Campaña electoral por la Presidencia: intrascendente

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Diversos acontecimientos ocurridos en el país han contribuido al desarrollo de una opaca y aburrida campaña presidencial. Primero fueron las denuncias aún en investigación de los centros de interceptación ilegales uno de los cuáles fue allanado por la Fiscalía General de la Nación el conocido como Andrómeda en el barrio Galerías de la ciudad de Bogotá. Después de la desorientación presidencial que en principio denunció la ilegalidad de dicho centro y el retiro de los jefes de inteligencia, trasladados a otras dependencias del Ejército Nacional y del anuncio de una exhaustiva investigación, no se ha vuelto a saber nada del asunto. Luego vinieron las denuncias sobre las chuzadas a la cuenta personal del propio presidente, Juan Manuel Santos. Se anunció otra exhaustiva investigación sin que tampoco se sepa del asunto. Luego vino la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, desconociendo las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En abierta violación de la Carta Americana de los Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que ha dejado bien establecido que estas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento por las autoridades colombianas, esta jurisprudencia está contenida en por lo menos seis fallos del más alto tribunal de justicia en el país.

El caso Petro no ha concluido ni en los tribunales internacionales ni en los tribunales colombianos. El magistrado Gerardo Arenas Monsalve de la Sección Segunda del Consejo de Estado debe resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por Gustavo Petro en su demanda de nulidad en contra del falló de la Procuraduría General de la Nación. Estas medidas cautelares buscan evitar un daño irremediable que consiste en que si no se conceden Petro puede ganar el caso en los tribunales nacionales pero si el fallo de fondo se produce después de realizadas las elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde, Petro y sus electores verían violados sus derechos fundamentales. El Magistrado Arenas Monsalve salvó su voto en la decisión mayoritaria del Consejo de Estado en que 14 magistrados señalaron que la Acción de Tutela interpuesta por Petro y algunos de sus seguidores no era el mecanismo apropiado y que debería entonces instaurar una demanda de nulidad en contra del fallo de la Procuraduría que lo destituyó. Arenas Monsalve entonces argumentó que la Tutela si era un mecanismo idóneo para la protección de los Derechos de Petro advirtiendo que podría producirse un daño irremediable si no se otorgaban esas medidas cautelares. Como se ha informado ampliamente el Magistrado Arenas debe resolver la solicitud de medidas cautelares. Esta decisión debe asumirla él sin ninguna otra intervención. Si otorga las medidas cautelares Petro regresaría a la Alcaldía para enfrentar el proceso de revocatoria de su mandato.

Pero, también la suerte de Petro depende del magistrado Jorge Iván Palacio de la Corte Constitucional. En efecto, la tutela fallada por el Consejo de Estado fue seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional y el magistrado Palacio debe resolver si la tutela es un mecanismo idóneo o no para proteger los derechos políticos de Petro. Ambos magistrados tienen en sus manos la suerte del Alcalde de la ciudad.

Tampoco ha terminado el proceso de las medidas cautelares en los tribunales internacionales. En efecto, se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha solicitado a la Corte Interamericana que revise el caso de las medidas cautelares decretadas por ella y no acatadas por el gobierno Colombiano. En este caso la Comisión ha pedido a la Corte Interamericana que decrete medidas provisionales de protección para evitar un daño irreparable. Ahora deberá la Corte decidir si las concede o no, mientras avanza el estudio de fondo sobre el caso Petro que estaría violando el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que señala expresamente que la destitución de un funcionario público electo popularmente sólo puede provenir de un juez penal. La conclusión es que el caso Petro no se ha cerrado y pese a la condena mediática en contra de Petro éste ha logrado los mayores niveles de favorabilidad que nunca había tenido. En la última encuesta de Cifras y Conceptos Petro tiene un respaldo del 45% de los entrevistados solo superado por Angelino Garzón que tiene el 46%.

Todos estos acontecimientos han relegado la campaña presidencial a un segundo plano, y la destitución de Petro, ha sido cobrada en las más recientes encuestas donde el candidato presidente, Juan Manuel Santos, ha caído cinco puntos en la encuesta de cifras y conceptos donde ha llegado como ya se dijo a una intención de voto de apenas 23% mientras ha crecido Peñalosa que se ubica segundo con una intención de voto del 13% seguido de Oscar Iván Zuluaga con una intención de voto del 11%, Clara López con un  9% y al final  Martha Lucía Ramírez con un 6%. Esta fue la reacción  de la ciudadanía que mayoritariamente califica la destitución de Petro como arbitraria. Hasta  el irresponsable procurador Alejandro Ordóñez ahora habla de reformar los poderes de la Procuraduría para establecer la segunda instancia independiente de que no gozo Gustavo Petro en su arbitrario juicio disciplinario.

Hasta el  diario El Tiempo se da cuenta que la campaña no ha despegado y en editorial del pasado domingo 30 de marzo señaló que es hora que los candidatos promuevan las propuestas que harán realidad de llegar a ganar en las elecciones del 25 de mayo próximo. La verdad es que la campaña no ha afrontado los temas que agobian a la población colombiana. El gobierno de Santos confía más en el clientelismo y el poder de las maquinarias puestas en marcha desde el Estado que en mover ideas y propuestas que no ha podido materializar en sus cuatro años de gobierno. La clase media está fuertemente golpeada por la reforma tributaria y esto se acentuará a partir de este mes de abril donde tendrá que declarar renta que no presentaba desde hacía muchos años. Los campesinos amenazan con un nuevo paro agrario para el próximo 28 de abril y que tiene como motivación central según la reciente cumbre agraria en el incumplimiento de los compromisos firmados por el gobierno para la finalización del Paro Agrario de agosto de 2013. Pero, también por el cortoplacismo del Gobierno que no incluyó a los principales gremios que realizaron el paro, como las dignidades cafeteras, paperas, arroceras, etc., unilateralmente decidió convocar a los gremios que han sido cuestionados por las bases campesinas como por ejemplo, a las burocracias de la Federación Nacional de  Cafeteros, paperos, arroceros, etc. Ahora está cosechando lo que sembró. El Pacto no fue incluyente, por eso, ahora a las volandas quiere mostrar que está cumpliendo.

Temas trascendentales como la crisis de la salud que requiere un cambio de modelo que Santos no se ha atrevido a tocar, la crisis de la educación pública no solo universitaria sino la calidad de todo el sistema  educativo duramente cuestionado en las pruebas Pisa, y otros temas como la pobreza, la exclusión social, todo ello no entusiasma a los electores. Y en algunas políticas acertadas como la Ley de Víctimas las realizaciones son muy bajas y no logran mostrar a un gobierno comprometido con ella. Hasta el momento sólo se han restituido 20.694 hectáreas y se han compensado 411 hectáreas. Esto apenas representa el 0.6% de las tierras reclamadas en 54.063 demandas instauradas ante la Unidad de Restitución de Tierras. En materia de indemnizaciones no se ha llegado a pagar 200.000 cuando se deben cancelar cerca  de dos millones de indemnizaciones. El ritmo es demasiado lento para la magnitud del reto que el gobierno tiene con más de seis millones de víctimas que se encuentran reconocidas en el Registro Único de Víctimas.

La campaña de Peñalosa apenas significa un reto menor en materia de políticas públicas. Hay dos temas en los cuáles Peñalosa ha fijado posición. En materia de paz y esto nos parece importante Peñalosa se ha comprometido públicamente a apoyar el proceso manteniendo el equipo negociador que lleva la vocería del gobierno en las negociaciones con las FARC en La Habana. Esto lo ha distanciado de Uribe. Una segunda diferencia con Uribe y Santos proviene de los sectores que lo apoyan. La candidatura de Peñalosa está más ligada con las élites urbanas que con los latifundistas agrarios. Santos al privilegiar la alianza con la derecha representada en Germán Vargas Lleras ha enviado el mensaje que busca sus votos más en la base uribista que en los sectores progresistas y de la izquierda democrática que perpleja no encuentra alternativa o una alternativa que no termina de convencerla en la candidatura de Clara López que se ubica tercera en las encuestas. Martha Lucía Ramírez no despega y tiene una base electoral más cercana a las huestes uribistas que ya tienen como candidato a Oscar Iván Zuluaga.

El único reto al modelo extractivista y a políticas agrarias, al modelo de salud y educación vigentes lo representa la candidatura de Clara López. El problema es que esta candidatura está limitada fuertemente por la división de los sectores de centro izquierda al  no lograr un proceso de escogencia democrática de dicha candidatura. La incapacidad para construir un proceso de unidad en medio de la diversidad y alrededor de una plataforma unitaria limita de entrada a una candidatura que se ve más como un sector de la dividida izquierda que un mensaje de unidad de este sector que según todas las encuetas representa más o menos al 30% del electorado que oscila entre Peñalosa y Clara López y entre la abstención y el voto en blanco que sigue ubicándose en un segundo lugar detrás de Santos aunque su tendencia es a disminuir en la medida en que se acerque la fecha de las elecciones.

Edición N° 00394 – Semana del 4 al 10 de Abril – 2014
 
 
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