Río Bogotá: La historia de un fallo

  Rafael Colmenares
  Miembro de Unión Libre Ambiental
   
 

Más que un fallo “histórico” como ha sido calificado, la sentencia proferida por el Concejo de Estado el pasado 28 de Marzo de 2014, constituye un episodio más en la larga historia de los intentos fallidos por recuperar el río y consolidar una pseudosolución por lo demás costosa.

Inexplicablemente al Consejo de Estado le tomó casi diez años confirmar, casi en su totalidad, el pronunciamiento de primera instancia proferido, el 25 de Agosto de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ponencia de la Magistrada Nelly Villamizar. Quedó entonces en firme la construcción de la planta de tratamiento y la estación elevadora en el sitio de Canoas, es decir la opción más costosa y menos adecuada para el denominado saneamiento del río.

Una larga y errática historia

Para entender la anterior afirmación es necesario remontarse a los antecedentes tanto del proceso judicial, que ahora culmina, como a la historia de la “descontaminación” del río en las últimas tres décadas.

A comienzos de los años noventa, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Jaime Castro, luego del correspondiente estudio y consiguiente licitación, tomó la decisión de construir tres plantas de tratamiento de las aguas residuales que se vierten al río en las desembocaduras de los afluentes Salitre, Fucha y Tunjuelo. Las plantas se construirían sucesivamente incorporando inicialmente un tratamiento primario y luego el secundario. En 1994, el recién creado Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental y se inició la construcción de la primera de dichas Plantas, la del Salitre, por parte del consorcio Lyonnaise des Eaux – Degremont, integrante de la transnacional francesa Suez, ganador de la licitación. Este constituyó, en Colombia, la sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento – BAS, para ejecutarla.

Esta solución una vez implementada en su totalidad, es decir cuando se hubieran construido las tres plantas y se hubieran completado los dos tipos de tratamiento previstos, habría generado un mejoramiento sustancial del agua del río. Y de no haber mediado los incidentes que a continuación se aluden esto ya habría ocurrido. Era indudablemente una solución costosa que se financiaba con cargo a la tasa ambiental que se cobra como parte del impuesto predial, en la ciudad, pero era probablemente la mejor opción para la recuperación del río y como tal fue apoyada por el Alcalde Mockus, en su primera administración.

No fue del mismo parecer el Alcalde Peñalosa quien desde el primer momento se mostró opuesto al programa y así lo reiteró en la inauguración de la Planta del Salitre en Septiembre de 2000.

El cambio de solución resultó más costoso

El largo debate que se generó desembocó en la terminación unilateral del contrato con el consorcio francés, medida que adoptó el Alcalde Mockus el último día de su segunda administración, dejando a su sucesor, Lucho Garzón, el legado de pagar a la compañía francesa varios millones de dólares a título de indemnización. Curiosamente Mockus había apoyado la solución de las tres plantas por razones, entre otras pedagógicas, en su primera administración. Sin embargo los altos costos del contrato con los franceses y los problemas que evidenciaba la Planta del Salitre, única construida en desarrollo de dicho contrato, sirvieron como argumento para el viraje de su posición.

Se procedió, entonces, a diseñar un nuevo programa consistente en la ampliación de la PTAR Salitre, la construcción de la PTAR Canoas pocos kilómetros antes del Salto del Tequendama y la construcción de varios interceptores para conducir las aguas residuales a una u otra planta. Este nuevo programa, denominado “Plan de Saneamiento del Río Bogotá” se adoptó en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá mediante el Decreto 469 de 2003.

Hoy en día ha quedado en evidencia que la solución adoptada en sustitución de la anterior resultó más costosa. En efecto, el programa acogido en 1993 (tres PTAR) costaba un billón setecientos mil pesos, frente a tres billones seiscientos mil pesos que terminará costando, de ejecutarse como está diseñado, el adoptado en la modificación1. Es decir el argumento utilizado, que miró los aspectos económicos fundamentalmente, no resultó cierto.

Sin embargo, este viraje en la recuperación del río, convertida de allí en adelante en “saneamiento” del mismo, fue sacralizado en el proceso de acción popular Nº 01-479, adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde la Magistrada Ponente, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, ante la negligencia de entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, la CAR, la EAAB y el Distrito Capital para solucionar el problema decidió conminarlas a adoptar la alternativa establecida en la modificación del POT.

Lo que viene siendo presentado como “histórico” no representa entonces mayor novedad pero en cambio traerá como consecuencia considerables costos para la ciudad y la ciudadanía y no recuperará el río pues es una típica solución de “final de tubo”. Este perderá para siempre el caudal que le aportaban dos de los afluentes arriba mencionados y sus aguas solo mejoraran unos pocos kilómetros antes de precipitarse por el saldo de Tequendama.

Entre tanto la ciudad ha construido con cargo a la tarifa de alcantarillado que pagamos todos los ciudadanos, una costosa red de interceptores por los cuales circularán las aguas servidas. Y digo circularán pues estas obras no podrán utilizarse sino en unos diez años cuando culmine la construcción de la Planta de Canoas. El diseño de ésta solo estará listo en Julio de 2015 y luego vendrán los tramites de licitación, adjudicación y construcción de una de las más grandes plantas de tratamiento del mundo. ¿Aguantará el bolsillo de los bogotanos el incremento tarifario que esto supone?

Por otra parte, no sería la primera vez que se anuncia como próximo el tratamiento de las aguas servidas de Bogotá que van al río. Así se aseguró al suscribir el Acuerdo Interinstitucional Nº 171 de 2007 y luego el 21 de Febrero de 2011 al suscribir el Acuerdo de Cooperación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas (fase I y fase II) y su estación elevadora, dentro del Programa de Saneamiento del Río Bogotá, en el contexto de la Región Capital Bogotá – Cundinamarca”. Lo cierto es que aún no hay cierre financiero del programa lo cual significa simple y llanamente que, al menos por el momento no se cuenta con recursos para construir la Planta de Canoas2.

La Gerencia Estratégica de Cuenca

El fallo del Concejo de Estado adicionó el proferido por la Magistrado Villamizar con perlas como la “Gerencia Estratégica de Cuenca”, entidad supra institucional para cuya creación la sentencia ordena al Ministerio de Medio Ambiente, presentar el respectivo proyecto de Ley. Además del interrogante sobre la legalidad de dicha orden, del poder judicial al ejecutivo, las funciones asignadas a dicha Gerencia invaden la competencia tanto de la CAR como de los municipios y el Distrito Capital, lo cual generará no pocos embrollos jurídicos. Mientras se tramita y aprueba dicha Ley se crea un Consejo Estratégico de la Cuenca Alta del Río Bogotá, con las mismas funciones asignadas a la Gerencia y mientras esta nace a la vida jurídica. Es decir los conflictos de competencia comenzarán dentro de muy poco.

Pero además ¿qué sentido tiene integrar en dicha Gerencia a las mismas entidades que hasta ahora han mostrado tan poca diligencia en descontaminar el río?

¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

Producida la sentencia vale la pena preguntarse quienes resultan ganadores y quienes perdedores. El primer gran perdedor es el río pues su recuperación se verá embolatada en la maraña de conflictos e intereses que encontrarán en la ejecución de la sentencia un nuevo escenario de confrontación.

Entre los ganadores el principal es Emgesa, cuyo principal accionista es la transnacional italiana ENTEL, que logró garantizar el bombeo del agua del río, una vez tratada, para continuar operando la cadena de generación hidroeléctrica Paraíso – La Guaca. La beneficia además que la estación elevadora necesaria para conducir el agua a la represa de El Muña se construirá con cargo a la tarifa de alcantarillado, otro desatino que viola claros principios de la Ley 142 de 1994, pues se cargan a la tarifa de alcantarillado costos que corresponden al servicio de energía eléctrica. El fallo, sin embargo, modera las ambiciones de Emgesa al quedar de su cargo la operación y mantenimiento de la estación elevadora, aspecto no despreciable, que había quedado de cuenta de la hoy Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, en la sentencia de primera instancia, lo cual era absurdo.

Ordenamiento territorial

Tal vez lo más rescatable de la sentencia proferida por el Consejo de Estado sea la orden de revisión y ajuste de los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca – POMCA- del río Bogotá y sus afluentes y de los Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá y los municipios de la cuenca alta del río Bogotá. Más allá de las dudas jurídicas que una orden de este tipo genera, se podría estar abriendo una oportunidad para atacar el problema del fondo que se refleja en el drama del río. Este no es otro que la insostenibilidad del modelo de ocupación del territorio y de construcción de ciudad que se ha desarrollado en beneficio de los urbanizadores, de los especuladores con el suelo, de los vendedores de servicios públicos, de los transportadores, de los monopolios transnacionales y nacionales y de un sinnúmero de redes clientelares, no exentas de corrupción, que se articulan alrededor de los anteriores y cuyos intereses son agenciados por diversos actores políticos.

Un debate de modificación de los Pomca y de los POT, que aborde de manera descarnada los factores de insostenibilidad, afortunadamente reconocidos en la sentencia, podría ser el comienzo de un replanteamiento del modelo de ocupación de la Sabana de Bogotá pero estará plagado de obstáculos ante la visión desarrollista y expansionista que alientan tanto el candidato del Partido Verde como el aspirante a la Vicepresidencia de la República por la Unidad Nacional.

Edición N° 00395 – Semana del 11 al 17 de Abril – 2014

1 Cifras presentadas por el entonces Gerente de la EAAB, Dr. Diego Bravo Borda en la Audiencia convocada por el Consejero de Estado Ponente, Dr. Marco Antonio Velilla, en Febrero de 2012, en el trámite de la segunda instancia del proceso de acción popular adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca AP No.01-479.

2 Para obtener el cierre financiero que permita completar la solución adoptada en el Convenio Interinstitucional son necesarios aún 1,05 billones de pesos, según el Acuerdo de Cooperación suscrito el 21 de Febrero de 2011.

 
 
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