Matadero Municipal

  Alberto Ramos Garbiras
  Profesor de ciencia política y derecho internacional Universidad Libre, Cali.
Magister en ciencia política - Universidad Javeriana
   
 

El año 2013 pese a todos los anuncios para mejorar la seguridad en la ciudad de Cali no disminuyó el número de muertes violentas. Ocurrió lo contrario, se agravó la situación. El asesinato de más de 1970 personas dejó demostrado que no se consolidó ninguna política pública para manejar la ciudad en este sentido, fracasaron los planes presentados. En dos años del Gobierno de Rodrigo Guerrero han matado en las calles a más de 3.800 personas, sin contar a los que han sobrevivido en los andenes y el asfalto y mueren días después en la cama.

La crisis social que azota a Colombia se refleja en Cali con mayor violencia por ser una ciudad ubicada en un sitio clave para actores armados, por los corredores hacia el pacífico y hacia las cordilleras occidental y central, en cuanto facilita el contrabando, el narcotráfico y las actividades delincuenciales, en cuanto a los escapes, huidas y repliegue se refiere. Cali es además, una ciudad que atrae a los migrantes desempleados y a los desplazados por la violencia, desatendidos y excluidos. Y Cali es eje de actividades del narcotráfico.  También es atractiva por la pujanza industrial, por la geografía plana de los municipios vecinos y por el fácil acceso a esta capital. La prohibición de la cocaína es la causa principal de gran parte de la violencia.

En Cali esa violencia urbana extendida disminuye la calidad de vida porque las personas reducen los espacios donde se mueven, no pueden gozar los espacios públicos de la ciudad con tranquilidad. Y parte de las potenciales víctimas, todos los que poseen bienes, se enferman por el pánico y la tensión diaria ante el eventual ataque súbito. Por la inseguridad urbana aumenta el enrejamiento de casas y apartamentos, y los más solventes tienen que acudir a la compra de inmuebles en unidades residenciales cerradas, aislándose de otras zonas de la ciudad y gravando la economía familiar. Después de las 8 de la noche el 90% de la población se encierra en sus residencias, quedando la ciudad como cárcel. Por la inseguridad urbana crece el ejército de vigilantes de seguridad privada con una gama de uniformes que parecen ejércitos de varios países desfilando en moto por la ciudad: ejércitos decorativos e inservibles. Su papel disuasivo, no efectivo, es conocido por los delincuentes armados y activos.

Las autoridades en Cali no han podido controlar el fleteo. Este es un asalto express al salir las víctimas de los centros bancarios y de los restaurantes de lujo, o son marcados, escogidos, en los semáforos por la clase de vehículo que conducen. El éxito de los fleteros es la falta de despliegue policial, la nula reacción de este cuerpo armado, y la ausencia de una política urbana anti criminal para desvertebrar bandas de asaltantes. El fleteo en Cali apareció después de que el sector bancario extremó las medidas de seguridad para que no los asaltaran, cuando se blindaron en los patrullajes, instalaron más alarmas y proliferaron las compañías de seguridad privada compuestas por ex militares, y cuando las compañías de valores encargadas del transporte del dinero hicieron más difícil asaltar un carro de valores; entonces los delincuentes comenzaron a asaltar personas que acaban de sacar dinero de cajeros electrónicos o de bancos, esas personas las ven como un minibanco andando sin protección. A esto contribuye el mismo abuso del sector bancario por cobrar en todas las transacciones y limitar los retiros sin cobro, así las personas retiran más para evitar las deducciones, quedando expuesto a portar más dinero para los delincuentes.

Otra falencia en Cali, es la ausencia de sitios para denunciar. Es una odisea lograrlo. No hay inspecciones de policía que las reciban, la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía es el único sitio, esta URI es un hacinamiento de víctimas, de inmediata no tiene nada, con escribientes mal preparados, sin ortografía, sin agilidad para recibir las denuncias, resultan taponando el inicio de la acción judicial y entorpeciendo la justicia. Muchas  víctimas piensan así en la justicia privada: la venganza.

Lamentablemente según el informe ‘Global Barden of Armed Violence’, presentado en Ginebra, Suiza, Cali pasó a registrarse como la cuarta ciudad más violenta del mundo, tiene una tasa de homicidios altísima por cada 100.000 habitantes. Otros países violentos son: El Salvador, Guatemala, Jamaica y Sudáfrica. “según el estudio, realizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la organización Small Arms Survey, se destaca allí que también cada año más gente muere a causa de crímenes violentos que por guerras, lo que demuestra que la delincuencia con armas y su impacto económico en muchos países no se reporta lo suficiente, según los registros”. Y por las estadísticas nacionales Cali es la ciudad más violenta de Colombia. Las armas de fuego son el mayor generador de esta violencia.

Angélica Durán, candidata a doctora en ciencia política en la Brown University ha expuesto que, “El nexo entre pandillas y crimen organizado debe ser una preocupación esencial de política pública, pero es preciso entender y desagregar las múltiples formas como esa conexión tiene lugar, y dejar de pensar que eliminar pandillas es sinónimo de eliminar violencia.  Es crucial evitar que las pandillas consoliden sus lazos con el crimen organizado para que la violencia no se vea exacerbada”.

La falta de escolaridad de los menores susceptibles de ser cooptados por  las pandillas ha sido un punto nodal del problema porque los convierte en presas fáciles del pandillismo que les ofrece rebusque insano, ingresos fáciles y hasta esparcimiento. Ven el ingreso a esas bandas la solución inmediata y el logro de ascenso o movilidad, encuentran en la ilegalidad un ingreso rápido; desde las pandillas pueden extorsionar, delinquir, y controlar barrios para cometer ilícitos: Las pandillas son los pequeños “ejércitos” irregulares de los barrios. La falta de escolaridad, de capacitación, y de recreación alientan el ingreso: Y de contera falta de trabajo de sus padres.

Si los contenidos del Decreto 4807 del año 2011 se cumplen, en todo lo atinente a la educación gratuita, tendrán allí las administraciones municipales y sobre todo los alcaldes de las grandes capitales, una oportunidad excepcional para empezar a diseñar políticas públicas de seguridad ya que pueden vincular a todos los menores excluidos del sistema educativo a los planteles públicos y velar por la calidad para que no deserten. Los Alcaldes ante los nuevos giros del Gobierno Nacional, una vez depurado el censo de estudiantes fantasmas, con los cuales se estaban robando los dineros, deberán cuidar con sus secretarios de educación que, lo que les corresponda sea bien manejado, para no desviar lo aplicable a la formación de los menores expuestos a caer la violencia al ser nucleados y vinculados a pandillas o al sicariato en sus diferentes especies.

Más de 130 pandillas están dispersas en los barrios de Cali. En las pandillas los jóvenes sienten la familia sustituta, encuentran identidades que no lograron al no acceder a un grado de escolaridad. En las pandillas se ven “realizados” económicamente porque las actividades ilícitas en las que incurren les proporcionan los ingresos que no vieron entrar en sus casas. Sobreviven de asaltos callejeros, el jibarismo, delitos menores, reventa de armas hechizas, y son utilizadas para el microtráfico.

La cantidad de pandillas urbanas azotan varias comunas, se apoderan de ciertos barrios para delinquir, distribuir los narcóticos que les encomiendan, extorsionar y cobrar vacunas a los establecimientos comerciales. Aquí vemos dos modalidades reproductoras del delito. El narcotráfico y la delincuencia común. Ambos subrayados por la falta de oportunidades: ambos incontrolados por las fuerzas del orden. Las pandillas son una “escuela” del delito, porque allí se agrupan, aprenden a agredir, asaltar y a matar; luego pueden pasar, con la mayoría de edad a organizaciones criminales. Y son también un semillero del sicariato. La existencia de estas pandillas y su control territorial en barrios de las comunas 15, 14, 21 y 4, son la prueba palmaria de que la policía no funciona y es incapaz de desmantelarlas. La coca procesada en el Departamento del Cauca también es el combustible que las mantiene.

Estas pandillas que azotan varios barrios en Cali son producto de la descomposición social. Ingresando a una pandilla los jóvenes desescolarizados encuentran una “familia” sustituta, recreación con adrenalina y unos ingresos fáciles. Las pandillas son hordas urbanas que florecen en las grandes ciudades donde los adolescentes no tienen control paterno y los ingresos de su familia son precarios; aprovechan el anonimato social y la falta de autoridad urbana para delinquir en territorios barriales y “organizar” sus réditos con disímiles delitos grupales. La delincuencia juvenil causa gran daño porque la inimputabilidad que gozan hasta ahora los hace objeto de búsqueda para ser contratados por cerebros asesinos, instrumentalizados y convertidos en mano de obra criminal.

Ha sido una postura cíclica que las autoridades lancen un plan desarme como la gran apuesta. Las administraciones pasadas en Cali con esos anuncios quisieron tapar el crecimiento de la criminalidad y la situación de inseguridad que se ha vivido en la ciudad, pero todo se les ha salió de las manos. Entonces, varias veces con esta medida buscaban dar una sensación de seguridad, pero la prueba del no funcionamiento era el aumento de muertos y el hecho de que los ciudadanos no pudieran disfrutar de los espacios públicos con tranquilidad por el miedo urbano extendido.

El monopolio de las armas en manos del Estado es una quimera una falacia, por la expedición de esos salvoconductos con las excepciones de la norma, por la criminalidad rampante con armas portadas ilegalmente o fabricadas de manera hechiza por pandillas y delincuentes dispersos. Los salvoconductos de armas son el reconocimiento expreso que la Fuerza Pública hace de que no puede proteger a la población. Es la notificación del “sálvese quien pueda” y se invoque la legítima defensa.

Los salvoconductos son una excusa para armar a ciertos civiles, así, por vía de excepciones a personas, proliferan las armas. Expedir salvoconductos para que cierta gente ejerza la defensa personal es una discriminación, la deducción de muchos es entonces. Los Alcaldes al no poder aplicar los planes desarme con autonomía inmediata, como jefes de la seguridad en los municipios, porque necesitan la autorización del Ejército, están interferidos por los militares que impiden los planes de desarme expidiendo los salvoconductos y vendiendo las armas de INDUMIL, sin ser los responsables de la política pública de seguridad, solo posan de acompañantes dentro de los Consejos de Seguridad, y patrullan de vez en cuando ciertos sectores en momentos críticos, porque a la Policía si le corresponde la vigilancia urbana, pero nunca lo han logrado a cabalidad.

De todas maneras, si prosperara el proceso que se adelanta con las FARC se lograría una paz imperfecta porque otros actores armados seguirían en acción. Con el ELN existe una posible apertura para trabajar desde Montevideo con la mediación del Presidente José Mujica. Los paramilitares supérstites no cejarían sus incursiones, las BACRIM han extendido las actividades en las grandes urbes, las mafias organizadas continuaran hasta que se legalice la cocaína, y la delincuencia común hasta que se extingan las exclusiones y alcancemos el verdadero estado de derecho. Las BACRIM producto de la descomposición de los paramilitares que se desmovilizaron unos y se transmutaron otros ubicándose en las ciudades para continuar con la consecución de dineros como pequeños carteles de la droga, mezclando a sus actividades criminales las extorsiones a comerciantes; mientras que las actividades menores quedan en manos de jíbaros, y el sicariato encontró otra forma de coordinación. Entonces, la violencia persistirá, por eso desmovilizar a las FARC se trata de una paz imperfecta, pero valedera, porque sería el peldaño mayor superado.

La ONU, como parlamento del mundo, es el organismo multilateral más indicado para debatir la legalización del consumo de la marihuana y la coca. La prohibición, es un asunto que nadie puede desconocer está afectando la seguridad en las grandes ciudades del mundo, y de contera, la salud de sus habitantes. Ya algunos países tienen sus democracias desbaratadas: México y Colombia son dos botones de muestra. Las narcoguerras se libran por la prohibición, por el mercado ilícito se mueven los millones de dólares que sirven para sostener mafias, carteles, minicarteles, paramilitares, guerrillas, terroristas, narcotraficantes, y corromper a parte de las fuerzas armadas, como ha pasado en los países andinos.

La comunidad internacional algún día se percatará que para combatir el crimen organizado y a los actores armados, la vía jurídica es la mejor arma para enfrentarlos, con la legalización de las hierbas, quitándoles así el sostén de la financiación de sus actividades.

Legalizar, prohibir, despenalizar, castigar, sancionar, u otra forma regulatoria, el derecho interno de cada país contiene normas jurídicas encaminadas a perseguir, controlar y regular el uso de las sustancias psicotrópicas. El prohibicionismo sigue imperando. Mirando esas normas jurídicas esparcidas en el conjunto de los países como si fueran destinadas a realizar un estudio comparado sobre disposiciones al respecto, la telaraña de normas debe ser gigantesca. Esa es otra de las razones que deberá considerarse cuando se extienda el debate y se comience a allanar el camino de la legalización de la coca que, tendrá que ser transnacional y promovida en el seno de la ONU para que la globalización de la prohibición se pueda desmontar desde ese organismo supranacional, evitándose así que cada Estado osado después de comprender el desplome de sus instituciones como en el caso mexicano o el guatemalteco sean mirados y tratados como Estados mafiosos.

En Colombia, por continuar con la prohibición de la coca no termina la guerra interna ni la violencia en las ciudades, y otra vez, se observa la erosión de las instituciones. Inclusive la política partidista está siendo marcada por posiciones personales que tienen esa raíz. La ruptura de las relaciones Santos-Uribe conlleva a una competencia por el poder central, la reelección del primero y el retorno del segundo a través de una fórmula aún no encontrada. El conflicto interno y la inseguridad los trenza cada día, el marco jurídico para la paz que promueve el gobierno es desdeñado, así se atiza el guerrerismo cerrando la opción de la vía jurídica y política. Y la guerra proclamada no culminará con la coca prohibida porque la prohibición produce ganancias incalculables. Uribe, así sea a través de un tercero, puede volver a gobernar como adalid de la guerra, y a Santos solo le queda la opción de lograr la paz, si acude a extremar la guerra, esa bandera ya es del otro.

La pobreza en Colombia y el subdesarrollo aumentan el número de aspirantes a ingresar a la cadena del circuito coquero, pues ven allí opciones para obtener ingresos y brincarse los pasos de la capacitación que les permitiría ingresos normales. Quienes se involucran en la cadena del narcotráfico se saltan todos los pasos de la capacitación y ascenso que exige la legalidad para adquirir una posición social.

Edición N° 00389 – Semana del 28 de Febrero al 6 de Marzo – 2014
 
 
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