¿Una Comisión de la Verdad para Colombia?

  Ernesto Mieles-González
  Colaborador Semanario Virtual Caja de Herramientas
   
 

El equipo de negociadores designado por el Gobierno colombiano para los diálogos con la guerrilla de las FARC manifestó estar de acuerdo con la creación de una Comisión de la Verdad, siempre y cuando esto suceda al finalizar el conflicto armado interno (El Tiempo, 30.03.2014). La petición no provino esta vez de la sociedad civil, sino de los delegados de las FARC en La Habana, quienes solicitaron que dicha comisión fuera creada inmediatamente con el fin de determinar la verdad acerca del origen, las causas y dinámicas de un conflicto que se prolonga por cincuenta años. El anuncio del gobierno, que ha debido suscitar un gran debate, pasó sin embargo relativamente desapercibido, sin atraer la atención de la opinión pública, al parecer interesada en los escándalos de corrupción cada vez más habituales, o en las diversas crisis y conflictos medioambientales que ya resultan inocultables y que se esparcen por todo el territorio nacional. Pero, más allá de la coyuntura, surge en todo caso el interrogante sobre la validez y oportunidad de una Comisión de la Verdad para Colombia. Para responderlo es necesario recurrir al análisis comparativo, basado en la experiencia en el ámbito internacional.

Las comisiones de la verdad marcaron el cénit del paradigma de la justicia transicional en el Sur global. Fueron concebidas como instancias necesarias para el establecimiento de narraciones únicas acerca de las dictaduras o las situaciones de violencia generalizada o de violación de derechos humanos que era necesario superar en el camino hacia formas de organización social más democráticas y justas en las cuales no se repitieran las atrocidades del pasado. El éxito de la figura de las comisiones de la verdad en la post -guerra fría fue tal que en Brasil, por ejemplo, una comisión federal fue nombrada más de dos décadas después del fin de la última dictadura. Diversos avances democráticos y de inclusión social en Brasil, como el Presupuesto Participativo o las cuotas raciales para el acceso a las universidades, o más aún la realización de elecciones periódicas que han garantizado gobiernos federales de centro-izquierda sucesivos, fueron todos considerados insuficientes para sentar por si solos las bases definitivas de instituciones democráticas estables. En efecto, la Comissão Nacional da Verdade fue creada mediante ley en 2011 con el fin de investigar graves violaciones de derechos humanos acaecidas entre 1946 y 1988 (este último, el año en el que se expidió la llamada Constituição Cidadã). La comisión federal está sin embargo especialmente enfocada en la contextualización y el análisis de los crímenes cometidos por agentes del Estado o con su aquiescencia durante la dictadura que siguió al golpe cívico-militar que depuso el gobierno democrático de João Goulart en 1964 y que terminó en 1985. En breve, la misión primordial de esta comisión es contribuir a la eliminación de los vestigios del autoritarismo que todavía se detectan en el funcionamiento de las instituciones brasileras y en las estructuras de relacionamiento y segmentación social en general (violencia policial, distribución inequitativa de la riqueza, pervivencia del racismo, etc.).

Habría entonces razones de peso en favor de la creación de una Comisión de la Verdad al final del conflicto colombiano, ya que, como lo muestra el caso brasilero, parece muy difícil avanzar hacia la consolidación de una democracia plena e incluyente si no son suturadas las heridas que la violación sistemática de derechos humanos deja tanto en el tejido social y comunitario como en las instituciones; es decir, si no se conoce la verdad acerca de lo sucedido en las etapas de violencia o represión extremas ni se toman los correctivos estructurales necesarios. Sin embargo, también hay razones de consideración para seguir escépticos en relación con las supuestas virtudes de una comisión de esa naturaleza. En efecto, en Latinoamérica ya se han ensayado diversas fórmulas para enfrentar un pasado de violencia o de restricción a las libertades democráticas. Sin pretender ser exhaustivos, valga destacar que en algunos casos, como en El Salvador, la verdad resultante fue apenas una solución de compromiso. En El Salvador la solución contó además con la anuencia de la comunidad internacional y por esta razón este país sigue dividido en democracia, como quedó demostrado con las controvertidas elecciones presidenciales de 2014, que ganó por estrecho margen el candidato del FMLN, el grupo guerrillero reconvertido en partido político tras  los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992, y cuya legitimidad es fuertemente cuestionada por el partido derechista ARENA. La situación actual en El Salvador es de ingobernabilidad y lo cierto es que hasta ahora las víctimas de los bandos enfrentados en la guerra civil no han obtenido ni reparación ni justicia.

En Guatemala hubo dos informes de la verdad. La mayoría de las ochenta y cuatro recomendaciones del informe oficial, el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), siguen sin cumplirse casi dos décadas después. Esto es especialmente cierto en relación con las recomendaciones acerca de la necesidad de combatir la impunidad y garantizar que no se repitan los hechos –el informe, coordinado por un profesor alemán de derecho internacional por encargo de la ONU en desarrollo de los Acuerdos de Oslo de 1994 entre la URNG y el gobierno, no individualiza los responsables de las violaciones a los derechos humanos–. Así, por ejemplo, el general (r) Efraín Ríos Montt, presidente del país entre 1982 y 1983, los años más cruentos de la guerra civil, fue juzgado y declarado culpable por la comisión del delito de genocidio, pero en el laberinto procedimental y legal que es la justicia guatemalteca la decisión fue declarada nula, por lo cual el juicio deberá recomenzar, probablemente en 2015.

El mejor y más completo informe de la verdad en Latinoamérica es tal vez el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), cuya versión abreviada lleva por título Hatun Willakuy en claro homenaje a las comunidades indígenas quechuahablantes del departamento de Ayacucho, que resultaron mayormente afectadas por el conflicto entre la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y el Estado peruano en la década de 1980. Pero incluso en este caso no es claro que el informe haya tocado todas las aristas del conflicto o que fuera lo suficientemente holístico o preciso. Ni la enjundia y empeño de los autores ni el reconocimiento por parte de  organizaciones internacionales o globales de derechos humanos han conseguido blindar el informe de críticas.

Recordamos todo esto para decir que no creemos que sea posible contar con un informe que dé cuenta de la verdad del conflicto armado colombiano o que recoja todas las verdades en juego. Tampoco es muy probable que pueda haber un informe que consiga anular la plurivocidad de las distintas narrativas en disputa. Lo que sí es seguro es que el establecimiento de una verdad histórica oficial no cerrará definitivamente el capítulo de la guerra en Colombia, sino que más bien contribuirá a la emergencia de ulteriores peticiones de justicia por parte de las víctimas de todos los bandos, porque, en efecto, donde quiera que hubo la necesidad de una comisión de la verdad ante el bloqueo en el acceso a la justicia y la debilidad institucional, los informes han creado incentivos para activar el aparato punitivo del estado o para acudir a instancias internacionales. Esto ha sucedido por igual cuando el informe fue deficitario o cuando ofreció directamente elementos sólidos y relevantes para que las víctimas solicitaran ante los jueces la persecución de los culpables.

Edición N° 00394 – Semana del 4 al 10 de Abril – 2014
 
 
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