalmente segregadas por el Estado como Catatumbo, Magdalena Medio, Caguán, Nordeste Antioqueño, Macizo Colombiano, Chocó Bio-geográfico, Putumayo, Guaviare, Arauca, Casanare y otras, se han organizado regionalmente y constituyen indudablemente un factor de poder en el campo colombiano.

La MIA moviliza sus bases en el paro nacional agrario después de haber participado en la movilización y el paro del Catatumbo en donde confluyeron diversos procesos de organización y factores de poder, incluyendo el armado. Lo mismo hace el CNA aunque no con la suficiente preparación, lo que lleva a que algunas de sus expresiones organizativas regionales tengan que negociar por aparte con gobiernos departamentales y representantes nacionales.

La MIA tenía elaborado el pliego de exigencias más completo. Trataba sobre todos los aspectos de la temática agraria, TLCs, tierras, precios de sustentación, autonomía para las zonas de reserva campesina, reconocimiento político, etc. Sin embargo, no se percatan que el gobierno iba a desarrollar una estrategia desgastante, colocando como único interlocutor del paro a las “dignidades”, a quienes ya conocían en el paro cafetero y les habían identificado sus debilidades.

Además, como los sitios de concentración y bloqueos de vías estaban muy dispersos en el territorio nacional, la coordinación y articulación del movimiento se hacía más difícil. Es más, dado que la población movilizada provenía de regiones lejanas, los problemas de abastecimiento y seguridad se convertían en los prioritarios mientras que la comisión de negociación esperaba en Bogotá cualquier gesto del gobierno para sentarse a negociar.

Sólo cuando se levantan los bloqueos de vías de los paperos, lecheros y cafeteros de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Nariño, se hace evidente que el otro sector de campesinos se sostiene con fuerza en otros sitios de Nariño, Cauca (Mojarras y El Cairo), Huila (Algeciras), sur de Tolima, Meta (Villavicencio y alrededores), Florencia, varias concentraciones en Putumayo, sur de Norte de Santander, Nordeste Antioqueño, Casanare y otros lugares, y que se debe negociar con ellos. Así se hace en Popayán con la presencia de numerosos gobernadores y ministros para iniciar el proceso de concertación.

La gran lección para la MIA es que antes de la movilización directa se hace necesario visibilizar más el pliego de exigencias ante la sociedad y el mismo gobierno. Se necesita sintetizar el pliego en unos cuantos puntos que sean fáciles de propagandizar. La concentración en carreteras troncales debe ser mucho más fuerte y se debe asumir la estrategia de la “guadua”, es decir, múltiples sitios de bloqueo escalonado, con comisiones movibles y protegiendo los víveres y “cambuches” en sitios retirados de las carreteras, para evitar su destrucción a manos de las fuerzas represivas.

Se debe replantear también la forma de relacionamiento con la población nativa de los lugares de concentración y bloqueo. En muchos sitios se actuó como fuerzas de ocupación sin ofrecer la suficiente consideración y respeto con esos pobladores. “Estuvieron 3 semanas y no dejaron sino destrucción” dicen esos lugareños. Eso ocurre porque muchos de los participantes eran “raspachines” que estaban ganando su jornal pero no eran completamente conscientes de la lucha que estaban desarrollando.

Las organizaciones representadas y coordinadas por la MIA logran posicionar en la opinión pública nacional la propuesta de las Zonas de Reserva Campesina, que ya tienen ley y reconocimiento legal, pero a nivel regional y local no se está trabajando en forma concertada con otras expresiones organizativas de los campesinos que perciben un direccionamiento muy fuerte “de afuera”, y ello genera cierto resquemor y resistencia.

Políticamente la propuesta de la MIA podría ser la base para que la burguesía transnacionalizada sustente e impulse una política sectorial para los campesinos colonos, como siempre, más demagógica y engañosa que real, en donde se pretende cooptar y “domesticar” ese movimiento campesino al calor del “post-conflicto”, vinculando al mercado nacional y al sector financiero a ciertos capitales acumulados de la economía del narcotráfico, pero sin ofrecer serias alternativas para el futuro de su producción.

Los otros sectores

El movimiento indígena después de haber conseguido firmar los acuerdos puntuales sobre autonomía y territorio deberá seguir articulándose con el resto del movimiento popular para atacar los problemas estructurales de la sociedad colombiana y del sistema capitalista, ya que por más protegidos legalmente que estén, la burguesía y las transnacionales los van a continuar despojando de sus territorios y riquezas naturales.

Los pequeños y medianos mineros, muchos de ellos ancestrales y artesanales, tendrán que fortalecer su proceso organizativo para no depender de medianos y grandes empresarios que en la ilegalidad se aprovechan de situaciones de fuerza para escudar sus intereses en la acción reivindicativa de los pequeños mineros y trabajadores asalariados.

El movimiento estudiantil deberá superar la actual división y enfrentamiento interno en la MANE, más inyectado desde afuera – desde las organizaciones políticas – que producido adentro, y retomar la dinamica de lucha que ha mostrado grandes potencialidades.

El movimiento por la salud tendrá que revisar su estrategia. Oponerse a la reforma no es suficiente, hay que elaborar y presentar a la sociedad colombiana una propuesta que contemple la necesidad de quitarle el poder al capital financiero, estatizar el manejo de la salud y hacer universal la prestación de los servicios.

Los movimientos ambientalistas y demás sectores que rechazan los mega-proyectos y la gran minería a cielo abierto han avanzado pero requieren mayor articulación y apoyo. Sus ricas experiencias – como la de Piedras (Tolima) e Ituango (Antioquia) – deben ser más conocidas y replicadas en las demás regiones.

El movimiento obrero tendrá que enfrentar la burocratización de las actuales directivas de los sindicatos y lanzarse a organizar a amplios sectores de los trabajadores “precarizados”, que están sometidos a oprobiosos regímenes contractuales y a condiciones de sobre-explotación a manos del gran capital. La reorganización y centralización de los trabajadores petroleros, del carbón y el níquel, de los trabajadores del azúcar y otros renglones de la producción es una tarea inaplazable.

Las perspectivas inmediatas

Sólo la unidad de todo el sector agrario, campesino, indígena y del movimiento popular alrededor de un programa integral de carácter anti-neoliberal que ponga en primer lugar la recuperación de los recursos naturales para la Nación y el pueblo, la renegociación de los TLCs, una reforma agraria democrática y un proceso Constituyente de Nuevo Tipo (“desde abajo”), podrá lograr que la estrategia burguesa de cooptación y de “nueva apertura democrática” sea plenamente enfrentada y derrotada.

Se deberá evaluar con mucha seriedad y responsabilidad el estado en que están las bases populares antes de aprobar o programar nuevas jornadas de movilización y protesta. La unidad del movimiento popular tiene ya avances sustanciales. Marcha Patriótica viene impulsando las “Constituyentes Populares”, Congreso de los Pueblos tiene como consigna “mandatar al pueblo”, el Movimiento por la Constituyente Popular hace un buen tiempo propone ese camino, y Gustavo Petro desde el balcón de la Alcaldía de Bogotá también ha propuesto esa iniciativa.

No obstante hay que construir una plataforma de lucha unificada y una estrategia que nos permita construir “poder popular” en cada vereda o barrio, en cada municipio o departamento, y que sea un proceso permanente ligado a los problemas locales y concretos de la gente. Una Constituyente de este tipo es el antídoto y la herramienta político-organizativa para impedir que una Asamblea Constituyente convocada en acuerdo con la oligarquía se convierta en una nueva trampa, en un “pacto de clases” que al estilo de 1991 le sirva a los intereses de las clases dominantes y del imperio.

En ese sentido seguimos insistiendo en el siguiente programa:

1. Nacionalización de los recursos naturales mineros y energéticos.
2. Renegociación o anulación de los Tratados de Libre Comercio.
3. Renegociación de la Deuda Pública (externa e interna).
4. Reforma agraria democrática y apoyo integral a la economía campesina.
5. Educación y salud universal, pública, de calidad y financiada por el Estado.
6. Industrialización de nuestras materias primas y desarrollo de un modelo productivo respetuoso de la naturaleza.
7. Recuperación de los servicios públicos domiciliarios para “lo público” y lo comunitario.
8. Nuevo proceso Constituyente para una Nueva Democracia Participativa.
9. Integración social, política, económica y cultural de los países de Latinoamérica colocando el espíritu bolivariano al servicio de los trabajadores y los pueblos.

Empezando año 2014 las fuerzas populares (sociales y políticas) tienen una gran responsabilidad en sus manos. No bastan nuevas movilizaciones y protestas. El fortalecimiento organizativo y la claridad en la estrategia política deben ser las prioridades. De lo contrario llevaremos agua a otros molinos diferentes a los del movimiento popular.

Edición N° 00384 – Semana del 24 al 30 de Enero – 2014
 
 
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