El problema pensional colombiano, un debate más allá del pasivo

  Diana Paola Salcedo
  Economista – Asesora Estrategia Económico Social Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El dilema pensional ha sido un debate centrado esencialmente en cómo cubrir un pasivo que hoy asciende a los $86.5 billones de pesos; no obstante, la preocupación mayor para la población colombiana trasciende el asunto financiero y ubica la problemática en dos esferas que revisten una gran cantidad de dilemas económicos e incluso morales. La primera de ellas, corresponde a los adultos mayores que actualmente no cuentan con un ingreso básico para garantizarse las condiciones mínimas de vida; y la segunda, referida a la estructura misma del mercado laboral que sigue perpetuando dicha problemática.

Según las proyecciones del DANE para 2012 en Colombia, habían 3’637.126 mujeres mayores de 55 años, y 2’191.050 hombres mayores de 60 años, lo que da un gran total de 5’828.176 personas en edad de pensionarse; sin embargo, el sistema pensional a la fecha reportaba un total de 783.518 pensionados por vejez (es decir un 13.4% de esta población en edad de pensión) y 1’099.071 pensionados en total sumando las pensiones por invalidez, vejez y supervivencia1. En resumen, no más de un 18% de los adultos mayores en Colombia han accedido a una pensión.

Discriminando las cifras por régimen pensional, se sabe que el 94% del total de pensionados corresponden al régimen de prima media, y escasamente el 6% han logrado cumplir con los requerimientos del régimen de ahorro individual. Todo lo anterior, es el reflejo de los procesos de exclusión mismos del mercado laboral colombiano, de la estructura y de la poca regulación Estatal que durante años agudizó la problemática pensional. Hoy en día, dicha preocupación no ha sido resuelta, y los adultos mayores son atendidos a través de programas residuales y subsidiarios cuya cobertura ha intentado ampliarse, sin ser una salida real al dilema.

La evolución de dichos programas ha estado marcada por esfuerzos gubernamentales focalizados, con miras a buscar la atención de la mayoría de adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema, sin poner el debate sobre la pensión mínima universal o la renta básica. Dentro de estas iniciativas se encontraba el programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, con sus dos modalidades, trasferencias monetarias directas y trasferencias indirectas en bienes y servicios, que hasta 2009 solo cubría 549.9562 del total de adultos mayores, es decir alrededor del 8%, y los subsidios estaban muy por debajo de la línea de indigencia.

Como alternativa, se lanza el programa “Colombia Mayor” bajo la administración del Ministerio de Trabajo, el cual busca darle una nueva perspectiva y usos al Fondo de Solidaridad Pensional retomando las dos modalidades del Programa de Atención al Adulto Mayor, pero con una cobertura esperada de 2’400.000 personas y un subsidio que oscila entre los $40.000 hasta $75.0003. A la fecha el Ministerio ha anunciado que alcanzó una cobertura de $1'258.000 personas, pero a dicho aumento de número de beneficiarios no subyace un aumento significativo de los montos de las trasferencias, las cuales se ubican muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia que para ciudades como Bogotá que concentran una gran cantidad de adultos mayores de clasificación SISBEN 1 y 2 y en condición de calle se encuentran en $219.101 y $95.192 pesos respectivamente4.

Ante este panorama, nos asaltan muchas preocupaciones; una de ellas, es el de la imposibilidad del Estado de asumir un subsidio igual a la línea de pobreza porque desincentivaría claramente a las generaciones posteriores a cotizar al sistema pensional -Manteniendo la estructura actual del mercado laboral, marcada por los crecientes grados de informalidad-. Frente a esta mirada, es importante retomar la discusión sobre la naturaleza de un subsidio y la ostensible diferencia de éste con una pensión solidaria universal no contributiva o una renta mínima, que supere los dilemas de la focalización y sea realmente de carácter universal no sujeta a la cotización al sistema de pensiones sino a la condición de ciudadano, encarnando un real logro político para los adultos mayores.

La experiencia de países de la región más avanzados en materia de protección social como Argentina, Chile, Uruguay, entre otros, nos muestran que si es posible integrar un componente no contributivo al sistema de pensiones, que beneficie a las personas que no tienen capacidad para ahorrar durante su etapa productiva, en parte por las altas tasas de informalidad que aún persisten en América Latina; a pesar de ello, en estos países permanece el problema de la focalización, la escasa cobertura y los inconvenientes para garantizar el acceso y la equidad en la asignación de dichas pensiones. Al respecto, la experiencia Boliviana nos muestra que algunos de estos problemas se superan garantizando a todos los ciudadanos indistintamente el derecho universal a la seguridad social por medio de una pensión básica, añadiendo un conjunto de opciones contributivas para las personas que puedan acceder a estas5.

Es fundamental aclarar que para Colombia no es suficiente superar el dilema de la excesiva focalización de los programas y los costos derivados de la implementación y monitoreo de estos, sino también, los problemas estructurales del mercado laboral que limitan la posibilidad de éxito de dichas intervenciones. Así, la existencia de un sistema pensional de tres pilares, no contributivo, contributivo, y voluntario, debe estar acompañado de una fuerte intervención en materia de formalización laboral, ya que este sistema esta basado en: a) beneficiar a las personas que durante su etapa productiva no pudieron ahorrar lo suficiente para garantizarse una pensión; b) Que quienes puedan ahorrar lo hagan efectivamente; c) que quienes quieran ahorrar más de lo estipulado, lo hagan a través de un sistema que recoja y capitalice los ahorros voluntarios; d) Que las personas se inserten efectivamente al mercado laboral y cada vez sean más quienes tengan la capacidad de ahorrar en el sistema contributivo.

Es evidente entonces, que además de los tres pilares, la reforma pensional debe contemplar incidir en políticas de regulación del mercado laboral, específicamente aquellas orientadas a atacar la informalidad y generar trabajos decentes. Un ejemplo que muestra como ambas reformas -laboral y pensional- no pueden ir desarticuladas es la propuesta del Gobierno Nacional del Sistema de Beneficios Económicos Periódicos, que buscan que las personas en condición de informales ahorren de sus ingresos para su pensión, con ayuda de un subsidio del 20% otorgado por el Gobierno sobre el ahorro total; dichos BEPS implican para las personas informales -que ganan en promedio un 80% de un salario mínimo, es decir 247 US$ mensual- destinen el 15% de este monto, ahorren seguido durante 30 años en el caso de los hombres y 25 años en el caso de las mujeres para tener unos ingresos durante la vejez menores a la línea de pobreza6.

Una mirada al ejercicio anterior, muestra que es poco probable que los BEPS tengan el éxito esperado, y que esto sumado a las reestructuraciones de los Fondos de Pensiones den salida al problema pensional colombiano. Entre las propuestas hechas por el Gobierno se encuentra la de marchitar el sistema de Prima Media, lo que ha originado una gran cantidad de debates ya que como se mostró anteriormente es más probable obtener una pensión en este que en el de ahorro individual, estos argumentos se ven reforzados por un estudio hecho por Hugo López Castaño y Francisco Valderrama demuestran que: de la cohorte de jóvenes de 22 años que entró a cotizar al sistema de pensiones en 2007, con 1300 semanas exigidas y una edad de pensión para hombres de 67 y para mujeres de 55 años, ninguna persona sin educación superior alcanzaría a cotizar las semanas suficientes para pensionarse; y solo el 31.2% con educación superior lograría cumplir con los requisitos7.

Como se muestra en la simulación, las probabilidades de pensionarse en Colombia son nulas para la mayoría de la población colombiana, ya que de la cohorte seleccionada para el ejercicio, el 79% del total no tenía educación superior. Ante esto, es evidente que los BEPS o los programas de subsidio no son la salida que el país está buscando para superar el problema de la desprotección de los colombianos en la vejez.

Para finalizar, es urgente la necesidad de posicionar el debate acerca de la pensión mínima o renta básica entendida como una inversión social más que como un gasto o una política electoral, ya que la universalidad elimina el sesgo que puede derivarse de la selección de los beneficiarios y los usos que pueda darse a dicho proceso por parte de los mandatos de turno. En Colombia, resulta discriminatoria la situación de los adultos mayores, ya que en ausencia de garantías de medios de subsistencia para la vejez la convivencia con adultos mayores en los hogares suele aumentar el riesgo del hogar completo y por supuesto el riesgo para ellos de ser maltratados, discriminados y en algunos casos abandonados a su suerte. En el libro “Envejecimiento con dignidad, pensiones no contributivas para reducir la pobreza en el Perú”, se muestra que Las experiencias en otros países de Latinoamérica demuestran que la incidencia de pobreza se reduce hasta en 65% en los hogares cuyos miembros adultos mayores reciben la pensión. Aun cuando el monto de cada pensión sea relativamente pequeño, incentiva la inversión en medios de vida, atrayendo otros mecanismos de apoyo que contribuyen a la seguridad económica de su familia. La pensión cumple de esta manera un rol importante en la reducción de la intensidad de la pobreza y, por tanto, de la vulnerabilidad del hogar”.8

De esta manera, se concluye que el sistema pensional debe anclarse a la propuesta de los tres pilares, de modo que exista un pilar solidario no contributivo sujeto únicamente a la condición de ciudadanía. Dicho pilar toma forma a través de una pensión básica universal, eliminando el sesgo que se genera en países como Colombia a partir del uso de la focalización con fines políticos; la pensión básica adicionalmente contribuye a reducir significativamente la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares. Sin embargo, todas estas medidas deben estar acompañadas de la reforma al sistema de protección social en su totalidad y al mercado laboral, dándole mayor impulso a los programas de formalización y de generación de ingresos, que permitan a las personas tener una participación activa y no residual en la economía, y paulatinamente aumentar el número de afiliados al sistema de seguridad social.

Edición N° 00390 – Semana del 7 al 13 de Marzo – 2014

1 Cálculos propios con información del Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Superintendencia Financiera de Colombia.

2 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Colombia tiene 6 millones de adultos mayores, pero sólo 831 mil reciben pensión Análisis crítico de la política pública para adultos mayores. Escuela País [On line] Disponible en: http://bit.ly/1hUzMYo

3 Fondo de Solidaridad Pensional, Consorcio Colombia Mayor.[Online] [Consultado el viernes 7 de marzo de 2014] Disponible en: http://bit.ly/1cD2iyK

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín de Prensa 10 de Julio de 2013. [Online] [Consultado el viernes 7 de marzo de 2014] Disponible en: http://bit.ly/1dB5Yz8

5 Help Age International, OIT, Fundación Caritas, Otros. Envejecimiento con dignidad, pensiones no contributivas para reducir la pobreza en el Perú. [Online] [Consultado el viernes 7 de marzo de 2014] Disponible en: http://bit.ly/O4kO7y

6 Cálculos a precios nominales 2013

7 López, Hugo y Lasso. Francisco. Informalidad Laboral y Sistema Pensional. Online] [Consultado el viernes 7 de marzo de 2014] Disponible en: http://bit.ly/MVyssO

8 Help Age International, OIT, Fundación Caritas, Otros. Envejecimiento con dignidad, pensiones no contributivas para reducir la pobreza en el Perú. [Online] [Consultado el viernes 7 de marzo de 2014] Disponible en: http://bit.ly/O4kO7y

 
 
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