Desinstitucionalidad y dictadura de las Fuerzas Armadas

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

En un artículo pasado me referí en extenso a los costos y a la racionalidad económica de la guerra1 y lo traigo a colación porque las noticias de las últimas semanas tanto frente al “centro de escucha” Andrómeda como a los supuestos negociados de contratos, me hicieron releerlo y pensar en lo corto que me quedé y en lo benevolente frente al análisis. ¿Para qué tanto dinero en una institución que en apariencia está por encima de la misma sociedad, nadie la gobierna y ella misma tampoco?

Quedamos mal todos. El Presidente, que se demuestra que no manda, el Ministro que sin duda alguna debería de renunciar y que sale a pedir mesura cuando él en este proceso de paz ha sido el más imprudente y desatinado de todos; los militares honestos que hacen bien su trabajo, pero que también permiten con su silencio estas situaciones y todos nosotros que destinamos de nuestros recursos anuales la importante suma de 27.9 billones de pesos, el 17.4% del presupuesto nacional del año 2014 y aún creemos que es una institución a respetar y salvaguardar.

Obviamente será la justicia quien deberá comprobar lo denunciado y decidir quiénes son culpables, por ahora, como cualquier ciudadano, los militares implicados deberán demostrar que son inocentes, que sus voces no son las suyas y que los contextos son otros. Lejos tienen que estar las disculpas o el hecho de su sacrificio por el país, que no es menos valeroso que el de los maestros (as) rurales para solo mencionar unos de tantos colombianos que junto con los militares que van al combate sacrifican su vida por este país.

Y hago hincapié en esto porque las Fuerzas Armadas se convirtieron en una institución intocable en este país, gozan de unos privilegios como ningún otro ciudadano, y esto es en lo político, donde si bien ellos directamente no participan en política son una élite aparte, a los que se les rinde pleitesía. En lo económico ni se diga y en lo social son definitivamente un estrato diferente a los seis que estructuran la sociedad. Claro, no hablo de los soldados rasos, no me refiero a quienes deben exponer sus vidas en los campos de batalla o a quienes en los cuarteles deben de padecer de humillaciones y maltratos de sus superiores, de las comunidades de los anillos o de quien padece de los abusos físicos y morales, aquellos súbditos por la necesidad de una libreta militar o un trabajo remunerado.

Lo económico merece un análisis más cuidadoso. Hay temas en las Fuerzas Armadas que son de privilegio, como es el caso de la pensión a los 15 años de servicio para los militares ó 20 para la Policía, con porcentajes de pensión más altos que el promedio de la sociedad. Esto sin contar con los beneficios que se tienen en la medida que se asciende de rango. Con el erario público se paga vivienda (casas fiscales), colegios, universidades, pero también escoltas y vehículos para las familias. Si es cierto que es una vida de sacrificio, lo entiendo, pero también pienso en los médicos de urgencias, en los vigilantes, en los maestros e incluso en los líderes comunitarios que en la mayoría de las veces no reciben ningún favor por su labor social. No es que tenga problema con lo que ganan, es que no le pueden enrostrar a la sociedad su sacrificio para poder contar con un régimen superior a los demás y fuera de eso inmunes a responder ante la sociedad por sus actos.

En materia de infraestructura el asunto es aun más complejo, se dan el lujo de tener unas sedes costosísimas como el Cantón Norte en plena Ciudad donde paralizan el desarrollo de la misma por 15 años al no negociar con el Distrito unos terrenos para facilitar la movilidad, pero de allí salen vehículos, escoltas, que no respetan señales que violentan a los ciudadanos sólo por el hecho de ser la élite militar. Pero, esto también ocurre en las demás ciudades, la Cuarta Brigada en Medellín se constituye en un punto crítico del Occidente de la Ciudad, una zona en crecimiento que se choca ante las seguridades que implica la base. Todo esto en medio de las esquizofrenias por la seguridad (que sin duda son ciertas) y que precisamente deberían llevar al Gobierno y a las Fuerzas Militares a repensar estas ubicaciones en beneficio de la propia ciudadanía.

Ahora, resulta que en las guarniciones militares, quienes deben estar pagando por sus hechos ilícitos son los que organizan los desfalcos y se aprovechan de sus influencias para ganar mucho dinero, para apropiarse de lo que nos les corresponde. No debería la tropa sentirse desmoralizada cuando el gobierno intenta judicializar estos hechos, por el contrario, es a quienes les toca poner el pecho los que deben sentirse acompañados por el Gobierno y la sociedad, es una mentira eso de que para no desmoralizar a la Fuerzas Armadas debemos hacernos los de la vista ciega ante los hechos que como los recientes deben de causar vergüenza en uno de los ejércitos más costosos del mundo, en una sociedad donde un tercio de la población es pobre y la desigualdad nos hace una sociedad injusta.

Es urgente una “reingeniería profunda” al Ejército, a la inteligencia, en general a las Fuerzas Armadas. Éstas que han visto como algunos de sus miembros han estado involucrados en actividades ilícitas de distinta índole, pasando por peculados hasta la creación de grupos paramilitares o la vergüenza de los falsos positivos. Estas no son las Fuerzas Armadas que el país requiere para garantizar la paz y en especial para enfrentar el postconflicto.

Tampoco es cierto que las Fuerzas Armadas ganaron la guerra, de hecho todo el país está sentado en La Habana negociando con uno de los grupos armados y faltan más; así que es un chantaje para la sociedad que sea precisamente desde los centros de inteligencia donde la extrema derecha obtiene su información para oponerse al proceso de paz y que no pase absolutamente nada. Se trata de nuevas formas de terrorismo y de clandestinidad.

El país deberá enfrentar con mucha decisión un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas y su estructuración como un ejército de paz y no de guerra. Unas fuerzas democráticas leales a la institucionalidad y no a ellas mismas como se ha venido haciendo. Esto es una prioridad so pena de mantener una élite militar por fuera de la institucionalidad, pero aprovechando un presupuesto público que no lo tiene ningún otro sector gubernamental. Una élite que termina por ejercer una dictadura soterrada con la complacencia y el miedo del país y sus instituciones.

Edición N° 00388 – Semana del 21 al 27 de Febrero– 2014

1 La racionalidad económica de la guerra. Edición N° 00378 – Semana del 22 al 28 de Noviembre de 2013. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0378/pdfs/Articulo787_378.pdf

 
 
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