Tributación local para construir la Paz en las regiones

  Mauricio Uribe López
  Profesor universitario
   
 

Ante la firma de un eventual acuerdo de paz con las Farc, algunos señalan la importancia de contar con recursos especiales para financiar el desarme, la desmovilización y la reinserción de al menos ocho mil hombres, además de lo requerido para  garantizar el cumplimiento de las agendas que se deriven de los puntos acordados al final del proceso de negociaciones.

El cumplimiento de los acuerdos es fundamental. No se puede olvidar que en Nicaragua, la falta de recursos para cumplir las promesas (tierras y empleos) hechas por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro a los “Contras” desmovilizados en 1990, condujo al rearme no sólo de la mayoría de ellos, sino también  de miembros de las Fuerzas Armadas que habían perdido sus empleos por cuenta del proceso de reducción de personal que, en ese entonces, la propia presidenta puso en manos de Humberto Ortega (hermano de Daniel). Esa situación demoró notablemente el proceso de pacificación del campo nicaragüense y disparó, en la década de los noventa, los índices de criminalidad urbana.

Para evitar un revés parecido por cuenta del incumplimiento de los acuerdos, hay quienes han planteado usar un mecanismo similar al “impuesto al patrimonio”, pero esta vez, no para hacer la guerra sino para construir la paz. Sin embargo, aunque atractiva, se trata de una propuesta superficial. La construcción de la paz en Colombia requiere, entre otras cosas, avanzar seriamente hacia el fortalecimiento de la capacidad del Estado y eso requiere fortalecer la tributación local y regional. Un Estado capaz, es aquél que puede hacer cumplir la ley y las disposiciones ejecutivas de sus diferentes agencias en todo el territorio y cuyas intervenciones –diría el sociólogo estadounidense Charles Tilly- afectan en forma significativa un amplio conjunto de recursos, actividades y conexiones interpersonales. Y la columna vertebral de la capacidad estatal es la tributación.

En Colombia ha existido una cierta aversión histórica a la tributación. La correlación entre poder político y tributación ha sido negativa. Salomón Kalmanovitz tiene toda la razón cuando afirma que en nuestro país, en lugar del viejo principio europeo de “no tributación sin representación”, aplica el de “sobrerrepresentación sin tributación”. Un ejemplo de ello es la ley 939 de 2004 que otorga una exención sobre el impuesto de renta por diez años a partir del inicio de la producción, a los cultivos de tardío rendimiento, entre los que se destaca la palma de aceite. Otro ejemplo lo constituye el rezago enorme de los prediales rurales. Ese es un tema que está pendiente en la agenda desde hace mucho tiempo. Don Hernán Echavarría Olózaga en una célebre conferencia titulada El Imperativo es Gravar la Tierra, urgía que se usara la tributación para llevar a cabo lo que Keynes llamaba “la eutanasia del rentista”. Otro ejemplo adicional está en la ley 685 de 2001 o Código Minero. En efecto, el artículo 331 de dicha ley prohíbe gravar con impuestos del orden departamental y municipal, las actividades de exploración y explotación mineras.

El Alto Comisionado de Paz advirtió que el postconflicto se definirá en las regiones. Bien, para ello es necesario fortalecer la estatalidad a ese nivel. Eso no puede lograrse con el actual panorama tributario. Según el BID, el pago de impuestos en el nivel subnacional en Colombia es modesto (representan 2,9% del PIB). La tributación en las entidades territoriales es un mecanismo central no sólo para reducir el carácter de enclave de aquellas actividades económicas que aumentan el PIB,  pero no el empleo remunerativo en las zonas donde se llevan a cabo, sino  también para apalancar la estatalidad regional.

Ni para un país ni para una región, tiene el mismo efecto vivir de rentas que cobrar impuestos. No es lo mismo. Aunque el rompecabezas dela paz en las regiones tiene al menos otras dos piezas clave relacionadas entre sí: la cuestión del ordenamiento territorial y la participación ciudadana efectiva para el control de la gestión pública, no es exagerado recalcar que la tributación es fundamental. Los impuestos desatan un poderoso efecto multiplicador que favorece tanto el desarrollo económico como el desarrollo político. A quienes se atrevan a aspirar a una especie de  “postconflicto barato”, hay que recordarles ese adagio que dice: “lo barato sale caro”.

Edición N° 00390 – Semana del 7 al 13 de Marzo – 2014
 
 
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